Secuestros SA

Secuestros de México S.A./Fred Alvarez PALAFOX

Publicado en Código Topo de Excélsior, 5 de abril de 2010, Pags 48-53

México vivió mucho tiempo libre del “fantasma” del secuestro. No fue sino hasta los años setenta cuando el delito de la privación de la libertad empezó a cobrar auge; entonces los secuestradores eran principalmente guerrilleros que recurrieron al rapto para financiar sus actividades clandestinas y sobretodo como un método de presión política.

Así, aquéllas personas privadas de su libertad eran un pequeño grupo de empresarios, miembros del cuerpo diplomático y políticos de primer nivel, por quienes se pedían fuertes sumas de dinero, y/o intercambio por presos políticos o bien la publicación de desplegados o la difusión de algún mensaje en radio y TV.

Fue el caso del Dr. Jaime Castejón Diez, por el que la guerrilla de Genaro Vázquez Rojas pidió una considerable suma de dinero y la excarcelación de varios presos políticos, los cuales fueron trasladados a la Habana en un avión especial. La novela Guerra en El paraíso, de Carlos Montemayor inicia precisamente con el rescate del entonces rector de la Universidad de Guerrero

Años después, en los ochenta, las denuncias por secuestro involucraron a delincuentes comunes, y sólo en algunos casos aislados se documentó una incipiente participación de grupos armados.

Según información de Instituto para la Seguridad y la Democracia AC en 25 años -entre los años 1972 y 1997-, el número de denuncias ante las autoridades pasó de 10 a mil 47, lo que representó un aumento de más del ocho mil por ciento. Y no fue sino hasta mediados de los años noventa, cuando la privación ilegal de la libertad (es un delito contemplado hoy dentro del artículo 366 del Código Penal Federal) tuvo otra explicación, ya que el móvil fue exclusivamente la obtención de grandes sumas de dinero; fue el caso del banquero Alfredo Harp Helú, liberado tras el pago de una suma que ascendió a treinta millones de dólares.

Pero, lo más dramático y que pegó fuerte en la sociedad, -situación que refleja el grado de impunidad y la falta de métodos de capacitación e investigación de las autoridades encargadas de la procuración de justicia-, han sido los casos y fatales desenlaces de los hijos de Fernando Martí, de Nelson Vargas Basáñez y de la Sra. Isabel Miranda de Wallace.

Esos calaron muy hondo a la sociedad y llevaron a un ¡ya basta!. Por lo que hoy, abril de 2010, todavía no se concreta el compromiso signado aquél 21 de agosto del 2008, en el marco de la XXIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en Palacio Nacional de aprobar una Ley General del Delito de Secuestro.

Tuvieron que pasar varias meses hasta se publicará en el Diario Oficial de la Federación - el 4 de mayo de 2009- , la reforma a la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual se faculta al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en materia de secuestro, a fin de que esta establezca, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios.

En ese sentido los partidos políticos de las distintas fracciones parlamentarias representadas en el Congreso han presentado –en ambas Cámaras- una serie de iniciativas al respecto. El presidente Felipe Calderón hizo lo propio. El pasado 18 de febrero de 2010 envió al Senado de la República una propuesta de reforma en relación con la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro; la propuesta del jefe del Ejecutivo es reglamentaria de fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución y , pretende reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La denominada “ley antisecuestro” del presidente de la República -conformada por 85 artículos, divididos en tres títulos-, contiene 10 puntos, entre los que destaca la intervención de comunicaciones telefónicas privadas, cuando así lo amerite el tipo de investigación en torno a un secuestro, justificando dicha medida ante el Ministerio Público. La propuesta de ley plantea la colocación de dispositivos electrónicos de localización y vigilancia a plagiarios que salgan de la cárcel después de purgar una condena. Este sistema es similar al que aplica Estados Unidos con algunos ex-convictos, testigos protegidos o personas que pagan condenas en libertad o en su propio domicilio.

Además, la iniciativa también propone avalar las “operaciones encubiertas”, es decir, infiltrar agentes policíacos en las organizaciones delictivas para tratar de conocer su organización y operación. Otros de los puntos que destacan en la propuesta son: la protección a informantes anónimos; la prisión vitalicia para los secuestradores que incurran en otras actividades delictivas; la creación de unidades especiales para prevenir secuestros; el embargo de bienes a los plagiarios cuando el monto del rescate ya no pueda ser localizado; una mayor penalización en relación con la acción de encubrimiento, entre otras.

En este momento contando la inciativa presidencial, hay en el Senado de la República 15 propuestas en comisiones que deben ser dictaminadas, otras más están en la Cámara de Diputados. Entre otras, vale la pena analizar la Ley Antisecuestros del Senador Felipe González (PAN), presentada el 19 de marzo de 2009, y la iniciativa de ley General para Prevenir, Sancionar y Combatir el Delito de Secuestro, presentada por la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (PRD) el pasado 23 de febrero de 2010 que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Foro “Alto al Secuestro”: ¡Legislar ya!

En ese sentido la Comisión de Justicia del Senado de la República presidida por el senador Alejandro González Alcocer dio el primer paso en serio para legislar, al convocar al Foro “Alto al Secuestro” que se realizó –los días 2 y 3 de marzo- en el patio central de Xicoténcatl 9. Participaron investigadores, especialistas, estudiantes de universidades públicas y privadas; ciudadanos de los estado de México, Sinaloa, Nuevo León, Hidalgo, Puebla, y representantes de la sociedad civil, además de legisladores y servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos., y expertos a nivel internacional sobre el delito del secuestro.

Posicionamientos de académicos y de organizaciones sociales

En este foro, el doctor Miguel Carbonell, investigador de la UNAM, subrayó que para hacer frente al secuestro debe haber una Ley General de Combate al Secuestro, expedida por el Congreso de la Unión, 32 leyes locales y complementos legislativos generales y federales. Resaltó que la opacidad complica el combate al secuestro, por lo que los juicios orales contra plagiarios serían una alternativa. “Hay que legislar bien para evitar arbitrariedades que permitan salir a los delincuentes”, planteó. Rechazó que la solución sea la pena de muerte planteada por el Partido Verde debido a que las estadísticas demuestran que el 98.3 de los delitos no son castigados y “no importa si hay pena de muerte, o si son 80 años de prisión o un simple arresto, el problema es que no se detiene casi a nadie”.

En su oportunidad, María Elena Morera de Galindo, ex presidenta de México Unido contra la Delincuencia, externó que lo que urgen las víctimas es justicia y no venganza. Agregó que elevar las penas – cadena perpetua o pena de muerte – no soluciona el problema; es “populismo”, ya que aún con ello, está demostrado que los delitos van en aumento y son cada vez más violentos. “No necesitamos más penas, sino que se detengan a todos, que sepan que se les va a castigar”, enfatizó. La Sra. Morera aseguró que la prevención del delito es clave en el combate al secuestro. Propuso crear un Observatorio Ciudadano sobre el Secuestro donde participen especialistas y sociedad civil en el seguimiento del delito para que se detecte dónde está el problema, pues “los jueces son lo más oscuro que tenemos”, dijo. “No queremos mayores penas para los delincuentes, sólo que sean castigados”, subrayó. La activista avaló la autorización de escuchas contra los delincuentes y la reparación de los daños a víctimas mediante recursos que provengan de recortes al presupuesto de lao partidos políticos. También propuso que se homologue el delito del secuestro en todo el país y que en otras faltas se busque en el corto plazo a un código penal único. “Está comprobado que entre más elevadas las penas, se registran más delitos y cada vez más violentos, tampoco funciona La pena de muerte o la cadena perpetua porque un delincuente no ve más allá de dos años de vida. Queremos resultados, no más paliativos”, expresó.

Nelson Vargas Basáñez, empresario y padre de una víctima de secuestro, pidió cadena perpetua para secuestradores y exigió a los senadores trabajar en una legislación que no proteja a los criminales, sino a la víctima y sus familiares. Planteó que los montos pagados como rescate sean deducibles de impuestos, y calificó como “terrible” que se apruebe una ley que prohíba el pago de rescates y la congelación de cuentas de las víctimas. Avaló en el foro diversos puntos de la propuesta de ley que envió el Ejecutivo federal al Senado, por ejemplo, la infiltración de agentes policiacos en las bandas de secuestradores, la implantación de dispositivos electrónicos para localizar y vigilar a plagiarios tras purgar una condena, e informar a las víctimas cuando estas personas se reintegran a la sociedad. Respaldó la grabación de conversaciones de la delincuencia y que los concesionarios de telecomunicaciones proporcionen información inmediata e incluso suspendan las líneas telefónicas para evitar que los secuestradores presos delincan desde la cárcel.

En tanto, la señora Isabel Miranda de Wallace –quien con el apoyo de varias organizaciones y académicos, redactaron un iniciativa de ley en materia de víctimas del secuestro que hicieron suya legisladores de todas las fracciones parlamentarias - pidió crear la figura de un Procurador especializado, que tome el control del problema a nivel nacional, se coordine con las procuradurías estatales, con independencia absoluta y tenga a su cargo la Policía Federal.

En su propuesta integral, la fundadora de la Organización Alto al Secuestro A. C., destaca el desarrollo una política enfocada a la educación y a valores, que englobe a los gobiernos federal, estatal y municipal. Es indispensable, dijo, aprobar las Ley de Víctimas del Secuestro, a fin de recomponer el tejido social, reactivar la economía, construir un sistema penitenciario no corrupto, alentar la denuncia ciudadana, contar con procuradurías y ministerios públicos independientes y poner énfasis en la prevención.

En tanto, el destacado penalista Dr. Moisés Moreno Hernández expresó que la vía del endurecimiento para combatir el secuestro no es la más viable. Indicó que en los últimos años se ha hecho uso de una política de represión, que involucra a todo el Sistema de Justicia Penal y se ha dejado de lado la política de la prevención, por lo que planteó la necesidad de crear una política criminal integral,

En su intervención, el maestro Max Morales Martínez, especialista en Liberación de Rehenes por Secuestro, sostuvo que en México el secuestro no es problema de delincuencia organizada, es un problema de policías organizados en delincuencia”. Sugirió que en los proyectos de ley se conserve la clasificación del secuestro como delito grave, para que los secuestradores no puedan tener derecho a libertad bajo fianza.

Las experiencias de países como Italia y Colombia para combatir el delito de secuestro también fueron materia de análisis y discusión, Juan Antonio Luigi Mazzitelli, representante regional de la Oficina para México, Centroamérica y el Caribe de la ONU Contra la Droga y el Delito, argumentó que una organización profesional que tiene un sistema logístico no hace uso de la violencia, ya que cuenta con capacidad de negociación y asistencia a la víctima. En América Latina –afirmó-- “es grave, porque el secuestro es un delito practicado tanto por organizaciones criminales como por grupos insurgentes y por oportunistas, que no respetan niveles económicos ni clases sociales. “El congelamiento de los bienes de las víctimas y la movilización ciudadana son medidas que deben tomarse en cuenta en la elaboración de proyectos de combate al secuestro”, aseveró.

A su vez, Luis Camilo Osorio Isaza, embajador de Colombia en México, afirmó que la legislación de su país en la materia va dirigida principalmente a la atención de las víctimas y sus familiares y luego a la promoción de la denuncia y la colaboración con participación del Estado en la interlocución y rescate. En Colombia, añadió, se parte de la base de que el Estado es el promotor en la situación del secuestro, de la preservación de la vida del ciudadano con integridad y de la recuperación de su libertad con ataque frontal a las bandas criminales. Con base en ello, “tenemos la filosofía de no congelación de los bienes del secuestrado, no intermediarios en negociaciones, no al pago de rescate a criminales, sí al de informantes y penas efectivas, sin considerar la pena de muerte o la cadena perpetua”.

En su oportunidad, el doctor Elías Huerta señaló que en Italia la Ley de Bloqueo de Bienes ha permitido que se aseguren los bienes del secuestrado y de sus familiares cercanos, por lo que se inhibe el pago de rescate, además que se prohíben, y en su caso se sancionan, los mediadores. Fueron 20 intervecniones con especilistas de nivel.

Foros de este tipo han llevado a concretar leyes así se hizo en el caso de la Ley de Extinción de dominio; además el presidente de la Comisión dictaminadora Alejandro González Alcocer se comprometió públicamente a emitir un dictamen y esperamos que sea antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones.

A manera de conclusión

El secuestro es un delito del orden común que con frecuencia se relaciona y se vincula con actividades de delincuencia organizada. También es un negocio. La “industria” del secuestro se despliega en países donde hay un alto índice de corrupción, narcotráfico y deficiencias en el sistema de justicia y seguridad pública. Son varios los países latinoamericanos que cumplen con esa condición; Colombia, México, Brasil, Venezuela, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Argentina y Perú. La empresa británica de seguros Hiscox, calcula que se cometen entre 20 000 y 30 000 secuestros por año en el mundo. Y el pleito por llevase el primer lugar se disputa año con año. A principios de la década fue Colombia, luego México, y en 2007 Ecuador y Venezuela superaron a Colombia en número de secuestros con fines económicos o extorsivos y prometen aventajarla todavía más.

De acuerdo con un estudio revelado en Bogotá el año pasado por el movimiento holandés internacional por la paz Pax Christi estableció que cinco de los 10 países del mundo más acosados por el secuestro son latinoamericanos, y México es el país de América Latina donde se corre el mayor riesgo de ser secuestrado; Brasil, el quinto; Ecuador, el séptimo; Venezuela, el octavo y Colombia, el noveno. Durante el 2007, el informe señala que México registró más de 7,000 casos de secuestro en el 2007 (conviene preguntar a Pax Christi, ¿dónde obtuvieron esas cifras?).

La variedad más practicada hoy señala el estudio en los países de la región consiste en raptar a una persona por espacio de pocas horas o días, mientras su familia entrega una suma determinada de dinero. También se practica en la variedad de ‘’paseo millonario’’, es decir, el secuestro dura mientras los secuestradores usan las tarjetas bancarias y de crédito de una persona para saquear los fondos disponibles.

Como vemos la situación en los países de la región es muy similar, la gran mayoría de las víctimas del secuestro no lo denuncian ante las autoridades por temor a represalias’ que puedan sufrir las familias de los implicados, además de que el marco jurídico e institucional para la lucha contra el secuestro no está fuertemente desarrollado. Por ejemplo el ‘’secuestro exprés’’ no está incluido en las estadísticas oficiales de muchos países.

El secuestro es pues un auténtico negocio que se concreta a través de una red de grupos delictivos especializados. Opera como células en donde cientos de personas tienen actividades perfectamente delimitadas, los cual los ha llevado que han llevado a contar con una auténtica división del trabajo.

Hay personas de diversos oficios y profesiones, que actúan como espías, choferes, recaudadores, negociadores, contadores, corredores de bolsa, y despachos de abogados, sin olvidar las redes de complicidad con funcionarios de las procuradurías, entre ellas algunos policías, algunos jueces y hasta magistrados. El negocio no podría funcionar sin esa confabulación.

La “industria” del secuestro también ha llevado a que hombres de negocios inviertan enormes cantidades de dinero en su seguridad, no sólo contratando guardaespaldas y adquiriendo autos blindados, sino que muchos de ellos se han hecho implantar chips localizadores vía satélite.

No es ningún secreto pero están establecidas en México desde hace tiempo las principales empresas controladores de crisis quienes cuenta con especialistas calificados del más alto nivel que pueden trasladarse de inmediato a cualquier parte del mundo.  En México tienen oficinas en el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey. El problema es que sólo una pequeña elite cuenta con esas grandes sumas de dinero para destinarlas a su protección, aunado –por desgracia- a que el secuestro es un delito que afecta a personas de todos los niveles económicos de la sociedad. Eso implica que gente de cualquier condición social instale islas de seguridad privatizando calles ó cerrando unidades habitacionales completas.

El secuestro es uno de los delitos más crueles y devastadores, por lo que nos conmueve intensamente, y junto al dolor inenarrable, aparecen muestras de condolencia y rabia de la toda la sociedad. Además Las secuelas psíquicas que sufren las víctimas son graves y permanentes. Las víctimas quedan lastimadas y lo más grave con terribles miedos, y no hay nada más humillante para las personas que el miedo. Y es fácil y hasta populista pedir como lo hace el PVEM la pena de muerte o la cadena perpetua como lo plantean algunas de las víctimas. ¡Pero cuidado!

El penalista español Xabier Etxebarria coincide con Moreno Hernández en el sentido que el endurecimiento de las penas –como la cadena perpetua o la pena de muerte- no sólo es contradictorio con los principios del Derecho penal que se han construido durante dos siglos, sino que no garantizará la seguridad, y no evita la comisión de delitos, ni protege mejor a las víctimas. Ya que “el fracaso de los incrementos de penas nos llevará a pedir nuevos aumentos, en una espiral sin sentido.” Por lo que lo importante es evitar que éstos se produzcan y eso no se arregla subiendo las penas. Y en efecto el sistema de justicia penal debe constituir el último de los recursos.

Lo que es urgente es dar el paso obligado legislar ya!