Soberanía e impunidad/Jorge Volpi
REFORMA, 06 junio 2026;
Tras la solicitud de extradición presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza y otros ocho funcionarios estatales, ahora Los Angeles Times ha revelado que otros dos gobernadores de Morena, Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, también se encuentran bajo investigación y ha asegurado que sus visas fueron canceladas. Antes de la imputación de Rocha e Inzunza, este diario ya había adelantado el mismo procedimiento, lo cual haría pensar que sus fuentes son confiables. Si ello fuera así, supondría un golpe aún más drástico al partido en el poder.
La reacción de la presidenta Sheinbaum no se hizo esperar: abandonando toda prudencia, se lanzó contra el gobierno de Trump, acusándolo de intervenir en la política interna del país para influir en las elecciones legislativas del año próximo. Desde su refugio chiapaneco, López Obrador volvió a romper su silencio para denunciar la "embestida" de Estados Unidos contra México. El expresidente, que durante su mandato consiguió una sintonía especial con su colega, utilizó un extraño argumento para explicarla: aquel primer Trump, que le parecía modelo de sensatez, ahora está siendo manipulado por "inexpertos, resentidos y fanáticos consejeros" que tratan de "debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha". ¿Su solución? Que Trump "mande al carajo a las rémoras que lo rodean y azuzan, trátese de quien se trate, sean paleros, manipuladores, caciquillos, vividores, ladrones, polizontes, tinterillos, especuladores, filibusteros, potentados, trepadores o malvados". Y, en la más extravagante de las inversiones de su ideario, remató su carta no con "Por el bien de todos, primero los pobres", sino "Por el bien de todos, que regrese el otro Trump".
Más allá de estos absurdos argumentos, Sheinbaum y López Obrador no se equivocan al señalar que la estrategia responde solo al interés político de Trump: más debilitado que nunca por la impopular guerra de Irán y por la posibilidad de perder el Congreso, el Senado o incluso ambas Cámaras en las elecciones de noviembre, este sin duda busca acumular golpes de efecto -con Cuba en el horizonte cercano-, así como infligir una presión extrema sobre nuestro país a la hora de renegociar el T-MEC y, de paso, debilitar al máximo al que, si se cumplen sus deseos en Colombia y Brasil, quizás termine siendo el único gobierno latinoamericano que en 2027 no esté alineado con la ultraderecha.
El problema es que una cosa no invalida la otra: la artera manipulación política de las acusaciones no significa que no haya motivos para pensar que las sospechas sean ciertas. Tanto en el caso de Rocha Moya y sus funcionarios como en el de Durazo y Villarreal -quienes, según LA Times, podrían estar cooperando con las autoridades estadounidenses-, las dudas respecto a su probidad son enormes. Lo sabemos: el perverso sistema que permite gobernar en estados inundados por el crimen organizado pasa, casi por fuerza, por la colusión entre políticos y criminales en una trama indiferenciable. Ello por supuesto no disculpa a quienes se dejan corromper, solo parece ser una condición irremediable del modelo. Si a ello se agrega la absoluta falta de justicia que prevalece en el país, acendrada por las reformas judiciales de AMLO y Sheinbaum, el resultado es una impunidad pavorosa.
Si en verdad Sheinbaum no quiere que más y más miembros de su partido terminen en las listas criminales de Trump, no bastará con invocar una y otra vez la soberanía nacional. Tendría, por un lado, que corregir al fin el torcido sistema de justicia que ha avalado o engendrado y, por otro, someter a un juicio transparente -e implacable- a cualquier miembro de su partido sospechoso de corrupción. Su potestad le permite justo no entregar a ninguno de sus compañeros de partido a Estados Unidos, pero la auténtica defensa de la soberanía tendría que pasar, por fuerza, por procesar y en su caso condenar, dentro del país, a quienes llegaron a sus puestos con la promesa de combatir la corrupción y el narco y en realidad no hacen otra cosa que enriquecerse a fuerza de pactar con esos mismos criminales.
@jvolpi
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