Se requiere un registro exacto de civiles muertos

La Comisión Permanente del Congreso pidió ayer al Presidente Felipe Calderón elaborar y difundir un registro exacto y regular de civiles muertos en la lucha contra el narcotráfico, indicando edad, sexo y situación legal respecto a la comisión de delitos.

Por unanimidad, los legisladores también pidieron al titular del Ejecutivo que contemple en el Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de 2011 la creación de un Fondo Nacional para la indemnización de daños patrimoniales, reparación de los daños y pérdida de vidas inocentes.

"El Estado tiene obligaciones en materia de reparación de daños a las víctimas y sus familias, a través de programas institucionales y políticas públicas instrumentadas por las dependencias responsables de brindar estos apoyos a la población afectada", señalaron en el dictamen.

Diputados y senadores de todos los partidos solicitaron a Calderón que instruya al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para que, en coordinación con las secretarías de Salud, Desarrollo Social y Educación, ponga en operación un Programa Integral de Atención a las Familias e Infantes afectados por la guerra contra el narcotráfico y organizaciones criminales.

Punto de acuerdo: Por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal instruya a la Secretaría de Gobernación a llevar y difundir un registro exacto y regular de civiles muertos en la lucha contra el narcotráfico, indicando edad, sexo y situación legal respecto a la comisión de delitos.

INTERVINIERON LOS LEGISLADORES:

SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, PT.

SEN. GUILLERMO TAMBORREL SUÁREZ, PAN.

DIP. ARMANDO RÍOS PITER, PRD.

FUE APROBADO EN VOTACIÓN ECONÓMICA.

Documento Aprobado

PRIMERA COMISIÓN

GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA

DICTAMEN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO AL DESARROLLO DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS E INFANTES AFECTADOS POR LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y LA OPERACIÓN DE ORGANIZACIONES CRIMINALES.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo relativo al desarrollo de un programa integral de atención a las familias e infantes afectados por la guerra contra el narcotráfico y la operación de organizaciones criminales, presentado por la Diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del PRD.

Los ciudadanos legisladores integrantes de la Primera Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente el 6 de mayo de 2010.

II. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la proposición de mérito se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia. La proposición con punto de acuerdo presentada expone en las consideraciones que:

1. En México se vive hoy día un clima exacerbado de violencia social y criminal, que además de afectar los derechos de muchos ciudadanos, ha segado la vida a miles de personas, trastocando la seguridad, el bienestar y aún, el futuro de muchas familias.

2. Muchas familias de civiles inocentes han perdido uno o varios de sus miembros, por haber quedado expuestos al fuego cruzado entre criminales y fuerzas del orden.

3. A partir de fuentes periodísticas, se sabe que hay aproximadamente 4 mil niños, niñas y adolescentes ultimados, tanto en operativos militares como por parte de la actuación de las bandas delictivas; y más de 3 mil 700 huérfanos cuyos ambos padres o, uno sólo de ellos, han también fallecido por las mismas razones, afectando todas estas muerte en conjunto, a más de 20 mil familias en toda la República.

4. La Red por los Derechos de la Infancia en México, ha señalado que más de 400 niños, niñas y adolescentes, han sido reclutados por el crimen organizado, tan solo en Ciudad Juárez.

5. Existe imprecisión hasta la fecha para determinar cuántos de los 22 mil caídos, reportados en los operativos militares, son efectivamente sicarios y personeros de las organizaciones criminales, y cuántos son civiles inocentes, ya que según datos de las propias autoridades, sólo 2 ó 5 por ciento de los detenidos están o han sido procesados. Es decir ninguna autoridad federal o local, se ha dado a la tareas de documentar estos fallecimientos en términos de la efectiva participación o responsabilidad de los hoy occisos en materia delictiva.

6. Las autoridades civiles y militares, no se han esmerado en la debida identificación de las víctimas, lo que entraña un trato inhumano, al margen incluso de los tratados internacionales en materia de conflictos armados.

7. La desafección a la salvaguarda y respeto de los principios humanitarios y de los derechos humanos por parte de las instituciones y fuerzas del orden, ha llevado a las familias victimadas y a los parientes de los civiles inocentes a acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) quién señala ha recibido 5 mil quejas de 2006 a 2009, por estas violaciones.

8. El Estado mexicano ha signado instrumentos internacionales fundantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de la Convención sobre los Derechos de la Niñez (CDN) y sus Protocolos facultativos, quedando por ello obligado a dar garantías a la vida, seguridad y derechos humanos de la población, especialmente en el caso de niñas, niños y adolescentes.

9. De acuerdo a todas las obligaciones contraídas, el Estado debe garantizar el derecho a la verdad, a la reparación del daño de las familias víctimas, además de brindarles protección en contra de todas las formas de violencia relacionadas, con la operación de las organizaciones criminales e investigar la violación flagrante y constante a los derechos humanos, así como perseguir y sancionar a los responsables.

10. La Convención sobre los Derechos de la Niñez señala la protección del derecho intrínseco a la vida, a su supervivencia y al desarrollo. Además del deber de mitigar los sufrimientos de niñas, niños y adolescentes, y garantizar todos sus derechos a la salud, el desarrollo, la seguridad y la paz.

11. La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece al Estado mexicano dos principios rectores para la protección de la niñez: 1) el derecho a tener una vida libre de violencia; 2) la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales.

12. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su parte, en su Tesis Núm. XLV/2008 estableció que el análisis de la regulación respecto a la niñez, debe realizarse atendiendo al interés superior y a la prioridad de la infancia. Con ello, se establece que “las políticas, acciones y toma de decisiones del Estado relacionadas con los menores de 18 años deben buscar el beneficio directo del infante y del adolescente a quienes van dirigidas, y que las instituciones de bienestar social, públicas y privadas, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos, al actuar en sus respectivos ámbitos, otorguen prioridad a los temas relacionados con dichos menores.”

13. La Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado que fija las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos, como consecuencia de la actividad administrativa y regular del Estado,(DOF 31-12-2004) obliga al Ejecutivo Federal, a indemnizar a las familias afectadas.

14. De acuerdo a todo ello, el Estado mexicano no sólo está obligado a proteger los derechos de la niñez y a adoptar medidas especiales de protección y atención en los casos de niños, niñas y adolescentes, víctimas de directas o indirectas de la guerra contra el narcotráfico y la operación de las organizaciones criminales, sino además a reparar los daños e indemnizar a las víctimas.

Con base en los argumentos anteriormente expuestos, los proponentes sometieron a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:

PRIMERO: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al Titular del Ejecutivo que instruya a la Secretaría de Gobernación a llevar y difundir un registro exacto y regular de civiles muertos en la lucha contra el narcotráfico, indicando edad, sexo y situación legal respecto a la comisión de delitos.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al Titular del Ejecutivo a crear un fondo nacional de indemnización contra daños patrimoniales y pérdida de vidas inocentes, para reparación de los daños de la guerra contra las organizaciones criminales.

TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al Titular del Ejecutivo a instruir al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en coordinación con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Educación Pública, para poner en operación un Programa Integral de Atención a las Familias e Infantes afectados por la guerra contra el narcotráfico y la operación de organizaciones criminales, brindando servicios jurídicos, de atención medica-psicológica a las familias, rehabilitación física en casos necesarios, y oportunidades para realizar emprendimientos económicos a las viudas y huérfanos.

CONSIDERACIONES

Los integrantes de la Comisión Dictaminadora valoraron la proposición con Punto de Acuerdo en análisis con base en los siguientes argumentos:

I. Es innegable que en México se vive un clima exacerbado de violencia social y criminal, que además de afectar los derechos de muchos ciudadanos, ha segado la vida a miles de personas, trastocando la seguridad, el bienestar y aún, el futuro de muchas familias.

II. Se reconoce la necesidad de atender el reclamo de justicia tanto de los familiares, como de las víctimas que se han visto afectadas con pérdidas irreparables de seres queridos, y de su propio estado de salud mental, psicológico y físico, lo que les merma posibilidades de de desarrollo futuro.

III. Se reconoce la importancia de que la Secretaría de Gobernación elabore y difunda un registro exacto y regular de civiles muertos en la lucha contra el narcotráfico, indicando edad, sexo y situación legal respecto a la comisión de delitos.

IV. Quienes signamos el presente dictamen, advertimos de nuestro interés de coadyuvar con las autoridades competentes, a que el Estado mexicano asuma sus obligaciones en cuanto a la protección de los derechos de la niñez y a la adopción de medidas especiales de protección y atención en los casos de niños, niñas y adolescentes, víctimas de directas o indirectas de la guerra contra el narcotráfico y la operación de las organizaciones criminales, y finalmente a la reparación de los daños a las víctimas y sus familias, a través de programas institucionales y políticas públicas instrumentadas por las dependencias responsables de brindar estos apoyos a la población afectada.

En consecuencia, esta dictaminadora considera oportuno solicitar, respetuosamente al Titular de Ejecutivo federal para que, instruya a la Secretaría de Gobernación a llevar y difundir un registro exacto y regular de civiles muertos en la lucha contra el narcotráfico, instruir a las dependencias competentes del gobierno para instrumentar un Programa Integral de Atención a las Familias e Infantes afectados por la guerra contra el narcotráfico, brindando los apoyos necesarios para la atención a las víctimas y a sus familias.

Asimismo, esta dictaminadora considera que es pertinente solicitar respetuosamente al Titular del Ejecutivo la creación de un fondo nacional de indemnización contra daños patrimoniales y pérdida de vidas inocentes.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al Titular del Ejecutivo que instruya a la Secretaría de Gobernación a llevar y difundir un registro exacto y regular de civiles muertos en la lucha contra el narcotráfico, indicando edad, sexo y situación legal respecto a la comisión de delitos.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al Titular del Ejecutivo prever en el Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 la creación de un fondo nacional para la indemnización de daños patrimoniales, reparación de los daños y pérdida de vidas inocentes.

TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al Titular del Ejecutivo a instruir al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en coordinación con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Educación Pública, para poner en operación un Programa Integral de Atención a las Familias e Infantes afectados por la guerra contra el narcotráfico y organizaciones criminales, brindando servicios jurídicos, de atención medica-psicológica a las familias, rehabilitación física en casos necesarios, y oportunidades para impulsar el desarrollo económico de las viudas y huérfanos.

Sala de Comisiones “Miguel Ramos Arizpe” de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 11 días del mes de mayo de 2010.

PRIMERA COMISIÓN