Declaración de Victoria

Columna PLAZA PÚBLICA

Declaración de Victoria

Miguel Ángel Granados Chapa

Reforma, 17 Jun. 10;

Es preciso que la campaña mediática que las favorece, y las expresiones laudatorias a las Fuerzas Armadas, especialmente ciertas cuando cumplen tareas sociales en caso de desastre, no sirvan para ofrecerles impunidad

Es obvio el doble sentido de la Declaración de Victoria que suscribieron los gobernadores la semana pasada y fue dada a conocer ayer. Suscrita el 9 de junio en la capital de Tamaulipas -de allí que se invoque el nombre de esa ciudad- sugiere también un triunfo, aunque por la situación presente no pueda saberse de quién sobre quién.

Esa Declaración de Victoria emitida por la Conferencia Nacional de Gobernadores está consagrada a "reconocer la contribución del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Federal, a favor de la seguridad y la tranquilidad social". Parece un exorcismo, una invocación para que la Fuerza Armada Permanente, innovación verbal para designar a militares y marinos, se mantenga no dentro de los límites de sus atribuciones constitucionales, pues de ellas la han sacado los gobiernos civiles una y otra vez, sino como factor de apoyo a la institucionalidad.

Manifestaron los gobernadores su "convicción de que la profunda raíz popular del Ejército Nacional, la Armada de México y la Fuerza Aérea Mexicana, es garantía de lealtad a la Patria y los propósitos nacionales de que imperen las libertades para las personas, la democracia para el ciudadano, la justicia social para el pueblo y la soberanía para la Nación". También valora la Conago, "plenamente, las tareas desarrolladas por la Fuerza Armada Permanente y la Policía Federal para hacer frente a las manifestaciones de la delincuencia contemporánea más peligrosa y su pretensión de establecer situaciones de facto que atentan contra el imperio de la ley y los derechos de las personas y los grupos sociales".

La Declaración de Victoria, que aprecia y reconoce el "sacrificio que realizan cotidianamente los integrantes de la tropa, las clases y los oficiales de la Fuerza Armada Permanente y la Policía Federal al anteponer en cualquier situación de riesgo para sus vidas, su vocación de servicio a la Nación y su pasión por cumplir con su alta encomienda en toda la geografía nacional", coincide con la notoria y persistente campaña del gobierno federal para no sólo enaltecer las funciones castrenses sino también para deturpar a quienes cuestionan al Ejército y la Marina cuando actúan al margen de la ley. Eso es lo que buena parte de la sociedad critica y reprocha, no a las instituciones como tales, que gozan de alto aprecio social cuando realizan funciones de asistencia principalmente en casos de desastre. Por esas tareas los militares y marinos aparecen invariable y justificadamente en los primeros lugares del asentimiento social en las encuestas. Nadie puede, por otra parte, dejar de condolerse con las familias de los militares y agentes caídos en el cumplimiento de su deber. Pero...

Ayer mismo, cuando el gobernador de Tamaulipas hizo publicar la Declaración de Victoria, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación sobre el asesinato de dos niños en esa entidad a manos de militares. La posición del ombudsman se opone, en consecuencia, a la postura gubernamental que ha sostenido que la muerte de los niños Martín y Bryan Almanza Salazar se debió a que quedaron en medio de un tiroteo entre soldados y delincuentes. Todavía el miércoles 9 de junio, cuando después de dos meses del horrible suceso acaecido el 3 de abril, los padres de las pequeñas víctimas fueron recibidos por el presidente Calderón y su señora esposa, la oficina de prensa de Los Pinos insistió en que los niños perecieron en un enfrentamiento. La versión oficial del encuentro indignó a los señores Almanza Salazar, quienes declararon su frustración ante la futilidad del encuentro con el Ejecutivo, quien no escuchó los pormenores del ataque sufrido por la familia victimada, que desde el primer momento habló de un ataque inesperado de militares en un retén no lejos de Ciudad Mier.

La recomendación de la CNDH reconoce la veracidad de lo dicho por los Almanza Salazar y rechaza, por consiguiente, la versión militar, montada con posterioridad y no fundada en pruebas verosímiles. Importará que las autoridades concernidas acepten la recomendación y obren en consecuencia. De lo contrario, los miembros del Ejército que mataron a los niños Almanza, e hirieron a su padre y a un tío, gozarán de impunidad, como la que beneficia a quienes mataron a los dos estudiantes de posgrado en el Tecnológico de Monterrey hace ya tres meses.

El propósito de gloriar a las Fuerzas Armadas, presente en el documento presidencial sobre la lucha en pos de la seguridad pública -presentado en los medios impresos el domingo y el lunes y convertido el martes en mensaje transmitido en cadena nacional- surge entre otros factores de la necesidad política de blindar a militares y marinos de la crítica que merecen cuando incurren en actos delictuosos. Haya o no haya guerra contra la delincuencia organizada -pues el documento presidencial niega que la haya pero razona como si la hubiera-, lo cierto es que censurar los abusos militares no equivale al derrotismo y muchos menos al quintacolumnismo, posiciones vitandas en una guerra verdadera.

Por eso suena exagerada, y amenazante, la exigencia del secretario de Gobernación a los medios de comunicación de conducirse del modo en que el funcionario considera adecuada. Exigió, el verbo es suyo, que "los medios vinculen de mejor manera a la opinión pública y la participación social con los cuerpos de seguridad del Estado". Es una actitud inadmisible en un funcionario que invariablemente oculta las agresiones militares y para ello llega a mentir.

Cajón de Sastre

Una de las características del antiguo régimen, el autoritario priista, era la impunidad de los altos funcionarios, los que tenían formalmente responsabilidad política. Sólo por excepción eran involucrados en procesos, con frecuencia surgidos no de la pertinencia legal sino de la venganza política. Con amarga resignación los ciudadanos decíamos que la ley de responsabilidades se aplicaba sólo a carteros, a los servidores indefensos. Una vez más comprobamos, tras concluir el debate en la Corte sobre la Guardería ABC, que el antiguo régimen era exactamente igual al presente. Era claro que ni Juan Molinar, ni Daniel Karam, ni Eduardo Bours, ni Ernesto Gándara irían a la cárcel tras la averiguación constitucional. Pero salieron de ella indemnes, como si no tuvieran nada que ver con el crimen del 5 de junio de 2009.