La carta de Gómez Mont al Ombudsman

Carta enviada por el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva se emitió | Boletín No.234-30/06/2010

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México, D. F., 29 de junio de 2010

Dr. Raúl Plascencia Villanueva,

Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Presente.

Estimado Raúl,

El día de hoy recibí la carta que me enviaste con fecha 28 de junio. La leo con sorpresa, puesto que su contenido es contrario a la postura que manifestaste después de que yo hice uso de la palabra en nuestro más reciente encuentro.

Ante los destellos de mordacidad de que hace gala, me es necesario comentarte lo siguiente:

Como lo señalé en dicho discurso, soy parte de una generación que durante más de treinta años ha participado en la construcción de instituciones que promueven y fortalecen el respeto de los derechos fundamentales, la cultura de la legalidad y el avance democrático del país. Que en ese contexto, he participado en la creación del sistema nacional de protección de los Derechos Humanos, de la transformación del Poder Judicial Federal y del sistema electoral mexicano. Que lo he hecho convencido que la legitimidad democrática del régimen debe sustentarse, entre otros, en estos pilares. Que aún ahora, tengo el privilegio de seguir impulsando reformas a nuestro marco constitucional en materia de derechos humanos, amparo, régimen político y seguridad nacional sobre las premisas antes mencionadas.

Que nadie puede cuestionar con fundamentos el talante de mis colaboradores en estas áreas y las políticas que estamos impulsando en estas materias.

He leído con cuidado el texto del mensaje cuya versión estenográfica te anexo. En él, no encuentro haber inferido ofensa ni a la Comisión Nacional, ni a las Estatales de Derechos Humanos. Sin perjuicio de lo anterior, reconozco que la expresión de "tontos útiles", referida en dicho discurso, ha sido utilizada en el pasado por izquierdas y derechas con un tufo autoritario. Nada más lejos de mi formación y de las prácticas y principios a los que he sometido mi vida.

Te pido, que aparte de esta contextualización, me hagas las precisiones que tú estimas ofensivas para valorar si éstas merecen una disculpa o rectificación de mi parte. Me temo que no es a mi a quien debes reclamarle, sino a quienes han hecho interpretaciones de lo que yo dije frente a ti.

En este caso, yo hasta ahora me estoy interpretando a mí mismo

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El discurso de la dscordia

Discurso de Fernando Gómez Mont, durante la Jornada 2010 de Prevención de la Tortura, que tuvo lugar en la sede del Archivo General de la Nación.

México, D.F., a 25 de junio de 2010 |

DiscursoMuy buenos días.

Estimado Don Raúl Plascencia,

Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos;

Señor Senador, señor Subprocurador, señor Subsecretario, señores presidentes de las comisiones estatales de Derechos Humanos, aquí presentes;

Señoras y Señores:

Hoy nos congrega un tema que es fundamental para la salud de la República y para la integridad de nuestro sistema democrático; hoy, una República que es democrática tiene que partir del derecho del respeto a los derechos fundamentales que son la base de la legitimación política e histórica del Estado, son su fundamento y son su fin.

Hoy un Estado se justifica en la medida en que agrega y concentra autoridad y poder para proteger a sus habitantes.

Proteger a sus habitantes es reconocerlos en su integridad, reconocerlos en su dignidad y estar provista de las herramientas de fuerza y legalidad necesarias para prevenir que otros, más violentos o más fuertes, vulneren aquellos derechos sobre los cuales se construye el reconocimiento de su dignidad.

La tortura, como aquél mecanismo o procedimiento mediante el cual una autoridad busca una versión de los hechos que tienda a probar la responsabilidad de un sujeto y que se haga mediante mecanismos de fuerza, ha estado presente en nuestra historia. Negarlo es un acto irresponsable.

Sin embargo, también negar que en los últimos 30 años México ha sostenido un esfuerzo constante para prevenir la tortura, para construir mecanismos que la prevengan, para establecer procedimientos y fórmulas legales que le quiten valor a las declaraciones de los inculpados cuando no se rinden bajo determinadas condiciones; a su vez, el de privar a la confesión del inculpado del valor que tuvo tradicionalmente.

Es decir, aquellos mecanismos que tienden a privar de eficacia probatoria a aquellas declaraciones que no se rindan en condiciones de certeza y seguridad de que haya sido respetada la integridad de los declarantes, es una condición fundamental para fomentar el respeto a las personas y prevenir y sancionar la tortura.

Soy parte de una generación que hizo de los Derechos Humanos una convicción central en su ética y en su vocación política.

La condición de falta de respeto a los Derechos Humanos hace 20 ó 25 años es completamente distinta a la que priva ahora, incluso en condiciones en donde la presencia de la autoridad está sometida a estresores cada vez más grandes y cada vez más graves.

El hecho de que nuestros procedimientos priven de valor probatorio, el hecho de que nuestras instituciones de seguridad cada vez estén más incorporadas a cursos y mecanismos de inducción para el respeto a los derechos humanos, aún en condiciones como las presentes, en que la autoridad tiene que entrar en contacto cada vez más fiero con organizaciones criminales que hacen del uso de la violencia uno de sus mecanismos de operación a fin de buscar prevalecer, obtener o preservar sus condiciones de operación, es central.

Yo sí quiero dejar aquí testimonio de cómo un pueblo y sus instituciones han podido progresar en ese sentido.

Yo recuerdo, por ejemplo, hace cuestión de algún año, haber visto en la televisión cómo un General que estaba dando instrucciones a la tropa para salir a generar patrullajes en el estado de Michoacán, daba como grito, como orden, como instrucción a sus tropas: "Salgamos a proteger y defender los derechos humanos fundamentales de las gentes". Este dato no puede ser subvaluado.

Cuando los hombres de nuestras Fuerzas Armadas hacen de la protección del respeto de los Derechos Fundamentales de los habitantes un aspecto central de la misión, el país va consolidando sus procesos democráticos.

No dudo, porque un discurso que tiende a hacer generalizaciones que no admite excepciones, normalmente es equivocado, erróneo y hasta injusto. No dudo que puedan existir casos, pero en términos generales, yo sí puedo afirmar sin ninguna duda, que en México no existe tolerancia institucional hacia la tortura.

Dos: Que en México, el marco legal ayuda a prevenir la tortura; tres, que las fuerzas del Estado que hoy buscan generar la gobernabilidad suficiente para que el Estado tenga la potencia para defender a las gentes, lo hacen cada vez con mayor vigor, bajo el amparo de un discurso de protección y promoción a los derechos humanos.

Hoy vivimos tiempos delicados y fundamentales, nuestro desarrollo democrático buscó fortalecer aquellos mecanismos que garantizaran la transparencia y la credibilidad en nuestros procesos electorales.

En la transición democrática se construyó el nuevo orden de cosas desconfiando -desconfiando- de aquellos mecanismos que buscaban fortalecer y hacer vigente el principio de autoridad.

La descomposición que generó ciertas omisiones de la autoridad para hacer valer la ley, el descuido que existió para proteger la integridad y buscar la depuración y profesionalización de nuestros cuerpos de seguridad pública, dio lugar a una descomposición que abrió la posibilidad de que poderes fácticos estuvieran explotando, oprimiendo y -ello sí- generando dolor sobre los habitantes del país.

Bajo estas premisas, el Estado entró en una reflexión profunda y en una reflexión democrática, donde las principales fuerzas políticas del país construyeron los consensos para fortalecer las instituciones de seguridad del país, para dictaminar bajo qué principios deben estar constituidas, para establecer una estrategia de corto, mediano y largo plazo que tienda a garantizar su integridad y su confiabilidad.

Este es el rumbo que una democracia exige para construir y consolidar un principio de autoridad que, basado en la ley recupere la paz y la tranquilidad para las personas.

Debemos ser cuidadosos. Hoy más que nunca las comisiones estatales y nacional de Derechos Humanos deben de ser perspicaces para no ser un instrumento injusto de deslegitimación de los esfuerzos del Estado y de la nación para reconstruir a sus fuerzas de seguridad, para que no se deslegitime este esfuerzo y se sirva involuntariamente a aquellos intereses contrarios a los principios básicos de la convivencia, contrarios a los intereses fundamentales de la sociedad y de sus miembros.

Deben de ser perspicaces para poder distinguir aquellas acusaciones malintencionadas y dolosas que solo buscan deslegitimizar la acción del Estado de aquellas que pueden tener fundamento y responden a todavía existentes anomalías dentro de las fuerzas de seguridad.

Deben ser perspicaces para distinguir aquellos actos que pueden ser propios de la tortura, a aquellas huellas que solo reflejan la necesidad de someter a quien siendo llamado por la autoridad para ser privado de su libertad, o porque está cometiendo un delito, o porque es llamado por la autoridad para rendir testimonio, o porque es llamado por la autoridad en calidad de indiciado.

Hay veces que en estas operaciones hay resistencia de los particulares al llamado legítimo de la autoridad y se tiene que entrar por vías de hechos a someterlos, a fin de cumplir con dichos actos.

Deben ser perspicaces para no ser suspicaces.

En una democracia la evidencia es un principio que garantiza la libertad y la integridad de todos; en una democracia, la evidencia es una constricción necesaria para que la autoridad justifique y argumente sobre todo aquellos actos que tienden a afectar la libertad de los gobernados.

Hoy por hoy debemos buscar construir procesos de conocimiento que, basados en la evidencia, justifiquen los actos y los efectos de esos actos por parte de la autoridad; que expliquen y que puedan justificar socialmente sus contenidos, para poder justificar legalmente sus efectos.

Esta es la difícil tarea que hoy nos congrega: Ni ser cómplices, ni encubridores de las anomalías que puedan existir dentro de las instituciones de seguridad, ni ser tontos útiles de una delincuencia a la que le sirve deslegitimar, perseguir, contener, condicionar, debilitar la acción de esa autoridad.

En una democracia, tienen valores equivalentes y fundamentales la capacidad que debe tener el Estado para proteger a sus gentes y la obligación de ese Estado para proteger los derechos fundamentales de sus gentes.

La gobernabilidad democrática se construye sobre la capacidad del Estado para generar seguridad y protección y sobre el respeto que el Estado debe tener sobre los derechos fundamentales sin distingos -¡sin distingos!- de los antecedentes que se tengan de tal o cual persona.

Hoy el Estado en sí mismo va generando los mecanismos de autocontención que son necesarios -repito- bajo los ingredientes culturales, bajo las fórmulas legales, bajo los elementos místicos que deben orientar a las fuerzas de seguridad para que prevalezca el respeto a la ley.

Bajo ese mecanismo, en un momento en que estas tensiones se incrementan, nos debemos exigir todos cumplir con nuestro deber, todos hacerlo con serenidad, todos cumplirlos con perspicacia, todos asumir con valor las consecuencias de las responsabilidades que decidimos aceptar cuando entramos a la posición del Gobierno.

Por eso estoy convencido de que estos esfuerzos fructificarán, por eso estoy convencido de que estas jornadas no pueden perder su vigencia, porque ahora más que nunca, en la medida en que generemos un discurso que ni debilite al Estado, ni fomente la arbitrariedad, podremos consolidar el anhelo -de años, y años, y años- de que en México, el Estado, sea democrático, sometido a reglas de derecho, con vocación social para superar las inequidades y las injusticias que hoy todavía privan en la realidad mexicana.

Con esa convicción es para mí un placer hoy acompañarlos, con esa convicción asumo una alianza moral, intelectual y legal con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para ahondar en la construcción de mecanismos que nos garanticen el respeto a los derechos fundamentales.

Con ese sentido, a veces pueden existir polémicas entre el señor Presidente y su servidor porque el terreno es complejo, pero debe existir un compromiso frente a los dos: Que nuestros encuentros y desencuentros tengan como fruto garantizar y fomentar la perspicacia y despejar la suspicacia que debilita y sirve a intereses mezquinos.

Así pues, que nadie se alarme si de repente hay diferencia de opiniones. Cada quien, desde su lugar y desde su ámbito de competencia, construye con el otro un país más fuerte, donde los derechos fundamentales -repito- sean fundamento, orientación y guía de la autoridad en favor de su pueblo.

Muchas gracias.