Reforma penal

Reforma penal acéfala /Ana Laura Magaloni Kerpel

Reforma, 4 Ago. 10;

Hoy, gracias a este sistema colapsado, los delincuentes profesionales pueden saberse intocables dada la protección que les brinda la propia policía judicial y el Ministerio Público

Si existe un ámbito en donde es patente la falta de visión y entendimiento de los problemas es en el ámbito de la procuración y administración de justicia. Ello quedó de manifiesto cuando les tocó su turno a las cabezas de los poderes judiciales y procuradurías estatales y federal en los "Diálogos por la Seguridad" que ha venido llevando a cabo el presidente Calderón esta semana.

Calderón, después de algunas intervenciones que parecían más informes de labores que intercambio de ideas, planteó tres preguntas básicas: 1) ¿para qué debe servir la reforma penal?; 2) ¿puede la reforma incentivar un aumento en la violencia dado que Chihuahua es el estado que más ha avanzado en su reforma y a la vez es el más violento? y 3) ¿cómo se puede atender el problema de la impunidad?

Las preguntas del Presidente deberían tener buenas respuestas por parte de las cabezas de los poderes judiciales y de su propio procurador. Son ellos los encargados de la implementación de la reforma penal; también son ellos los que en ese preciso momento le estaban relatando al Presidente todas las innumerables acciones que habían llevado acabo para supuestamente implementar la reforma penal. En este sentido es de suponer que todos ellos también habían reflexionado sobre cuáles son las razones de Estado que justifican una reforma de gran calado al sistema de procuración e impartición de justicia mexicano y para qué debe servir dicha reforma en la coyuntura en la que está el país.

Sin embargo, lo que se puede sacar en claro de esa reunión es que en este ámbito lo que existe es un discurso anacrónico, desfasado, superficial y sin mucha visión de futuro.

Ante la primera pregunta -¿para qué la reforma penal?- ninguno de los participantes se hizo cargo del desastre que existe en los ministerios públicos, la policía judicial y los juzgados penales. Es un sistema que, como funciona actualmente, lo que genera es un profundo desamparo ciudadano y, al mismo tiempo, enormes espacios para delinquir de todos aquellos que puedan pagar el precio de la impunidad. Hoy, gracias a este sistema colapsado, los delincuentes profesionales pueden saberse intocables dada la protección que les brinda la propia policía judicial y el Ministerio Público. Al mismo tiempo, este sistema que tenemos ha puesto en la cárcel a muchos inocentes mientras que los culpables se pasean por las calles. Nuestro sistema no ha podido siquiera hacer que el proceso de denuncia sea gentil y empático con la víctima, ya no se diga darle un servicio de calidad. ¿Para qué la reforma penal? Para terminar con los focos de violencia e ingobernabilidad más importantes que tiene el Estado mexicano.

¿Incentiva o no violencia la reforma penal dado el antecedente de Chihuahua? El presidente de la Corte y el procurador general de la República piensan que la reforma penal tiene "riesgos de generar mayor criminalidad". No sé cuál es la evidencia que apoya estas afirmaciones. En primer término, la violencia de Chihuahua no tiene que ver con la reforma penal, sino con la lucha de los cárteles, el despliegue militar y policial y los problemas de proliferación y pleitos de bandas y pandillas. Un MP y un juez, aquí y en cualquier otra parte del mundo, poco pueden hacer para contener este tipo de fenómenos sociales y criminales.

Pero además, más allá del caso Chihuahua, una reforma penal bien implantada impacta significativamente en un tipo de violencia muy relevante para la gobernabilidad del país: la violencia que genera el abuso del poder y la corrupción del propio sistema penal mexicano. Ésta es una violencia sorda, obscura, impune y perversa en términos de la posibilidad de contar con la ayuda de los ciudadanos para atajar la criminalidad. Esta violencia -la que proviene de las propias autoridades- seguramente será menor con un sistema penal bien reformado y su impacto será enorme en la ciudadanía.

Esto me lleva a la última pregunta del Presidente: ¿qué tiene que ver el sistema penal con la tasa de impunidad? Aquí existe una gran confusión. Si la tasa de impunidad se mide como el porcentaje de delitos denunciados que no termina en sentencia condenatoria, en cualquier parte del mundo dicha tasa es altísima. Chile, que tiene el mejor sistema penal en la región, tiene una tasa de impunidad de 14%, mientras que el Distrito Federal, con un sistema colapsado, tiene una tasa de 10%. La diferencia es que mientras que en Chile la tasa impunidad en homicidios es de 10%, en el DF es de 65%. ¿Qué quiero decir con estos datos? Los sistemas de persecución criminal por definición no pueden dar respuestas exitosas a todo lo que se denuncia. La solidez del sistema no se mide, como lo hacemos en México, por la tasa de impunidad, sino por cómo y a quién procesa. Delitos socialmente relevantes y juicios de alta calidad son dos ingredientes indispensables para construir los basamentos de legitimidad del poder coactivo del Estado mexicano. Ello, en un contexto de alta criminalidad y de enorme despliegue militar y policial, parece de central importancia.