Militares

Columna Plaza Pública
Militarismo a 100 años de la Revolución
Miguel Ángel Granados Chapa
Reforma, 21 Nov. 10;

El presidente Felipe Calderón se ha atenido a una estrecha relación con el poder militar, que si bien depende de él como comandante supremo, impone también sus reglas y visiones de la vida nacional

La revolución maderista de 1910 triunfó en mayo siguiente al derrotar al Ejército federal en Ciudad Juárez, que un siglo después ha vuelto al dominio militar, de regreso las tropas al intento de hacer que impere la seguridad. Esa misma revolución maderista, cuyo centenario se recordó ayer, fue derrotada por un cuartelazo, encabezado por un general traidor, después de que otros altos jefes militares (Bernardo Reyes a la cabeza) se habían rebelado contra las instituciones.

Esa revolución, por ende, incluyó el combate a la dominación castrense, que tuvo que ser disminuida por el propio proceso revolucionario. Y sin embargo, su primer siglo se ha festejado con signos de militarización, reforzados los que este gobierno ha instaurado desde su comienzo en diciembre de 2006. Falto de apoyo político propio -ha dependido del que le otorga el PRI- y con su legitimidad cuestionada, el presidente Felipe Calderón se ha atenido a una estrecha relación con el poder militar, que si bien depende de él como comandante supremo, impone también sus reglas y visiones de la vida nacional.

Ayer mismo, el tradicional desfile deportivo fue sustituido por uno de carácter castrense, y postergado para el próximo sábado. Desde hace décadas había quedado establecido que el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina se mostraran en las calles de la Ciudad de México y las principales ciudades el 16 de Septiembre, y que el 20 de Noviembre esos espacios fueran ocupados por deportistas. Este año, en cambio, hubo dos desfiles militares, amén de otros festivales del mismo carácter. Es el signo de los tiempos. Se trata de mostrar a los ciudadanos comunes el poderío de las Fuerzas Armadas, para mantener la buena imagen que la población tiene de ellas, constante a pesar de las innumerables infracciones a la ley y las ya no escasas violaciones a los derechos humanos que no pocos de sus miembros cometen en sus dudosas funciones de seguridad pública.

En la misma línea, apenas este jueves el Ejecutivo presentó al Senado una iniciativa para militarizar al Ejército, si cabe la expresión. Se trata de un proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Ejército y de la Fuerza Aérea, y a la ley de ascensos y recompensas de ambos agrupamientos, cuyo propósito es que el secretario de la Defensa Nacional -no el Presidente, sino el militar de más alta graduación- disponga del personal que presta servicios administrativos y profesionales para integrarlos al combate al crimen organizado. Actualmente, el 40 por ciento de los poco más de 200 mil efectivos que dependen de la Sedena se dedica a labores de administración (intendencia se les llama en el habla militar) y a tareas profesionales: son médicos e ingenieros principalmente, así como técnicos en diversas ramas, formados en establecimientos militares pero sólo en las disciplinas de su especialidad y no propiamente en el uso de armas. El mecanismo que se busca agilizar mediante la reforma es la reclasificación, es decir la adscripción de los miembros del Ejército y la Fuerza Aérea a un servicio o arma distintos del originario. (Armas se llama en términos militares no sólo a los instrumentos de ataque y defensa en cuyo manejo se busca que sean expertos, sino a las ramas en que se divide la corporación; son tres: infantería, caballería y artillería.)

Aunque se trata de una medición gubernamental, hecha por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, son de tener en cuenta los datos que arroja la Séptima Encuesta Nacional sobre Inseguridad. La Marina fue calificada con 8.3 en la escala de uno a 10, y goza de la confianza de 55 por ciento de los entrevistados, si bien una proporción mucho menor, 43.3 por ciento reconoce eficacia en su desempeño. El Ejército, a su vez, está levemente por debajo de esos indicadores: tiene una calificación de 8.1, la confianza de 52.5 y aprobación por su desempeño de 41.1 por ciento. (La Policía Federal, sin embargo, que en buena medida ha sido hija de las instituciones castrenses, y cuya madurez permitiría el regreso de los militares y marinos a sus cuarteles, está muy mal situada ante la opinión pública: su calificación es apenas aprobatoria: 6.8 por ciento, confía en ella sólo una cuarta parte de la población encuestada (24.6 por ciento) y sólo el 15.1 por ciento tiene por eficiente su desempeño.

La imagen militar palidece en los sitios donde se instalan militares en funciones de seguridad pública: apenas el viernes 12 acamparon 200 efectivos militares en el municipio guerrerense de Heliodoro Castillo, y ya menudean las denuncias en su contra: "a un vecino le quitaron 20 mil pesos y a otro las alhajas de su esposa. Toda la gente se siente aterrorizada por la intempestiva llegada de los militares, que patrullan apuntando sus armas a los residentes y en las casas que señala su aparato detector tumban las puertas para efectuar revisiones", dicen denunciantes la comisión estatal de derechos humanos y aun ante el mando de la XXXV Zona Militar (La Jornada, 16 de noviembre).

El domingo 14, según reportó al día siguiente la Secretaría de la Defensa Nacional, "dos civiles fallecen al intentar evadir un puesto de control de un grupo de operación mixto". La comandancia de la XXX Zona Militar informó que a la una de la mañana del domingo "en un puesto de control de en el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, establecido por el Grupo de Operación Mixta Tabasco, se le marcó el alto a una camioneta marca Ford Expedition, con placas de circulación WPD 8248 del estado de Tabasco, con dos civiles a bordo, quienes intentaron evadir el citado puesto de control, por lo que personal de la Secretaría de Marina / Armada de México integrante del citado grupo accionó sus armas de fuego, falleciendo en el lugar de los hechos los dos tripulantes del vehículo civil, quie- nes fueron identifica- dos como Víctor Manuel Chan Javier, de 21 años de edad, (y) Ramón Pérez Román, de 23 años de edad.

"En el interior del vehículo se aseguró una pistola escuadra cal. 380 mm, un cargador para la citada pistola, dos cartuchos útiles del mismo calibre y un casquillo percutido cal. 380 mm". Como ha ocurrido en episodios similares en Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas, la versión militar parece no corresponder a los hechos. A pedido de la Procuraduría de justicia de Tabasco, la General de la República atrajo ya la averiguación del caso y tiene a su disposición a los 14 miembros de corporaciones estatales presentes en la operación (seis agentes ministeriales, seis de seguridad estatal, dos policías de caminos locales). No ocurre lo mismo con los 10 miembros del Ejército, siete de la Marina y dos de la Policía Federal. Es que los deudos de las víctimas sostienen que sus hijos no estaban armados y se dedicaban al comercio legítimo. El gobernador Andrés Granier avaló esos dichos, asegurando que los muchachos asesinados pertenecían a "familias honorables".

En casos semejantes el Ejército ha montado escenarios para esconder la atrabiliaria acción de algunos de sus miembros y, cuando admite que se cometieron delitos, consigue que el ministerio público militar lleve ante la justicia castrense a los presuntos responsables, aunque las víctimas sean civiles. Por ello, y para impedir la impunidad de los uniformados que delinquen, avanza una corriente humanitaria, de organismos mexicanos y extranjeros, para que la justicia civil procese a los militares en esos trances. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido ya dos sentencias contra el Estado mexicano por acciones de ese género, pero el gobierno de Calderón se mostró parco en el cumplimiento de la reforma legal a que lo insta el fallo de la justicia internacional, y que está congelada en el Senado.

Digamos, en fin, que la estructura de mando de la Sedena está en manos de un grupo ejemplificado en el ahora general de división Augusto Moisés García Ochoa, cuyo ascenso al máximo rango fue anunciado este jueves. Dirigió el Centro de Inteligencia Antinarcóticos nacional, dependiente del secretario Enrique Cervantes Aguirre; fue secretario particular del secretario Clemente Ricardo Vega García y es director general de administración (la poderosa oficina que controla las adquisiciones), bajo el general Guillermo Galván, quien gestionó con diputados 13 mil millones de pesos para integrar 18 nuevos batallones de infantería, aunque a última hora los rechazó.