El ministro Juan Silva Meza

En Palacio nacional

Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), llamó a enfrentar la violencia mediante la ley.

Durante la conmemoración del XCIV aniversario de la Promulgación de la Carta Magna de 1917, el ministro recordó que la Constitución de ese año fue la respuesta que los mexicanos dieron a la tensión y al desacuerdo que se vivió durante la Revolución. 

-MIN. JUAN SILVA MEZA: Ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados; honorable presídium; señoras y señores; estimados todos.
Hoy, los tres Poderes de la Unión concurrimos en la Ceremonia Conmemorativa del XCIV Aniversario de la Promulgación de nuestra Constitución Política Federal, lo hacemos a sólo unos meses de la celebración del Bicentenario de la Independencia Nacional y del Centenario de la Revolución Mexicana; acontecimientos de la historia nacional a los que debemos nuestro presente constitucional.
La Constitución Política de 1917, es justamente el resultado de un proceso de decantación constitucional de más de un siglo, cuyo punto de partida pudiera situarse en la iniciación de Los Sentimientos de la Nación.

Este proceso, confirmó a la Nación como una organización política Republicana, Federal y Democrática, y reconoció una gama de libertades y derechos sociales inéditos en su época. Los diputados al Congreso Constituyente en 1916 y 1917, tuvieron la capacidad de entender su papel histórico como constructores de un nuevo orden político.
Es, en este contexto, que hoy no podemos dejar de advertir que nuestra Constitución fue la respuesta a la violencia, al desacuerdo, a la inquietud, a la inseguridad, a la pérdida de vidas y sangre en la Guerra Civil que enfrentó a los mexicanos.
La Constitución fue la apuesta de nuestros mayores por evitar que eso que ellos padecieron, nos sucediera a nosotros. Debemos agradecer esa contribución con la humildad de quien sabe que debe proteger algo valioso que le ha sido legado.
La Revolución Mexicana fue un acontecimiento lamentable, violento, un episodio  de confrontación y muerte entre mexicanos, un capítulo doloroso y traumático, en el que perdieron la vida miles de mexicanos.
Sin embargo, de la Revolución también aprendimos. Aprendimos institucionalidad, aprendimos legalidad, aprendimos democracia, aprendimos la necesidad de construir arreglos políticos en la paz y, fundamentalmente, aprendimos que la justicia es parte esencial del arreglo político nacional.
Eso es nuestra Constitución, ese es nuestro legado. Honrémoslo, prefiramos la ley a la violencia, la estabilidad y la continuidad constitucional al desamparo de la inseguridad.
El gran legado cultural de la Revolución es, sin duda, la Constitución de 1917. Debemos tener presente, en aras de la civilidad, que la respuesta de los mexicanos a una Revolución armada y violenta fue la ley. Los mexicanos respondimos a la violencia con la ley. México respondió al conflicto que enfrentó a sus individuos con una Constitución, con leyes y con instituciones. Es esa una gran lección de nuestra historia, que debemos tener en cuenta en los tiempos que corren.
Hoy, como entonces, la mejor y la mayor respuesta a la violencia y a los violentos es, y debe ser siempre, la respuesta constitucional, condensada en leyes e instituciones. Pero de igual manera, la conducción de instituciones de la República debe responder a las necesidades de una nueva ciudadanía, más participativa, más consciente de sus derechos.
La fuerza y la acción de las instituciones del Estado deben ser acompañadas por el respaldo ciudadano, y eso sólo es posible alcanzando las legitimas aspiraciones y la prosperidad de los mexicanos.
En el caso del Poder Judicial de la Federación tenemos claro que una mejor calidad de vida radica no sólo en el acceso a la justicia imparcial, sino a una justicia de calidad, transparente y expedita.
Por eso, todos estamos obligados a trabajar juntos, cada uno cumpliendo con su papel y sus atribuciones, cada uno en el ámbito de sus competencias, cada uno honrando al régimen constitucional y a sus leyes.
Todos estamos obligados a cuidar en estos tiempos difíciles a las instituciones y a la institucionalidad, debemos aprender de la historia, debemos trabajar juntos; no debemos culparnos entre nosotros. La historia misma nos ha enseñado dolorosamente que cuando nos dividimos privilegiando las posiciones irreductibles perdemos como Nación, en tanto que los adversarios de la legalidad ganan.
El consenso, inspirado en el bien de los mexicanos y cobijado por la Constitución debe ser la meta. Las instituciones de la República comparten, al trabajar juntas y en armonía constitucional, la fuerza y la unidad del Estado mexicano.
La fuerza del Estado depende de ese trabajo conjunto realizado con un entendimiento claro de la función constitucional que cada uno tiene asignada. Después de la Revolución, México es una Nación de legalidad e institucionalidad. Hoy somos legalidad e institucionalidad en democracia.
Recordemos siempre que la principal tarea constitucional y democrática del Estado mexicano, después de la Revolución de 1910, es la justicia. La Suprema Corte, los Magistrados y Jueces Federales apelan a ese valor, a ese proyecto, a ese principio en cada una de sus resoluciones.
Señoras y señores:
La misión del Poder Judicial de la Federación es responder a los retos que nos plantea nuestra democracia, acercar la justicia al ciudadano, facilitar su acceso, proteger sus derechos humanos, dar certeza, dar seguridad, generar confianza.
El contenido en nuestra Constitución nos obliga a comprometernos más con la paz, a recordar que queremos avanzar en el sendero de la paz; paz que se construye teniendo como meta los intereses de la sociedad y, soportada en la justicia de las leyes, la tranquilidad y la estabilidad de las instituciones.
Hoy, el Poder Judicial de la Federación refrenda aquí su compromiso para, al amparo de la Constitución, lograr esa misión, cristalizar ese proyecto.