Legisladores se ponen las pilas

Ante la presión social, empiezan a actuar:

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI), demandó ayer actuar en políticas de prevención para disminuir la drogadicción, atender las causas sociales que generan la delincuencia y no sólo renovar equipos, armamento o equipo de inteligencia.  Además, insistió en que es indispensable emprender trabajos conjuntos con EE UU para combatir el tráfico de armas y el narcotráfico.  “Para evitar que un joven caiga en las redes de drogadicción es mucho más efectivo que aumentar el blindaje de la policía (…) No solamente es la compra de armamento y equipo de inteligencia, para combatir la inseguridad y el problema de drogas; tenemos que trabajar en la prevención , y sobre todo atender las causas sociales de este fenómeno”, dijo.

El diputado presidente subrayó que el tráfico de armas es un problema común con Estados Unidos; por ello, se deben emprender trabajos conjuntos que ayuden a disminuir los efectos que ocasiona este fenómeno.  

“Es imposible pensar que éste es un problema que sólo se queda del lado de México, porque no es un fenómeno de salud, ni racial, ni educativo, donde esta lo económico, está el problema del mercado, se ha subrayado en que es un problema común”, señaló.

Ramírez Marín lamentó los hechos recientes ocurridos en Morelos, Sinaloa y en Acapulco, Guerrero, donde más jóvenes han sido víctimas del crimen organizado, y dijo que se deben atender los reclamos de la sociedad civil que ha organizado diversas manifestaciones para expresar su rechazo a estos terribles actos.

Por otro lado, legisladores de la Comisión  de Seguridad Pública cuestionaron al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Juan Miguel Alcántara Soria, sobre los altos niveles de inseguridad que existen en gran parte del país y las cifras de homicidos y secuestros registrados en los últimos años.

El secretario de la Comisión, Bonifacio Herrera Rivera (PAN), dijo que hay “inconsistencias” en las cifras dadas a conocer respecto del delito de secuestro, ya que hasta el mes pasado, la PGR indicó que se iniciaron 2 mil 169 averiguaciones previas y se refiere que las entidades federativas registran mil 262 averiguaciones.

El diputado explicó que hasta el mes de marzo, se registraron 20 mil 127 homicidios dolosos, de los cuales 3 mil 806 habían ocurrido en Chihuahua; sin embargo, la Fiscalía General del estado en el 2010 reconoció que en este mismo periodo hubo 7 mil 209 muertos, es decir, casi un 90 por ciento más de lo que se reportó.

Agregó que en el Estado de México, en 2007 se reportaron 2 mil 672 homicidios dolosos, cifra similar a la del año 2000. En el 2008, reporta mil 261 homicidios, es decir, baja la incidencia un 63 por ciento, contrario a lo que hay en el país y nuevamente en el 2010 vuelve a reportar mil 168 homicidios; esto es una “evidencia de la manipulación o el cuchareo de cifras por parte de las entidades federativas o de la ineficiencia con la que se recogen los datos”

Por su parte, la diputada del PVEM, Adriana Sarur Torre, solicitó información sobre los delitos que tiene mayor incidencia delictiva en la población. Al responder, Alcántara Soria reconoció que en 2010 el 92 por ciento de los delitos son del fuero común: secuestro, homicidio, extorsión y robo, por lo que llamó a fortalecer a los ministerios públicos y a las policías estatales, como un eslabón fundamental para perseguir este delito, para dar mayor seguridad y confianza a la población “porque estos delitos son de mayor reproche social”.

Respecto al tema de la protección a migrantes, el diputado por Convergencia, Víctor Hugo Círigo Vásquez, cuestionó al funcionario sobre las cifras de agresiones a migrantes, ya que, dijo que en 2009 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) "reportó 9 mil 758 víctimas, sin considerarse otros casos que no fueron denunciados en un lapso de seis meses que duró la investigación”.

El diputado, Círigo Vásquez, señaló que según información de organizaciones de la sociedad civil, la delincuencia organizada utiliza cada vez métodos más violentos para el secuestro de migrantes, aunado a los abusos de las autoridades, sobre todo en el Instituto Nacional de Migración

En lña reunión de ayer Alcántara Soria, informó que la dependencia a su cargo tiene identificados 25 “focos rojos” en las rutas de flujo de migrantes mexicanos y centroamericanos hacia Estados Unidos.  “Las cuatro rutas de flujo migratorio más usuales, con las cuales hay migración en el país, tanto de mexicanos como de centroamericanos, las rutas del tren donde se han localizado 25 focos rojos de los cuales vamos a platicar la estrategia en la prevención social en esta materia”.

Durante su exposición ante los integrantes de dicha instancia legislativa, dijo que las líneas estratégicas implementadas son: la protección y asistencia humanitaria, la generación del modelo piloto de campaña de densificación en las comunidades donde se encuentran estos 25 “focos rojos”, además de campañas de información sobre derechos humanos y no discriminación a los migrantes, así como talleres a los servidores públicos.

Además, se trabaja de forma coordinada con los gobiernos de Tabasco, Tlaxcala y Chiapas para implementar acciones contra la trata de personas y abusos de los derechos humanos de los migrantes. Oaxaca, Tabasco, Coahuila, Veracruz y San Luis Potosí son entidades que mayor incidencia delictiva registran, dijo.

El funcionario indicó que dentro de los 25 ”focos rojos” se deben destinar recursos del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun) para diagnósticos locales en San Luis Potosí, Saltillo y Nuevo León para elaborar un plan municipal para abatir el problema.

Precisó que las entidades federativas cuentan con los recursos necesarios para implementar un programa de jóvenes por la paz y la seguridad en San Luis Potosí, la creación de observatorios en Tapachula, la realización de investigaciones en Saltillo, así como radios comunitarias y de mujeres en Coatzacoalcos, San Luis Potosí, Guerrero y Reynosa.