Maisela Morales

Lo negro de la nueva procuradora

Ricardo Ravelo

Revista Proceso # 1799, 24 de abril de 2011;

La ratificación de Marisela Morales como titular de la Procuraduría General de la República por parte del Senado ignoró la historia de dislates y pifias de la funcionaria durante su paso por el Ministerio Público Federal y la SIEDO. Deficiencias en la integración de expedientes, manipulación de testigos protegidos, la orquestación del vergonzante michoacanazo, entre otros, son sólo algunos de los signos ominosos respecto de lo que puede esperarle a una institución en permanente estado de podredumbre en un país en llamas...

Pese a que su carrera profesional está marcada por fracasos y no obstante haber sido señalada por manipular el programa de testigos protegidos, Marisela Morales Ibáñez llegó a la Procuraduría General de la República (PGR), con lo que se convirtió en la primera mujer en ocupar la titularidad de esa institución creada hace poco más de un siglo.

Y si bien se le critica por los fracasos judiciales durante su gestión como agente del Ministerio Público federal, en particular por emprender investigaciones sin pruebas y por el desaseo con el que solía integrar las averiguaciones previas, Morales Ibáñez es ahora el tercer elemento nombrado como titular de la dependencia durante la administración calderonista.

De acuerdo con el abogado postulado Enrique Acosta Fragoso, el nombramiento de Marisela Morales como procuradora sólo puede explicarse por tres razones: por su estrecha relación con el Ejército, por el reconocimiento que le otorgaron en Estados Unidos por su valentía y, lo más importante: porque es una pieza que le garantiza a Calderón la utilización de la PGR como instrumento de persecución política con miras a 2012, como ocurrió con los alcaldes de Michoacán que fueron encarcelados.

En opinión de Acosta, Marisela Morales no podrá con el encargo, pues, afirma, la dependencia está muy dañada por vicios ancestrales como la corrupción, la infiltración del narcotráfico y la ineficacia. “Es como un cambio de esposa para seguir en el mismo infierno”, dice.

–¿Cuáles son las fallas que usted observa en la PGR y en particular en este sexenio?

–Con Calderón la PGR es un desastre, como todo su gobierno y como todo el país. El procurador no tiene participación en la lucha contra la delincuencia. Se convirtió en un instrumento legitimador de las acciones que ordenan el presidente y el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Nombramiento cuestionado

El abogado afirma que otro vicio que no se puede erradicar es que la PGR sigue siendo una concesión para Diego Fernández de Cevallos y José Antonio Lozano Gracia. Ellos manejan a la dependencia a su antojo.

Por su parte, el abogado Elisur Arteaga, exdefensor de Andrés Manuel López Obrador durante el juicio de desafuero que el excandidato presidencial enfrentó el sexenio pasado, afirma que los senadores se burlaron del presidente al ratificar el nombramiento de Marisela Morales.

–¿Por qué?

–Ellos saben que no va a funcionar como procuradora, pero no le quieren obstaculizar nada al presidente, a quien ya nadie toma en cuenta. La PGR está hundida en sus problemas y veo con tristeza la falta de competencia de muchos funcionarios de esa dependencia.

 “Para empezar, la señora Marisela Morales es muy mal vista en nuestro foro, no es considerada una jurista relevante y se le critica por tantos fracasos, como el famoso michoacanazo. Es aberrante que se le haya nombrado. Eso habla sin duda de la ceguera presidencial o de que a este hombre (Felipe Calderón), que ya lo perdió todo en su gobierno, tampoco le interese el país”.

–¿Cuáles son las fallas que usted observa en la PGR? –se le pregunta.

–Hay mucha incapacidad, improvisación, falta de interés en las investigaciones para perseguir los delitos. También impera la corrupción y dudo mucho que en lo que resta del sexenio se puedan corregir esos problemas. Duele decirlo, pero la designación de la señora Marisela Morales como procuradora general de la República no es bienvenida.

El nombramiento de Morales Ibáñez ocurrió en medio de la más cruenta violencia que azota al país por los desatinos de las autoridades federales en su lucha contra la delincuencia organizada.

Después de exponer su proyecto ante el Senado y de comprometerse a no utilizar la PGR como instrumento de persecución política –vicio que arrastra la institución desde hace algunos años–, los legisladores la ratificaron, aun cuando formó parte del equipo de su predecesor, Arturo Chávez Chávez, quien dejó la procuraduría el pasado 31 de marzo, luego de un año y medio de infructuosa gestión.

Semanas antes de que se convirtiera en procuradora, el pasado 13 de marzo Morales Ibáñez recibió en Estados Unidos el premio Mujer con Valor 2011. Los últimos reconocimientos no ocultan su historia y nexos con hombres del poder controvertidos, como su mentor Mariano Herrán Salvatti, quien hoy purga una condena por peculado, enriquecimiento ilícito y presuntas ligas con el narcotráfico.

Morales Ibáñez inició su carrera como defensora de oficio y sus tareas en materia de procuración de justicia datan de la década de los noventa, periodo en el que Herrán Salvatti era subprocurador de Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Sus tropiezos como funcionaria del Ministerio Público federal datan de esa época. En el sexenio de Ernesto Zedillo, como auxiliar de distintos subprocuradores federales, Morales Ibáñez estuvo involucrada en las maniobras para incriminar a Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, por los delitos de narcotráfico, lavado de dinero, peculado y desvío de los recursos de la llamada “partida secreta” para enriquecerse de manera ilícita.

Durante el segundo tramo de la administración zedillista, la PGR realizó una intensa labor para demostrar que los más de 105 millones de dólares que Raúl Salinas depositó en Suiza con nombres falsos provenían del narcotráfico o del desvío de la partida secreta. No tuvo éxito.

Después de varios años de juicio, ninguna de las acusaciones contra Raúl Salinas prosperó. El inculpado fue absuelto de todos los cargos, incluido el de su presunta participación en la planeación del asesinato de su excuñado José Francisco Ruiz Massieu. Ya en libertad, Raúl recuperó incluso la fortuna que la PGR le incautó de sus cuentas en bancos suizos durante su cautiverio.

Y aunque Morales Ibáñez no estuvo al frente de esas investigaciones, sí fungió como “colaboradora” importante en la integración de los expedientes criminales contra Raúl Salinas.

En el sexenio de Vicente Fox, Morales Ibáñez trabajó muy de cerca con María de la Luz Lima Malvido, quien fungió como subprocuradora general de Coordinación y Desarrollo de la PGR, y llegó a ser brazo derecho del procurador Rafael Macedo de la Concha, con quien trabó una estrecha relación; incluso fungió como enlace entre la procuraduría y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Era ella la que daba seguimiento a los procesos penales contra militares acusados de delincuencia organizada en juzgados federales y militares.

 Los descalabros

Un año antes de que concluyera la gestión de Fox, Macedo dejó la PGR; Morales Ibáñez se mantuvo en la institución como responsable del área de tráfico de menores, indocumentados y órganos.

De 2000 a 2008 se manejó con discreción. Quienes la conocieron en ese periodo aseguran que era una funcionaria modesta, sin inclinación por los lujos y las excentricidades. Pero cambió radicalmente a partir de 2008, tras ser nombrada titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

En esa época se desató el escándalo por las denuncias sobre la infiltración por parte de los cárteles de la droga precisamente en la SIEDO. Estados Unidos inició la Operación limpieza, una amplia investigación sólo comparable con el llamado Maxiproceso, realizado en los noventa contra el cártel de Juárez. Las pesquisas derivaron en el encarcelamiento de varios funcionarios de la SIEDO, entre ellos Noé Ramírez Mandujano, quien precedió a Morales en el cargo.

A partir de declaraciones de testigos protegidos, muchos de ellos excolaboradores de varios cárteles de la droga, las autoridades detectaron que la organización de los hermanos Beltrán Leyva pagaba hasta medio millón de dólares a Ramírez Mandujano y a una decena de funcionarios a cambio de información sobre operativos, órdenes de aprehensión y extradiciones de varios miembros del grupo criminal.

Esa red incluía a militares asignados a la SIEDO, así como a agentes de Interpol y policías federales mexicanos adscritos a la embajada de Estados Unidos en México. Esos funcionarios tenían reuniones periódicas con los capos para entregarles documentación relevante; a cambio recibían maletines repletos de dólares, que llegaban hasta las oficinas centrales de la PGR, según las investigaciones.

Como titular de la SIEDO, a Morales Ibáñez le tocó robustecer las investigaciones y emprender el saneamiento de la institución. Poco tiempo después, la Operación limpieza empezó a tambalearse por los descalabros legales. Hoy, varios de los exfuncionarios acusados de tener ligas con el narcotráfico están a punto de recobrar su libertad.

A ella también se le encomendó la integración del expediente de Vicente Carrillo Leyva, detenido en abril de 2010 cuando realizaba sus ejercicios de rutina en un parque del sur de la Ciudad de México. Otra versión sostiene que la captura no fue en ese lugar, sino en uno de los lujosos departamentos del hijo del extinto capo Amado Carrillo.

Carrillo Leyva decía que era empresario y se identificaba como Alejandro Peralta Álvarez. La SIEDO lo acusó de desempeñar funciones directivas en el cártel de Juárez, así como de ocultamiento y blanqueo de recursos ilícitos y de lavado de dólares en negocios de su tío Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, identificado por las autoridades como el jefe del cártel de Juárez.

La embajada de Estados Unidos en México se congratuló por la caída de Carrillo Leyva, al que consideraba “el número dos” del cártel de Juárez. Ocho meses después de su captura, en diciembre de 2010, un tribunal de alzada absolvió a Carrillo Leyva de los cargos por delincuencia organizada, narcotráfico y lavado de dinero, los delitos más fuertes que pesaban en su contra.

Sin embargo, cuando estaba a punto de abandonar la prisión por falta de pruebas, la PGR solicitó la reaprehensión de Carrillo Leyva, esta vez para arraigarlo y acusarlo de uso de arma prohibida. En 1989 su padre, Amado Carrillo, purgó una condena de tres años acusado de un delito similar.

Programa vulnerado

La lista de fracasos de Morales Ibáñez en la SIEDO no termina ahí. Un caso relevante es la acusación contra Boris del Valle Alonso, un ciudadano cubano-mexicano que asesoró a Gregorio Greg Sánchez en materia de seguridad durante su gestión como alcalde de Cancún, Quintana Roo.

Al igual que el perredista Greg Sánchez, quien hoy está preso por el delito de delincuencia organizada, a Del Valle se le acusó de tráfico de indocumentados y de tener presuntas ligas en ese negocio con integrantes de Los Zetas en la península de Yucatán.

Elementos del Ejército capturaron al cubano-mexicano el 5 de marzo de 2009 en Cancún. Fue arraigado y consignado en mayo de ese año. El día 7 de ese mes, la PGR informó que estaba formalmente preso.

Durante el proceso, testigos protegidos acusaron a Del Valle de tener estrechos vínculos con Los Zetas para introducir cubanos a Estados Unidos vía México. Luego de dos años de encarcelamiento, el 11 de enero último, el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Tepic, Nayarit, absolvió a Del Valle de los cargos y ordenó su libertad inmediata.

La PGR trató de evitar el revés. Solicitó una nueva orden de aprehensión contra Del Valle y lo mantuvo en arraigo durante 40 días para probar los presuntos delitos que cometió. Vencido el plazo y ante la falta de evidencias, la dependencia solicitó una ampliación del arraigo, pero le fue negada y Del Valle quedó en libertad.

Otro descalabro de Morales Ibáñez que alcanzó niveles de escándalo fue la detención de Juan Carlos Castro Galeana, Julio César Mondragón Mendoza y Alfredo Rosas Elicea, acusados de hacer estallar granadas en los festejos del 15 de septiembre de 2008 en las inmediaciones del Palacio de Gobierno de Morelia, Michoacán.

A los tres se les indició como autores de aquel suceso que los medios electrónicos calificaron de “ataque narcoterrorista”.

Según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITA/110/2008, los acusados declararon que habían sido levantados en una casa de Apatzingán y que presuntos policías federales los sometieron a torturas físicas y psicológicas (uno perdió un ojo, otro un testículo y al tercero le fracturaron las costillas) durante varios días.

El propósito, señalaron, era obligarlos a declararse culpables de los atentados y de ser integrantes de Los Zetas. No obstante esas irregularidades, los acusados siguen en prisión.

A su paso por la SIEDO, Morales Ibáñez vulneró el programa de testigos protegidos, que data de 1996, cuando se aprobó la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Declaraciones falsas, incriminaciones enderezadas contra personas que no conocen y ejecuciones de testigos por descuidos en su seguridad son algunos de los vicios que enturbiaron ese esquema.

El ejemplo más notable del fracaso del programa fue la acusación que, con base en testigos protegidos, realizó la SIEDO a mediados de 2009 contra 35 presidentes municipales de Michoacán y otros funcionarios policiacos y del Ministerio Público federal y del fuero común por presuntos vínculos con el narcotráfico, en particular con Los Zetas y La Familia Michoacana.

Después de ese golpe mediático, que puso en evidencia el caso más escandaloso de narcopolítica en el país, todos los presidentes municipales fueron liberados por tribunales de alzada debido a la falta de pruebas; es decir, los expedientes estaban mal integrados.

El miércoles 13 recobró su libertad el último de los alcaldes michoacanos presos: Armando Medina Torres, presidente municipal de Mújica. Fue detenido el 3 de septiembre de 2009, cuando despachaba en su oficina del palacio municipal.

De los detenidos, sólo Lorenzo Rosales Mendoza, exagente del Ministerio Público Federal en Apatzingán, aún no recupera su libertad. Lorenzo es hermano de Carlos Rosales, conocido como El Tísico, El Negro y Carlitos, antiguo socio de Osiel Cárdenas Guillén, exjefe del cártel del Golfo.

Además de ser cuestionada por sus vínculos con Genaro García Luna, uno de los funcionarios más desacreditados del gabinete calderonista por sus desatinos al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, Morales Ibáñez ha sido vapuleada por la utilización de los testigos protegidos con fines políticos.

En 2008, la PGR acusó al excoordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, de servir a los intereses del narcotráfico. Herrera se había confrontado con García Luna tras denunciar actos de corrupción en la SSP –compra de helicópteros sin licitación, asenso de policías sin carrera y protección a policías corruptos– y por acusarlo de proteger a algunos capos de la droga.

El exfuncionario fue acallado con una acusación proveniente de un testigo protegido conocido como Pitufo y cuyo nombre es José Salvador Quintanilla. Él aseguró que, por medio de otra persona, supo que Herrera Valles recibía pagos de Los Zetas. Ese señalamiento llevó a la prisión a Herrera.

La abogada Silvia Raquenel Villanueva asumió la defensa de Herrera Valles. Cuando revisó el expediente de su cliente detectó las irregularidades y denunció que el documento era “un cochinero”; que la integración de la averiguación previa era una “aberración jurídica”.

 “La señora subprocuradora Marisela Morales, quien obedece órdenes de Genaro García Luna, aprovecha a los testigos protegidos falsos y mentirosos para acusar a las personas y todo esto tiene un fondo político”, dijo la abogada.

Tiempo después no sólo salió a flote la corrupción que trastocó al programa de testigos protegidos; también quedó exhibida la falta de seguridad de algunos testigos estelares. Varios de ellos incluso fueron ejecutados por capos de la droga al enterarse de que habían sido denunciados.

Es el caso de Enrique Bayardo del Villar, ejecutado el 1 de diciembre de 2009 en un Starbucks de la colonia Del Valle, en la Ciudad de México. Según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/0241/2008, Bayardo se había relacionado con el capo Ismael El Mayo Zambada García desde que era inspector de la División Antidrogas de la Policía Federal. Bayardo era uno de los hombres de mayor confianza de García Luna.

Tras ser detenido y luego de acogerse al programa de testigos protegidos, Bayardo declaró en contra de Zambada García; incluso dio pormenores sobre la red de protección que cobijaba las operaciones de narcotráfico en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Un mes antes apareció muerto Jesús Zambada Reyes, sobrino del El Mayo, quien había sido capturado en 2008 en una calle de la colonia Lindavista, al norte de la Ciudad de México. Jesús Zambada se acogió al programa de testigos y en sus declaraciones reveló detalles sobre los refugios utilizados por su tío.

Con base en sus declaraciones, agentes federales y personas de confianza de la subprocuradora Morales Ibáñez localizaron a Ismael Zambada, pero extrañamente no lo detuvieron. Tiempo después, Zambada Reyes apareció muerto. Y aunque la PGR informó que el detenido había intentado quitarse la vida en varias ocasiones, nunca le brindó la vigilancia adecuada.