El reportaje de La Turati en Proceso

En el terror, una brasa de esperanzaMarcela Turati

Revista Proceso # 1803, a 22 de mayo de 2011

La Caravana Nacional Ciudadana por la Paz con Justicia y Dignidad partirá el 4 de junio desde Cuernavaca –donde se gestó el movimiento encabezado por Javier Sicilia– y durante seis días cruzará varias ciudades desgarradas por las balas y la injusticia, hasta llegar a Ciudad Juárez. Ahí, ante las evidencias del fracaso gubernamental y con la participación de férreos luchadores contra la violencia, se firmará un pacto nacional para recuperar la paz, la justicia y la dignidad. Los impulsores del movimiento y las organizaciones anfitrionas están seguros de que si en Juárez se concentra el dolor, también puede engendrar la esperanza para la reconstrucción.

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- Esta ciudad, considerada “el rostro más visible de la destrucción nacional” será sede de la firma del pacto nacional desde el cual se buscará refundar el país. El 4 de junio, una caravana ciudadana saldrá de Cuernavaca y durante seis días recorrerá la Ruta del Terror (Cuernavaca-DF-Toluca-Morelia-Guadalajara-León-San Luis Potosí-Zacatecas-Durango-Torreón-Saltillo-Monterrey-Torreón-Camargo-Chihuahua) hasta llegar a Juárez, donde removerá las cenizas de la destrucción para reavivar las brasas de la esperanza.

Los anfitriones del pacto ciudadano, quienes se han vuelto expertos en resistencia ciudadana y férreos opositores a los tratos con el gobierno, serán los sobrevivientes de esta frontera azotada por tres años de guerra y convertida en la capital mundial de los asesinatos, así como en laboratorio del fracasado experimento de la militarización.

 “Con la autoridad no tenemos que pactar sino exigirle que dé resultados, porque Juárez es el ejemplo de su fracaso en cuestión de seguridad. Aquí ya probaron todas sus estrategias, hasta la militar; ya abrieron mesas de diálogo, ya hicieron el (programa) Todos Somos Juárez para la supuesta recuperación del tejido social, y no funcionaron. No hay manera de que nos sentemos de nuevo con el gobierno, porque no va a funcionar. Tenemos que exigirle que cumpla y que escuche nuestra exigencia”, explica la doctora Leticia Chavarría, del Comité Médico Ciudadano.

Ella forma parte del conjunto de líderes que surgieron de la tragedia, que se han reconocido en otros y se han esforzado por articular sus coincidencias para contener la hemorragia social. En esta ciudad fronteriza no es raro ver en una misma mesa, esbozando planes de reconstrucción, a jóvenes radicales de ultraizquierda al lado de empresarios conservadores, igual que a médicos, campesinos, defensores de los derechos humanos, monjas, feministas, universitarios, cirqueros, colectivos de artistas y familiares de víctimas. 

Ellos, que trabajan a contracorriente para evitar la destrucción social, fijaron las condiciones del pacto, establecieron un consenso de rechazo absoluto al diálogo con el gobierno y coincidieron en la exigencia de poner fin a la militarización y de renovar el sistema de procuración de justicia para esclarecer los crímenes hasta ahora cometidos.

La postura juarense del nada-nunca con el gobierno provocó tensión en el equipo organizador de la marcha ciudadana que el 8 de mayo llegó al Zócalo capitalino y que ahora prepara la ruta de la caravana y la firma del pacto. Se llegó a considerar que, si los juarenses no admitían a funcionarios, el pacto podría suscribirse en otra ciudad. Al final prevaleció la visión norteña.

“La propuesta de Juárez es vigilar a las autoridades para que hagan su trabajo, pero no pactar con ellas, porque no sirve. Pedimos también la desmilitarización, no queremos decir que se vayan inmediatamente de todo el país, pero vemos que hay un proyecto implícito de militarizar paulatinamente con la Ley de Seguridad Nacional, como ya ocurrió en Juárez y que no dio resultados”, expuso a Proceso el sacerdote Óscar Enríquez, director del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte.

Esta crítica es respaldada por integrantes del Comité Médico Ciudadano, el movimiento Pacto por la Cultura, la Red Mesa de Mujeres, los centros de derechos humanos Cosyddhac, del Migrante y Paso del Norte, Pastoral Obrera, el Frente Plural Ciudadano, el Frente Democrático Campesino y El Barzón, entre otros. 

La Caravana Nacional Ciudadana por la Paz con Justicia y Dignidad, como se le nombró, saldrá el 4 de junio de Cuernavaca –donde nació el movimiento encabezado por Javier Sicilia– y durante seis días recorrerá la geografía nacional de la destrucción hasta llegar a Juárez. 

En un segundo momento, en Morelos, políticos de todos los niveles de gobierno y de los distintos poderes serán convocados para plantearles las exigencias ciudadanas y las fechas fijadas para dar resultados. De lo contrario, los gobernantes se atendrán a las acciones pacíficas de resistencia civil, una fórmula bien conocida en esta frontera, donde en 1986 los ciudadanos protestaron contra el fraude electoral. 

Como lo expresó el abogado y activista Jaime García Chávez en una columna en el portal Ahoramismo: “Que se firme en Ciudad Juárez, a la hora del centenario de la histórica batalla que anunció el derrumbe de la dictadura porfirista, tiene una pertinencia emblemática indudable”. Otros, como Willibaldo Delgadillo y Zulma Méndez, de Pacto por la Cultura, consideran que es un reconocimiento a la resistencia juarense, por mantenerse de pie a pesar de ser la más azotada por la narcoguerra.

Laboratorio del fracaso

Ciudad Juárez ha sido el laboratorio de la estrategia de seguridad durante el sexenio calderonista. Los datos oficiales señalan que, a tres años de que la militarización se convirtiera en el principal instrumento contra el crimen organizado, 250 mil personas huyeron de aquí, unas 7 mil personas fueron asesinadas y 10 mil niños quedaron huérfanos. Tan sólo el año pasado, 3 mil 111 personas tuvieron una muerte violenta: más asesinados que en Afganistán en ese lapso. El número de desaparecidos se desconoce. 

En 2009, 10 mil militares y policías federales patrullaban las calles, pero no pudieron contener la violencia y sólo consiguieron que se dispararan las denuncias por violaciones a los derechos humanos. Aunque la Policía Municipal fue depurada y los nuevos elementos recibieron instrucción militar, las muertes siguen aumentando y las matanzas son cotidianas.

El paisaje actual de esta ciudad-emblema del fracaso, donde se planea firmar el pacto, es de 100 mil casas abandonadas, una epidemia de calles cortadas porque los vecinos instalaron rejas de acceso, tiendas de barrio vacías o resguardadas con rejas, puestos vacantes de maestros y médicos que no pueden ser suplidos por la inseguridad, retenes militarizados en cualquier avenida, además del desempleo. La inseguridad va a la alza en sus modalidades de asesinato, secuestro, extorsión y los fenómenos llamados carjacking o housejacking (despojo violento de auto o de casa). 

En febrero del año pasado, a raíz de la masacre de 15 estudiantes del fraccionamiento Villas de Salvárcar, el gobierno federal anunció su plan Todos Somos Juárez para la reconstrucción social de la ciudad, pero tampoco frenó la violencia. Dos meses después los militares fueron sustituidos por policías federales y desde 2011 el militar Julián Leyzaola fue designado jefe de la policía. Nada parece dar resultados. 

El escritor Javier Sicilia, quien encabezó un movimiento nacional a raíz del asesinato en marzo pasado de su hijo Juan Francisco, dijo a El Diario que eligió a Juárez como lugar para la firma del pacto nacional porque considera a esta ciudad “el emblema del desgarramiento nacional, donde se encuentra la mayoría de los muertos: Ciudad Juárez es un lugar donde el tejido social está absolutamente raído y dominado por el crimen; es un gran símbolo. También es la imagen de lo que se puede volver todo el país”. 

Al escuchar el grito de “estamos hasta la madre” y la propuesta de movilización lanzados por Sicilia a raíz del asesinato de su hijo Juan y otras seis personas más, los activistas sociales chihuahuenses –que por la emergencia se volcaron a la defensa de los derechos humanos y familias de víctimas de feminicidio, matanzas o asesinatos emblemáticos, como los de LeBaron y los Reyes Salazar– se sumaron a la marcha que el 7 de mayo llegó al Zócalo de la Ciudad de México. 

Bajo las cenizas

Desde 2009, las matanzas cotidianas impulsaron a muchos juarenses a organizarse, y la mayoría de los grupos ya existentes tuvieron que cambiar su rumbo para atender a los sobrevivientes de la guerra. 

“En Juárez hay mucho dolor, pero también mucho aprendizaje. Nos hemos reconstruido, hemos aprendido a sobrevivir, a construir redes, a tejer esperanza. Y aunque es muchísimo el trabajo y aunque la capacidad del centro está rebasada, seguimos luchando para que las cosas mejoren”, dice una religiosa del equipo del padre Enríquez en Paso del Norte.

El fraccionamiento Villas de Salvárcar se asocia con la palabra masacre desde el asesinato de 15 estudiantes el 31 de enero de 2009. Actualmente, la colonia luce canchas deportivas construidas por el gobierno federal, además de un parque que pretendía honrar a los jóvenes asesinados, pero no lo logra porque ya desaparecieron la mayoría de las placas con sus nombres, realizadas en plástico corriente y sobrepuestas al cemento con pegamento. 

“El parque se hizo mal adrede para desmoralizar a los papás. A lo que construyeron le pusieron cerco de alambre, el pasto es sintético y puesto al aventón, la pasta de cemento está mal enjarrada, pusieron placas de plástico que, según se dice, los mismos papás las arrancaron, encabronados, y se las llevaron a casa”, explica el vecino y promotor comunitario Julián Contreras.

A una cuadra del parque vandalizado está una casa decorada con dibujos: era una construcción abandonada que los vecinos recuperaron para fundar una biblioteca donde los niños, en vez de estar encerrados en sus casas por la violencia, puedan hacer tareas, aprendan a usar el internet y a leer. Pero este espacio ha tenido otros usos: se convirtió en punto de reunión y articulador de vecinos.

“El gobierno prometió muchas cosas, y como el gobierno no cumplió todo, la gente se enojó y dijo ‘vamos a hacerlo todo nosotros’. Querían hacer una cancha de voli, luego unos se emocionaron y hablaron de que harían un comedor popular, pero luego tomaron la casa que estaba abandonada para la biblioteca. Los estantes los donó una señora que tenía una librería que fracasó por la inseguridad, la pintura la dio el dueño de una ferretería que cerró y otros vecinos pidieron que les permitieran sacar madera de las maquiladoras en las que trabajan, y la gente llevó libros”, explica Contreras, miembro del Frente Plural Ciudadano.

En dos ocasiones él viajó con una veintena de vecinos a Cuernavaca para sumarse al encuentro de jóvenes y a la marcha, donde relataron a sus pares de todo el país su experiencia de tres años de guerra, militarización y organización comunitaria. 

Ruta de esperanza

La violencia hizo surgir movimientos gremiales. Los médicos crearon un comité para exigir el cese de los secuestros y los asesinatos de sus colegas. Los estudiantes organizan caminatas para protestar por la matanza de jóvenes y maestros. Los fines de semana, colectivos de artistas recorren colonias impactadas por la sangre, donde leen poemas, bailan breakdance, presentan obras de teatro, pintan esténciles pacifistas en las paredes en un intento de animar a la gente a salir de sus casas para recuperar los espacios públicos. 

Decenas de amas de casa han estudiado tanatología e imparten talleres de duelo en iglesias, o se capacitan como psicoterapeutas y recorren las colonias donde la violencia se ha ensañado. Un grupo de mujeres profesionistas, apodadas Las Guerreras, sale los domingos en motocicleta a donar alimentos y medicinas.

La muerte indiscriminada modificó la agenda de todas las organizaciones y las unió. Tal es el caso del trabajo colectivo que realizan los centros de derechos humanos Cosyddhac, Cedhem, Paso del Norte y Justicia para Nuestras Hijas, que se reparten la dura carga de documentar las desapariciones forzadas, torturas y asesinatos perpetrados por policías o militares y acompañar a las familias en el proceso legal, ya que han visto que a las víctimas solas no las atienden. 

Otra muestra de unión es el Centro de Atención de Crecimiento Humano y Educación para la Paz, donde confluyen varias organizaciones y profesionistas que brindan atención de emergencia a víctimas de la violencia y atiende a los terapeutas que también necesitan contención por estar expuestos a tantas situaciones traumáticas.

En un recorrido por los salones de clases habilitados como pequeños consultorios de ese centro se encuentra a promotoras de salud atendiendo a personas que llegan colapsadas; les aplican terapias florales de emergencia para que puedan volver a comer o a dormir, o bien les aplican reiki. En otros cubículos los psicólogos escuchan a gente con ataques de ansiedad o sin ganas de vivir. En los salones más grandes se imparten talleres de duelo para niños o adultos, así como clases de meditación y de autocuidado para cuidadores. 

Otras organizaciones, como Compañeros, atienden a las víctimas más vulnerables de la guerra: los usuarios de droga, atrapados entre la guerra de los cárteles y la estrategia antinarcóticos del gobierno federal.

Por las calles del decadente y peligroso centro de la ciudad, donde se tienen registradas desapariciones de mujeres y las pandillas ejercen control territorial para el negocio de la droga, se ve a los promotores de la salud de la organización, quienes reparten condones afuera de los hoteles a las sexoservidoras, o jeringas, cloro y condones a las personas que utilizan los picaderos de drogas. “Los federales siguen golpeándolos y quitándoles su dinero cuando los ven”, explica el promotor Julián Rojas. 

Algunas de sus compañeras entran a construcciones oscuras, sin techo, convertidas en picaderos. En una de ellas, con olor a orines, colchones podridos en el piso, restos de fogatas y un mosquerío, las espera una decena de jóvenes heroinómanas. Unas piden jeringas nuevas, pero otras solicitan que las anoten para tomar clases. Aunque no controlan sus adicciones, saben que usar jeringas ajenas puede causarles la muerte. Son conscientes de las medidas de reducción de daños, porque los promotores de Compañeros se dedican a educarlas y a proveerlas de medios seguros.

Varias organizaciones ven la situación como una oportunidad para avanzar en otros aspectos. La organización Pacto por Juárez señala que es momento de derrumbar la opacidad del uso de recursos públicos del municipio y de transitar a un modelo de presupuesto participativo.

La Casa Promoción Juvenil, que trabaja con niños, adolescentes y mujeres de la zona poniente, está a punto de estrenar una prepa para los “chavos problema” –los expulsados de otras escuelas, los pandilleros y tatuados que todos rechazan–, donde se les enseñará oficios para que no sean esclavos de las maquiladoras y se les formará como ciudadanos solidarios. “Lo planteamos desde una estructura diferente para que los estudios tengan un sentido relacionado con su vida”, explica el psicólogo del centro, Isaac González Martínez. Incluso podría servir de modelo para reintegrar al sistema educativo a los rezagados del país.

 “Sabemos que la firma del pacto aquí es un compromiso para la ciudad. Ya nos estamos estructurando y organizando para recibir a la gente que vendrá –explica la doctora Chavarría–; nosotros llevamos tres años en esta espiral de violencia que se ha replicado en todo el país y desde aquí se hará el ejercicio de unirnos como mexicanos, encontrando coincidencias, sumando ciudadanos, para ir todos a exigir la justicia y devolvernos nuestra dignidad como mexicanos.”