A revisar el patrimonio de jueces y magistrados

Tal y como estaba previsto.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó ueste miércoles 13 de julio una solicitud para que la Unidad de Investigación de la Secretaría de Hacienda verifique el patrimonio de los integrantes del Poder Judicial.El dictman:

El punto de acuerdo sostiene que es urgente que se trabaje en coordinación con el Congreso para que tengan esa información y se eviten casos como el del Juez Álvaro Tovilla León, en el que su secretario tenía cuentas por hasta 342 millones de pesos. 

El senador perredista Pablo Gómez subió a tribuna para decir que ante la falta de transparencia en las propiedades y otras pertenencias que tienen los jueces y magistrados urge que se haga una investigación al respecto. Dijo que se tenía que ser claros pues es bien sabida la corrupción que existe en el Poder Judicial y se tiene que ver a quiénes se están beneficiando.

Precisó Pablo:

"Este punto de acuerdo promovido por el PRD es una reacción a un par de escándalos producidos en el seno del Poder Judicial y dentro del mismo juzgado, el secretario de un juez de apellido Tovilla aparece con una gran cantidad de dinero en sus cuentas bancarias.

Pocos días después, el mismo juez también es señalado como una persona que tiene millonarias cuentas bancarias y varias cuentas bancarias y que han movido durante años decenas de millones de pesos, que evidentemente no corresponden con el nivel de sueldo de estos servidores públicos.

Este escándalo ha movido a muchos legisladores a examinar el problema y buscar medios a través de los cuales se pudiera prevenir y a estas alturas ya combatir el enriquecimiento ilícito y posibles otros delitos de miembros del Poder Judicial.

Las respuestas que dan en el Poder Judicial ha señalamientos de políticos sobre la inconsistencia de muchos juzgadores, son normalmente de rechazo, porque para la gente que se dedica a la actividad política es muy difícil tener información sobre los recursos de los juzgadores, es prácticamente imposible porque hay el secreto bancario.

Sin embargo, hay cosas de las que se hablan, hay personas que tienen cierta fama de recibir mordidas y hay personas que están muy señalados por los que dan las mordidas como los mejores juzgados, los más fáciles para resolver problemas, en donde están involucrados intereses económicos muy poderosos.

Uno de ellos fue justamente aquel predio expropiado por el gobierno del Distrito Federal en la época en que Andrés Manuel López Obrador era el Jefe de gobierno para trazar una calle que pudiera comunicar, como parte de todo el conjunto Santa Fe, al hospital ABC, que se encuentra en ese lugar y que fue de los que adquirió terrenos del desarrollo Santa Fe, que fue un desarrollo público. Pero este predio aparentemente era privado,  pero como los dueños del predio le pidieron al gobierno que les pagara lo que no tenía que pagarles, que era un precio exorbitante, en el momento en que empezó la obra hubo actividad judicial al respecto, y este juez Tovilla fue quien señaló el posible desacato de una resolución judicial, de una suspensión en contra de Andrés Manuel López Obrador.

Pero Tovilla cobraba a los desarrolladores, y la idea de armar este tinglado que usó Fox y usó también PAN, y usó especialmente el PRI para hacer aquel desafuero histórico que produjo la manifestación más numerosa que se ha producido, que se ha llevado a cabo en la historia del país, que fue justamente cuando se produjo el desafuero.

Este Tovilla es el que inició lo que después fue una trama cuyo origen es un acto de corrupción, y después fue un acto de acción política aviesa y antidemocrática para invalidar la posible candidatura de un político al que se le veía como un peligro para el sistema de corrupción y para el sistema político imperante y para el sistema de poder imperante.

En estos contextos la comisión dictaminadora consideró conveniente aceptar la proposición de solicitar al Poder Judicial una línea de colaboración, primero con la unidad que la Secretaría de Hacienda tiene de inteligencia financiera, porque nos preguntamos, ¿qué está haciendo la Unidad de Inteligencia Financiera?

No pienso yo que sea falta de inteligencia, quizá sea falta pues de resolución, de falta de intención, de efectivamente tener los sistemas de alarmas bien puestos; unos servidores públicos no pueden tener decenas de millones de pesos tan inexplicablemente en sus cuentas a menos de que tengan propiedades  y otros ingresos en actividades privadas lícitas. En cuyo caso también  eso debe ser transparente, pero de otra manera, los miembros del Poder Judicial, según estos dos casos de los que estamos hablando, llevaron años recibiendo cantidades muy fuertes de dinero, y en este país nadie se daba cuenta de eso.

Luego se solicitan en ciertos litigios estas informaciones, los bancos niegan, ¿por qué?, porque dicen que hay Secreto Bancario. Yo no soy partidario del Secreto Bancario, porque yo creo que el Secretario Bancario no es más que pura tapadera, pero bueno, hay el argumento de que no debemos poner los recursos líquidos de las personas porque los secuestradores también podrían usar esa información. Pero, bueno, mecanismos a través de los cuales el Secreto Bancario pueda ser más fácilmente vencido en acciones de carácter institucional.

Por ejemplo, el Congreso, yo les hago esta pregunta.

Ciertas comisiones del Congreso no deberían tener la posibilidad de vencer el Secreto Bancario y Fiduciario, manteniendo el sigilo sobre la información, y el compromiso de no dar a conocer estas informaciones, yo creo que ya es tiempo de eso; yo creo que esto viene de la mano con otra cosa que está pendiente, señores legisladores, y que no hay querido aceptar, que esa la capacidad de las comisiones del Congreso de convocar a cualquier persona para que rinda testimonio bajo protesta de decir verdad, como ocurre en los parlamentos del mundo.

La cantidad en imitaciones que tiene el Congreso Mexicano le impide coadyuvar, le impide conocer, le impide, por lo tanto, procesar información útil para el ejercicio de la labor legislativa, esto es un gran problema.

Nosotros nacimos a la vida independiente como congreso conflictivo, y en ciertos momentos de la historia teníamos un congreso conflictivo, de eso hablaba Carranza, cuando dijo, para aquella sesión extraordinaria tienen que tener la autorización presidencial, y así quedó en la Constitución de Querétaro.

El Congreso está cerrado muchos meses, casi la mitad del año; las comisiones no realizan funciones permanentes; las comparecencias son solamente de servidores públicos y a jalones, nunca el Congreso pone la fecha de la comparecencia, siempre es el servidor público; no pasa nada cuando se le miente al Congreso, a pesar de que ahora hay protesta de decir verdad; no podemos citar a nadie que no sea servidor público.

Esto es un atraso. Entonces no está que es parte del atraso en el cual nunca termina una sesión el Presidente, de ninguna parte en el Congreso.

Fíjense, dice que hay que modernizar, y una modernización fue quitarle al Presidente de la República la comisión de pedir permiso para salir del país, digo ha de ser una cosa arcaica. Y qué me dicen de todas las cosas arcaicas, ah, como se trataba del Presidente había que quitar por arcaico. Pero de las funciones del Congreso, todas las incapacidades del Congreso son cosas arcaicas, todo lo que el Congreso no puede hacer, fíjense, en este momento es hora de que la Cámara de Diputados no haya el pedido todavía para una investigación constitucional del ISSSTE, y otro arcaísmo es que las conclusiones de las investigaciones congresionales o de organismos públicos descentralizados deben ser entregadas al Presidente de la República, ese es, ahí termina.

Vivimos en los arcaísmos, esto es arcaísmo. Entonces este punto de acuerdo va dirigido justamente a llamar la atención, es decir, qué hacemos o le pedimos al Poder Judicial que juntamente con el congreso hagamos una evaluación de cómo está la situación, y también tratemos de usar a la unidad de Hacienda de Inteligencia Financiera para poder hacer un examen completo, vamos a decirlo claro, de las cuentas bancarias y de las propiedades de los jueces y de los secretarios, porque según se corren rumores entre los litigantes, a veces el dinero se queda con el secretario y el juez ni se entera ni le dan  nada, y los secretarios ponen su changarro aparte; no lo dudo, qué jueces tan desaprensivos.

Señores y señoras legisladoras: Mucho apreciaré que se vote a favor este dictamen de la Comisión Dictaminadora con el propósito de contribuir en algo a la lucha contra la corrupción, y exhorto a las Comisiones Dictaminadoras, señor Senador Perogordo a dictaminar a favor de la iniciativa de García Cervantes para la creación de un organismo ministerial público encargado de una fiscalía anticorrupción con rango constitucional, aunque a algunos no les guste, yo nomás les advierto, ¿cuándo la PGR ha sido eficiente en la lucha contra la corrupción?

Los casos son contados, escandalosos porque el Gobierno ordena que se active, pero ella por sí misma no se activa jamás. Por eso García Cervantes propone una solución extraordinaria al problema de un país que ha padecido durante muchas décadas de un estado corrupto. Muchas gracias.

-LA C. PRESIDENTA DIPUTADA RUIZ MASSIEU SALINAS: Gracias, senador. Se han agotado los oradores, consulte la secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior acuerdo.

-EL C. SECRETARIO DIPUTADO CASTELLANOS RAMIREZ: Consulto a la Asamblea si es de aprobarse el anterior acuerdo.

Mayoría por la afirmativa, presidenta.

-LA C. PRESIDENTA DIPUTADA RUIZ MASSIEU SALINAS: Aprobado el acuerdo. Comuníquese.

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De la Primera Comisión, el que contiene punto de acuerdo:

Que invita al Poder Judicial a elaborar, junto con el Congreso de la Unión, un diagnóstico de la justicia en México.

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 08 de junio de 2011, Sen. Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2.- En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición de Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión, de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. En el apartado de consideraciones, la proposición que por este acto se dictamina hace referencia a la denuncia presentada el pasado 28 de enero por el Consejo de la Judicatura Federal ante la Procuraduría General de la República en contra del C. Esiquio Martínez Fernández, quien se desempeñaba como Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en materia administrativa. El motivo de la denuncia fue la alerta emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público relativa a la detección de movimientos bancarios inexplicables en las cuentas del C. Martínez Fernández, mismos que sumaban 432 millones 536 mil 378 pesos, cuando el funcionario judicial había declarado ante el Sistema de Administración Tributaria ingresos netos por 5 millones 444 mil 814.25 pesos, en el periodo 2003-2010.

Como resultado de la denuncia y de las indagatorias correspondientes, el Ministerio Público de la Federación determinó ejercer acción penal en contra del C. Esiquio Martínez, por el delito de enriquecimiento ilícito, siendo detenido y puesto a disposición ante el Juez Tercero de Distrito en materia de Procesos Penales Federales en el DF el 27 de mayo.

En función de lo anterior, destaca el proponente, el presidente de la Comisión de Vigilancia del CJF, Jorge Moreno Collado, informó públicamente que en este momento están bajo análisis todas y cada una de las resoluciones que tomó o en las participó ese secretario.

Además, el propio Consejo de la Judicatura Federal adoptó el mes pasado un acuerdo para que todos los funcionarios de ese organismo, incluyendo los propios consejeros, los magistrados, jueces y los secretarios, estén sujetos a la revisión permanente.

Considera el proponente que en un país que enfrenta una ola de criminalidad, violencia e impunidad sin precedentes, como acontece en México, hechos como los reseñados antes no pueden pasar de largo. Es preciso castigar la corrupción y la deslealtad de quienes integran las instituciones, sobre todo de quienes están encargados de impartir justicia.

Expresa el proponente que diversos acontecimientos confirman que en los poderes judiciales, Federal y de los estados, fenómenos como el enriquecimiento ilícito, el cohecho o el nepotismo son cada vez más comunes.

Razón por la cual la proposición de mérito convoca a realizar un diagnóstico de la justicia en México, que permita evaluar el desempeño de las instituciones y responder a las demandas de los ciudadanos.

En virtud de lo expuesto, la proposición de mérito establece los siguientes puntos resolutivos:

PRIMERO.- Se exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a establecer un convenio de coordinación permanente con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que le permita intercambiar información a efecto de verificar con oportunidad la situación patrimonial de los integrantes del Poder Judicial que sean de su competencia.

SEGUNDO.- Se hace una respetuosa invitación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Consejo de la Judicatura Federal a llevar a cabo con el Congreso de la Unión un diagnóstico de la justicia en México que, con absoluto respeto a la esfera constitucional de competencias de los poderes, permita evaluar el desempeño de los órganos judiciales, combatir la corrupción, fortalecer la transparencia y abatir el rezago en la materia.

II. Esta Comisión dictaminadora tiene conocimiento de los hechos que refiere el proponente, en tanto que son públicos y notorios. En efecto, a partir del día 27 de mayo, diversos medios de comunicación difundieron cuenta de un comunicado emitido por el Consejo de la Judicatura Federal en el que anunció la presentación de la denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República, desde el 28 de enero de 2011, en contra del secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa con sede en la ciudad de México, Esiquio Martínez Hernández, por el probable delito de enriquecimiento ilícito.

El comunicado del Consejo, emitido bajo en número 21, explica que la denuncia fue presentada “tras detectarse que en los últimos años obtuvo y registró ingresos y egresos, superiores a sus percepciones como servidor público.”

En función de esa denuncia, continúa el comunicado, la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda, perteneciente a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, abrió la averiguación previa correspondiente, destacando entre los datos recabado en ella diversa documentación que aportó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como un dictamen contable se concluyó que: “Esiquio Martínez Hernández obtuvo ingresos netos, declarados ante el SAT, después de impuestos y otras retenciones, en el periodo de 2003 a 2010, por la cantidad de cinco millones 444 mil 814 pesos con 25 centavos”, siendo que “en una sola de sus cuentas bancarias registró movimientos por 432

millones 536 mil 378 pesos con 57 centavos”.

A partir de los datos obtenidos en la averiguación la autoridad ministerial federal ejerció acción penal en contra del funcionario y obtuvo una orden de aprehensión por el delito de enriquecimiento ilícito, misma que cumplimentó de inmediato, poniendo al C. Martínez Hernández a disposición del Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal.

III. Esta comisión dictaminadora coincide a plenitud con las consideraciones del proponente. El Poder Judicial representa una de las instituciones fundamentales de todo Estado democrático y es pilar esencial en la consecución y preservación de la integración social de una nación, en tanto que resuelve los conflictos que distorsionan el desarrollo armónico de la vida cotidiana, cuando se presentan entre particulares, o aquellas cuestiones que ponen en controversia el ejercicio de potestades entre Poderes o entre éstos y los gobernados. Cuando esa función resolutiva es efectiva y, sobre todo, imparcial, mantiene la sensación de justicia en la sociedad, elemento sustancial en la identificación de la ciudadanía con el entramado institucional.

Consideramos que el Poder Judicial mexicano mantiene una percepción de relativa confianza ciudadana, al grado en que le retribuye un nivel suficiente de conformidad con sus resoluciones como para mantener estable el sistema de administración de justicia. Sin embargo, somos conscientes también de que diversos órganos judiciales son objeto de señalamientos que implican corrupción de algunos de sus integrantes. Lo que, como es obvio, mina la confianza ciudadana en la imparcialidad de los medios de administración de justicia del Estado, lo cual repercute en desconfianza hacia el resto de los órganos de gobierno, pues se identifica su actuar como arbitrario e impune.

Esta Comisión está convencida de que mantener la confianza de la sociedad respecto de la actuación de las instituciones que procuran y administran justicia, constituye un elemento imprescindible para recuperar las condiciones de paz social y seguridad pública, vulneradas por el fenómeno de violencia que impera en nuestro país.

Si bien, los actos de corrupción de que se acusa al funcionario judicial implican un severo cuestionamiento al Poder Judicial, la actuación del Consejo de la Judicatura Federal que denunció el probable ilícito y coadyuvó en su investigación para, en su caso, sancionar al funcionario involucrado, significan un aliciente para la ciudadanía en tiempos tan ominosos. Las acciones que posteriormente ha tomado esa autoridad para prevenir casos semejantes son también una señal conveniente.

Por ello, consideramos oportuno el llamado que realiza el proponente en el punto de acuerdo que se dictamina. Por una parte, quedó probado que el trabajo en colaboración que desarrollaron las autoridades judiciales y hacendarias es eficaz para la detección de posibles casos de corrupción o mal ejercicio del servicio público. El mismo Consejo de la Judicatura afirma, en su comunicado 21, antes referido:

“El Consejo de la Judicatura Federal es el primero en reconocer, transparentar y pedir sanción para este tipo de conductas que, en esta ocasión, tocaron a un secretario de Juzgado, uno de los servidores clave en el funcionamiento de los juzgados y tribunales federales del país.

“Como el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, el Consejo refrenda su compromiso de investigar y dar puntual seguimiento a la situación financiera de todos los servidores públicos -sin importar su nivel- que forman parte de la institución, así como de los juzgados y tribunales federales del país, a fin de prevenir y detectar casos de corrupción.

“El Consejo de la Judicatura Federal está convencido de que la mayoría de los integrantes de los órganos jurisdiccionales que forman parte del Poder Judicial de la Federación se rigen por una conducta independiente, imparcial, recta, honorable y transparente.

“Pero al mismo tiempo también tiene la firme convicción de que quienes se aparten de dichos principios serán sancionados.”

Por lo anterior, consideramos conveniente promover el trabajo de evaluación que propone el punto de acuerdo entre los poderes Judicial y Legislativo, a efecto de formular un diagnóstico que permita el eventual diseño e implementación de una política de fortalecimiento del esquema de impartición de justicia en nuestro país.

Por lo antes expuesto y fundado, los integrantes de esta Primera Comisión, sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a establecer un convenio de coordinación permanente con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que le permita intercambiar información a efecto de verificar con oportunidad la situación patrimonial de los integrantes del Poder Judicial que sean de su competencia.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace una respetuosa invitación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Consejo de la Judicatura Federal a llevar a cabo con el Congreso de la Unión un diagnóstico de la justicia en México que, con absoluto respeto a la esfera constitucional de competencias de los poderes, permita evaluar el desempeño de los órganos judiciales, combatir la corrupción, fortalecer la transparencia y abatir el rezago en la materia.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 14 días del mes de junio de 2011.