Diálogos en el Castillo de Chapultepec, lunes 5 de septiembre de 2001.
Originalmente programado para celebrarse el 29 de agosto, diferido por los lamentables acontecimientos ocurridos en el casino Royale de Monterrey.
El rector Narro Robles hizo una presentación del documento “Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia”.
Dicho documento fue coordinado por los investigadores Jorge Carpizo, Sergio García Ramírez, Luis de la Barreda, Luis Raúl González Pérez, Ernesto López Portillo y José Guillermo Silva Aguilar.
Son procudto del foro sobre Seguridad y Justicia en Democracia, el cual fue convocado por el Instituto iberoamericano de Derecho Constitucional y la UNAM; participaron 88 especialistas en 18 mesas redondas, y fue celebrado del 6 al 8 de junio de 2011.
Además de especialistas denuestro país hubo invitados de Argentina, Chila, Colombia, Estados Unidos, Canadá, España, Italia, Uruguay y Venezuela,.
El documento contiene cinco apartados: un diagnóstico de la situación del país; establece los ejes rectores; plantea quienes son los actores de cambio, así como las acciones a emprender y las propuestas, materializadas en 36 acciones concretas
El documento universitario proporciona datos duros y pretende generar un debate y un cambio de paradigma en el tema de la seguridad y la justicia.
Proporciona las siguientes estadísticas, hechas con una combinación de fuentes:
1. Entre 1997 y 2010, el promedio diario de delitos federales denunciados pasó de 200 a más de 350; mientras los del fuero común pasaron de 4 mil a 4,500.
2. Menos del 5% de los delitos denunciados son objeto de un proceso penal.
3. Los homicidios dolosos que se presumen vinculados al crimen organizado crecieron de menos de 3 mil en 2007 a más de 15 mil en 2010.
4. De acuerdo con la estadística oficial (SNSP), la tasa de homicidios dolosos que estaba presentando un decremento sostenido entre 1997 y 2007, lapso en que disminuyó de 19 a 10 por cada 100,000 habitantes, en los últimos tres años ha crecido desmesuradamente llegando a cifras superiores a las de 1997. En estos tres años también han aumentado exageradamente los robos a banco y los secuestros, que se han triplicado en ese lapso, así como las extorsiones.
5. Además, se reporta un proceso de crecimiento y dispersión de la violencia asociada a la delincuencia organizada..."
6. Las organizaciones delictivas del narcotráfico están diversificando sus operaciones..."
7. La tasa nacional promedio de victimización nacional se sitúa en alrededor del 11.5%; sólo se denuncian uno de cada cinco delitos y del total de averiguaciones previas iniciadas solamente se consignan el 5%.
8. Del total de la población penitenciaria, cuatro de cada diez no han sido condenados. De 429 centros de privación de la libertad, 48 tienen sobrepoblación (...) Los homicidios en prisión, los motines y las fugas de reos son hechos cotidianos.
Etcétera.
Las propuestas:
1. Celebrar un pacto político y social de base amplia que permita reorientar a nuestras instituciones de seguridad y justicia para hacer frente a la crisis de violencia que enfrenta el país.
2. Generar los consensos políticos y sociales necesarios para dar un giro inmediato en las estrategias de seguridad, centrándolas en la prevención del delito, el abatimiento de la impunidad, la reducción del número de muertes y de lesionados, la preservación de la integridad de las personas y a la defensa de sus derechos humanos.
3. Concentrar lo anterior en un buen diagnóstico, transparente, participativo e incluyente que defina el problema que se enfrenta; que defina la ruta y establezca los mecanismos de evaluación periódica....
4. Conducir la agenda de prevención al centro de la política de seguridad, comenzando por los jóvenes:
5. Diseñar un programa de política social, que favorezca la enseñanza y el desarrollo de modelos para ayudar a los consumidores de sustancias adictivas ...
6. Establecer programas formulados con un enfoque multidimensional que reconozca la heterogeneidad de los jóvenes, que contemplen espacios y foros para su expresión y que los vinculen con el desarrollo de su comunidad...
7. Generar programas específicos para propiciar la permanencia o reinserción de los jóvenes en el sistema educativo...
8. Rediseñar las políticas de empleo para enfatizar la importancia del nexo escuela-trabajo y de la formación y actualización profesional...
9. Generar políticas integrales que fomenten la estabilidad en el empleo y la capacitación real y efectiva de los trabajadores...
10. Generar un Subsistema Nacional de Distribución y Comercialización Juvenil que propicie el desarrollo de una cultura emprendedora entre los jóvenes, mediante el establecimiento y operación de empresas juveniles y sociales.
11. Establecer una Defensoría de la Juventud...
12. Ejecutar un programa nacional de fortalecimiento institucional que haga operativos los mecanismos de rendición de cuentas...
13. Establecer un registro nacional de víctimas y fortalecer los mecanismos de reparación del daño para sus familiares, generando una legislación específica.
14. Transformar a los órganos fiscalizadores en verdaderos órganos constitucionales autónomos.
15. Diseñar un plan para el regreso de las fuerzas armadas a las funciones que le son naturales tan pronto como sea posible.
16. Generar en las instituciones de policía y procuración de justicia políticas de reclutamiento, formación y promoción desde un enfoque multidisciplinario, además de contar con condiciones laborales adecuadas...
17. Favorecer la reinserción social de la figura del policía, propiciando su acercamiento con los ciudadanos en particular y con la comunidad en lo general.
18. Emprender una evaluación del Consejo de la Judicatura Federal y de los consejos locales de la Judicatura, a cargo de una instancia externa e independiente...(esta propuesta también es de la relatora de la ONU).
19. Llevar a su máxima intensidad la persecución del delito de lavado de dinero en sinergia con los cuerpos de inteligencia civil....
20. Medir en forma objetiva y publicar la efectividad de las acciones del Estado orientadas a erradicar las actividades de lavado de dinero.
21. Insertar a las instituciones de inteligencia en una legislación que establezca los fines de los servicios que proporcionan las diversas instancias; que comprenda con mayor claridad su estructura, los mecanismos formales para su coordinación y las herramientas claras de su responsabilidad política y jurídica...
22. Llevar a los hechos la readaptación y la reinserción sociales. Contemplar la prisión preventiva sólo para los delitos graves y revisar a fondo las disposiciones y prácticas en materia de medidas cautelares...
23. Realizar un diagnóstico objetivo, imparcial e integral del sistema carcelario mexicano...
24. Dejar de ver a la prisión como la medida más adecuada para la solución del conflicto social generado por los delitos violentos...
25. Despenalizar aquellas conductas que no atentan en forma importante contra la sociedad y trasladar la atención de las mismas a otras esferas, como la administrativa.
26. Transformar los ministerios públicos en verdaderos órganos constitucionales autónomos...
27. Proponer la convocatoria a una Cumbre Internacional para valorar el problema de los migrantes...
28. Convertir a los institutos de acceso a la información pública en órganos constitucionales autónomos con facultades legales suficientes para que cumplan sus fines.
29. Cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,...
30. La variedad y la gravedad de las manifestaciones y expresiones de la violencia contra las mujeres exige respuestas integrales...
31. Promover la creación de un mecanismo formal en el seno de la ANUIES, para diseñar un sistema nacional de vinculación para la investigación y el desarrollo en materia de seguridad y justicia.
32. Proponer un mecanismo de colaboración entre la ANUIES y las secretarías de Educación Pública federal y estatales, para promover contenidos educativos y mecanismos participativos de los estudiantes de los niveles básico, medio y superior, coherentes con el perfil de la nueva política de Estado en seguridad y justicia...
33. Poner en marcha en la UNAM un programa piloto especializado en áreas de seguridad y justicia, con gobiernos y comunidades involucrados en políticas y programas inspirados en los principios de la nueva política de Estado.
34. Crear en la UNAM Programa Universitario de los Derechos Humanos, que incluya las áreas de seguridad y justicia.
35. Impulsar en la UNAM la discusión sobre la política referente a drogas..
36. Crear en el Museo de las Constituciones (...) basado en el fortalecimiento de valores éticos laicos como la tolerancia, el patriotismo, el comportamiento cívico, la solidaridad, el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos, dirigido a toda la población, pero con énfasis especial para niños y jóvenes.
***
El Presidente dio dos mensajes: el de apertura del acto donde encomió a la UNAM.
Dijo que la historia de México está estrechamente ligada a la vida de la Universidad, que ha sido motor del progreso del país, y ha contribuido con inteligencia y con generosidad a la construcción del México moderno y democrático en el que hoy vivimos.
Luego de hacer el reconocimiento, Calderón puso en claro el objetivo del diálogo:
“… para el Estado no es opcional combatir o no al crimen. Es mi convicción que garantizar el respeto a la ley es la primera responsabilidad y la razón de ser de la autoridad. Es el primer mandato que todo servidor público, desde la Presidencia de la República hasta el último de los regidores del país, hacemos ante la patria: guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.”
Agregó que para su gobierno, es un “imperativo categórico” combatir al crimen.
Después, agregó:
“Podremos estar de acuerdo en muchas cosas, verdaderamente la mayoría, y en respetuosa discrepancia en otras como de hecho lo estamos. Pero lo importante es estar siempre abiertos a nuevas ideas, que más allá de los lugares comunes y los propósitos generales se traduzcan en propuestas concretas, prácticas, realizables y que verdaderamente puedan ponerse en ejecución”. (adelante todo el texto del presidente)
En el encuentro, participaron además del presidente Calderón, los secretarios de Gobernación, José Francisco Blake Mora; de Seguridad Pública, Genaro García Luna; de Educación, Alfonso Lujambio; de Desarrollo Social, Heriberto Félix; y de Salud, José Ángel Córdova, además de la procuradora general, Marisela Morales, el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré y, la esposa de Calderón, Margarita Zavala.
Posicionamientos:
Alejanro Poiré expresó que sí se cuenta con una política de prevención y mencionó los Centros Nueva Vida, del DIF, que sirven para atender adicciones.
El Secretario Lujambio señaló: “Debo ser franco y manifestar mi desacuerdo con uno de los puntos de su diagnóstico, don José, en relación, lo cito entre comillas ‘a la desatención a la prevención’. Si algo ha hecho este gobierno de manera definitiva y contundente es precisamente entrar a la escuela a hablar con toda franqueza, con toda claridad y con toda profundidad de las drogas a las niñas y los niños de México”, expresó para luego asegurar que los 850 mil maestros del país están listos y capacitados para hablar a los niños sobre las drogas.
Heriberto Félix, hizo lo propio, al describir su programa “Comunidades Seguras” y
el DR: José Ángel Córdova Villalobos, abundó en las políticas de prevención y tratamiento, para asegurar que el consumo de drogas bajó en México, gracias a sus políticas públicas.
Sergio García Ramírez, calificó como infantil que se escudaran en el pasado para justificar la violencia de hoy.Fue uno de los puntos álgidos.
Al final, hubo una propuesta del Jefe de ejecutivo a la UNAM. Luego de asegurar que el mercado de la droga está en Estados Unidos y el problema de la violencia en México, les dijo que convocaran una consulta sobre el consumo de drogas y que hicieran una propuesta.
Estas son las intervenciones del Presidente FCH.
Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes.
Señor doctor José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias por la posibilidad de este diálogo.
Doctor Luis de la Barreda, Director del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad.
Doctor Sergio García Ramírez, Investigador, Docente, exprocurador. Muchas gracias por estar aquí, doctor.
Muy estimado licenciado Ernesto López Portillo Vargas, Director Ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia.
Señores directores, maestros y miembros de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Distinguidos participantes en esta mesa.
Muy estimados colaboradores del Gobierno Federal.
Señoras y señores testigos sociales.
Señoras y señores de los medios de comunicación.
Señoras y señores:
Es un honor para mí el reunirme con todos ustedes, con representantes de nuestra Máxima Casa de Estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, y poder entablar un diálogo franco, un diálogo abierto, sobre el esfuerzo que estamos realizando para la construcción del México que todos queremos, que es un México de paz con justicia.
Hoy iniciamos este importante ejercicio de reflexión con la Universidad Nacional, alma mater de cientos de miles de mexicanos y cuna de muchos de los grandes científicos, pensadores e intelectuales que ha tenido nuestro país.
La historia de México está estrechamente ligada a la vida de nuestra Universidad Nacional. La UNAM ha sido motor del progreso del país y ha contribuido con inteligencia y con generosidad a la construcción del México moderno y democrático en el que hoy vivimos.
En sus aulas se han gestado las ideas que han permitido avanzar hacia el fortalecimiento del Estado y hacia el desarrollo de una sociedad civil más activa y participativa.
Es mucho lo que México le debe a la Universidad Nacional y es mucho, también, lo que se espera de ella.
Como dijo don Manuel Gómez Morin, en su tiempo Rector de la Universidad, la Universidad tiene como fin exclusivo y único, el servicio a la comunidad. Hoy, este servicio tiene una expresión clara en el desarrollo de políticas, de ideas, de propuestas y de acciones que permitan llevar seguridad a las familias mexicanas y dejar como legado de nuestra generación a las que están por venir, un México de tranquilidad.
Yo quiero agradecer al Rector Narro y a los miembros de la comunidad universitaria por su disposición para participar en este ejercicio.
Para el Gobierno Federal el diálogo y el debate constructivo sobre las políticas públicas y, en particular, sobre una problemática tan compleja como lo es el reto de la seguridad y la justicia del Estado mexicano, son fundamentales en el objetivo de enriquecer las estrategias integrales del Gobierno en esta y en otras materias.
Reconozco el enorme esfuerzo que ha significado la preparación y el desarrollo de la Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia, que la UNAM ha realizado en colaboración con el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.
Hoy, más que nunca es indispensable contar con análisis profundos y serios como los que ahí han realizado diversos especialistas de México y de todo el mundo.
Reconozco también el trabajo de la Comisión de Universitarios que encabezó el doctor Jorge Carpizo, que han plasmado, cuyas principales reflexiones, las han plasmado en el documento: Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia.
He leído con atención e interés este documento, y quiero decirles que me alegra saber que compartimos un objetivo común que es, precisamente, alcanzar la seguridad y la justicia en democracia.
Es algo fundamental para el país que estemos aquí reunidos y para buscar juntos una solución o como sugiere el documento, la construcción o la revisión de la política pública en la materia.
La violencia provocada por el crimen es algo que nos indigna y que nos duele a todos. Esa violencia que ha lastimado una y otra vez al país, que lastimó profundamente a Monterrey hace 11 días, y que asola a muchas regiones de la Patria, es lo que nos mueve a la acción por un México mejor.
Como Presidente, como mexicano, como padre de familia, me duele ver segada la vida de jóvenes inocentes, de padres de familia, de policías, de soldados, de marinos que han caído mientras protegían la seguridad de nuestras familias.
Duele, en especial, que los delincuentes sigan reclutando muchachos apenas en su adolescencia, y que son, también, víctimas de la violencia criminal. Esa terrible situación nos obliga a actuar con firmeza para enfrentar a los delincuentes e impedir que sigan lastimando a la sociedad.
Por eso, estamos obligados a trabajar para construir la nueva institucionalidad que nos permita hacer realidad el México de paz que anhelamos. Se ha discutido mucho, y qué bueno que así sea, alrededor de la estrategia en materia de seguridad y del papel del Estado.
Lo que me parece a mí que no debe estar en ningún momento bajo discusión es el hecho de que para el Estado no es opcional combatir o no al crimen. Es mi convicción que garantizar el respeto a la ley es la primera responsabilidad y la razón de ser de la autoridad. Es el primer mandato que todo servidor público, desde el Presidente de la República hasta el último de los regidores del país, hacemos ante la Patria: Guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.
Es un imperativo categórico, lo es en el plano constitucional y lo es, también, en el plano ético. Constituye el deber ser del Estado. Y si reconocemos que esa es la principal función del Estado, y que es una responsabilidad absolutamente indeclinable, creo que a todos nos corresponde trabajar para fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad.
Y he señalado, e insisto, la total disposición del Gobierno mexicano para revisarla, para precisarla, para mejorarla, para, verdaderamente, adaptarla a las cambiantes circunstancias que se viven en el país.
Estamos decididos a conseguir nuestro objetivo, y dispuestos a desarrollar nuevos esquemas que propicien un mayor compromiso de todos, de las autoridades involucradas; y que permitan, también, una mayor participación ciudadana.
Estoy convencido de que debemos consolidar una verdadera política de Estado en materia de seguridad, como tal, una política que trascienda a gobiernos y que trascienda, también, las fronteras de los partidos políticos o de las ideologías.
Una política que se asuma, como lo que debe ser, más allá de la tarea de un mero hombre, de un Gobierno, de un nivel de Gobierno o de un solo poder.
En este esfuerzo requerimos de la participación de todos: de los gobiernos, de los Poderes de la Unión, de nuestros académicos y pensadores, y de toda la sociedad.
Yo reconozco el trabajo que han realizado para dialogar sobre la seguridad de los mexicanos con el Congreso de la Unión, con las fracciones parlamentarias, con los partidos políticos y para alcanzar con ellos acuerdos puntuales para avanzar en esta tarea.
Y quiero retomar aquí las palabras del Rector José Narro, quien ha dicho que no podemos permitir que se subordinen las políticas públicas de seguridad a los intereses políticos particulares, grupos de partidos, de fracciones. No puedo más que compartir ese postulado.
Coincidimos en que la seguridad es una cuestión de Estado que nos exige a todos sentido y responsabilidad de Estado.
El tema que hoy nos convoca requiere que todos nos comportemos a la altura de lo que México demanda y que busquemos juntos soluciones estructurales y de largo plazo a este grave problema.
Tenemos la obligación moral y ética de trabajar con altura de miras, poniendo por encima de cualquier otra consideración el interés del Estado.
Los elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia son un valioso aporte para consolidar este esfuerzo. Veo en ellos muchos puntos de coincidencia, veo, también, puntos de diferencia, desde luego, y en ellos la oportunidad de un debate constructivo que abone al trabajo por la seguridad de los mexicanos.
Podremos estar de acuerdo, estoy seguro, en muchas cosas, verdaderamente la mayoría, y en respetuosa discrepancia en otras, como de hecho lo estamos, pero lo importante es estar siempre abiertos a nuevas ideas, que más allá de los lugares comunes y los propósitos generales se traduzcan en propuestas concretas, prácticas, realizables y que verdaderamente puedan ponerse en ejecución.
Yo estoy seguro de que esta jornada será sumamente productiva para mí en lo personal, como Presidente de la República; para el Gobierno que encabezo; para la Procuradora y los Secretarios involucrados en la implementación de esta estrategia integral; para la propia Universidad Nacional y, sobre todo, para México y los mexicanos.
Sé que aquí habremos de intercambiar puntos de vista con apertura y honestidad, con valores centrales de la actividad académica que la universidad desempeña día con día, y que habrán de guiarnos en la búsqueda de esas soluciones específicas y viables para resolver el problema de inseguridad que azota al país.
Será, sin duda, una experiencia rica que México valorará en su justa dimensión.
Así que, muchas gracias señor Rector.
Muchas gracias, estimados universitarios por asistir a este Encuentro.
Y estaré muy, muy atento a las intervenciones de todos ustedes.
También, le pido a mis colaboradores en el Gobierno Federal que en un diálogo franco intervengan, puntualicen, refrenden y con toda libertad podamos en ese diálogo encontrar la verdad, que todos buscamos en el objetivo común que es México.
Sé que se ha discutido mucho alrededor de la estrategia, y lo que me parece a mí, amigas y amigos, es que, precisamente, del diálogo surgirán siempre mejores ideas y estaremos siempre abiertos a nuevos caminos.
Muchísimas gracias.
Y estamos a sus órdenes señor Rector.
(Diferentes intervenciones)
***
Segunda intervención del Presidente
Ciudad de México, 5 de septiembre del 2011
Quisiera yo, señor Rector, hacer algunos comentarios sobre la temática. Creo que ampliamente se ha abundado aquí.
Y déjeme decirle que yo revisé con mucho interés el documento, me parece un buen documento.
Y mi primera afirmación es que tenemos enormes coincidencias. Yo creo que hay cosas muy claras que, verdaderamente, marcan una coincidencia y qué bueno que así sea, porque eso nos permitirá, evidentemente, tener un acercamiento y una construcción, independientemente de la formalización o no a través de un acuerdo, por lo menos una claridad en cuáles son las políticas, cuáles son los principios que se deben de seguir en este tema.
Sí creo que el énfasis que han planteado algunos Secretarios, quizá, tenga que ver con algunas cosas donde puedan estar las discrepancias. Yo creo que están más bien en la parte ésta, en la que se señalan las insuficiencias, que desde luego las hay, de la estrategia, pero me parece que no son, marcan una referencia, una diferencia de fondo, pero, quizá, eso es lo que valdría la pena matizar; pero creo que en cualquier caso, tratándose del Gobierno mexicano, sí es inevitable precisar, deslindar, acotar.
Por ejemplo, se señala la carencia de un marco teórico, y uno de los argumentos que se señalan es que los documentos oficiales donde se exponen los motivos de las normas, diseños, programas, etcétera, tan sólo recurren a referentes normativos que no reflejan un conocimiento de la literatura especializada.
Probablemente sea así, pero la verdad, señores, un decreto, un documento, una iniciativa, un acto del Estado, lo que tiene hacerse, según la Constitución, es fundarlo y motivarlo.
Y fundarlo significa citar los preceptos legales. No pretende y creo que no debe pretender, hacer un acopio académico. Eso no quiere decir que no haya una sólida, a mi juicio, exploración académica del fenómeno que estamos enfrentando en esta década, o en la década pasada y ésta, que es el crimen organizado.
Hemos hecho un esfuerzo muy, muy importante por entenderlo, por comprenderlo, seguir a autores como, creo que uno de los más importantes es Mark Kleiman, por ejemplo, que describe el comportamiento y la lógica del comportamiento de los criminales, cómo llegan a superar a las instituciones cuando las instituciones no evolucionan.
Otro, por ejemplo, entre Kleiman y Peter Lupsha, han hecho una definición de crimen organizado, que creo que es referente teórico importante. Yo lo resumo en una definición, digamos, a la mexicana, pero creo que es importante tenerlo. Crimen organizado es: aquel grupo delincuencial que a través de la violencia o la amenaza, busca apoderarse de las rentas lícitas o ilícitas de una comunidad.
Esto es bien importante, porque es distinto de un delincuente común, que va y se roba un reloj, un teléfono celular. El crimen organizado es el que ya quiere, primero, amenaza y violenta, por eso es tan cruel, incluso, no sólo asesina a un enemigo, sino que lo decapita y lo muestra en la calle; porque a través de esa amenaza, quemar un casino, por ejemplo, una violencia inusitada, busca apoderarse de las rentas de una sociedad, sean las rentas, extorsionar a un casino, o sea extorsionar a un empresario, lícito o ilícito. Empiezan con lo ilícito y los giros negros, pero terminan apoderándose de la sociedad. Ese fenómeno lo vimos.
Otro autor, por ejemplo. Bueno, el propio Peter Lupsha habla de tres etapas del crimen organizado, que es bien importante tomarlos en cuenta. Él habla de una primera etapa predatoria, que son las pandillas, están ahí todavía en una etapa controlable por una autoridad tradicional, normal, una policía local, ahorita me refiero a lo de las policías municipales.
Luego, entran en una etapa parasitaria, que es cuando se meten a los cuerpos de seguridad; cuando corrompen Ministerios Públicos, policías judiciales, entonces, policías municipales, alcaldes, secretarios, directores. En fin. Es decir, la permeabilidad del poder corruptor es enorme. Y esta etapa parasitaria, se meten, yo no soy médico. Mi madre decía que yo iba a ser doctor, creo que falló totalmente su diagnóstico. Pero, se meten en el cuerpo institucional, digamos, y tienen una fase expansiva. No se quedan ahí.
Y, finalmente, llegan a una tercera, que es la simbiótica, donde el Gobierno, más bien, los órganos de cumplimiento de la ley, del Estado y los criminales son lo mismo. O sea, la gente sabe que los que están levantando son los propios policías de la comunidad. No denuncia porque sabe que del otro lado están los malos. En fin.
A qué me lleva esta revisión de la base doctrinaria.
A que el crimen organizado es expansivo contra lo que erróneamente algunos piensan, no es de repente organizaciones que así se quedan, en una vida estática, crecen, se expanden, se meten al tejido social; se meten al tejido institucional y se apoderan de las sociedades, y se apoderan de los gobiernos.
En México lo han hecho en muchas localidades municipales, por ejemplo. Quizá han avanzado enormemente en algunos órganos de gobierno estatal; entraron desde luego, a dependencias Federales.
Y este proceso de crecimiento es el que había que cortar y cortar de tajo, a riesgo de perder al país que fue el énfasis que puse en el mensaje el viernes pasado.
Entonces, sí hay un soporte teórico y conceptual. Ciertamente, muchos documentos, el propio doctor Poiré citaba la Visión México 2030, el Plan Nacional de Desarrollo, los decretos, acuerdos e iniciativas, muchos de ellos tienen una referencia normativa, porque es cómo el Estado funda y motiva, evidentemente, sus actos jurídicos, pero no es por un desdén, digamos, al entramaje teórico.
Esta referencia es dura, y creo que sí vale la pena señalarla, que las prácticas no se adecúan o no se adecuan, creo que alguna experta o la oí decir que se podía decir de las dos maneras, al marco constitucional de los derechos humanos. No es así.
Ciertamente, el enfrentamiento de los criminales ha sido muy duro y las acciones se han multiplicado, y seguramente acciones contrarias a derechos humanos o garantías individuales, si se han cometido, hay una clara consigna y una orden del Gobierno de castigar cualquier violación.
Evidentemente, si hay más presencia de fuerza pública, por ejemplo, y vamos a suponer, una autoridad pide al Gobierno Federal que intervenga y pide que se ponga, por ejemplo, un puesto de vigilancia o un retén a la entrada de una ciudad. Y como ha ocurrido, hay un soldado que le da la orden de detención a un vehículo, el vehículo no se detiene y el soldado finalmente disparó y murió el ocupante del vehículo, que eran un par de muchachos que traían ahí, se asustaron, traían ahí algún cigarro, en fin, de droga. Pero evidentemente esa muerte terrible, injusta, por supuesto que se castiga.
Pero, mi punto es: No hay política que vaya centrada ni parto de la premisa que hay que sacrificar los derechos humanos.
Todos, todos los actos que son del conocimiento de la autoridad se castigan en ese sentido. Y sí quiero enfatizar, con la admiración que le tengo al doctor García Ramírez, que tengo la plena certeza, doctor, que esta lucha tiene que hacerse en democracia y en pleno respeto a los derechos humanos.
Le voy a hacer una observación. Nunca en la historia del país el marco jurídico vigente había sido tan amplio como lo es ahora en materia de derechos humanos.
Porque no sólo no hemos retrocedido en las garantías individuales, sino que, además, ahora con la reforma en materia de derechos humanos, estamos sujetos al derecho internacional, que durante mucho tiempo, y usted lo sabe, México fue, más bien, renuente a dejar que imperaran, digamos, entre nuestro derecho ordinario, las normas internacionales; ahora los derechos humanos declarados internacionalmente, reconocidos por México, son parte del derecho interno con mayor claridad que nunca.
Se reformó la Ley de Amparo para establecer el principio erga omnes, que también siempre fue un debate académico constitucional en las escuelas, si el amparo debería proteger a quien lo interpone o a todos. La respuesta es a todos.
Tenemos las acciones colectivas. En fin. Hay una ampliación real de derechos humanos, y no una retracción de la misma, aún en estas graves condiciones, porque yo parto de la premisa de que tiene que ser en democracia, en protección de derechos humanos.
Y termino con la referencia. Ni la Ley de Seguridad Pública, ni otras, buscan cancelar eso. Al contrario. Yo creo que si, incluso, se hace una referencia explícita al principio del Artículo 29 Constitucional, para despejar cualquier duda de que se quiera violentar a través de la ley los principios constitucionales, yo estaría perfectamente de acuerdo en que se hiciera.
Déjeme decirle, doctor, que ha habido mucha gente, unos de buena, otros quién sabe de qué fe, pero que insisten en que el Presidente debería hacer uso de las facultades del 29 y declarar la suspensión de garantías individuales en lugares determinados. Yo me he resistido a eso.
Por qué.
Porque tenemos que combatir a los criminales, por muy perversos que éstos sean, con plenitud de los derechos, con plenitud de las garantías.
Cuesta más trabajo.
Sí, sí cuesta más trabajo, pero comparto, creo con usted, el punto de vista de que si nosotros dejamos entrar estas, como usted dijo, estas desviaciones o distracciones de la vida democrática, le metemos un gran riesgo al país.
Yo soy demócrata, me tocó luchar por los derechos humanos y creo firmemente que tenemos que, aunque sea doble o triplemente más difícil, tenemos que seguir esta lucha respetando derechos humanos. De tal manera que no hay ninguna intención en eso.
Sí es difícil, desde luego, porque hay ya muchos procesos contra soldados, contra policías, contra militares, saben muy bien los Secretarios y la Procuradora que al momento que hay algo, o yo me entero por la gente que llega a Presidencia, de un abuso, de una violación, soy el primero que está exigiendo: A ver, tráiganme ese expediente y vean exactamente. Y se procesa.
Casos en que se dice que se tuvo conocimiento de hecho delictivo, va y se procesa. Es que nadie presentó denuncia. Van ustedes mismos, abren de oficio en la Procuraduría y se castiga. Y hay muchos, decenas ya, de elementos de las Fuerzas Federales que están purgando procesos. Es duro para ellos, también, pero creo que ese es el camino que tenemos que seguir.
Y quiero enfatizar que no hay esta idea de ignorar los derechos humanos, sino al contrario. Hemos, junto con el Congreso y el Constituyente Permanente, ampliado estas cosas.
Hay otras referencias, que no quisiera hacer una revisión puntual, sino simplemente: el énfasis que han puesto mis colaboradores de las áreas sociales, quizá hace referencia de la cual yo me hago eco, es que alguna verbalización, quizá, sí genera un ruido, digámoslo así, como, por ejemplo, categóricamente se afirma: la prevención se ha desatendido. Y la verdad, no es así.
Yo coincido en que necesitamos mucho más. Si hemos hecho casi mil preparatorias. Entonces, tenemos que hacer quizá otras dos mil. Y si hemos hecho 100 universidades, tenemos que hacer otras 100, a lo mejor. Pero, honestamente, en honor a la verdad, no se ha desatendido, se ha hecho más que nunca, como ya lo dijo, y no quiero reiterarlo, los elementos del Gabinete Social.
Incluso, la afirmación es difícil, porque dice: Parece ignorarse que el gasto en educación, salud y empleo, entre otros, es por sí mismo una inversión en la prevención. Honestamente, si se revisan las cifras de salud, de educación, por ejemplo, son no sólo las mayores de la historia de México, sino que se han triplicado o cuadriplicado en algunos casos, de lo que había hace seis o siete años.
Y cada uno de ellos por separado es varias veces mayor al presupuesto de seguridad. Con todas las dependencias, el presupuesto de seguridad es de 115 mil millones de pesos, más o menos. Tan sólo el presupuesto de educación del país es de casi un millón de millones de pesos, novecientos noventa y tantos mil millones. Seguramente en este presupuesto que presentaremos esta semana, rebasará ya el billón de pesos. Una cifra, verdaderamente, extraordinaria.
Entonces, no hay una pretensión de ignorar la parte preventiva. Coincidimos, y yo creo que es un gran consenso que podemos sacar, Rector, en darle énfasis, y diría ahora, mayor énfasis a la parte preventiva.
Hay otras cosas que tomé nota de su posición, y que he sacado del documento, en la que creo que hay muchas coincidencias. Por ejemplo, me gusta mucho la parte que se llama de Acciones para el Cambio, un Proceso de Diagnóstico Amplio y Participativo.
Aquí me detengo, porque sí tenemos algo que señalaba el licenciado López Portillo. Sí tenemos un diagnóstico de, por ejemplo, estado por estado, del CISEN y las Fuerzas Armadas, concretamente el Ejército y la Marina en los lugares donde más opera. Pero tienen, digamos, un panorama muy, muy claro, y el CISEN concentra perfectamente. Cuál es el comportamiento, los índices de seguridad y, también, los grupos criminales existentes, sus liderazgos, sus modus operandi, sus lugares que frecuentan, etcétera.
Naturalmente, esa información es de uso exclusivo de la autoridad, pero sí nos permite formular diagnósticos más o menos completos de lo que ocurre en cada entidad. Ciertamente, estos no son públicos, y creo que muchas veces por la información que tienen no debieran serlo.
Pero creo que una cosa que podemos hacer es, que la Universidad, Rector, y es una propuesta respetuosa que hago, pudiera ayudarnos a hacer diagnósticos por estado que puedan ser públicos. Es decir. Cómo ha avanzado, o cómo se ha deteriorado la seguridad en algún punto. Eso es bien importante que se sepa y que se haga.
Otro. Lo que mencionaba el propio licenciado López Portillo. Es, en qué lugares se han construido capacidades y en qué lugares no se han construido capacidades. Estoy totalmente de acuerdo.
Yo le puedo decir que en Baja California, por ejemplo, llegó un momento en que los criminales dijeron, si siguen metiéndose con la policía municipal, casi, casi, como diciendo es nuestra, vamos a matar dos policías cada semana, y lo empezaron a hacer, pero perseveramos y hoy, desde luego, es un lugar, en Baja California, donde sí se ha podido construir capacidades, y donde sí se ha reducido dramáticamente, además, el número de delitos y homicidios.
Yo recuerdo cuando era candidato a la Presidencia, cuando fui a Tijuana, los empresarios y la sociedad civil, aterrorizada, me citaron a escondidas en una casa para decirme el alarmante número de secuestros que tenían, que estaban teniendo dos secuestros diarios, que no había quién les respondiera, etcétera, etcétera. Que era un caos. Hoy la situación de Tijuana es totalmente distinta. Yo creo que hay muchos lugares problemáticos en el país, pero también han avances. Y hay otros lugares donde no hemos avanzado, ciertamente, por ejemplo, no digo lugares, pero hay un estado donde sabemos que el C-4, donde llegan las llamadas de emergencia de la gente y donde se dan las instrucciones de reacción a los policías, están dominados, claramente por criminales de la zona.
Es decir, los criminales se enteran primero de las llamadas de emergencia de la gente, que los propios policías, que también en los policías hay una gran penetración. Cuando hacemos la propuesta de sustituir el C-4, de remplazarlos por gente de la Policía Federal, o un combinado del Ejército, y Policía Federal, etcétera. Primero hay una gran resistencia, luego hay disposición, pero luego la respuesta es que los empleados del C-4 están sindicalizados, y no los podemos mover. Bueno, esto es realmente de seguridad. Bueno, nosotros les ayudamos a liquidar a todos los empleados, pero déjenos operar el C-4, a la fecha. Entonces, sí vale la pena que ese diagnóstico se haga, y sea público, dónde hay capacidades, dónde no, y dónde se quiere y dónde no se quiere, pero parte del problema está ahí.
Y me brinco, y perdón por el desorden. Algo que decía el doctor De la Barreda. Sí debemos plantarnos, incluso desde el plano académico, cómo podemos operar la necesidad de una coordinación, yo diría muy vertical, para que sea eficaz, con un sistema tan Federal y tan horizontal como el que tenemos. Yo comparto con usted la noción ésta, del Consejo. Para tomar acuerdos, hay que generar consensos entre todos los estados.
Entonces, la tendencia natural es que haya un sistema de defensa de los propios estados, y eso hace que no pueda haber decisiones de que: Vamos a intervenir en este estado, etcétera.
Entonces, esta necesidad de articular acuerdo para cada paso que hay que dar, hace la marcha tremendamente lenta. Por contraste, yo pongo la Policía Nacional de Colombia, que mucha gente aprecia, critica, en fin.
Pero, en la Policía Nacional de Colombia dado el sistema más central que hay en Colombia, si el General Naranjo sabe que hay un Comandante en tal región de Colombia que está corrupto o no está haciendo su trabajo, simplemente va y lo remueve.
En nuestro caso. Si yo sé que hay un policía municipal de tránsito, que con toda certeza está involucrado con los criminales, no tengo manera de removerlo, por esta dispersión de nuestro régimen Federal, que además genera otra problemática, que son más de mil 500 o mil y tantos cuerpos de policía en el país, que para coordinarlos sí genera un esquema terriblemente complejo.
Una de las cosas que queremos, por cierto, en la Ley de Seguridad Nacional, es que cuando se hace esa declaratoria de seguridad, por ejemplo, pueda establecerse quién va a estar al mando de la operación, que coordine fuerzas locales y Federales, porque se llega a los centros de donde están presentes Procuraduría local, Procuraduría Federal, Seguridad Pública estatal, Seguridad Federal, más policías municipales, y otra vez es lo que pasa en el Consejo, tienen que hacerse casi asambleas para hacer operativos, que son de disciplina, de verticalidad y de eficiencia, mucho más rápida.
Entonces, todo ese tipo de cosas creo que vale la pena definir. Otras cosas que quisiera mencionar son. Lo que usted ha mencionado, doctor De la Barreda, es, sí, efectivamente y lo tengo también muy presente en el documento que se menciona en control de adicciones.
Es necesario llevar a cabo un gran debate con los diversos sectores sobre el enfoque prohibicionista del consumo de drogas.
Efectivamente, yo hice esa referencia, que no había hecho antes, después de los acontecimientos de Nuevo León, porque estoy convencido que nosotros sí podemos darle y sí podemos vencer a los criminales. Pero le hemos golpeado terriblemente sus estructuras, pero el proceso ha sido tan largo, porque siempre tienen una fuente enorme de recursos que viene del Norte. Si no la tuvieran, hace rato que hubiéramos acabado con el tema.
Pero cada vez que les decomisamos armas, más de, ya perdí la cuenta, 110 mil han de ir, no me acuerdo cuántas van. Algunas tan terribles, como las que describía el Secretario de Seguridad Pública.
Déjenme decirles, por ejemplo, que un periodista que fue Vicepresidente, por cierto, en Colombia, decía que ellos tenían la preocupación de que llegaran a Colombia, empezaran a tener la guerrilla y los narcotraficantes fusiles Barrett calibre 50, porque esos eran capaz de tirar un helicóptero o de una capacidad terrible de tiro, de varios kilómetros de distancia.
Le decía: Oiga, nosotros hemos decomisado 250 rifles Barrett, calibre 50.
El poder mortífero de los criminales es enorme y tienen esa fuente de recursos allá. Por eso dije que Estados Unidos es corresponsable y sí tiene que cortar, a ver cómo le hace, pero esta exorbitante renta que deriva de su mercado de drogas.
Yo decía. En tono de broma, yo decía en una reunión que tuvimos con Presidentes centroamericanos hace poco: Por qué no hacen los americanos un puerto libre, yo no sé si sea en Los Ángeles, o Boston, y ahí que dejen entrar toda la cocaína y que nos dejen en paz, que mejor entre directo de Colombia y de Venezuela, o de Perú, y no que pase por Honduras, por El Salvador, por Guatemala, por México, con una estela de muerte que tenemos que pagar.
O bien, ya hablando en serio. Si va a seguir el consumo, la encuesta de adicciones de Estados Unidos es terrible. Más de 100 millones de norteamericanos alguna vez han probado droga y casi el 36 por ciento de sus jóvenes, entre, no sé, 16 y 30 años de edad, son consumidores habituales, por lo menos de marihuana.
Si van a seguir en ello, entonces, regúlenlo. De tal manera que la renta estratosférica no venga a financiar a los cárteles. Y sí me estoy refiriendo al tema de mecanismos de mercado.
Yo creo que si México lo hace por su cuenta no funciona, es absurdo, porque el precio lo determinan allá. Tiene que ser, en cualquier caso, una solución internacional.
Y, segundo. Sin ignorar las consecuencias que generarían, porque aún encontrando una solución, por ejemplo, sí provocaríamos quizá un aumento enorme de consumo y adicciones, que son las decisiones de política que hay que valorar.
Yo lo que propongo, para no abundar más en ello y para no sacar un prejuicio de este tema tan complejo, yo propondría, también, señor Rector, que la Universidad Nacional sea la que organice este debate.
Que la Universidad organice este debate, tal como lo proponen, entre los diversos sectores, sobre el enfoque prohibicionista al consumo de droga, que participemos todos en ese debate y que las conclusiones se entreguen, finalmente, al Gobierno, sí, pero a los Legisladores.
Porque también se olvida otra cosa. El Ejecutivo lo que tiene que hacer es cumplir las leyes. Sí, sí tengo capacidad de iniciativa, pero al final mi mandato es cumplir las leyes. Cambiarlas es tarea de otros poderes públicos. No evado esa tarea, pero sí creo que sería importante que se dé ese debate, que es muy importante. Comparto todo el tema de adicciones y la parte preventiva.
Luego, finalmente, de las acciones para el cambio. Creo que coincidimos en muchas. Lo del diagnóstico amplio y participativo, creo que si vamos a diagnósticos estatales porque, insisto, sí hay un diagnóstico general.
Yo he tratado de ser enfático en diversos mensajes, incluyendo el del viernes pasado, de qué fue lo que fue ocurriendo en México.
Si partimos de la premisa de que el crimen organizado es estático y no se expande, ahí se iba va a quedar enquistado y sin problemas.
Pero, nosotros partimos de la premisa de que el crimen organizado no es estático, sí se expande y tiene una serie de incentivos en su comportamiento terribles. Mientras más instituciones públicas coopte y controle, minimiza el riesgo y aumenta su renta; por lo cual, tiene un incentivo permanente, de ir cooptando nuevas estructuras, nuevas policías.
Primero, controla a los policías, pero luego va a controlar al comandante de esos policías, y luego al Director de la Policía, y luego al Alcalde. Y el Alcalde, que no se deja, o lo compran, o lo matan. Y por eso han matado casi, más de veinte y tantos alcaldes en el país. Yo creo que la mayoría es gente que se resistió al embate de los criminales. Lo amenazan y terminan matándolo.
Por eso, también, me preocupa un poco el enfoque de la policía municipal. Yo soy municipalista, está en los principios de mi partido. Toda la vida concebimos, además viniendo de provincia, como se dice aquí, que el municipio es la extensión de la familia, una serie de cosas que aprendí desde chico, incluso, a nivel doctrinal-teórico.
Sin embargo, honestamente, yo veo una gran vulnerabilidad a nivel de policías municipales. Y lo digo con tristeza, porque sí quisiera que fuera lo local y la policía municipal lo que hiciera frente al problema. A lo mejor algún día lo vamos a lograr.
Y una policía como la de León, por ejemplo, lo puede hacer porque son estructuras enormes, o la del Distrito Federal, que es enorme. Pero, la policía de la gran mayoría de los municipios de México, de los dos mil 600, es una policía terriblemente vulnerable.
Vaya, 15 personas con armas, con calibres 38, por más que les diéramos a lo mejor fusiles de asalto, no le pueden hacer frente a una gavilla que llega en 20 camionetas, y con el armamento que llegan ahora.
Y con otra, ellos sí se pueden ocultar, pero el policía municipal está ahí, saben dónde está, saben cuál es su casa, y a qué escuela van sus hijos. Entonces, sí se vuelve muy vulnerable una estructura local para enfrentar un hampa, un crimen organizado, que tiene redes transnacionales.
Yo creo que mientras más grande sea la escala de defensa de las instituciones públicas, va a ser más poderosa para contrarrestar a esos criminales.
Sigo. En qué estamos de acuerdo. La Reforma Fiscal que garantiza recursos. Obviamente, la quisiéramos, también. Sí necesitamos más recursos para todo, para lo preventivo y para la acción persecutoria de los criminales. Coincido en que las cargas de trabajo no se puede hacer todo, sí hay que establecer prioridades.
Fuerte estrategia de prevención, ya lo he señalado. La relación entre entidades y Federación comparte esta preocupación, es difícil la coordinación entre niveles de Gobierno. Tenemos que llegar a una fórmula que nos permita actuar mucho más rápido.
Fortalecimiento de la justicia penal y la policía de investigación. Creo que la reforma con todas sus deficiencias nos encamina a ello.
El respeto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos estamos de acuerdo. Ahí hay un problema de ejecución que la Corte ha descansado mucho en la aquiescencia, digamos, de los deudos de las víctimas.
Por ejemplo, tenemos el caso Radilla. Nos obligan a hacer un acto de desagravio y estamos de acuerdo, vamos a hacer el acto de desagravio, etcétera, pero entonces luego queda a cuándo los familiares de la víctima pueden o quieren. Entonces, nos lo han pospuesto, nos lo han pospuesto. Nos obligan a una indemnización económica. Estamos totalmente dispuestos y por, quizá, por consejos del abogado la familia, no lo recibe. Tuvimos ya que consignarlo en un juzgado, el pago de la indemnización.
Por qué se niega. No sé por qué, pero entonces el Estado siempre tiene falta, nunca podemos cumplir una sentencia. Ese es un asunto que yo creo que hay que corregir en los mecanismos de la corte misma.
La prevención y recuperación del espacio público. Es muy importante lo que dice Heriberto Félix. Este Programa de Comunidades Seguras, ya no sólo Escuela Segura, ni Rescate de Espacios Públicos, Comunidades Seguras, sí funciona. Pero la pregunta siempre, es lo que mencionaba el licenciado López Portillo, por qué si hay programas preventivos, por qué sigue habiendo criminalidad.
Y lo que pasa es que los programas preventivos son de una maduración mucho más larga, que los programas, digamos, policiacos. A mí me duele mucho que unos de los espacios rescatados en Ciudad Juárez, ahí mismo, frente al letrero del espacio fueron a matar a un muchacho. Por qué. Porque necesitamos en lo inmediato fuerza pública que le haga frente a los criminales.
Pongo otro ejemplo de cualquier ciudad del país. Anoche matan a tres policías municipales en Torreón, nuevamente, y fallecen tres personas, probablemente inocentes, ajenas a los hechos, por lo menos dos de ellas. Efectivamente se requieren más escuelas y universidades en Torreón, pero ahorita, ahorita lo que la gente nos exige, y con toda razón, es que mandemos más fuerza pública.
Y lo mismo ocurrió en Monterrey, y Monterrey vaya que sí es una ciudad que tendría una policía municipal, que uno pensaría, sería capaz de resistir. Tenemos que mandar más fuerza para bajar esos índices. En fin.
En síntesis, señor Rector, y perdón que me haya extendido. Yo celebro esta reunión, creo que tenemos muchas coincidencias, la Reforma Policial, la Reforma de Justicia Penal, los sistemas de Inteligencia, los sistemas de Reinserción Social, faltaría agregar a lo que dijo el Secretario Genaro García Luna.
Estamos construyendo ahorita, no sé cuántos son, ocho reclusorios nuevos totalmente, aparte de que hemos ampliado la capacidad de Las Islas Marías para el triple de personas. Y esos ocho reclusorios yo, espero entregarlos al final de mi Administración, pero van a ampliar enormemente la capacidad en los reclusorios.
Comparto este tema de la corrupción. Toco madera, pero ahorita no ha habido ninguna fuga en los reclusorios Federales, hubo algunas muy famosas, un poquito antes, pero no ha habido ninguna fuga.
Pero cuando usted ve que en un estado se fugan de sus reclusorios 600 prisioneros por año, algo está pasando. Tardamos más en meterlos al bote, como dice la gente, que ellos en sacarlos. Y sí tenemos un problema de corrupción y de debilidad institucional tremenda, que tiene que arreglarse.
Por eso, los ejes que planteaba Poiré son esos: Confrontar a los criminales, sí.
Segundo. Reconstruir las instituciones de seguridad y justicia. Dos.
Y tercero. La política de prevención.
Creo que en la medida que avancemos, en la medida en que tengamos instituciones fuertes a nivel local, estatal, hablo, donde no se requiera, por ejemplo el soporte subsidiario de la Federación, vamos a tener mucho mayor necesidad de tener intervenciones de fuerza pública contundente.
Y, a la vez, donde ya funcionan las instituciones, vamos a depender mucho más de la prevención, porque va a funcionar un tejido distinto, pero ahorita estamos justo en el proceso de reconsideración de todo eso.
Finalmente. Yo creo que hay varias coincidencias y me atrevería a repetir algunas.
Primero. Para formar algunas ideas de esa política pública en materia de seguridad y justicia. Diría que sí es de vital importancia fortalecer los esfuerzos de prevención. Creo que en eso estamos todos de acuerdo y tenemos que ir adelante, vía la generación de oportunidades para los jóvenes.
Segundo. Yo creo que también se mencionó como algo que estábamos de acuerdo, y yo lo celebro, aunque es obvio, sí vale la pena recordar que sí es obligación del Estado combatir a los criminales, porque a veces parte del debate es: que no debió, es que sí debió, es que se hubiera esperado a que hubiera mejores condiciones, o es que, o así estaban bien las cosas. Es que se debe combatir a los criminales.
Yo creo que el no combatirlos fue lo que les permitió que se expandieran, podrá y debe corregirse, desde luego, la estrategia. Y en eso estamos.
Yo creo que mi conclusión a todas estas reflexiones yo siento es: Hay que seguir adelante combatiendo a los criminales, y yo creo que hay que hacer algunos cambios y hay que ver cuáles son los mejores.
Aquí por cierto, un respetuoso, y como oí un comentario, algunas de las cosas tienen argumento, todas tienen muchísimas cosas brillantes, tienen algunas cosas que suenan más genéricas, más de propósito.
Por ejemplo, yo cuando vi la presentación del Rector, una cosa que rescató la prensa con mucho interés es que había que dar un giro inmediato a la estrategia de seguridad. Dije: Una propuesta audaz, voy a ver de qué se trata de inmediato, porque es muy importante.
Fui a revisar y la parte que dice: Manos a la obra, el punto dos dice: Generar los consensos políticos y sociales necesarios para dar un giro inmediato. Yo dije: Aquí está la carnita, aquí está lo concreto, aquí está lo que viene.
La estrategia de seguridad, centrándolas en la prevención del delito, el abatimiento de la impunidad, la reducción del número de muertos y de lesionados, la preservación de la integridad de las personas y la defensa de los derechos humanos.
Yo creo que más que un giro estratégico son los objetivos que todos queremos. Qué más quisiéramos que reducir las muertes y los lesionados. El asunto es de los cómos.
Y proteger la integridad de las personas es lo que todos queremos, pero cuando hablamos de girar la estrategia para acá o para allá, creo que vamos buscando lo más concreto posible, y quizá eso valdría la pena.
Pero fuera de eso, yo creo que las demás premisas son totalmente compartibles por nosotros.
Cuarto. Que debemos mermar el poder financiero del crimen organizado.
Y sí, Rector, yo creo que ahí estamos en falta, en lavado de dinero. Cierto, creo que el marco legal no es suficiente, por eso propuse una reforma al Congreso, no la ha aprobado el Congreso. Ojalá la apruebe.
Y yo creo que el Gobierno, por lo menos en el caso Federal, quedó acotado por las constantes reducciones presupuestales del llamado gasto corriente, con una cosa más grave en lavado de dinero.
Para conseguir un buen analista en lavado de dinero se requieren atributos que no tiene cualquier servidor público.
Primero. Tiene que ser un buenazo en materia de sistemas financieros, saber leer la contabilidad y los back to back, y los derivados. Y, bueno, toda esta ciencia oculta que pocos conocen y que no está alcance de todos.
Entonces, un muy buen financiero, pero como están topados los salarios federales, no ha habido aumento desde el año 2003 y, de hecho, yo hice una reducción del 10 por ciento, un muchacho que sepa muy bien de finanzas, probablemente o tiene mucha, mucha vocación de servicio, o se va a ir a un Banco, a una Casa de Bolsa, o una tesorería de cualquiera empresa. Esa es la verdad.
Segundo. Además de ser muy bueno en finanzas tiene que ser muy honesto, porque va a perseguir a los criminales.
Y, tercero. Además de ser muy bueno y muy honesto tiene que ser muy valiente, porque está poniendo en riesgo su vida, lo cual hace que sea un problema verdaderamente complicado armar estas unidades de lavado, pero coincido en que tienen que hacerse.
Creo que tenemos que revisar el tema de sueldos en estas áreas definitivamente.
Otro punto es la importancia de impulsar el sistema de justicia penal oral y adversarial, revisar su adecuada y pronta implementación.
Sexto. Basado en lo que se ha planteado en el documento de Elementos para la Construcción de una Política de Estado, coincido con usted, señor Rector, y acepto y propongo que integremos un grupo que nos permita varias cosas.
Por ejemplo, depurar y llegar a coincidencias, valorar los consensos del documento. Ya hemos expresado nuestras preocupaciones, pero creo que los consensos son mayoría. Hagamos ese grupo, y démosle la tarea de procesar esos consensos, que nos permitan esbozar un documento final.
Que, además, ese grupo se centre en algunas tareas concretas de las que ya he mencionado. Por ejemplo, hacer los diagnósticos estatales. Hacer el seguimiento de la construcción de capacidades. Es cierto, el Sistema Nacional de Seguridad Pública ya lleva un seguimiento de cuántos policías han sido pasados por Control de Confianza, cuántas Unidades Antisecuestro han sido valoradas, cuántas policías modelo han podido salir, etcétera. Pero que ese grupo se encargue de dar ese seguimiento a los compromisos que tenemos.
Que revise si el modelo policial, que está definido recientemente en la Ley de Seguridad Pública, es el adecuado, si los indicadores de desempeño son los idóneos. Yo creo que eso siempre puede mejorarse, etcétera.
Séptimo. Lo que ya dije, y reitero: que la UNAM conduzca un debate abierto, plural, sobre el enfoque prohibicionista del consumo de drogas, que tome en cuenta la salud pública, que tome en cuenta factores económicos, criminalísticos, sociológicos y de toda índole, y que presente sus conclusiones a la opinión pública, al Congreso y al Ejecutivo.
Octavo. También, coincido es que necesario fortalecer los mecanismos de consenso en los que se sostiene la estrategia de seguridad. Yo, en general, sí soy partidario de hacer acuerdos, pero creo que aquí, yo en ese debate me inclinaría en que tenemos uno muy bueno, y que lo que hemos fallado es en hacerlo cumplir.
E, incluso, en el seguimiento del Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, había un rol de las universidades que, culpa del Gobierno quizá, no hemos sabido incorporarlas, precisamente, a ese seguimiento, pero creo que esa es la ruta que habremos de seguir.
Noveno. También destaco la coincidencia sobre la necesidad de ampliar las capacidades para el tratamiento de las adicciones, y propondría aquí que las instituciones universitarias, por ejemplo, se involucren activamente en esta responsabilidad, no sólo en el diseño de políticas, sino, también, en la puesta en práctica de política contra adicciones dentro de las propias universidades.
Es decir, existen otros países que, por ejemplo, dan un importante apoyo sicológico a los universitarios, precisamente, para evitar adicciones. Sabemos, y creo que también es cosa de que las autoridades cumplamos más, que incluso puntos de distribución de droga dentro de los campus, etcétera, son temas muy peligrosos que, además, van generando, precisamente, ampliando esa problemática.
Décimo. Que coincidimos que es necesario un esfuerzo mayor en el combate a la corrupción en todos los ámbitos y niveles de Gobierno. Y que ese esfuerzo es impensable, sin mayor participación de la sociedad y sin mayor transparencia.
Y aquí hay un tema medular, yo creo. Sería importante que la Universidad, lo sugiero respetuosamente, hiciera un estudio, una investigación de cuál es la corrupción percibida por la gente. Independientemente de los paradigmas y los escándalos ofensivos que vemos hoy en día.
Para el ciudadano común hay un tipo de corrupción que es la que debemos atacar y creo que es la corrupción que percibe en su cercanía: el policía de tránsito que le pide una mordida, el regidor del Ayuntamiento que pide una mordida para el cambio de uso de suelo; para modificar una casa, la licencia de construcción, hay que dar una mordida.
Esa corrupción cercana es una corrupción que va empatada con una opacidad y una falta de transparencia en distintos niveles de Gobierno.
Es cierto, hay un señalamiento de que en principio, y ésta es por desgracia la idiosincrasia popular, que por razones fundadas se ha venido formando: todo gobernante es corrupto. No es cierto, pero ese es el prejuicio con el cual tenemos que combatir.
Pero pienso que en la medida en que las autoridades tienen reglas de transparencia más amplias, sí creo que hay menos corrupción. Y en la medida en que hay más opacidad, la corrupción se multiplica.
Entonces, Creo que podemos trabajar en eso. Son muchas cosas, señor Rector, pero yo creo que con muchísimo gusto, creo que si integramos ese equipo de trabajo, si destacamos estos consensos. Yo mencioné 10 simplemente, pero son muchísimos más, creo que podemos avanzar por lo menos a tener bien claro, haya acuerdo nuevo o no, cuál debe ser la Política de Estado en Materia de Seguridad y Justicia.
Y entiendo por Política de Estado una que no se agote en un solo nivel de Gobierno, que no termine con una Administración, sino que vaya a todos los niveles de Gobierno, a todos los partidos políticos y trascienda los límites naturales de una Administración Pública.
Esos son mis comentarios, Rector.
Y les ruego me disculpen por haberme extendido.
El documento de la UNAM:
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