Protección de personas

Esta semana –principios de octubre de 2011- se presentará al Pleno de la Cámara de Diputados el dictamen que expide la Ley Federal para la Protección de Personas que intervienen en el Procedimiento Penal y que reforma el artículo 31 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Dicha propuesta de ley tiene como objetivos establecer una Unidad Especializada que cuente con áreas para la aplicación del Programa Federal de Protección de Personas y Colaboradores, así como del personal técnico de supervisión para su aplicación.

El dictamen establece la creación en la Unidad de Protección a Personas del Centro Federal de Protección a Personas, que se integrará con agentes de la Policía Federal Ministerial, entrenados y capacitados para tal fin; contará con un área de análisis de riesgo que apoyará en la elaboración del estudio técnico para los efectos del ingreso y permanencia de la persona protegida.

El Programa Federal de Protección a Personas establecerá cuando menos los requisitos de ingreso, terminación, mecanismos de protección para la persona, así como apoyos para solventar sus necesidades personales básicas cuando por su intervención en el procedimiento penal así se requiera.

Podrán incorporarse al programa las víctimas, ofendidos, testigos, colaboradores, peritos, policías, agentes del Ministerio Público, jueces y miembros del Poder Judicial, quienes hayan colaborado eficazmente en la investigación o en el proceso o familiares de las mismas.

Una nota de este lunes 3 de octubre en Reforma:

Avanza ley en San Lázaro. Buscan diputados evitar manipulación de declaraciones con fines políticos

Reforma, 3 octubre 2011.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobará en los próximos días la nueva Ley Federal para las Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, la cual contempla figuras como "testigos colaboradores" y "personas protegidas", a fin de evitar la manipulación, uso político y falta de credibilidad de los mismos.

Así lo anunció el vicecoordinador jurídico del PRI en San Lázaro, Arturo Zamora Jiménez, quien explicó que la nueva ley - que ya fue aprobada por la Comisión de Justicia- busca garantizar la protección de personas que intervengan en una indagatoria y que se encuentren en una situación de riesgo o peligro.

"La nueva ley incluye protección no sólo a las víctimas en su carácter de testigos y a los colaboradores, sino inclusive a servidores públicos, como policías, ministerios públicos y jueces que actúen dentro de la investigación y persecución del delito, así como en el enjuiciamiento de los inculpados", dijo.

Zamora Jiménez explicó que esta ley busca evitar los excesos que se han registrado en los últimos años en casos donde los testigos protegidos son utilizados por la Procuraduría General de la República (PGR) para declarar en diversos procesos judiciales, pero con fines de manipulación para uso político y electoral.

El legislador priista detalló que en la nueva ley se define al "testigo colaborador" como aquel que al ser miembro de la delincuencia organizada accede voluntariamente a prestar ayuda eficaz a la autoridad investigadora para procesar y sentenciar a integrantes de la organización delictiva.

"Asimismo, la 'persona protegida' será todo individuo que pueda verse en situación de riesgo o peligro por su intervención en un procedimiento penal, como lo son las propias víctimas de delitos, familiares, testigos, policías, ministerios públicos y jueces", detalló Zamora Jiménez.

El diputado del PRI señaló que la nueva norma permitirá la creación del Centro Federal de Protección a Personas, como un órgano desconcentrado de la PGR, que aplicará el programa diseñado para esos casos, en los que también participará la Policía Federal Ministerial.

El integrante de la Comisión de Justicia aseguró que el Centro otorgará tratamiento psicológico y médico a las testigos colaboradores y personas protegidas, además de económico, para el alojamiento, transporte, alimentos y comunicación.

Según el priista, las personas que sean aceptadas en el Centro tendrán acceso a apoyos para mudanza, reinserción laboral, trámites, sistemas de seguridad, acondicionamiento de vivienda y demás gastos indispensables, dentro o fuera del País.

"Serán medidas temporales e incluso se contempla el cambio de identidad cuando un estudio técnico lo determine por el riesgo del testigo colaborador o la persona protegida, además de custodia policial o traslado a otros países", expresó.

Zamora dijo que todas las "personas protegidas" que se incorporen al programa suscribirá un convenio de entendimiento, en el cual declararán toda su participación en actos delictivos, bienes, nexos y se comprometerán a otorgar información veraz y oportuna para la investigación.

El legislador por Jalisco explicó que también se aprobarán cambios a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que toda la información de testigos y personas protegidas sea reservada, salvo la información estadística que no las ponga en riesgo.

Del crimen a colaboradores

La PGR ha convertido en testigos a integrantes del crimen organizado, aunque algunos de ellos han sido asesinados o se suicidaron.

Edgar Bayardo del Villar (Tigre), ex inspector de la PFP, fue detenido por presuntamente estar vinculado con el narcotraficante Ismael "El Mayo"

Zambada; acusó al jefe de la Policía Federal Gerardo Garay de evitar en más de una ocasión la captura de Arturo Beltrán Leyva (El Barbas). Bayardo fue asesinado en diciembre de 2009.

Jesús Zambada Reyes, hijo de Jesús 'El Rey' Zambada Niebla (Rambo III), quien fue detenido en octubre de 2008, declaró contra funcionarios de SSP y PGR en la 'Operación Limpieza'. El joven murió en noviembre de 2009 en un aparente suicidio.

"Noe", quien había delatado la relación de "La Familia" con el ex delegado de la PGR en el Edomex, José Manzur Ocaña, fue ejecutado en agosto de 2008 en La Marquesa, junto con los dos agentes que lo escoltaban.

Sergio Villarreal 'El Grande' (Mateo), quien fue detenido el 12 de septiembre de 2010, declaró contra el ex secretario de Seguridad de Morelos, Luis Ángel Cabeza de Vaca y contra Roberto Sánchez "El Yanqui", ex jefe regional de la AFI en el DF.