Capacitación a jueces y magistrados sobre desaparición forzada

El Poder Judicial de la Federación (PJF) inició la capacitación de todos sus jueces y magistrados para que juzguen debidamente el delito de la desaparición forzada de personas y cuenten con los elementos técnicos y científicos necesarios para evaluar integralmente este delito", afirmó el Ministro Sergio A. Valls Hernández, durante una conferencia magistral en la UNAM:

El Ministro dijo que si bien estas medidas establecidas por el Tribunal Constitucional son administrativas, tendrán implicaciones en todo el sistema jurídico mexicano, debido a que dichos programas de capacitación se orientarán al buen funcionamiento de las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia a fin de inhibir violaciones al debido proceso, garantizando una adecuada y profesional actuación ministerial, promoviendo políticas públicas que protejan los derechos humanos.

“Habrá una capacitación permanente respecto del sistema en general y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente sobre los límites de la jurisdicción militar, garantías judiciales y protección judicial y estándares internacionales aplicables a la administración de justicia”, destacó.

Valls Hernández expresó que las sentencias y jurisprudencia derivadas del Caso Rosendo Radilla implicarán que se apliquen escrupulosamente los principios rectores en materia penal para que se prohíba la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como los derechos de las víctimas y/o sus familiares..

El Ministro explicó que, tras la sentencia de la CIDH del Caso Radilla, los Poderes del Estado mexicano deben ajustar sus leyes, manuales y criterios de investigación de los delitos relacionados con desaparición forzada, violencia sexual u homicidios para que se ajusten a los estándares internacionales.

En el caso del PJF, precisó, además de implementar programas y cursos de capacitación para todos los involucrados en el proceso de impartición de justicia, se aplican el control de convencionalidad de leyes en el sentido de que los jueces desaplicarán normas contrarias a la Constitución y/o a los tratados internacionales cuando violen derechos humanos

“Es innegable que la determinación de la Corte mexicana relativa a la justicia militar permitirá que en el futuro se adopten criterios relacionados con esta jurisdicción, además conforme a los ordenado por la Corte Interamericana al Estado mexicano, se expedirán normas relativas que permitan que los código de justicia militar y las leyes relacionadas con la actividad castrense sean compatibles con los postulados internacionales de la materia”, enfatizó.