¡No más "presuntos culpables"!

No más "presuntos culpables"!

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados tiene listo un proyecto de dictamen, para que casos como el de “Presunto Culpable”, o el de las mujeres indígenas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio,  y el reciente de Hugo Sánchez Martínez (reportaje de Reforma, 22 de noviembre de 2011) no ocurran más.

Para ello los legisladores pretender adicionar un artículo 225 Bis al Código Penal Federal, a fin de sancionar a los servidores públicos del sistema de procuración e impartición de justicia que por culpa, negligencia o dolo, ejecuten acciones para retener a una o varias personas de manera ilegal o que al final de una sentencia definitiva sean absueltos. 

Se trata de una iniciativa del diputado Eduardo Yáñez Montaño (PRI).

Como sabemos,  a la fecha, los servidores públicos, ya sean de procuración o impartición de justicia responsables por dicho acto de violación a los derechos humanos, no son acreedores a ningún tipo de sanción, dado que son éstos quienes por falta de previsión, atención, interés o cuidado, no observan correctamente lo que por su cargo están obligados y que por esa negligencia afectan la vida de personas y de sus familias.

El problema se agrava -indicó Yáñez Montaño-, cuando en esta conducta u omisión interviene el dolo, concretamente en casos donde en la investigación transcurre el tiempo sin hallar al probable responsable y al sentirse presionados por la sociedad y los medios de comunicación, de manera intencional señalan a cualquier ciudadano, fabricándole pruebas, e incluso, obligándolo a confesar hechos que no cometió para ponerlo a disposición del juez.

En este sentido, mencionó el diputado, que  en nuestro país se han registrado varios casos, como el de Antonio Zúñiga, protagonista del documental “Presunto Culpable”, que demuestra las deficiencias del sistema de justicia, y que finalmente obtuvo su libertad por irregularidades flagrantes en el juicio y falta de pruebas. “O el de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, detenidas en marzo de 2006 acusadas por el delito de secuestro y posesión de cocaína, quienes permanecieron recluidas en el penal femenil de San José El Alto hasta el 28 de abril de 2010, luego de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso y revocó la sentencia emitida por el juez cuarto de Distrito en el estado de Querétaro.

Yáñez dijo coincidir con el criterio del ministro de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,  en el sentido de que ante la gravedad de casos como los mencionados, la solución no puede limitarse sólo a la liberación de los acusados, sino que necesariamente se debe incluir al menos tres aspectos más, a saber, la reparación del daño; responsabilidad de policías, ministerios públicos y jueces involucrados, así como una profunda reforma al sistema de procuración e impartición de justicia.

La propuesta es incluir un artículo 225 Bis al Código Penal Federal en el que se establece una pena de prisión de dos a cuatro años y multa de dos mil a cuatro mil días de salario mínimo a servidores públicos del sistema de procuración e impartición de justicia involucrados en actos como los arriba mencionados.

Y es que con las reformas de junio de 2008 nuestro sistema de justicia es de corte garantista y se debe impartir bajo el principio de presunción de inocencia.

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Tiene Edomex 'presunto culpable'/reportaje:

Un Juez – el Sexto de Primera Instancia en El Estado de México- dicto sentencia condenatoria sin pruebas.

Toma su defensa el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que logró que el caso fuera atraído por la Corte

Nota de Silvia Garduño

Reforma,  22 noviembre 2011.- Todo empezó en 2007. Hugo manejaba un taxi con cuatro personas a bordo cuando policías de Villa Victoria le marcaron el alto.

Dos de los pasajeros huyeron y los otros dos, junto con Hugo, fueron detenidos. Al parecer, quienes escaparon dejaron en el auto una mochila que sirvió para incriminar a Hugo, pues presuntamente contenía armas de alto calibre.

Sin embargo, el joven libró la acusación y salió bajo fianza, pero días después fue identificado en fotografías por dos adolescentes que habían sido secuestrados.

Ambos aseguraron que Hugo era su plagiario.

Un año después, en un careo, las víctimas se retractaron de su dicho, pese a lo cual Hugo fue sentenciado.

Con condenas acumuladas por 42 años, Hugo Sánchez Ramírez todavía sueña con ser ingeniero y con apoyar económicamente a sus padres y cinco hermanos.

Sin evidencia que lo incriminara y con apenas 18 años de edad, el joven mazahua fue sentenciado en 2007 a 37 años de prisión por el delito de secuestro y a 5 años por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Originario del Ejido El Depósito, en el Municipio de San José del Rincón, ubicado en el noroeste del Estado de México, Hugo, el segundo de seis hermanos, abandonó los estudios cuando terminó la secundaria para ayudar a la economía familiar y así facilitar que su hermano mayor pudiera cursar una carrera universitaria en San Felipe del Progreso.

Comenzó ayudándole a su padre, Antonio Sánchez, en las labores del campo y en un pequeño taller de carpintería, para después conducir el taxi que la familia adquirió en 2005.

No llevaba ni dos meses manejando el taxi cuando su vida dio un giro que lo llevó a la cárcel como resultado de un proceso plagado de irregularidades.

La acusación tiene tantos huecos que, luego de cuatro años, el caso fue aceptado por la Suprema Corte de Justicia para revisar la sentencia.

Cultura del trabajo

Rosalba Ramírez, madre de Hugo, entra a su casa en San José del Rincón con las manos manchadas de tierra luego de terminar la jornada en el campo.

En la ventana que da a la calle hay una estampa en la que se lee que el de los Sánchez es un hogar católico y que no admite propaganda protestante o "de otras sectas".

Por la puerta lateral de la casa se accede a una pequeña estancia que da al cuarto de Hugo, de cuyas paredes cuelgan varios cuadros con marcos de madera de la Virgen de Guadalupe, algunos de ellos tallados por el joven mazahua.

Al centro de la estancia, pegada sobre la pared del fondo, hay una mesa sobre la cual yace una veladora encendida desde hace cuatro años, tiempo en que Hugo ha estado en prisión.

Afuera, el pequeño taller de carpintería luce vacío. Desde que Hugo fue ingresado en el penal de Almoloyita, su padre ha tenido que dedicarse completamente al taxi, y ha descuidado los trabajos en madera.

Si hay algo que les ha inculcado a sus hijos y sobre lo que se siente orgulloso es la cultura de trabajo.

"Somos gente trabajadora, gente de campo, gente humilde. No nos gusta andar pidiendo limosna tampoco, porque tenemos dos manos para trabajar", dice el señor de 46 años de edad.

"Todos mis hijos saben trabajar. Todos los trabajos que yo hago se los he enseñado a mis hijos, para que cuando vayan a cualquier lugar no vayan a pedir limosna, se vayan a ganar el sustento para comer, donde sea".

Carrera truncada

Antonio Sánchez adquirió la concesión del taxi en 2005, siendo su ruta principal San José del Rincón-Villa Victoria.

En 2007 accedió a que Hugo manejara el vehículo por unos meses.

El proyecto era que estudiaría una carrera corta en ingeniería cuando Abraham, su hermano mayor, terminara su universidad, en agosto de ese año.

Sin embargo, cuando Abraham se estaba titulando como Licenciado en Desarrollo Sustentable, Hugo ya estaba preso.

El 21 de julio de 2007, pasadas las 20:00 horas, Hugo salió de la base de taxis "La Providencia", en San José del Rincón, con cuatro pasajeros, de los cuales uno le pidió que lo bajara en El Catorce, a la mitad del camino hacia Villa Victoria.

En ese momento, una camioneta de la Policía Municipal de Villa Victoria le cerró el paso.

Dos de los pasajeros salieron corriendo, dejando atrás una mochila, y los agentes comenzaron a disparar contra el vehículo. Los policías bajaron del taxi a Hugo y a Raúl Martínez y Manuel Mendoza.

Los subieron a una camioneta y pararon 5 kilómetros más adelante, en El Espinal, un ejido en medio del bosque, donde abundan los pinos y el oyamel.

En el paraje, los uniformados golpearon y torturaron a Hugo y a los pasajeros para que confesaran que se dedicaban a secuestrar y a asesinar.

Pese a la golpiza de casi dos horas, no aceptaron la acusación.

Los subieron de nueva cuenta a la camioneta, para detenerse otros 4 kilómetros más adelante, en la Presa de Villa Victoria, donde los policías amenazaron con ahogarlos si no confesaban.

Nadie dijo nada.

Los policías municipales trasladaron a Hugo y a los dos pasajeros al Palacio Municipal de Villa Victoria, a donde llegaron tres agentes del Cuerpo Especializado de Investigaciones en Situaciones de Alto Riesgo (CEISAR) de la Policía Ministerial del Estado de México.

Los agentes tomaron fotos de Hugo con armas que él no había visto antes y que presuntamente se encontraban en la mochila dejada en el asiento trasero del vehículo que manejaba.

También tomaron fotografías del mazahua sosteniendo una cartulina blanca que traía escrita a mano con plumón negro la leyenda "Nombre: Hugo Sánchez Ramírez; Delito: Portación de arma de fuego y secuestro".

Posteriormente fue presentado ante el Ministerio Público Federal bajo la imputación de portación de armas de fuego y cartuchos.

Según la versión oficial, Hugo y los dos pasajeros fueron detenidos en un operativo conjunto de policías municipales de Villa Victoria y policías ministeriales del CEISAR, a las 3:00 horas del 22 de julio.

Antonio Sánchez solicitó la libertad provisional bajo caución de su hijo el 23 de julio.

El 27 de julio, agentes del CEISAR afirmaron haber entrevistado a Hugo en las oficinas de la Procuraduría, donde supuestamente declaró que se dedicaba a secuestrar. Sin embargo, no existe el citatorio correspondiente ni consta la firma de Hugo en el informe y en la supuesta declaración.

El 8 de agosto la familia Sánchez fue citada por la Procuraduría estatal para arreglar la situación del taxi familiar que había sido dañado por policías, pues además de los impactos de bala, el vehículo había sido desvalijado; al llegar, Hugo fue detenido de nueva cuenta.

La condena

A Hugo se le imputa el secuestro de los entonces menores de edad Laura Isidoro García y León Sánchez, quienes fueron secuestrados el 10 de marzo de 2007 a las 23:00 horas al salir de una fiesta en el Barrio de Cerillo, en el Municipio de Villa Victoria.

Un taxi los llevó hasta un cuarto de madera, donde permanecieron hasta el 12 de marzo, luego de que sus familiares pagaran 20 mil pesos de rescate. El 14 de marzo, los jóvenes declararon que no podían identificar a sus agresores, dado que todo había sido muy rápido.

El 23 de julio, agentes del CEISAR se presentaron en la casa de Laura Isidoro García para mostrarle las fotografías que habían tomado de Hugo y los dos pasajeros del taxi, y pidieron que se les identificara como secuestradores, acusación que los jóvenes de entonces 15 años confirmaron.

Sin embargo, el 10 de marzo, Hugo se encontraba acompañando a su abuela paterna, quien pasaba sus últimos días agonizando debido a cáncer de páncreas. La señora falleció el 14 de marzo.

Entre noviembre y diciembre de 2008, Laura Isidoro García y León Sánchez se retractaron de la identificación que hicieron de Hugo como su secuestrador.

No obstante, el Juez Sexto de Primera Instancia dictó sentencia condenatoria de 37 años 6 meses de prisión, multa y reparación del daño por el delito de secuestro.

Hoy, Hugo se encuentra recluido en el penal de Almoloyita, en el Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.

Su defensa fue tomada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que logró que el caso fuera atraído por la Suprema Corte de Justicia, organismo que defendió a las indígenas queretanas Jacinta, Teresa y Alberta, acusadas del secuestro de seis elementos de la desaparecida AFI.

Los abogados del Centro Prodh esperan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea consecuente con sus resoluciones pasadas en favor de los derechos humanos y que libere a Hugo Sánchez Martínez de lo que consideran una detención a todas luces injusta.