El reportaje de la Turati en Proceso # 1835

En Chihuahua, “epidemia” de muerte

Marcela Turati, reportera.

Revista Proceso # 1835, 1 de enero de 2012

Las estadísticas que manejan el gobierno federal y el de Chihuahua sobre la disminución de los crímenes en la capital del estado no encuentran eco en sus habitantes, que a diario corren el riesgo de ser robados, asesinados, desaparecidos o extorsionados. No en balde el promedio mensual de ejecuciones hasta 2008 era de cuatro y creció a 43, por lo que hasta noviembre de 2011 la capital de Chihuahua fue el tercer municipio más violento del país, sólo detrás de Juárez y Acapulco.

CHIHUAHUA, CHIH.- Pese a que los gobiernos federal y estatal presumen publicitariamente la disminución de los asesinatos en Ciudad Juárez, en la ciudad de Chihuahua, capital del estado, los crímenes no han bajado de manera contundente. La gente sigue haciendo esfuerzos para recobrar la normalidad que existía antes del verano de 2008, cuando la ciudad se convirtió en “tierra de nadie”, disputada por los cárteles de la droga, que enrolaron a los delincuentes de poca monta y les entregaron armas y permiso para delinquir en todos los ámbitos.

En el río revuelto se dispararon los delitos de alto impacto, como homicidios, robos con violencia de vehículos, a casas y negocios, asaltos a transeúntes, violaciones sexuales, secuestros, extorsiones, lesiones y, recientemente, robos bancarios.

Mientras la frontera se apacigua, las alertas siguen encendidas a tres horas de distancia, en la capital del estado. Y se teme un desbordamiento en Ciudad Cuauh­témoc, que está a una hora con rumbo a la sierra, donde las organizaciones de derechos humanos señalan que 90 personas han sido desaparecidas este año.

 “En Chihuahua no hay una disminución del número de asesinatos tan clara como en Juárez, su número es casi igual que el año pasado. Sólo en la capital del estado ha habido más asesinatos que en todo Sinaloa; tenemos más de 600. Las extorsiones continúan y este año tenemos el problema de las desapariciones forzadas en Cuauhtémoc”, señala el exdiputado Víctor Quintana, el integrante de la Red de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos y Personas Desaparecidas del Norte.

Según el analista Eduardo Guerrero Gutiérrez, socio de Lantia Consultores y quien ha hecho sus propias estadísticas de homicidios a nivel nacional con base en registros periodísticos y reportes oficiales, Chihuahua es una de las ciudades que registra violencia a niveles de “epidemia” con mayor duración del sexenio: 42 meses seguidos con un promedio de 43 asesinatos por cada uno. El promedio mensual de ejecuciones “prealerta epidémica” en la ciudad de Chihuahua era de cuatro.

El experto señala que hasta noviembre de 2011 Chihuahua fue el tercer municipio más violento del país, con 489 ejecuciones; en primer lugar permanece Juárez, con mil 550, y en segundo Acapulco, con 914.

Sigue en los primeros lugares a pesar de que también es ubicado como el tercer lugar entre los municipios que más disminuyeron la violencia, de 2010 a 2011, cuando pasó de 667 asesinatos a 489, es decir que los redujo en 27%. Juárez ocupa el primer lugar en este rubro, con mil 187 homicidios dolosos menos, lo que representa una disminución de 43%.

 “En Chihuahua la epidemia de violencia se inició cinco meses después que en Ciudad Juárez (en junio de 2008), pero, igual que en Juárez, la violencia en Chihuahua alcanzó su máximo nivel en 2010 y ha registrado una disminución moderada en 2011 (de alrededor de 30%). Sin embargo, los niveles de violencia siguen siendo muy superiores a los de 2007, antes de que se iniciara la epidemia”, explica el investigador a Proceso.

De ser una ciudad donde la gente acostumbraba a dejar los automóviles abiertos y dormir sin poner cerradura en casa, ahora han aparecido negocios que ofrecen puertas blindadas y las cámaras empresariales dan charlas a sus agremiados sobre cómo comportarse durante un posible asalto.

Según reportes extraoficiales, la delincuencia se desató a partir del verano de 2008 y entre ese año y 2009 hubo un incremento de 49% en los homicidios, de 47% en robos a vehículos, de 46% en robos en general y de 30% en violaciones sexuales.

En la capital chihuahuense, de 800 mil habitantes, han ocurrido hechos violentos que impactaron a toda la población, como el asesinato en el centro comercial Plazas del Sol que originó tal psicosis que obligó al gobernador Reyes Baeza a dar un mensaje por televisión; la muerte de un niño que recibió un balazo en la cabeza mientras hacía su tarea en una biblioteca pública; las matanzas en los centros de rehabilitación y la de 13 jóvenes en el bar Río Rosas; el asesinato del político Etzel Maldonado, exlíder del Congreso y expresidente del PRI estatal.

Otros casos son el asesinato del sobrino del gobernador electo César Duarte por resistirse a un secuestro; la ola de ejecuciones de policías municipales; el asesinato de la activista Marisela Escobedo a las puertas del Palacio de Gobierno y el de la policía ministerial Brenda Carrillo junto a su hija de cinco años.

Dice el historiador Jesús Vargas: “Hasta hace cinco años los chihuahuenses se referían con orgullo a la tranquilidad en la que vivían, y se podía transitar sin ningún temor a cualquier hora de la noche; sin embargo, ahora la gente no sale en la noche, hay una psicosis generalizada por las extorsiones, y en las colonias de clase media y media alta cientos de vecinos han cerrado las calles y les han puesto rejas, establecieron privadas con puertas eléctricas o casetas de vigilancia, cerrando esas calles a los automovilistas”.

Delincuencia desbordada

 “De como empezó 2011 a como terminó, estamos bajando 35% el índice delictivo, lo que representa una disminución de 20% en relación con 2010”, indica el secretario de Seguridad Pública municipal, Heliodoro Araiza Reyes, mostrando estadísticas de los delitos de alto impacto.

Este funcionario, que fue subprocurador de Justicia del estado en la administración anterior, señala que cuando los cárteles de Juárez y de Sinaloa comenzaron a disputarse la ciudad de Chihuahua, acudieron a las colonias marginadas a reclutar a los pandilleros que ya delinquían, a quienes entregaron armas y les ordenaron robar automóviles.

En ese momento se dispararon todos los delitos (robos, violaciones, homicidios, lesiones, asaltos), aparecieron algunos que no figuraban (como robo de medidores de agua y luz o de celulares) y se utilizó la violencia para delinquir.

 “Al desatarse la guerra entre cárteles, la segunda plaza más importante del estado es Chihuahua. Primero empieza la guerra entre cárteles, empiezan a matar gente y la delincuencia muta, se diversifica a otro tipo de delitos para financiarse, ayudada por la percepción de impunidad de que si hacen algo no pasa nada, entonces los delitos se disparan”, explica el abogado Araiza Reyes.

“Los cholos (pandilleros) que ejercían una delincuencia no violenta, comienzan a recibir armas, les mandan a robar carros y empiezan los robos con violencia. Coincide con una crisis en la que hay menos policías en la ciudad, la percepción de impunidad los envalentona, a partir de 2009 empezamos a ver banditas de robo de vehículo también con violación”, señala.

Aporta un dato: si en todo 2008 la policía municipal registró 475 robos de vehículos sin violencia y seis con violencia, para 2010 el delito se incrementó en 2 mil 233%; al mes eran robados un promedio de mil automóviles y una tercera parte de los despojos fue con violencia.

 “Usaban algunos carros para cometer crímenes; las pick-up las mandaban a la sierra para circular, para el negocio o comercializar; los autos más comerciales eran vendidos y chatarrizaban los carros viejos, que vendían como acero en las yonkes (deshuesaderos) o les quitaban las autopartes”, explica el abogado.

No descarta que algunos de esos automóviles hayan sido vendidos en otros países, ya que la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (Ocrac) ha señalado que autos robados en México han sido localizados en países como Finlandia, Rusia y Bulgaria.

 “Después empezamos a ver el fenómeno de la extorsión en la ciudad: cholos que dejaban papeles en los negocios y cobraban la cuota, eran protegidos por grupos armados que quemaban negocios, camiones, ferreterías o restaurantes o baleaban gente, liderados por los jefes de los cárteles. Además llegaron a la ciudad matando policías, hubo renuncias masivas y menos patrullaje; se armaban células de 30 policías para patrullar”, relata.

Según datos de la organización civil México Evalúa, Chihuahua es una de las ciudades con mayores índices de secuestro y extorsión; los casos reportados son 23 y 122 respectivamente, aunque la mayoría de estos delitos no fueron denunciados.

En el Fideicomiso de Seguridad Pública Municipal para Policías Caídos se tienen registrados 40 efectivos asesinados a partir de 2005, 12 de ellos en los últimos 15 meses. Pero el robo de bancos es el nuevo dolor de cabeza: este año se han registrado 62, la mayoría a partir de agosto.

Con todo, Araiza Reyes señala que en 2011 todos los delitos se han reducido en comparación con 2010 porque los ciudadanos denuncian cuando ven que se va a cometer un ilícito, por las leyes aprobadas (como la que castiga con cárcel a quien se transporte en autos robados), el incremento a las detenciones, el desgaste de los cárteles en cuya lucha han resultado muertas unas 13 mil personas, así como la reestructuración y los cambios administrativos de la Fiscalía General de Justicia.

Él mismo ha sido blanco de la delincuencia: antes de ser secretario de Seguridad Pública municipal sufrió tres robos de partes de su auto, de una laptop de su despacho, un asalto con pistola en el que lo despojaron del coche de un colega, un asalto en el cine, el robo de su camioneta afuera de su casa –en el que se llevaron a uno de sus escoltas que repelió el ataque – y, recientemente, el del automóvil de un familiar.

Sálvese quien pueda

Angélica Villarreal, dueña de locales comerciales, fue otra víctima: en 2008 recibió una llamada telefónica en la que le pedían el pago de una cuota; posteriormente fue a través de un papel deslizado por debajo de la puerta de su casa, en el que un supuesto comandante zeta le advertía que debía “reportarse” o su familia pagaría las consecuencias.

Cuando denunció la extorsión, el policía investigador asignado al caso la citó en un supermercado y le sugirió que pagara. Ella y su familia deshabitaron por un mes su vivienda, sus hijas dejaron de ir a la escuela, dejaron de contestar el teléfono y al poco tiempo se mudaron a un fraccionamiento privado. Supo que un mes después el policía ministerial fue asesinado.

Una joven empresaria que sufrió un asalto armado en septiembre, en plena clase de zumba con otras 20 señoras, dice: “Ya ves todo con desconfianza; si alguien está cerca te da miedo, no contestas llamadas de números que no conoces, estás bien paranoica y por todo te entra la histeria.

 “A todo mundo le ha pasado algo: a mi cuñada un mocoso de 16 años con pistola la bajó de su carro, también a otras tres amigas; a otra le quitaron la bolsa en una pastelería, a otra mientras lavaba su troca, a una más mientras buscaba estacionarse para la misa, a don Rigo en la tienda Salcido, a otra amiga en su cochera, a un amigo le quitaron la nómina frente a sus empleados.”

El taxista Rodrigo Barreiro sufrió la violencia este año a raíz de que asesinaron a su padre Pedro Barreiro Ortiz, un excomandante de la Policía Federal de Caminos, de 82 años, jubilado, que fue torturado y degollado; por poner la denuncia su familia fue amenazada, tuvo que pagar 20 mil pesos para que no secuestraran a su sobrino y en noviembre robaron su camioneta.

 “Hay mucha inseguridad, robo de carro, secuestro exprés, pago de cuotas y algunos sitios de taxis están pagando 5 mil pesos para que no quemen unidades”, se lamenta.

El presidente estatal de la Coparmex, Ignacio Manjarrez Ayub, señala en entrevista que la procuraduría estatal no atendió las denuncias como es debido, por lo que los delincuentes vivieron en un paraíso de impunidad y comenzaron a utilizar violencia para delinquir.

 “Así ocurre cuando las autoridades no asumen su papel de aplicar las leyes: ni los policías municipales hacían labor preventiva ni las autoridades ministeriales investigaban los delitos ya cometidos, ni perseguían al delincuente ni lo procesaban ante un juez. Y a la gente que no se dedicaba a eso, le parece atractivo cometer ilícitos”, señala.

Y añade: “Todo fue muy rápido. De los robos de autos por descuidos de las personas pasamos a delincuentes que se hicieron agresivos y amagaban a la víctima, se privaba a las personas de su libertad. Hubo víctimas golpeadas, mujeres violadas… Todo a partir de 2008”.

Otra de las agraviadas es un ama de casa que se mudó con su familia a Estados Unidos y pidió no ser identificada. En el verano de 2008 fue despojada de su camioneta Cheyenne de doble cabina por un hombre que la sacó de un negocio mientras le apuntaba a la cabeza con una pistola.

 “Cuando puse la denuncia me enteré que era la tercera víctima de esa semana ¡en la misma calle! Los meses siguientes fueron muy difíciles, tuve que ir al psicólogo pero no encontraba paz y tomamos la decisión de salir del país. Un año después regresamos, pero me sentía muy insegura e intranquila. Veíamos cómo ya no eran asaltos, también secuestros y cosas peores, hasta ahora que se nos dio la oportunidad de salir, y esta vez espero que sea definitiva”, narra por correo electrónico.

No existe el dato de cuántos chihua­huenses abandonaron su ciudad. El empresario José Antonio Enríquez Tamez, secretario adjunto del Consejo Estatal de Seguridad Pública, conoce a empresarios que se fueron a vivir a otros lugares, principalmente a Texas o a la Ciudad de México.

 “Había mucho susto, pensábamos que iban a florecer mucho (los grupos paramilitares de autodefensa) pero se han limitado. Desde que se empezaron a presentar los secuestros hace seis años comenzaron a verse muchos escoltas, pero no ha habido un boom extraordinario. A mediados del año pasado había ansiedad por protegerse. Ya se ha hecho una labor importante para bajar secuestros y extorsiones; no están al nivel que queríamos, pero sí es más administrable”, dice.

Una vez superado el pasmo inicial, las cámaras empresariales promovieron pláticas preventivas y manuales sobre autoprotección y cómo reaccionar ante los asaltos.

A partir de octubre de 2009 varios empresarios y académicos desarrollan una página electrónica (www.portubien.com) que permitirá a los ciudadanos poner denuncias anónimas de delitos sin la posibilidad de que sus cuentas electrónicas y computado­ras sean rastreadas. Los informes llegan a las oficinas de los titulares de las dependencias encargadas de brindar seguridad, y mediante una contraseña el ciudadano puede darle seguimiento a su caso.

Durante las campañas electorales, hicieron que los candidatos se comprometieran a llevar a cabo una serie de medidas, como el establecimiento de un Consejo de Seguridad Pública Estatal con seis miembros del gobierno y seis representantes ciudadanos para participar en la toma de decisiones.

Con el impuesto sobre la nómina se creará también un Observatorio Ciudadano similar al de Colombia, en el cual se realizarán estudios a fin de incidir en la toma de decisiones en materia de seguridad.

 “No estamos en un punto deseable todavía, pero creemos que ya tocamos fondo y vamos para arriba”, señala Enríquez Tamez. Y aunque los anuncios de gobierno festejan la disminución de la violencia en el estado, los ciudadanos todavía no la perciben.

Según un estudio del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus Chihuahua, tres cuartas partes de los habitantes de la ciudad se sienten inseguros, creen que la delincuencia ha aumentado y no confían en que 2012 vaya a ser mejor.