La corrupción en los estados

La corrupción en los estados /Gregorio Guerrero Pozas, es contralor general del Instituto Federal Electoral.

Reforma, 17 Ene. 12

En una gran parte de los estados en los que el Poder Ejecutivo tiene mayoría parlamentaria en el Congreso local ha venido sucediendo lo que antes pasaba a nivel federal: el órgano de fiscalización superior (la Contaduría Mayor de Hacienda) tenía, en su operación, una importante influencia del Ejecutivo en turno, que limitaba el alcance y la imparcialidad de las auditorías.

A qué me refiero: aun cuando en la Constitución se establecía que el titular de esa entidad fiscalizadora debería ser elegido por la Cámara de Diputados con la votación de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión, en los hechos (la real politik) el nombramiento provenía del titular del Poder Ejecutivo, quien, mediante una respetuosa sugerencia al líder de la Cámara -de su partido y con mayoría parlamentaria- proponía a quien debía ocupar la titularidad del órgano encargado de revisar las cuentas durante su mandato. En la Cámara se formalizaba el nombramiento y se exaltaba su facultad de nombrar al responsable de cumplir con la obligación del Legislativo de revisar que los recursos públicos que administraba el Poder Ejecutivo se ejercieran con honradez y eficiencia.

Lo anterior tenía como consecuencia y la tiene actualmente en los estados en esas condiciones, que la fiscalización no se ejerza con la independencia de criterio tan necesaria en estas tareas y las auditorías se vuelven laxas y a veces al gusto de quien otorga ese nombramiento por lo que también son, malamente, herramienta de vendettas políticas que poco o nada ayudan a la objetividad con la que deben efectuarse estas revisiones y en los hechos estamos frente a una auténtica simulación.

Necesario es, que los titulares de las auditorías superiores estatales tengan la garantía para ejercer el cargo por el tiempo que fueron elegidos y que su nombramiento sea independiente de la mayoría parlamentaria y libre de la influencia de los partidos. Las auditorías se deben realizar con absoluta independencia de criterio y con autonomía técnica asegurada.

Desde el nacimiento de las auditorías superiores estatales, o sus equivalentes, 21 titulares de esos órganos no cumplieron su mandato -se tuvo acceso a datos en 23 estados- y la mayoría de ellos fueron removidos con la llegada de los nuevos gobernadores. En algunos estados se ha dado más de una remoción y en otros esto no ha ocurrido.

Las auditorías no deben dejar de hacerse para proteger a los leales, ni deben programarse para perjudicar a los enemigos políticos. Deben ser producto de un análisis técnico y científico, basado en antecedentes del ramo revisado, monto de recursos, información comprobada de posibles actos de corrupción, fallas de control interno y otros elementos que posea el órgano revisor. Aquella frase atribuida a Juárez de que "A los amigos, justicia y gracia. A los enemigos, la ley a secas", solo debe de quedar en el anecdotario y no ser aplicada en los actos de fiscalización.

Los hechos conocidos recientemente, sobre el manejo discrecional de los recursos públicos, en algunos estados, debe alertarnos sobre la necesidad de contar con instituciones fiscalizadoras alejadas de la influencia de los gobernantes en turno, órganos más profesionales no integrados por personal que satisfaga cuotas partidistas, sin experiencia en auditoría o en el manejo jurídico de procedimientos administrativos y de responsabilidades.

El énfasis debe ponerse en la elección del titular de los órganos fiscalizadores para que al cambio de gobierno o de la legislatura no se tenga como pretexto que el titular fue elegido favoreciendo intereses partidistas o de grupo.

Los recursos que administran los gobiernos estatales deben ser acompañados por órganos fiscalizadores que manden la señal a la sociedad, que son manejados con eficiencia, eficacia y economía. Que exista la seguridad de que son aplicados para brindar buenos servicios públicos y cumpliendo cabalmente con los programas que cada año son aprobados por los congresos locales.

El combate a la corrupción es un tema prioritario. El manejo de los recursos públicos, la rendición de cuentas, y la transparencia deben estar presentes en los actos de gobierno. La participación de la sociedad en el combate a la corrupción es determinante. Si no existe voluntad política en los gobernantes para evitar este cáncer, los ciudadanos deben exigir cuentas claras y transparencia en todas las acciones gubernamentales.