El reportaje de la Turati (La Tarahumara, de nuevo)

.. Tarahumara: del presidente para abajo, la negligencia

Marcela Turati

Revista Proceso # 1840, 5 de febrero de 2012;

Si bien no es un problema reciente, la tragedia que se abate sobre los habitantes de la Sierra Tarahumara ha sido la gran prueba de reflejos para los gobiernos federal y estatal. Lento uno y otro, indolentes hasta la ignominia, han sido en cambio rápidos para aparentar sensibilidad social y humanitaria con repartos de despensas y desaforadas promesas de ayuda de todo tipo… Esa ayuda fue solicitada por las comunidades antes de que la crisis alcanzara la magnitud actual, pero ni Calderón ni el gobernador Duarte movieron un dedo para procurarla.

Las muertes por desnutrición que se registran en la Sierra Tarahumara son el epílogo de una larga cadena de errores cometidos por el gobierno federal que, a pesar de estar informado desde 2011 de la escasez que se avecinaba, sólo hasta el último minuto y a base de presión social decretó un plan de emergencia humanitaria para los estados del noroeste del país afectados por la sequía sin precedente.

En la pasada gira de Felipe Calderón a Zacatecas, se enfrentó a rancheros furiosos, secos como el paisaje, que le reclamaron por el olvido. Calmó los ánimos diciendo que “nadie va a morir por hambre o sed”. Hasta ese momento –un año después de la advertencia de las organizaciones campesinas de la situación que se avecinaba– tomó en serio la necesidad de ayuda y decretó un plan de emergencia.

El jueves 2 Calderón viajó a la Sierra Tarahumara portando la gorra de jefe de las Fuerzas Armadas, descargó un helicóptero con víveres y garrafones de agua, y ordenó al Ejército y la Marina surtir a las comunidades necesitadas.

Sin embargo, una de las primeras acciones de su gobierno, al estrenar su sexenio, fue excluir a los rarámuris del programa de atención prioritaria a los 125 municipios más pobres, a pesar de que las mediciones de la ONU ubican a seis municipios habitados por rarámuris entre los 10 donde más se concentra la miseria y que las emergencias por hambre son cíclicas.

Además, en el transcurso del sexenio, 20 mil rarámuris fueron dados de baja del padrón de Oportunidades, el programa asistencial más importante del país, según informó Milenio, como castigo por haber incumplido reglas de operación, pues no acudían a escuelas o centros de salud que les quedan a jornadas enteras de caminata.

El gobierno de Chihuahua, a su vez, redujo este año en 24% el presupuesto de la ya de por sí disminuida Coordinación Estatal de la Tarahumara, la oficina que se encargaba de canalizar los apoyos gubernamentales a los indígenas rarámuris, pimas y guarojíos serranos.

La negligencia e insensibilidad de los gobiernos tendrán consecuencias difíciles de contener. Por lo pronto, los niños siguen llegando a los hospitales de la sierra con distintos grados de desnutrición, la escasez de agua originó la primera epidemia de hepatitis en un albergue infantil, se han detectado brotes de sarna por carencia de lo más elemental para la higiene, y los precios de los alimentos se duplican en esta y otras zonas golpeadas por la catástrofe.

“La gente va por agua cada vez más lejos, toma agua estancada que no es buena para el consumo. En las comunidades me he encontrado gente con alergias e infecciones, excoriación en la cara por falta de agua para la higiene, tuberculosis y, obviamente, desnutrición. En un albergue de Sisoguichi con 63 niños, cuatro menores y la directora estaban incapacitados por hepatitis, y un jardín de niños en Basaseáchic entró en cuarentena preventiva para evitar contagio. Preocupa que los niños no acuden a las escuelas o que los adultos se estén enfermando y nadie se dé cuenta”, señala la diputada local Guadalupe Rodríguez.

Y el jesuita José Guadalupe Gasca, director de la clínica Santa Teresita de Creel, que sirve como termómetro de la situación serrana, informa: “Nos siguen llegando niños y niñas; estos días llegaron 24 con diferentes grados de desnutrición y hospitalizamos a tres”. En noviembre falleció la primera. Antes, seis adultos habían muerto por esa causa en Carichí. (Proceso 1837)

Negligencia criminal

Desde febrero de 2011 –cuando una fuerte helada quebró la cubierta vegetal y se pronosticaba la falta de lluvias– las organizaciones campesinas del bloque El Campo no Aguanta Más acudieron a la Secretaría de Agricultura, la Cámara de Diputados y el Senado para pedir que se implementaran medidas preventivas y se lanzara una declaratoria de emergencia que atendiera a cientos de municipios.

“La iniciativa de los agricultores se llamaba ‘El hambre no espera’, presentamos documentos, hicimos conferencias de prensa, tuvimos reuniones con legisladores y funcionarios. Y en una reunión en el Senado, el presidente de la Comisión de Agricultura, Alberto Cárdenas, dijo: ‘en México nadie se muere de hambre, a mí me dijeron que quien no trabaja no come’, minimizando el problema como hasta el día de hoy lo hacen los secretarios de Economía y Agricultura”, se queja Víctor Suárez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo (Anec).

Las organizaciones campesinas pedían, desde entonces, que se constituyera una reserva de alimentos que amortiguara la crisis; el impulso de siembras en el altiplano, el bajo occidente y el sur-sureste del país para compensar la pérdida de cosechas del norte; programas de empleo temporal para compensar el ingreso de los campesinos en desgracia; la extensión de los programas de abasto social de leche de Liconsa y de tiendas comunitarias Diconsa (que evitan el aumento de precios), así como el establecimiento de comedores populares.

Los documentos están fechados en febrero de 2011, un año antes de que el presidente diera el banderazo de salida a los tráileres y helicópteros destinados a salvar vidas.

“Se anticipó con suficiente tiempo y el gobierno hizo caso omiso de esas advertencias, de esas señales y las propuestas que permitían enfrentar la emergencia y sentar las bases de un cambio de modelo, puesto que ya veíamos venir, además de la sequía y las heladas, la duplicación y triplicación de los precios internacionales de los alimentos”, dice Suárez.

La sequía golpeó a mil 213 municipios de 19 estados, aunque los más afectados fueron Chihuahua, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas.

A la falta de planeación se sumó la lentitud para tomar decisiones y las luchas partidistas.

En enero el presidente vetó 10 mil millones de pesos aprobados por el Congreso de la Unión para atender la emergencia, bajo el argumento de que se arriesgaba la estabilidad financiera. Apenas la semana pasada anunció el cambio de las reglas del Fondo Nacional de Desastres (Fonden), que permitirá a los estados disponer de recursos catastróficos también por causa de las sequías.

Aunque la Secretaría de Hacienda liberó en noviembre las indemnizaciones de los seguros de riesgo por pérdida de cosechas, sólo Durango e Hidalgo han entregado a los productores los recursos y 17 administraciones estatales los han retenido.

Ni las críticas de los partidos políticos al veto. Ni las marchas de campesinos. Ni los reportes de las primeras muertes por desnutrición hicieron mella en el Ejecutivo. Fue hasta que las redes sociales difundieron el video en el que el productor chihuahuense Ramón Gardea señalaba que 50 rarámuris se habían suicidado por hambre (información que luego fue desmentida por las autoridades), lo que provocó una masiva solidaridad ciudadana y la apertura de centros de acopio de alimentos, cuando Calderón reaccionó.

El 25 de enero lanzó un “acuerdo de acciones para mitigar los efectos de la sequía”, por el cual se destinan 33 mil millones de pesos como ayuda a las zonas siniestradas, y ordenó las visitas de brigadas de salud, el surtido permanente de tambos con agua, la perforación de pozos y la aceleración de entrega de recursos de programas sociales. Posteriormente, la Sedesol anunció hasta la construcción de viviendas para indígenas en la Tarahumara.

“No basta el trabajo local ni basta el suministro de provisiones o agua potable. Se necesitan medidas de largo plazo que enfrenten estructuralmente y a nivel global la problemática del cambio climático”, dijo, cuando faltan 10 meses para concluir su sexenio.

La misma lentitud mostró el gobierno de Chihuahua.

El jesuita Javier El Pato Ávila, con casi cuatro décadas en la sierra, señaló que hace cuatro meses los miembros del Programa Interinstitucional de Atención al Indígena de Chihuahua –donde él participa– pidieron al gobernador César Duarte que solicitara la declaratoria de emergencia para la Sierra Tarahumara, pero no los escuchó.

El sacerdote solicitó dos veces una entrevista con el mandatario estatal para plantearle la difícil situación que se vivía, pero nunca lo recibió. Posteriormente, el gobierno acordó con las organizaciones sociales repartir alimentos conjuntamente, pero no quiso quitar los logotipos de su gobierno, como se le pidió.

“De repente los gobiernos estatal y federal comenzaron sus repartideros de despensas, porque hasta que brinca el indígena en el escenario se dan cuenta de que existe y que tiene hambre. Además, estamos en época electoral, estoy seguro de que Felipe Calderón vino porque el estado (gobernado por un priista) le estaba ganando y pintando la sierra, y Duarte comenzó a repartir en regiones donde no hay emergencia alimentaria y, como se publicó, para tomarse la foto. Es lamentable que en estos momentos la federación y el estado se peleen y entre las patas del caballo quede el pueblo, que se ponga en riesgo el hambre del pueblo a cambio de votos”, critica.

El también presidente de la Comisión para la Solidaridad y la Promoción de los Derechos Humanos (Cosyddhac) reprueba que la entrega se realice de una manera asistencialista, no consensuada con los pueblos indígenas, aunque, dice, podrían organizarse brigadas de mejoramiento de la tierra y captación de agua y cuidado de los bosques.

“Al indígena no lo han pelado cuando le instalan su proyecto minero y le sacan millones de sus tierras, ni cuando lo desplazan con sus proyectos turísticos o forestales ni durante los conflictos territoriales, o cuando pide autonomía. Ahora sí se dan cuenta que tiene hambre por una noticia falsa, entonces sí reaccionan”, dice.

Carlos Zarco, director de Oxfam-México, organización internacional enfocada al derecho a la alimentación, señala que en la Tarahumara se conjuntó la falta de lluvias, la carencia de infraestructura para la captación de aguas (95% se filtra o escurre), la sobreexplotación de suelos y la deforestación, y dice que aunque el gobierno conocía perfectamente la situación que se avecinaba, no echó a andar políticas preventivas para atajar la crisis.

Menciona que es necesario, además de entregar despensas, realizar antes de julio proyectos de conservación de suelos y retención de agua mediante pequeñas infraestructuras comunitarias, así como sembrar huertos de autoconsumo para que la gente tenga una reserva de alimentos para el próximo ciclo. Cada proyecto costaría 300 mil pesos.

En un recorrido que hizo recientemente por la sierra para constatar la situación, Zarco detectó las fallas en la repartición de alimentos: “No están informando previamente a las comunidades que va a llegar la ayuda y los camiones llegan de pronto, normalmente al pie de carretera, y cuando la gente se entera y llega –tras caminar horas– ya no encuentra nada. Nos reportaron casos de funcionarios que venden las despensas a 30 pesos, pero no tenemos pruebas. También se reparten distintos tipos de despensas, las del gobierno federal, las estatales, las voluntarias, las que llegan a la diócesis, así que la distribución es poco eficaz”.

La diputada Rodríguez menciona que la ayuda está llegando a comunidades semiurbanas, de fácil acceso, y no a las retiradas que necesitan más apoyo.

El jesuita Gasca da un reporte similar: “La ayuda está llegando a los centros de población más grandes y ahí les toca a los vecinos, pero no a las personas que viven más lejos o a los que no se dieron cuenta o no se apuntaron; se dan casos de que algunos van pero no reciben porque no aparecen en el censo o porque van sin identificación. Algunos no pueden cargar sus 30 kilos y los terminan vendiendo barato a los coyotes. Nosotros, a diferencia de los gobiernos, confiamos en las estructuras comunitarias: entregamos las despensas a través de los gobernadores rarámuris, los capitanes y sus policías porque entre ellos se conocen, organizan y ayudan”.

La pregunta que queda en el aire es si los gobiernos federal y estatales se coordinarán para enfrentar la emergencia y  sostendrán el apoyo (de víveres y agua) hasta octubre próximo, aun pasadas las elecciones. De ello depende la supervivencia de miles de familias.