El Secretario Alejandro Poiré; conferencia de prensa

El Secretario Alejandro Poiré; conferencia de prensa

Martes 7 de febrero de 2012

Dijo que la defensa y protección de los derechos humanos son la más alta prioridad de este gobierno: señaló también los tres puntos a los que se ha comprometido el Gobierno del Presidente Calderón en la materia: 1) Los derechos humanos son una política de Estado que deben permear todas las actividades del Estado Mexicano y estar en la agenda de los tres órdenes de Gobierno, 2) El Gobierno Federal seguirá trabajando incansablemente en favor del proceso de institucionalización de la CNDH y 3) la Estrategia Nacional de Seguridad emprendida por el Gobierno de la República reafirma y fortalece la protección de los derechos humanos como uno de sus principales ejes.

Dijo que el gobierno seguirá atendiendo todas las recomendaciones de la CNDH, informó también que de las 20 mil quejas recibidas en 2011, se emitieron un total de 95 recomendaciones, de las cuales, 75 han sido emitidas a dependencias del Gobierno Federal y de las cuales el 94 por ciento ya han sido aceptadas. Agregó que 52 recomendaciones fueron dirigidas a instituciones relacionadas con la seguridad pública de la siguiente forma: 15 para la Secretaría de Seguridad Pública Federal, seis a la PGR, 25 a la Secretaría de la Defensa y seis a la Secretaría de Marina. Puntualizó que de las 8 mil 747 quejas recibidas por la CNDH y ya concluidas en el 2011, estas 52 recomendaciones dirigidas a las instituciones relacionadas con la Seguridad Pública, representan el 0.5 por ciento del total.

Otra instrucción presidencial más, abundó el Secretario de Gobernación, es la de atender y cumplir puntualmente las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Alejandro Poiré, Secretario de Gobernación, Conferencia (textual)

 “Les agradezco mucho su presencia esta mañana.

Como ustedes saben, el pasado viernes 3 de febrero, el doctor Raúl Plascencia, Presidente de la CNDH, presentó su Informe de Actividades correspondiente al 2011 en la Residencia Oficial de Los Pinos. Al término de la presentación del Informe del doctor Plascencia, el Presidente de la República, el licenciado Felipe Calderón Hinojosa, expuso los avances más importantes del Gobierno Federal en materia de protección, promoción y defensa de los derechos humanos en nuestro país.

En su mensaje, el Presidente Calderón expresó su reconocimiento al doctor Plascencia por la labor que ha realizado al frente de la Comisión y destacó todos los puntos de coincidencia entre las políticas en materia de derechos humanos del Gobierno Federal con los puntos sustantivos del Informe presentado por el Presidente de la Comisión.

Sin duda, es claro que aún tenemos tareas pendientes y retos por resolver. Los derechos humanos han sido, son y serán, hasta el último día de este Gobierno, la más alta prioridad.

El Gobierno Federal defiende los derechos humanos no solamente por convicción, sino con el más alto sentido de responsabilidad que nos fue encomendado por la ciudadanía.

El firme compromiso del Presidente con los derechos humanos se refleja, principalmente, en los siguientes compromisos:

Primero. Los derechos humanos son una política de Estado, deben permear todas las actividades del Estado Mexicano, deben estar en la agenda de política pública de los tres órdenes de Gobierno, deben permear también las decisiones de los tres Poderes de la Unión.

Segundo. El Gobierno Federal seguirá trabajando, incansablemente, en favor del proceso de institucionalización de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Y tercero. La Estrategia Nacional de Seguridad emprendida por el Gobierno de la República reafirma y fortalece la protección de los derechos humanos como uno de sus principales ejes.

El Estado Mexicano debe estar consciente que para proteger, promover y defender los derechos humanos es preciso acelerar el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y de justicia en los tres órdenes de Gobierno, de manera particular en el orden local.

Y por esta razón, el Presidente de la República ha instruido siete acciones de las que ahora doy algunos detalles y mayor información.

La primera. Establecer y actualizar las directivas y los protocolos de la participación de las Fuerzas Federales en tareas de seguridad pública.

El objetivo es garantizar, en todo momento, que la actuación de las Fuerzas Federales esté plenamente apegada a la legalidad y al  respeto absoluto a los derechos humanos.

Tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la Secretaría de Marina Armada de México han firmado diversos convenios de colaboración con la CNDH para capacitar y, más aún, sensibilizar a sus elementos.

Segunda. Atender a las víctimas y trabajar, de manera coordinada, con las autoridades locales en la búsqueda de las personas desaparecidas.

En un esfuerzo interinstitucional sin precedente se está creando una base de datos confiable de personas no localizadas y en esta tarea participan el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República, las fiscalías y procuradurías de todas las entidades del país y la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de la Violencia, Províctima y también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En cumplimiento de esta instrucción del Presidente de la República, estaré trabajando con los gobernadores de los estados y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal a fin de acelerar el paso para contar a la brevedad con esta base de datos que la sociedad nos demanda con urgencia.

Es importante recalcar que en sus primeros cien días de operación Províctima ha apoyado ya a cerca de 4 mil personas en todo el país y que, en fecha próxima, el Titular del Ejecutivo enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de ley para fortalecer la atención y la protección de los derechos de las víctimas.

Tercera. El Gobierno de la República seguirá atendiendo todas las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y sobre el informe de esta Comisión destaco lo siguiente:

De las 20 mil quejas recibidas por la CNDH en 2011, se emitieron un total de 95 recomendaciones; de estas 95 recomendaciones, 75 han sido emitidas a dependencias del Gobierno Federal, de las cuales el 94 por ciento ya han sido aceptadas y 52 recomendaciones fueron dirigidas a instituciones relacionadas con la seguridad pública de la siguiente forma:

Quince de ellas a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, seis a la Procuraduría General de la República, 25 a la Secretaría de la Defensa y seis a la Secretaría de Marina.

De las 8 mil 747 quejas recibidas por la CNDH y ya concluidas en el 2011, estas 52 recomendaciones dirigidas a las instituciones relacionadas con la Seguridad Pública, representan el 0.5 por ciento del total.

Cuarta. Atender y cumplir puntualmente las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Gobierno Mexicano está cumpliendo a cabalidad con las sentencias de la Corte Interamericana, en particular en lo que se refiere a los casos del señor Rosendo Radilla y de la señora Valentina Rosendo Cantú.

En todo momento el Gobierno Federal ha estado abierto al escrutinio público por parte de las autoridades internacionales en esta materia.

Seguiremos atentos al calendario de las visitas de las autoridades internacionales en materia de derechos humanos y garantizamos el otorgar las condiciones y toda la información que nos sea solicitada.

México se mantiene abierto al escrutinio internacional en la materia y respetuoso de las consideraciones que se hagan al respecto.

Quinta. Intensificar la capacitación de los servidores públicos en todas las instituciones federales en materia de seguridad y derechos humanos.

El énfasis de esta labor se ha centrado en dos objetivos muy claros: Erradicar las violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Federales encargadas de las labores de seguridad y, además, promover la participación activa de estos servidores públicos en la promoción y la defensa de los derechos humanos.

A fin de lograr estos dos objetivos, la CNDH ha colaborado con el Gobierno Federal en la capacitación de las Fuerzas Armadas, la Policía Federal y el Ministerio Público.

Sexta. Ésta es una labor muy importante: Seguir adelante en la misión de proteger a periodistas y defensores de los derechos humanos.

Hasta el momento, el Mecanismo de Protección a Periodista en el que también participan representantes de las Naciones Unidas, ha atendido todos y cada uno de los 11 casos que se han presentado, estamos ofreciendo protección a los afectados.

Y también en esa medida seguiremos intensificando las labores para garantizar la ampliación de este mecanismo.

Como se ha reiterado, en un comunicado emitido por la Secretaría a mi cargo en días pasados, el Gobierno Federal condena enérgicamente las agresiones en las que resultó herida Norma Esther Andrade.

Reitero nuestro compromiso para proteger, sin excepción, a las y los defensores de derechos humanos, cuando así lo soliciten.

En el caso de la atención brindada por la Secretaría a mi cargo, a partir del viernes pasado la activista Norma Esther Andrade, a solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Secretaría de Gobernación atendió de inmediato los procedimientos correspondientes para brindarle a Norma Esther Andrade la protección a su seguridad e integridad.

El Gobierno del Presidente de la República redoblará sus esfuerzos con diversas organizaciones civiles, a fin de contar con un Mecanismo de Protección Federal más eficaz y más amplio de las y los periodistas y los defensores de los derechos humanos.

Y séptima. A partir de la instrucción del Presidente de la República, estaremos promoviendo los cambios jurídicos y de armonización legislativa que aún hacen falta, incluyendo señaladamente la iniciativa que moderniza el fuero militar.

En tanto no esté aprobada esta iniciativa, el Presidente Calderón ha instruido a la PGR, y a las Secretarías de Defensa y Marina, a explorar los mecanismos para que sin violentar la ley, en los casos de violaciones de derechos humanos en que sean acusados integrantes de las Fuerzas Armadas, se busque la manera de transferir o declinar la competencia militar en favor de los Ministerios Públicos y de los jueces civiles.

Quiero resaltar que la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, la Reforma Constitucional en materia de Amparo, y la Reforma al Sistema de Justicia Penal constituyen la mayor ampliación de libertades y garantías que se haya realizado en México en décadas.

Un ejemplo de ello es el fortalecimiento institucional de la CNDH. En efecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un órgano autónomo que hoy cuenta, además, con mayores facultades, entre las que están la investigación por violaciones graves a los derechos humanos, la vigilancia del cumplimiento de las recomendaciones emitidas y aceptadas, y la ampliación de su competencia.

Las Reformas en materia de Derechos Humanos son prueba adicional del compromiso del Ejecutivo Federal con la Comisión Nacional y las Comisiones Estatales de la materia en todo el país.

Amigas y amigos de los medios de comunicación, la seguridad democrática y el Estado de Derecho son imposibles sin la protección y la defensa de los derechos humanos.

Es muy claro para el Gobierno de la República que no existe un dilema entre la protección efectiva de los derechos humanos y la seguridad, todo lo contrario.

En nuestro país es inaceptable cualquier agravio a la persona, a sus derechos o a sus libertades fundamentales y, por ello, es necesario mantener la protección y la defensa de los derechos humanos en todos los ámbitos de actuación del Estado Mexicano.

Se debe acelerar el paso del fortalecimiento de las instituciones de seguridad y de justicia y seguir adelante, con firmeza y determinación, en el combate a los delincuentes que lastiman a las familias mexicanas.

En el Gobierno Federal nuestro compromiso es seguir trabajando por la seguridad, la justicia, así como la integridad y la dignidad de todos los mexicanos.

Gracias, tengo tiempo para sus preguntas.

- Pregunta: Yo quisiera preguntarle, hablando de derechos humanos cómo evitar, por ejemplo, que las manifestaciones que se han hecho durante las giras del Ejecutivo se vuelvan o tomen tintes electorales, sobre todo, porque reclaman derechos humanos, pero cada vez se ven más recurrentes.

- Secretario Alejandro Poiré: México es un país en donde se ejerce libremente el derecho de asociación y el derecho la libertad de expresión. Así seguirá siendo.

Y estamos entrando a un periodo de campañas, y en ese periodo de campañas el Gobierno de la República garantizará el libre ejercicio de estos derechos.

- Pregunta: Dos consultas. Nos podría detallar qué van a hacer en el caso de las quejas que resultaron con sustentos, hizo referencia a 25 de la SEDENA. De qué son y qué se va hacer. Porque, en efecto, es un porcentaje menor el que usted está mencionando. Pero definitivamente hay muchas familias que están ya afectadas para siempre por la labor o por la agresión de elementos de las Fuerzas Armadas.

En esta ley que va a enviar el Ejecutivo, va a haber una bolsa para la reparación del daño. Porque ya son muchos meses que se ha oído hablar de la reparación del daño, pero no se sabe a ciencia cierta de qué manera está operando.

Y en segundo lugar, si me pudiera comentar también qué perspectiva tienen, qué cronograma para la base de datos, porque de igual forma, quizá un año o más hemos escuchado que el Gobierno reconoce de esta necesidad e, incluso, con las mismas palabras, tanto usted como sus antecesores se han referido de que es una urgencia, de que ya mero, pero nada más no procede.

Y en tercer lugar, si hay alguna perspectiva por parte del Gobierno Federal de investigación de las acusaciones que se hicieron en el contexto del proceso interno del PAN sobre el uso de recursos para la promoción del voto, obviamente de los precandidatos panistas.

- Secretario Alejandro Poiré: Bien, con respecto a ésta última, cualquier denuncia al respecto deberá ser investigada y llevada hasta sus últimas consecuencias.

Se ha dicho con toda claridad: Es absolutamente inadmisible que para cualquier motivo distinto del que establece la ley se haga un uso indebido de los recursos gubernamentales en todos los órdenes de Gobierno, de la responsabilidad y el compromiso del Gobierno Federal y así actuaremos en consecuencia en los casos específicos que se hagan del conocimiento de la autoridad.

Con respecto a la base de datos, en efecto, es un dato muy importante. Como lo he señalado, estaré acelerando el trabajo con los distintos gobiernos de las entidades federativas, vamos a tener eventualmente en las próximas semanas, quizá durante este mes o el próximo una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública y ahí tendremos que dar cuenta del avance específico de esta base de datos y de los mecanismos concretos, no solamente a nivel Federal sino por parte de todas las entidades federativas.

Creo que va a ser un…

- Pregunta: Cuándo estaría lista.

- Secretario Alejandro Poiré: En ese momento daremos la información y creo que es un buen momento, precisamente, para estar ciertos no solamente de que ya está lista, sino que la ciudadanía puede empezar a recurrir de manera sistemática a un mecanismo concreto y eficaz para poder dar a conocer cuando se den estos casos lamentables.

Finalmente, como ya se ha informado en distintos casos respecto de las distintas dependencias gubernamentales, en muchas ocasiones cuando hay recomendaciones de por medio, ya se han dado algunos pasos, algunos de ellos significativos, importantes por parte de las dependencias federales, tanto en lo que se refiere a la reparación del daño, como en lo que se refiere, incluso, a procesos penales que pudieran derivarse de alguna violación en materia de derechos humanos.

La información específica, por supuesto, la puede ir avanzando, con respecto a tu pregunta, la Secretaría de la Defensa Nacional.

El punto relevante que quisiera yo destacar es que el objetivo es que no existan violaciones a los derechos humanos. Y para poder generar ese objetivo se necesitan fundamentalmente dos cosas:

Primero, que no haya impunidad. Y, precisamente, cuando se llega a dar un caso de violación a los derechos humanos, el Gobierno de la República está actuando en el marco de la ley con una gran firmeza para que no haya impunidad en cada uno de esos casos.

Y segundo. El poder contar con todos los mecanismos de capacitación y de desarrollo de las propias Fuerzas Federales y los protocolos correspondientes para prevenir algún caso posible de violación en materia de derechos humanos.

Se va a ampliar la capacitación, que ya es muy amplia en la materia, y se van a actualizar y a establecer los protocolos correspondientes, precisamente de eso se trata la instrucción del Presidente de la República.

- Pregunta: Pero reparación del daño, la gente está recibiendo reparación del daño.

- Secretario Alejandro Poiré: En algunos casos sí, desde luego y ciertamente la información precisa la tendría que dar cada una de las dependencias de manera concreta.

- Pregunta: Mis preguntas son un poco fuera del tema tal vez del que hoy vino a hablar, pero que finalmente usted debería de saber. Un poco es preguntarle si ya hay alguna solicitud por parte de algún candidato para otorgarle seguridad.

Y si nos pudiera precisar si Secretaría de Gobernación, en comunicación con el IFE, se encuentran analizando cómo minimizar los efectos del crimen organizado en municipios y alcaldías donde han sido ejecutados estos políticos en funciones.

También me gustaría saber, el espionaje telefónico, cómo va a garantizar la Secretaría de Gobernación a los candidatos que no serán espiados cuando en su propio partido de usted, del PAN, se dio este fenómeno. Y si dejarán de lado las denuncias que se presentó en su momento por parte de los precandidatos del PAN con relación a este tema del espionaje telefónico, porque ahora la candidata ganadora dice que es vuelta a la página, pero finalmente las denuncias existen.

Y saber en qué va el tema de Veracruz con los 25 millones de pesos. Y lo del caso de los ex gobernadores de Tamaulipas. Sé que son muchas preguntas.

Y por último, con relación a esta base de datos que usted habla, si pudiera ser más específico sobre este tema de cómo se hace esta base de datos, porque si bien nosotros como reporteros encontramos que hay ya sitios Web en estados, que, incluso, por ejemplo el SEMEFO cuenta ya con fotografías de desaparecidos, de personas que están ya muertas, obviamente, las huellas dactilares.

Qué tanta coordinación hay con las entidades.

Y si usted dice que se van a reunir con los gobernadores es, precisamente, porque adolecen ellos en, cierta forma, de estas bases de datos.

Qué tanto han avanzado.

- Secretario Alejandro Poiré: El punto relevante respecto a esta última pregunta es el siguiente:

Varias entidades de la República, el propio Gobierno Federal, ya tienen esfuerzos sistemáticos para poder identificar, con toda claridad, cuando hay una persona desaparecida y tratarla de vincular a cualquier otro elemento de información que se pudiera tener en bases de datos de seguridad pública o, incluso, de los casos de los servicios forenses, etcétera.

¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que si una persona en un día, en cualquier entidad de la República, identifica a un familiar, a una persona cercana que no la encuentra, que lo pueda reportar a la autoridad competente, que evidentemente es una autoridad del fuero común, a nivel local, que eso genere una solicitud de información no solamente para las bases de datos locales, no solamente, también como ocurre en muchos casos, para Plataforma México, sino para una base de datos que esté disponible para todas las dependencias del Gobierno Federal y para todas las entidades de la República.

Y que se vayan pudiendo recabar los elementos de identificación de esa persona para que si el día de mañana una persona aparece, por ejemplo, en una liberación de un secuestro en otra entidad o es identificada por parte de alguna fuerza de seguridad como alguien detenido por un grupo delictivo, o lamentablemente se da el caso de que se encuentren una persona fallecida, que se pueda hacer la identificación lo antes posible.

Y para eso se necesita vincular no solamente las solicitudes o la identificación de las personas que no se encuentran, sino también las bases de datos de personas liberadas de secuestro, de personas que están eventualmente identificadas en algún homicidio en alguna otra entidad de la República.

Ese es el trabajo importante que se tiene que hacer, el integrar todos esos esfuerzos que se están haciendo, hoy día, a nivel de las entidades federativas y del Gobierno Federal.

Precisamente para eso tenemos un Sistema Nacional de Seguridad Pública, precisamente, para coordinar esfuerzos de esa naturaleza.

Y, precisamente, por eso también es un trabajo que requiere de coordinación y que vamos a acelerar para poder tener lo antes posible ya funcional esta base de datos y este mecanismo, que como ya se ha mencionado, sí existe, desde luego, en el caso de Plataforma México y el Gobierno Federal, pero lo tenemos que integrar también con los esfuerzos que se hacen a niveles de los estados.

Las preguntas respecto al caso del dinero del Gobierno de Veracruz y de los ex gobernadores, el avance de las investigaciones corresponde, desde luego, señalarlo a la Procuraduría General de la República.

Yo subrayaría lo siguiente:

El Gobierno de la República no hace ni hará jamás un uso político de la justicia, pero existe la obligación del Ministerio Público de actuar conforme a la información que obra en su poder, tiene obligaciones de ley y tiene también responsabilidades respecto de denuncias que se pueden presentar o de hechos que se pueden presentar también.

Eso es exactamente también lo que se tiene que hacer con respecto a cualquier denuncia de espionaje que se presente en el seno de la Procuraduría General de la República, se tiene que investigar, se tienen que esclarecer los hechos, se tiene que impartir justicia.

Esa no es una decisión optativa del Ministerio Público, es su obligación por ministerio de ley, y ese es además el signo de la Administración Pública Federal: El estricto apego a la legalidad, con los límites que la ley nos impone, pero también cumpliendo las obligaciones que nos manifiesta.

Se sigue trabajando con el Instituto Federal Electoral, se seguirá trabajando en la identificación de posibles incidentes o posibles elementos que signifiquen riesgo.

Nosotros seguimos trabajando además en el ámbito de la estrategia de seguridad, de la mano de las autoridades locales precisamente para identificar aquellas zonas en las cuales tenemos que tener mayor atención y mayores capacidades preventivas en torno a la participación del crimen organizado en los meses por venir, y específicamente respecto a la seguridad para los candidatos.

El convenio que firmamos con el IFE justamente eso es lo que facilita, mecanismos concretos, específicos, procedimientos de operación que tenemos que establecer directamente con las distintas alternativas políticas para la seguridad de sus candidatos presidenciales, y se viene trabajando en ese sentido.

- Pregunta: Primero que nada quisiera saber. En Estados Unidos la campaña del Presidente Barack Obama informó que va a devolver el dinero que fue donado por los familiares de Juan José Rojas, conocido como El Zar de los Casinos.

Sobre esta persona quisiera saber qué sucede en México. Hay alguna investigación abierta, las autoridades le dan seguimiento al caso.

Y volviendo al tema de los derechos humanos, cómo establecer mecanismos de protección para los activistas, cuando al mismo tiempo siguen sucediendo los ataques.

Se habla que hay dos activistas desaparecidos en Guerrero, y hoy se está informando que la señora Andrade va salir de México, lo cual parecería indicar que no hay garantías en el país para estas personas que sufren estos ataques.

- Secretario Alejandro Poiré: Precisamente lo que tenemos es robustecer los mecanismos de coordinación en la protección tanto para las defensoras y los defensores, como para las periodistas y los periodistas. Es muy importante.

Ya tenemos los mecanismos a nivel Federal, necesitamos que estos mecanismos que tenemos a nivel Federal sean no solamente mecanismos federales, sino que estén perfectamente integrados con cada una de las entidades federativas. Y esa es, precisamente, la tarea a la que nos tenemos que abocar. El poder garantizar que estos mecanismos sean mucho más ágiles.

En el caso de los periodistas, como les decía yo, hemos tenido 11 solicitudes al Mecanismo de Protección de los derechos. Las 11 se han atendido.

Y lo que tenemos qué evitar es, precisamente, incidentes en los cuales por alguna situación en la provisión de protección o en la capacidad de algunos de los actores para solicitar la protección no se dé esa protección.

El resultado al final del día que nos preocupa y que nos interesa es garantizar el pleno ejercicio de estas actividades y, por supuesto, que tenemos que hacer mucho más en términos de coordinación y de mejor información para poder garantizar esta seguridad, y en ello estamos trabajando.

Con respecto a su primera pregunta. En este momento no tengo información específica qué ofrecerle, estaremos evaluándola y en su momento se dará la información pertinente.

- Pregunta: Qué tal, buenos días.

Le preguntaría: Estamos viviendo un proceso de elecciones extraordinarias en materia de seguridad, tomando en cuenta este caso de Veracruz donde un grupo de personas armadas irrumpió, estamos hablando de una elección interna, pero también estamos viviendo momentos muy difíciles que en México no se habían visto en otros años.

Y también cómo sustenta la garantía en los derechos humanos, si por lo menos tres estados de la República tienen tres años que no informan cifras en materia de seguridad.

El pasado 16 de enero la misma Secretaría de Seguridad Pública emitió un documento en el que otra vez faltan estos tres estados. Entonces cómo sustentan ustedes los datos para garantizar tanto la seguridad para los desplazados de la violencia, que también no es una cifra clara, como garantizar los derechos humanos cuando estamos enfrentando una situación tan violenta.

- Secretario Alejandro Poiré: La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece obligaciones muy claras para las entidades en materia de la información que tienen qué ofrecer a las autoridades federales para beneficio de la ciudadanía.

En el sitio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública está disponible toda la información que han ido ofreciendo las distintas autoridades estatales en materia de los delitos que más nos preocupan: Robo, secuestro, extorsión, homicidio, todos ellos delitos del fuero común.

Y existen obligaciones muy concretas y posibles sanciones en el caso de que estos lineamientos de información no se cumplan.

Desde luego, los mecanismos de obtención de información se tienen que ir actualizando, los mecanismos de vigilancia ciudadana de la información que se hace pública también se tiene que ir fortaleciendo.

Existe un Centro Nacional de Participación Ciudadana que, precisamente, a eso se dedica y es un tema en el cual, por supuesto, tenemos que poner muchísima atención y darle una gran publicidad de manera sistemática.

La solución al problema de seguridad pasa, por supuesto, por combatir a los delincuentes, por transformar las instituciones de seguridad y de justicia, y por reconstruir el tejido social.

Y una parte crucial de la reconstrucción del tejido social es el abrir los espacios de participación a los ciudadanos para vigilar, precisamente, estos datos, para vigilar precisamente esa información, para que se si se da un dato de cierto número de secuestros o de extorsiones, etcétera, que los ciudadanos puedan decir “Oye, ese dato en particular no cuaja con lo que estamos viviendo en una comunidad”, y que se obligue de esa forma a que las autoridades vayan mejorando su registro y vayan mejorando su reporte.

Creo que es particularmente relevante el garantizar que éste es un trabajo que se está llevando a cabo en todas las entidades del país y que si no se lleva a cabo se haga uso de los distintos instrumentos que la ley y los mecanismos de participación nos dan para poder garantizarlo.

Con respecto a su primera pregunta, lo hemos dicho con toda claridad:

No podemos ignorar el hecho de que pueden existir elementos de la delincuencia con el interés de incidir, con el interés de perturbar distintos procedimientos.

La labor del Gobierno Federal es la de coordinarse bien con las autoridades competentes y sancionar a los responsables de estos delitos.

Así lo estamos haciendo de cara a la Elección Federal del 2012 y así lo estamos identificando en aquellas áreas en las que se trata de un caso, como lo hemos visto con toda claridad, de injerencia de la delincuencia organizada y también en los casos en los que pudieran darse incidentes menores o incidentes que tienen más que ver con alguna dinámica de incidencia local.

En todos los casos vamos a estar de manera sistemática trabajando con las autoridades locales para brindar el respaldo y garantizar una jornada electoral en paz.

- Pregunta: Secretario, muy buenos días.

Conforme al informe que nos acabas de comentar en el punto siete, que dice lo del fuero militar; no será pretexto ya el fuero militar para que los militares acusados pasen a ser juzgados por jueces civiles.

Y si esto no estaría pensándose ya también en el repliegue del Ejército para que no sigan los militares haciendo labores que no les competen.

Y en otro punto, otra pregunta que tengo, es esto que se habla de que los narcos aceptan tregua papal. Se dice que en Guanajuato por la asistencia del Papa Los Templarios le pidieron o el sacerdote le pidió ahí una tregua a Los Templarios y la aceptaron. Ahí qué se va a hacer.

- Secretario Alejandro Poiré: En Guanajuato habrá seguridad basada en el imperio de la ley. En lo que se refiere a la participación de las Fuerzas Armadas, la Constitución establece con toda claridad la responsabilidad de coadyuvar a la autoridad civil para labores de seguridad interior. Eso es el precepto constitucional.

Existe además una ley que establece cuáles son las características bajo las cuales se debe de juzgar a los miembros de las fuerzas armadas.

Ya se ha enviado una iniciativa de reforma justamente para cambiar ese precepto legal.

A la luz de ese precepto legal, existe una instrucción del Presidente de la República para ver caso por caso si se puede declinar la jurisdicción militar a favor de la jurisdicción civil en los casos en los que miembros de las Fuerzas Armadas estén siendo acusados por posibles violaciones en materia de derechos humanos.

Y también existe un trabajo que se tiene que seguir haciendo de parte nuestra con las señoras y señores legisladores para ampliar y fortalecer las reformas en materia del fuero militar conforme a las sentencias que se ha emitido por los órganos jurisdiccionales, tanto nacionales como internacionales en la materia.

Y tenemos que seguir trabajando en ese sentido.

- Pregunta: Qué tal, Secretario, buenas tardes.

Independientemente de la construcción de esta base de datos que usted ha mencionado, existe alguna estimación del Gobierno Federal de cuántas personas están actualmente desaparecidas.

Me imagino que esta base de datos será mucho más precisa en cuanto a los datos personales, pero se tendría que tener al menos un estimado de cuántas personas estamos hablando que están desaparecidas.

En segundo lugar, me gustaría preguntarle, cómo va esta construcción del Mecanismo de Protección a defensoras y defensores de derechos humanos.

Las ONG’s dicen que se reúnen seguido con la Secretaría de Gobernación al respecto. En qué va ese Mecanismo de Protección.

En tercer lugar me gustaría preguntarle, compete al Ejecutivo Federal nombrar al Comisionado que falta del IFAI. En qué va este proceso.

La doctora Marván salió ya hace varias semanas para incorporarse al IFE y todavía no tenemos Comisionado en el IFAI.

También la sociedad civil ha requerido que éste sea un proceso de cara a la ciudadanía en el que puedan confiar en este Comisionado, en el sentido que no tenga vínculos con el poder.

Y mi última pregunta es en relación a los maestros de la CNTE, que en dos ocasiones ya han paralizado el Distrito Federal por oponerse al Examen Universal.

Cuál es la opinión que tiene la Secretaría de Gobernación respecto a estos reclamos de los maestros, se está poniendo en riesgo la Alianza por la Calidad de la Educación.

- Secretario Alejandro Poiré: No tenemos un número específico adicional al que se ha reportado o registrado por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ciertamente se tiene que identificar con toda claridad cada uno de los casos en materia de personas desaparecidas.

En el caso del Mecanismo de Protección, me preguntabas el de periodistas.

- Pregunta: El de defensores.

Secretario Alejandro Poiré: El de defensores de derechos humanos.

Ahí ciertamente tenemos que acelerarlo para poder contar tanto con el mecanismo marco, como con el mecanismo que nos permita ampliar estos procedimientos con los gobiernos de los estados.

Vamos a tener en ocasión próxima una reunión de la Comisión de Política Intergubernamental en la materia y ahí podremos dar avances más precisos respecto al alcance.

Y una cosa que es muy importante, y que seguramente los medios de comunicación nos permitirán y nos ayudarán en ello, es su mayor y mejor divulgación para que los distintos defensores y defensoras en la materia entiendan exactamente de qué se trata este mecanismo, cómo pueden acceder a él y cuáles son las instancias de protección que se pueden ofrecer a través del mismo.

El Ejecutivo Federal estará haciendo el nombramiento del Comisionado del IFAI en estricto apego a legalidad y a los requisitos que ahí se establecen para lo mismo.

Y, desde luego, que nosotros somos respetuosos del derecho a la libre manifestación, trabajamos de manera sistemática para la distensión de los conflictos y para la atención de los mismos en el ámbito de las competencias que así se remarcan, creo que por parte de las distintas áreas educativas, laborales, etcétera.

Creo que es muy importante recordar que tenemos una agenda significativa por el mejoramiento de la calidad educativa y que es una agenda en la cual toda la sociedad está de acuerdo y que tenemos que seguir avanzando.

Y nuestra labor al respecto es la búsqueda de acuerdos, la distensión de los conflictos, el ejercicio de las libertades, pero también en el marco de la responsabilidad que nos impone la ley y la convivencia pacífica en esta ciudad y en el resto del país.