El mayor Arturo González Rodríguez

El mito del “infiltrado” en Los Pinos Gloria Leticia Díaz
Revista Proceso # 1850, 15 de abril de 2012
La detención en 2008 del mayor del Ejército Arturo González Rodríguez causó gran inquietud en el círculo presidencial… Las autoridades difundieron entonces la versión de que el oficial pasaba reportes al cártel de los Beltrán Leyva acerca de las actividades del presidente Calderón. Lo estigmatizaron como el “infiltrado” de la mafia en Los Pinos. Cuatro años después la esposa del militar preso desde 2009 muestra a Proceso lo que, sostiene, son las pruebas de que las acusaciones son falsas y posiblemente las fabricó un general al que su marido había denunciado por actos de corrupción.
En 2007 el mayor Arturo González Rodríguez denunció a un general del Ejército por presuntos actos de corrupción y abuso de autoridad, después de lo cual él mismo fue acusado de supuestos vínculos con el crimen organizado. El denunciante se halla recluido en la cárcel de máxima seguridad de El Rincón, Nayarit, desde marzo de 2009.

El 12 de agosto de 2008, ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), el testigo protegido Jennifer –llamado Roberto López Nájera y quien fue colaborador de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie– acusó a González Rodríguez de tener nexos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva. El testimonio consta en el expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/0241/2008.
En diciembre de 2008 (edición 1677) Proceso reprodujo parte del testimonio de Jennifer, en un reportaje de Ricardo Ravelo. Según el testigo protegido, González cobraba 100 mil dólares al mes “por mantener informados a los Beltrán Leyva de las tareas presidenciales y de las actividades de las secciones séptima y segunda de la Sedena, al tener responsabilidades especiales en el equipo de seguridad presidencial”.
El testigo también acusaba a González de reclutar a militares como sicarios e informantes, de tener una empresa de seguridad y de entrenar a gatilleros, lo mismo del cártel de los Beltrán que de Los Zetas, en un rancho de su propiedad.
Jennifer decía haber conocido a González Rodríguez en la Ciudad de México, éste ya con el grado de mayor en 2004, y que en 2006, aseguraba, el militar empezó a trabajar para los Beltrán.
El oficial fue detenido el 23 de diciembre de 2008 en San Quintín, Chiapas, a donde había sido trasferido en septiembre de ese año después de pertenecer al Primer Batallón de Infantería del Cuerpo de Guardias Presidenciales (CGP) en la Ciudad de México, bajo las órdenes del general Roberto Dawe González.
El traslado a Chiapas fue sorpresivo para el mayor, quien el 16 de septiembre de 2008 envió un documento al comandante del CGP, general Jaime Godínez Ruiz, en el que hizo una detallada relatoría de su trabajo en esa dependencia y de las diferencias que tuvo con Dawe; por ejemplo, sostuvo que este último solía ordenarle dar de baja vehículos militares para venderlos como chatarra a un civil llamado Pedro Alvarado Ambrosio.
Según el testimonio de González, tiempo después de que el general Dawe asumió el cargo de comandante de la Compañía del Cuartel General del CGP, en agosto de 2007, él le ordenó dar de baja unos vehículos VAM con la finalidad de que el propio general adquiriera uno.
Días después, prosigue González, llegó al cuartel el señor Pedro Alvarado “para ver los vehículos que se le entregarían” y le comentó que él había adquirido “casi todos los lotes de desecho ferroso vehicular” del Ejército. González aseguró que Pedro Alvarado le preguntó si tenía vehículos CLE (carro ligero de exploración) “de los que adquirió en otras unidades del Ejército, (porque) se lo(s) regalaría a mi general Dawe”.
El militar sostiene que notificó a Dawe de las intenciones de Alvarado y que el superior le ordenó entregar los vehículos de desecho –una VAM de tres cuartos de tonelada, un jeep y una pick up Dodge– “al hermano del señor Pedro Alvarado, señor Carlos Alvarado Ambrosio”.
González afirma que Alvarado le pidió apoyo a su amigo el general con la finalidad de abrir una “empresa para realizar trámites con la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos y auxiliar a las personas a facilitar los trámites ante esa dirección”. Una vez que aquél instaló su empresa, se entrevistó con Dawe y éste le ordenó al mayor que apoyara a su amigo para que “adquiriera unos helicópteros (y que) viera quién era el comandante de ese escuadrón aéreo”, lo que, asegura González, “nunca” investigó.
En agosto de 2008, continúa, Dawe le ordenó vender casi todo el parque vehicular y que “únicamente nos quedáramos con un vehículo VAM y una pick up, procediendo el suscrito a elaborar todos los trámites correspondientes”.
En su denuncia hizo un recuento del parque vehicular con que contaba su comandancia: siete vehículos jeep VAM; una camioneta pick up Chevrolet; una camioneta pick up Dodge; un camión-cisterna Dodge, tres remolques y una motocicleta Harley-Davidson.
La relatoría –de la que Proceso tiene copia– está acompañada de actas de baja de vehículos y pagos a la Sedena por 39 mil pesos por tres vehículos y otro por 279 mil 875 pesos por “ocho lotes de desecho ferroso vehicular”.
Ambos pagos fueron realizados en la sucursal Tezozómoc del banco HSBC en febrero de 2008 y la empresa que adquirió los vehículos como chatarra es Ram Qui, S.A. de C.V., dedicada a reciclar materiales de desecho.
Acoso y castigo
El 9 de septiembre de 2008 se le notificó a González Rodríguez su traslado a San Quintín, Chiapas. De ahí fue sacado por militares y trasladado a la SIEDO.
“A mi esposo lo sacaron de su trabajo, en el cuartel de San Quintín, Chiapas, miembros del Ejército el 23 de diciembre, y lo entregaron a la SIEDO; le dijeron que sólo tenía que responder unas preguntas, pero nunca le mostraron una orden de aprehensión o de presentación”, relata Karina Pérez González, esposa del militar, en entrevista con Proceso.
Tres días después del arresto, Karina Pérez pudo ver a su esposo en las instalaciones de la SIEDO, donde le informaron que un juez le había dictado un arraigo de 40 días.
Las investigaciones realizadas por la policía y el historial laboral del inculpado en la Sedena, enviados a la SIEDO durante el arraigo –documentos de los que Proceso tiene copia–, desmienten las declaraciones de Jennifer.
El 11 de febrero de 2009 los policías investigadores Humberto Lozano Hidalgo y Jonathan Pozos Naranjo remitieron al agente del Ministerio Público responsable del caso, Faustino Angulo Soberanes, el resultado de las indagatorias sobre el rancho La Rosa, en Villa Nicolás Romero, Estado de México, el que ubica el testigo protegido como propiedad de González Rodríguez y donde supuestamente entrenaba a zetas y a miembros del cártel de los Beltrán Leyva.
Los agentes de la SIEDO notificaron que en realidad el dueño del rancho es Gonzalo Jasso García, quien “fue regidor del municipio de Villa Nicolás Romero, candidato a la presidencia municipal de dicho municipio y actualmente se encuentra privado de su libertad en la penitenciaría de Barrientos (…) al parecer por posesión de drogas y armas”.
En un oficio de la Dirección General de Personal de la Sedena, fechado el 8 de enero de 2009, se asienta que en 2004, cuando el testigo protegido dice haber conocido al “mayor” González Rodríguez en la Ciudad de México, el inculpado estaba en la VII Región Militar, en Chiapas, y era capitán.
Se notifica también que, en Chiapas, González Rodríguez ascendió a mayor el 20 de noviembre de 2006 y el 16 de enero de 2007 causó alta en el primer Batallón de Infantería del CGP; el 1 de agosto se le asignó en la Compañía del Comandante General del CGP; de mayo a octubre de 2008 estuvo comisionado en la Escuela Superior de Guerra y el 1 de septiembre de ese año se trasladó al 38 Batallón de Infantería en Chiapas.
“Desde el principio la SIEDO sabía que las declaraciones del testigo protegido eran falsas; durante el arraigo los agentes solicitaron información a todos los estados de la República y a los bancos para saber si teníamos propiedades, automóviles y cuentas bancarias que no justificaran los ingresos de mi esposo; por supuesto, no encontraron nada”, dice Karina Pérez.
El 22 de enero de 2009 la SIEDO “reforzó” la acusación contra González Rodríguez con el testimonio de otro testigo protegido, María Fernanda (Richard Arroyo Guízar), quien aseguró haber trabajado para la organización de Ismael El Mayo Zambada desde 2001 hasta que se acogió al programa de testigos protegidos en el último trimestre de 2008.
Arroyo Guízar declaró que no conocía a González Rodríguez pero que por “fuentes o informantes que trabajaban para la organización de El Mayo Zambada” tenía conocimiento de que un hombre apodado Pinocho y el mayor “andaban juntos, ya que ambos eran muy amigos”, que estaban al servicio de los Beltrán Leyva y que el militar “se encargaba de presentarles más gente del Ejército a La Barbie y a Gerardo Álvarez Vázquez, El Chayane o El Indio”, además de “proporcionarles protección, información relacionada con los operativos que realizaba el Ejército o cualquier información que le sirviera a los intereses del grupo de los hermanos Beltrán Leyva”.
Versiones contradictorias
El 11 de marzo de 2009 González Rodríguez fue consignado junto con un abogado al que nunca había visto, José Manuel Ramírez Cabañas, originario de Acapulco y señalado por Jennifer como miembro del cártel de los Beltrán Leyva.
Durante el proceso penal, por solicitud de su defensa, la Unidad de Asuntos Jurídicos del Estado Mayor Presidencial informó en septiembre de 2010 que no contaba con registros de que González Rodríguez hubiera laborado en el EMP, datos que fueron ratificados y ampliados en febrero de 2011: “Después de una búsqueda en la base de datos del Estado Mayor Presidencial, no se encontró registro alguno de que el mayor de infantería Arturo González Rodríguez haya prestado sus servicios en este organismo; no estuvo relacionado con la seguridad del presidente de la República ni contaba con información del mismo”.
Sobre las armas extraídas de la fábrica del Ejército o de depósitos de las decomisadas en operativos, así como la presencia del inculpado en las secciones segunda y séptima del Estado Mayor Presidencial, un informe de la Subprocuraduría de Justicia Militar enviado al juzgado de la causa refiere que “no hay faltante de armamento”; que en los archivos castrenses “no existe registro de que (el inculpado) haya participado en operativos o aseguramientos y resguardo de armamento”, y que el mayor González nunca tuvo acceso a las secciones del Ejército señaladas por Jennifer.
En cuanto a la versión del testigo de que González tenía una empresa de seguridad, la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal notificó en noviembre de 2009 al juzgado que tras una búsqueda en el Registro Nacional de Empresas de Seguridad Privada “no se encontró registro alguno” a nombre del mayor como propietario de algún negocio de ese tipo.
En octubre de 2010 y mayo de 2011 El Indio y La Barbie se carearon en videoconferencias con el mayor González. Ambos negaron conocerlo.
El único que ha sostenido su versión es Jennifer, aunque con algunas inconsistencias respecto de su primera declaración, de acuerdo con el careo que se realizó el 21 de septiembre de 2010 entre él y los inculpados a través de una videoconferencia desde el consulado de México en Washington, donde reside el testigo protegido.
Los esfuerzos de la defensa de González para someter a un careo al testigo han sido inútiles. En junio de 2010 el director regional de la DEA, Joseph Evans, notificó a Marisela Morales Ibáñez –entonces titular de la SIEDO– que María Fernanda estaba “en custodia federal en Nueva York” y no podía trasladarse al consulado de México en Washington para declarar en videoconferencia.
Un año después la SIEDO, a cargo de Patricia Bugarín, le notificó al juzgado la imposibilidad de obligar a comparecer a Arroyo Guízar porque “renunció al programa de testigos protegidos”.
Nosotros “hemos demostrado con pruebas fehacientes que 90% de lo dicho por Jennifer y María Fernanda es falso; el resto no lo hemos podido corroborar por las dilaciones del Ministerio Público para presentar a otras personas que fueron mencionadas por Jennifer, pero que después ya no son considerados”, refiere Karina Pérez.
Entre las omisiones está la eliminación, en el expediente, del nombre de Rodolfo Riviello, supuesto sobrino del general Arturo Riviello Bazán, exsecretario de la Defensa Nacional, quien según Jennifer lo presentó con el mayor; también se habla de un comandante de la Policía Federal de nombre Pedro Mena, a cuya esposa, Rosa Castillo, Jennifer le depositó 100 mil pesos e incluso el testigo entregó la ficha de depósito en el banco HSBC. Mena está libre.
“Estamos convencidos de que el proceso judicial lo están dilatando para seguir simulando que se hace justicia; pero la mentira se ha ido derrumbando y ya no hay marcha atrás”, concluye Karina.