El hecho ocurrió el pasado 19 de abril y e descarta que
pudiera haber una conexión entre ambos hechos
Nota de ARTURO ÁNGEL
24 horas, junio 6,
2012
El encuentro que sostuvieron el pasado 19 de abril los
generales Arturo Acosta Chaparro y Tomás Ángeles Dauahare, un día antes de que
el primero fuera asesinado, continúa bajo investigación del Ministerio Público
capitalino, pues no se descarta que pudiera haber una conexión entre ambos
hechos.
Autoridades de la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal (PGJDF) advirtieron que la declaración del abogado José
Antonio Ortega Sánchez, testigo de la reunión, por si misma no desvincula los
hechos, pues resulta significativa tanto la naturaleza de la plática que se
sostuvo como la realización del encuentro horas antes del homicidio.
“En la lógica de un
homicidio cuidadosamente planificado, como se advierte este caso, tiene que
estudiarse a profundidad cualquier elemento que pudiera resultar significativo,
como lo es esa reunión y definir el papel mismo que jugó en el caso”, indicó a
24 HORAS una fuente de la fiscalía.
Por ello, la PGJDF tomará en los próximos días una
declaración ministerial al general Ángeles Dauahare, quien actualmente se
encuentra arraigado por presuntos nexos con la delincuencia organizada, para
cuestionarle en torno a dicha reunión.
Da PGR luz verde
Autoridades de PGR informaron que ya dieron la
autorización correspondiente para que su homóloga local interrogue al general
Ángeles Dauahare en torno al caso del homicidio de Acosta Chaparro y del encuentro
que sostuvieron el 19 de abril en un restaurante de Chapultepec.
Lo que falta por definir es la fecha, explicaron en a
dependencia federal, pues hay que coordinar esta diligencia con las otras que
se llevan a cabo en el Centro Federal de Investigaciones y que corresponden a
la indagatoria federal iniciada contra del mando castrense por presuntos
vínculos con la organización delictiva de Los Beltrán Leyva.
Por otra parte, el general retirado Roberto Dawe González,
investigado por presuntos nexos con la delincuencia organizada, perdió el
último recurso legal que interpuso en contra de su detención y arraigo, luego
de que un juez federal ratificó su negativa de concederle la protección federal
y envió el expediente al archivo.
*
Congela
PGR los bienes de generales arraigados
Rastrean más cuentas bancarias en el país y Estados Unidos
ARTURO ÁNGEL
24 horas, junio 5, 2012
La Procuraduría General de la República (PGR) incautó
provisionalmente inmuebles y cuentas bancarias en las que aparecen como dueños
algunos de los militares sometidos a arraigo por sus presuntos vínculos con el
cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Como parte de las investigaciones, la dependencia analiza
un bloque de más propiedades para determinar si son susceptibles a ser
congeladas o no, por tener un posible origen ilícito.
Funcionarios de la PGR explicaron que se revisa a detalle
el patrimonio económico de los generales de División Diplomados de Estado Mayor
(DEM) retirados Tomás Ángeles Dauahare y
Ricardo Escorcia Vargas, el general Brigadier DEM Roberto Dawe González, y el
Teniente Coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto.
Para ello la Subprocuraduría de Investigación
especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) solicitó la colaboración de la
Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores.
Aunque oficialmente no se informaron los detalles de los
bienes que se analizan, fuentes de la PGR
precisaron a 24 HORAS que se trata de, al menos, ocho propiedades
ubicadas en el Distrito Federal, el estado de México, Morelos y Guerrero,
principalmente.
También se investigan una decena de cuentas bancarias
abiertas en distintas sucursales e instituciones del país por los generales o
sus familiares, varias de las cuales ya fueron congeladas, y se rastrean si
existen otras más en los Estados Unidos.
Hasta el momento, la averiguación previa
PGR/SIEDO/UEIDCS/113/2010 en la que se involucra a los mandos militares se
sustenta, principalmente, en las acusaciones de testigos colaboradores, entre
ellos “Jennifer”, “Mateo”, “Iván”, y
“María Fernanda”, quienes afirman que los militares colaboraban
fundamentalmente con los Beltrán Leyva.
A cambio de esa supuesta colaboración, que incluía entre
otras cosas protección a las operaciones de trasiego de droga e información
sobre operativos y cateos, los mandos castrenses se habrían visto beneficiados
con pagos en efectivo.
Acusaciones no se sostienen: abogado
En entrevista con 24 HORAS el abogado Ricardo Sánchez
Reyes Retana, quien desde la semana pasada encabeza la defensa del Ángeles
Dauahare, aseguró que las acusaciones de los testigos colaboradores contra su
cliente carecen del sustento.
Tras revisar una parte del expediente, comentó, el caso se
sustenta fundamentalmente en dos testimonios, uno de ellos es el de “Jennifer”,
quien solo señala que por terceras personas supo de la colaboración del general
Ángeles con los Beltrán, pero en realidad no lo conoció directamente.
El otro testimonio es el de “Mateo”, quien declaró que en julio del 2008 recogió a
Ángeles Dauahare en un estacionamiento del centro comercial Perisur, y lo
trasladó a una “casa de seguridad” del narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, en
donde se le pagó una fuerte suma de dinero a cambio de información y protección
que le brindaría en su calidad de subsecretario de la Defensa Nacional.
“Se trata de una
conducta penal que no es idónea ya que el general Ángeles ya estaba retirado
para esa fecha, además de que ese tipo de información no pasaba por sus manos,
pues sus actividades eran administrativas (…), además desde el 26 de junio de ese año había partido a Alemania
y no regresó hasta dos meses después”, indicó el abogado.
En este contexto dijo que aportó al Ministerio Público las
pruebas que deberán desvirtuar los señalamientos de los testigos colaboradores.
El abogado confirmó además que tres inmuebles del general
Ángeles y de su familia ya fueron intervenidos por la PGR, y se congeló además
la cuenta bancaria del mando castrense, en la que percibe su pensión.
No obstante, precisó que todas esas propiedades en suma no
superan los cuatro millones de pesos, y
lo que está a nombre de Ángeles se justifica con sus ahorros de 46 años
de trabajo en la secretaría de la Defensa Nacional.
Acusa hija hostigamiento oficial
Adriana Ángeles, hija del general Tomás Ángeles Dauahare,
dijo en entrevista con este diario que
tras la detención de su padre ha sido constante el “hostigamiento” de las
autoridades federales, y la última acción fue el aseguramiento de sus bienes.
La casa de Cuernavaca que incautó la noche de ayer la PGR,
aparece a nombre de su padre, pero es producto de la herencia de su abuela, lo
que ya se acreditó con las escrituras y cesión de derechos ante el Ministerio
Público.
La hija del general confirmó que una cuenta bancaria de su
hermana ya había sido congelada, además de la de su padre, situaciones que
consideró como una “agresión y hostigamiento” en contra de la familia.
“A mi papá ya lo
afectaron, no estamos seguros que hayan suspendido la pensión, o por el
congelamiento de su cuenta ya no tiene acceso a la prensión que es de lo que
viven mis papás, le bloquearon su ingreso”, dijo Adriana Ángeles.
Por el momento, dijo, el general se encuentra bien de
salud en el Centro de Arraigos de la PGR, y dijo que tras unas complicaciones
iniciales, ya cuenta con sus medicamentos.
*
Y el general Tomás Ángeles… a la Lotería Nacional
La tarea del militar era aplicar fuertes medidas de
seguridad en las instalaciones de la instancia pero de manera “quirúrgica”
ALFREDO JOYNER Y ARTURO ÁNGEL
24 horas, mayo 30, 2012
El
general Tomás Ángeles Dauahare, arraigado junto con otros tres militares por
presuntos vínculos con el narcotráfico, fue asesor en la Lotería Nacional
durante dos años, de 2010 a 2011.
Su tarea, de acuerdo con fuentes consultadas, era aplicar
fuertes medidas de seguridad en las instalaciones de la Lotería pero de manera
“quirúrgica”, sin disuadir a los visitantes.
Asimismo, daba recomendaciones de cursos al personal y
elaboraba manuales de protección civil.
Llegó al organismo descentralizado para colaborar, por
sugerencia del capitán Raúl Pazos Hernández, con el director Benjamín González
Roaro, con quien el militar estuvo desde que encabezó el ISSSTE, durante la
administración de Vicente Fox.
El capitán Pazos fue administrador del Casino Naval y tuvo
relación con otro personaje arraigado por sus presuntos vínculos con el
narcotráfico, José Gerardo Ortega Maya, cuñado del ex secretario de Marina,
Luis Ricardo Cano Angulo.
Cuñado, ligado a zetas
Por sus presuntos nexos con la organización delictiva de
Los Zetas, la PGR mantiene bajo arraigo a José Gerardo Ortega Maya.
Autoridades de la dependencia que encabeza Marisela
Morales informaron a este diario que el sospechoso es un civil, sin nexo
aparente con las Fuerzas Armadas, más allá de su parentesco familiar con Cano
Angulo, quien falleció el pasado 4 de diciembre en la Ciudad de México.
Su aprehensión, está vinculada con la averiguación previa
PGR/SIEDO/UEIDCS/031/2012 iniciada en el primer bimestre de este año en la
Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra la Salud, de la
Subprocuraduría de investigación Especializada en Delincuencia Organizada
(SIEDO).
Según las fuentes consultadas, entre los elementos de
prueba asentados en el expediente se encuentran señalamientos de al menos dos
testigos colaboradores (ex
narcotraficantes), quienes revelaron
el supuesto vínculo de Ortega con integrantes de grupos delictivos, entre ellos
Los Zetas.
Al parecer, el sospechoso habría prometido contactar a los
narcotraficantes con militares o marinos que podrían colaborar con ellos,
aunque las investigaciones continúan.
Se desconoce si esta supuesta colaboración era para el
intercambio de información clasificada, como por ejemplo el movimiento de
personal castrense o de la Armada en operativos y periodos de asueto, o si por
el contrario se trataba alguna protección institucional de mayor nivel.
Para esclarecer el asunto la Procuraduría giró una orden
de localización y presentación contra Ortega Maya, la cual fue cumplimentada
por elementos el Ejército mexicano el pasado 5 de mayo, en el domicilio del
sospechoso, ubicado en la colonia Huizachal del municipio de Naucalpan, Estado
de México.
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