Familias secuestradas

Familias secuestradas
Patricia Dávila
Revista Proceso # 1860, 24 de junio de 2012
Los integrantes de la familia Orozco Medina han vivido un infierno desde hace más de cuatro años: Agricultores, dedicados al cultivo del aguacate en Michoacán, fueron cayendo uno a uno. José Iván, encarcelado bajo cargos falsos; don Leonel y dos de sus hijos, secuestrados y jamás devueltos. Lo que queda del grupo familiar –que fue violentamente despojado hasta de sus tierras de cultivo– ha pedido ayuda al gobierno michoacano, a sus instancias de procuración de justicia y hasta a la Presidencia de la República. Nadie les ha dado respuesta ni solución.
El matrimonio formado por Leonel Orozco y María Elena Medina vivía en Nuevo Zirosto, municipio de Uruapan, Michoacán, donde se dedicaba al cultivo de aguacate. Su vida fue tranquila hasta el 20 de diciembre de 2007 cuando José Iván, uno de sus seis hijos, fue detenido por militares que lo acusaron de posesión de enervantes y portación de arma prohibida.

José Iván estuvo preso más de cuatro años; luego fue absuelto por “desvanecimiento de pruebas”.
Pero mientras él estaba en la cárcel, la familia Orozco Medina fue destruida: Su padre y sus dos hermanos varones fueron secuestrados, y aunque su rescate fue pagado, nunca los liberaron. Ni siquiera se sabe si aún están vivos. La familia asegura además que los secuestradores se posesionaron de sus tierras.
Hoy lo que queda de la familia Orozco Medina vive errante, sin casa, huertos ni dinero.
Su tragedia es narrada a Proceso por Laura Orozco, una de las hijas de Leonel y María Elena, quien apoya su testimonio en expedientes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y en denuncias interpuestas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán y oficios enviados al exgobernador del estado Leonel Godoy, así como al entonces procurador local Jesús Montejano.
José Iván
“El 21 de diciembre de 2007 como a las 2:30 horas, personal militar adscrito al 37 Batallón de Infantería en Uruapan, Michoacán, establecidos en un puesto de control móvil a la entrada de la carretera que conduce al pueblo de Santa Ana Nuevo Zirosto, revisaban los vehículos que circulaban por el tramo carretero San Francisco Peribán-Nuevo Zirosto”, señala el expediente CNDH/2/2008/217/Q fechado el 25 de septiembre de 2008 y emitido por Susana Thalía Pedroza de la Llave, segunda visitadora de la Comisión.
El documento de la CNDH recoge el informe militar (que da una fecha distinta para la detención), según el cual los soldados le marcaron el alto a una camioneta “en cuyo interior viajaba una persona de sexo masculino quien detuvo la marcha y accedió a que se practicara una revisión al interior del auto.
“En la guantera encontraron cuatro cartuchos útiles para escopeta calibre 12, mientras que en la parte trasera de la cabina se localizaron dos armas largas y un cargador. El conductor de nombre José Iván Orozco Medina aceptó que eran de su propiedad y que eran para venderlas. También localizaron un bote de plástico cubierto con una bolsa color negro sellado con cinta canela, el cual contenía un polvo blanco (pseudoefedrina).”
Según su versión, los militares detuvieron a José Iván y lo trasladaron al Hospital Regional de Uruapan, donde lo revisó el doctor Heriberto Herrera Sánchez, quien en el certificado médico 10496 dictaminó que no tenía “lesiones aparentes”. Luego lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) en Uruapan, quien inició la averiguación previa AP/PGR/MICH/UI/186/2007 por delitos contra la salud y portación de arma de fuego reservada y sin licencia.
Pero ese mismo día un perito médico adscrito a la delegación de la Procuraduría General de la República en Michoacán dictaminó el estado físico de José Iván; concluyó que “sí presenta huella de lesión traumática externa reciente”, señala la CNDH.
El 22 de diciembre, acompañado por su abogado Amadeo Sánchez Álvarez, José Iván rindió su declaración ministerial. Su versión difiere de lo manifestado por los militares: El 20 de diciembre de 2007, en compañía de tres de sus trabajadores circulaba por la carretera Peribán-Copetiro en un vehículo Ford, propiedad de su madre, cuando llegó a una gasolinería donde vio un retén del Ejército; los soldados le marcaron el alto y él detuvo la camioneta. Se acercó un militar, quien le dijo que haría una revisión. Sólo lo revisaron a él. “No encontraron nada ilícito”. Le tomaron una foto y lo dejaron ir. Esto fue hacia las 4:30 de la tarde.
Cerca de las 22:00 horas de ese día Iván escuchó que golpeaban el portón de su casa. Soldados irrumpieron y le ordenaron que se tirara al suelo mientras revisaban el interior de la vivienda. En un cuarto que no se utiliza localizaron una escopeta calibre 12 y una pistola calibre 25; no había cartuchos útiles, solamente el cargador. Los militares tomaron esas dos armas y le preguntaron dónde estaban las demás. Después lo detuvieron, dice el informe de la visitadora de la CNDH.
En su declaración Iván afirmó que no sabe nada de la supuesta cubeta que contenía el polvo y que en el momento de ser detenido, los militares se llevaron del estacionamiento de su casa una camioneta Ford Lobo gris, modelo 2006. A él lo trasladaron a la Base de Operaciones Militares de Uruapan y posteriormente lo pusieron a disposición del MPF.
El 7 de enero de 2008 su padre, Leonel Orozco, presentó la denuncia P/PGR/MICH/UI/00912008 ante el MPF contra los soldados debido a que el 20 de diciembre militares ingresaron a su domicilio sin tener una orden judicial, revisaron la casa y se llevaron detenido a su hijo José Iván, además de sustraer dinero, varios objetos y las llaves de sus vehículos.
En su oficio del 25 de septiembre de 2008 la CNDH le comunica a Leonel Orozco que después del análisis lógico-jurídico de la queja, así como de las constancias que integran el expediente, se “verifica” que los militares “incurrieron en irregularidades en su agravio y de su familiar, las cuales también fueron apreciadas por el agente del MPF, por lo que las autoridades castrenses iniciaron la averiguación 21ZM/35/2008/ESP en contra del personal militar”.
Los secuestros
Leonel Orozco no dejó de pelear por Iván… hasta que lo desaparecieron, como lo narró Moisés, otro de sus hijos, en una carta enviada el 28 de septiembre de 2008 al entonces gobernador Leonel Godoy: “El día 3 de julio del 2008 mi papá fue sustraído de nuestra casa por un comando armado llevándoselo con rumbo hacia los Reyes de Salgado Michoacán. Al siguiente día llamaron los secuestradores pidiendo una cuantiosa cantidad (5 millones de pesos) para liberarlo, misma cantidad que dimos y hasta el día de hoy nunca regresaron a mi padre”.
“Mi papá era minusválido, tenía que estar en silla de ruedas. Para llevárselo, entre dos hombres lo sacaron de la silla y lo subieron a una camioneta”, aclara en la entrevista su hija Laura.
Don Leonel no regresó. Y aun más, el menor de sus hijos también fue secuestrado: “El 8 de abril de 2009 mi hermano de nombre Leonel Orozco Medina, de 16 años, fue secuestrado en Nuevo Zirosto por personas que andaban vestidos supuestamente de AFI. Por mi hermano también pidieron un rescate (1.5 millones de pesos), mismo que pagamos, sin que hasta hoy lo hayan regresado”, indica la carta de Moisés al gobernador Godoy.
Después del secuestro del adolescente la familia esperó algunos meses. Pero no pudieron más, el temor los invadió. Decidieron irse de Nuevo Zirosto.
Continúa la carta de Moisés: “El resto de mis hermanos, mi madre y yo, por temor, nos salimos de Nuevo Zirosto. A mis tíos Jesús y Gaspar los dejamos a cargo de nuestras casas y del trabajo de las huertas de aguacates. El día 4 de mayo del 2010 mis tíos fueron sustraídos de sus casas por un comando armado llevándoselos brutalmente con rumbo hacia los Reyes de Salgado Michoacán”.
Moisés agrega: “El día 9 de mayo mi tío Jesús fue llevado por los secuestradores a su propia casa para que les entregaran todos los papeles de compra-venta ante notario, escrituras, facturas de camionetas… que, ante todo lo que nos había sucedido, mi mamá les había dado a guardar”. De esto hay constancia en la PGR: Moisés Orozco acudió a denunciar y se abrió la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/177/2010.
–¿Se apoderaron de todos sus bienes?
–Algunos los vendimos para pagar lo que pedían por liberar a mi papá, pero nos quedaban algunas huertas de aguacate, casas y los vehículos de trabajo –responde Laura.
“Nos hemos dado cuenta de quiénes son las personas que se dedican a secuestrar. Son las mismas que plagiaron a mis familiares. Sus nombres son Jesús García Sandoval, El Pichusa; Mario García Sandoval, El Guarrastra, y Guadalupe García Sanabria; ellos tres de Nuevo Zirosto. Además David Sandoval Valenzuela, El Pachareca, quien vive en La Hierbabuena, municipio de Peribá, así como Juan Carlos y Salvador Esquivel Espinosa, de Peribán de Ramos, además de los hermanos Rogelio y Francisco Espinoza Vega y Antonio y Juan El Pelón Chávez Núñez, estos últimos de Los Reyes de Salgado”.
En su texto, Moisés Orozco revela: “Todos ellos son primos, compadres, amigos y familiares, ya que ellos tienen a su favor (a) los comandantes de la policía, presidentes municipales, así como a los elementos del Ejército mexicano y a todo tipo de gobierno en todos los pueblos aledaños. Además mucha gente sabe que ellos son los que anteriormente se han dedicado a la venta de droga, como mariguana, cocaína y estupefacientes; incluso a secuestrar a personas y a pedir cuantiosas cantidades (por su rescate), con la gravedad de que a pesar de que reciben el dinero, no los regresan, como es el caso de mi familia.
“Hemos presentado las denuncias correspondientes por los hechos antes mencionados y hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta, situación que ha provocado una desesperación familiar, al grado de que no sabemos qué hacer. Esperamos que se nos haga caso y justicia”.
–¿Se citó a las personas señaladas por su hermano como responsables de secuestro y de adueñarse de las propiedades de su familia? –se le pregunta a Laura Orozco.
–No hay ningún avance en la investigación. Los expedientes siguen igual. Incluso se han negado a proporcionarnos copia. Hace unos días mi madre solicitó los expedientes; la encargada antisecuestros –no recuerda su nombre– le dijo que para qué los quería, que mejor no le moviera, que si acaso quería ver a todos sus hijos muertos.
Moisés
En medio de esta vorágine Moisés Orozco y su abogado lograron demostrar la inocencia de José Iván: El 8 de mayo de 2012 Marcelino Ángel Ramírez, juez octavo de Distrito en Michoacán, le concedió la libertad absolutoria en el proceso que se le instruyó por delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Pero a su salida José Iván no encontró en casa a su padre ni a su hermano menor.
Y la alegría de haber quedado libre duró poco: El pasado 21 de mayo, como a las 13:00 horas Moisés –quien seguía investigando qué había pasado con su padre y hermano secuestrados– salió de su casa rumbo a Uruapan para ver a un amigo del que la familia sólo sabe que se llama Neto o Ernesto, quien lo acompañaría a entrevistarse con un agente de la Policía Federal.
“Como a eso de las 12 de la noche del mismo día, vía celular mi hijo Moisés le mandó un mensaje a mi hija Laura Orozco, diciéndole que le informara a la Policía Federal con residencia en Uruapan, que la Policía Municipal de Apatzingán lo estaba siguiendo, que fueran por él. Logré contactar a dicha policía, pero ellos nos dijeron que por la hora y porque no tenían elementos suficientes, no podían auxiliarlo”, informó María Elena Medina, madre de Moisés, al actual procurador de Michoacán, Plácido Torres Pineda, en un oficio enviado el pasado 28 de mayo.
La familia Orozco nada supo de Moisés hasta el 25 de mayo, cuando el supuesto amigo con el que se vería, Ernesto, le habló por teléfono a Iván, a quien le informó que dejaría la camioneta en la que viajaban cerca de una tienda Oxxo en Uruapan, para que fuera a recogerla. Iván preguntó por su hermano, pero Ernesto sólo le contestó que no sabía nada de él, agrega María Elena Medina.
“Mi hijo José Iván de inmediato fue a donde le iba a entregar la camioneta el mencionado Neto o Ernesto, pero encontró el vehículo solo, con las llaves puestas. Al mentado Ernesto no lo vio por ningún lado. Hasta hoy no sé nada de mi hijo Moisés. Yo considero que se debe investigar a la policía de Apatzingán para que ellos digan qué hicieron con mi hijo”, sugiere María Elena al procurador.
Como antecedente de lo que le sucedió a su familia, en la carta enviada al procurador Torres Pineda, la señora Medina Vargas anexó fotocopia de un escrito en el que Moisés narra lo sucedido a su familia. La carta, fechada el 13 de mayo de 2010, está dirigida al presidente Calderón. De la Presidencia no hubo respuesta.
“Como podrá ver, como ciudadanos mexicanos seguimos solos, ojalá que ahora usted nos haga justicia”, pide María Elena a Torres Pineda.
La familia no ha recibido respuesta de la anterior administración estatal, la de Leonel Godoy, ni de la actual, la de Fausto Vallejo Figueroa, se queja Laura Orozco y agrega: “Vivimos con miedo, con el temor constante de que atenten contra otro miembro de nuestra familia. No sabemos qué hacer, a quién acudir. Hemos perdido todo, nuestras tierras, casas, vehículos y sobre todo el bienestar, porque sufrimos la pérdida de tres de nuestros seres queridos. Falta la mitad de nuestra familia.
“En Michoacán los de la maña están protegidos por el Ejército, por las policías, por funcionarios de gobierno. ¿A quién podemos acudir a solicitar justicia, a pedir protección? Por eso decidimos denunciar. Hasta donde lleguemos. Que se conozca el mar de vicisitudes que mi familia padece… un mar interminable”, concluye Laura Orozco.