El gran reto: frenar la
imposición
JOSÉ GIL OLMOS, reportero.
Revista Proceso · 1863, 15 de julio de 2012
Lo dijo el jueves 12 en conferencia de prensa: el camino
a seguir es el de la resistencia civil, a contrapelo de lo que aconsejan
algunos perredistas, empresarios e incluso priistas. Ese día Andrés Manuel
López Obrador habló de las dos vías que tomará su movimiento. La primera,
documentar el cúmulo de irregularidades del proceso electoral; la segunda,
organizar nuevas movilizaciones en las calles para impedir que Enrique Peña
Nieto sea impuesto “por la minoría que domina el país”. En entrevista con
Proceso, Jaime Cárdenas Gracia, asesor jurídico del Movimiento Progresista,
explica la estrategia jurídica y califica el proceso electoral entero como “una
simulación”.
Ya dio el primer paso al documentar ante las instancias
electorales que sí hubo fraude en la elección presidencial y ahora prepara las
nuevas movilizaciones en las calles para impedir, dice, que Enrique Peña Nieto
sea impuesto “por la minoría que domina el país”.
El jueves 12, acompañado de Jesús Zambrano, dirigente del
PRD, Luis Walton, del Movimiento Ciudadano, y Alberto Anaya, del Partido del
Trabajo, el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que
cuenta con más de 4 millones de simpatizantes, llamó a los mexicanos a no
permitir que se viole impunemente la Constitución y se cancele la vía
democrática.
Se veía cansado por la desgastante campaña iniciada hace
cinco años, pero sobre todo por los resultados adversos de la jornada del
domingo 1. Eso no le impidió esbozar su Plan Nacional para la Defensa de la
Democracia y de la Dignidad de México: “Todo lo que hagamos será en estricto
apego a nuestros derechos ciudadanos consagrados en la Constitución. Reitero que
siempre actuaremos por la vía pacífica. No daremos ningún pretexto para que los
violentos nos acusen de violentos”.
En la conferencia de prensa de ese día López Obrador
expresó: “No aceptemos que la corrupción domine por entero la vida nacional.
Luchemos por el renacimiento moral de México”. Y definió su estrategia, que va
en dos vías. La primera será impugnar la elección presidencial ante el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); la segunda, salir a las
calles para convocar a todos los ciudadanos a defender el voto.
El miércoles 11 en entrevista radiofónica respondió a
quienes le piden aceptar el resultado de la elección: “No podemos ser cómplices
de la corrupción. Pido disculpas por anticipado por las molestias que pueda
provocar nuestra postura. Pero pierdan cuidado, voy a actuar pacífica y
legalmente, sin violencia. Un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no
tiene derecho a poner en riesgo la vida de los demás”.
Junto con su equipo, encabezado por su asesor jurídico Jaime
Cárdenas Gracia, insistió en que documentará las irregularidades electorales
para demostrar que Peña Nieto no ganó.
La simulación
Después de revisar con detalle las pruebas que el
Movimiento Progresista presentó ante el TEPJF como causales de anulación,
Cárdenas Gracia concluye que el proceso fue una simulación.
“En todos los sentidos –dice–. Aunque formalmente se
pusieron las urnas y se contaron los votos, todo se desarrolló con una gran
inequidad; las encuestas se usaron con fines electorales, como si fueran spots
diarios, y el propio IFE (Instituto Federal Electoral) cayó finalmente en la
inacción.”
Doctor en derecho por la UNAM y por la Universidad
Complutense de Madrid, Cárdenas Gracia y el equipo que encabeza presentaron
ante el tribunal un expediente con más de 600 páginas, 300 videos y 400
denuncias de seis graves irregularidades cometidas por el PRI, la primera de
ellas por la compra y coacción del voto presentada ante la Fiscalía Especial de
Delitos Electorales (Fepade). Hasta el cierre de edición ninguna había sido
atendida.
Tras el análisis de los documentos, el exconsejero
electoral insiste en que hay elementos suficientes para que el tribunal declare
la invalidez de la jornada del domingo 1 y llame a elecciones extraordinarias.
Todo depende de cómo actúe. Por ejemplo, sólo él puede obtener las
averiguaciones previas interpuestas ante la Fepade.
“Si se asume como autoridad administrativa, resolverá
conforme a las pruebas que presentemos, solamente. Pero si se asume como
tribunal, tomará en cuenta no sólo lo que le presentemos, también podrá
requerir a otras autoridades información o pruebas y dictar medidas para mejor
proveer. Eso va a ser muy importante”, dice a Proceso.
Confía en que para septiembre, cuando concluya el plazo,
el tribunal se pronuncie y declare la invalidez de la elección presidencial. La
impugnación, explica, seguirá una “ruta indicial” similar a la del Pemexgate.
En ese caso el IFE conminó al PRI a pagar una multa de mil millones de pesos,
la más grande en la historia electoral de México, luego de corroborar el uso
ilegal de 500 millones de pesos del sindicato petrolero para la campaña
presidencial de Francisco Labastida en 2000.
Ahora, dice, se presentan alrededor de 4 mil pruebas y
documentos para configurar el delito de compra y coacción del voto e inequidad
en la campaña presidencial mediante las tarjetas de Soriana y Monex que
repartió el PRI antes de la votación.
También las denuncias de compra de votos en zonas
rurales, donde la participación aumentó hasta 85%, los contratos de los miles
de espectaculares comprados desde el inicio de la campaña, las pruebas de
contratos de promoción de Peña Nieto en Televisa desde hace cinco años, la
actuación de los gobernadores del PRI, además de bases de datos, testimonios
notariales, informes de la ONU y la OEA sobre la concentración de medios y
resoluciones de otros casos donde se invalidaron elecciones por razones
similares, como las de Morelia, Michoacán, y Zimapán, Hidalgo, en 2009.
“La autoridad electoral ya ha resuelto casos con indicios,
por ejemplo en el del Pemexgate, en el cual participé. Te puedo decir que no
teníamos prueba directa, la que tuvimos fue que el sindicato de Pemex había
depositado en Banorte más de 500 millones de pesos y que unos empleados del PRI
sacaron en 10 días esa suma.
“Y aun cuando no supimos a dónde se fue ese dinero –nunca
tuvimos prueba de que haya llegado a las cuentas del PRI o se haya ido a la
campaña– nosotros sólo dijimos que hubo violación constitucional y legal porque
se utilizó para fines electorales. Al final, a partir de las pruebas
indiciales, no directas, se multó al partido con mil millones de pesos”, relata
Cárdenas.
La inacción del IFE
El asesor jurídico del Movimiento Progresista advierte,
como lo hizo Arturo Núñez Jiménez, el candidato triunfador en los comicios por
el gobierno de Tabasco de la coalición de izquierda y uno de los primeros
directores del IFE: lo más difícil será comprobar la compra y venta de votos.
Por ello incluyeron videos con testimonios de ciudadanos
según los cuales el PRI les dio dinero o la tarjeta de Soriana o Monex a cambio
de su voto. Asimismo, dice Cárdenas, aportaron pruebas de cómo los gobernadores
del PRI y las estructuras paralelas del partido desviaron millones de pesos
para conseguir 5 millones de sufragios, tal como denunció López Obrador durante
la campaña.
Comenta que la triangulación de esos fondos de origen
ilícito puede tipificarse como lavado de dinero, al igual que el caso de Amigos
de Fox en 2000, cuando el candidato panista recibió financiamiento de
empresarios mexicanos y del extranjero. “Con esos elementos vamos a construir
un argumento para demostrar la compra y coacción del voto”, sostiene Cárdenas.
En lo concerniente al rebase de gastos de campaña y en el
asunto de la inequidad, el movimiento tiene pruebas directas para comprobar las
irregularidades del PRI y su candidatos, como facturas, notas y documentos. En
ellas, según el asesor jurídico, se evidencian gastos por 4 mil 599 millones de
pesos, superiores a los 336 millones autorizados por el IFE.
Y sobre las encuestas, el propósito de la demanda es
“construir” el argumento legal para demostrar su uso como propaganda. Un
ejemplo son los sondeos de la empresa GEA-ISA publicados por el grupo Milenio
en su periódico todos los días y retransmitidas en noticiarios televisivos, en
los cuales Peña Nieto siempre llevó una cómoda ventaja sobre sus contrincantes.
De manera similar se comportaron Consulta Mitofsky en
Televisa y Telefórmula; Parametría en la Cadena Organización Editorial Mexicana
que edita El Sol de México; Ulises Beltrán para el diario Excélsior, y Buendía
y Laredo en El Universal.
“En términos legales y constitucionales eso implica una
‘adquisición indebida de tiempos en radio y televisión’. Para medir el impacto
de las encuestas utilizaremos el monitoreo de IBOPE o los del propio IFE. Vamos
a demostrar el impacto de ese tipo de encuestas orientando a la opinión pública
durante todo el proceso. Las encuestas eran como spots y en casos como el de
del periódico Milenio se publicaron todos los días”, precisa el entrevistado.
En el caso de la presencia de Peña Nieto en televisión
durante los últimos cinco años, asegura que la queja está respaldada con
fotocopias de los contratos encubiertos de Televisa, así como por las menciones
del candidato presidencial en los programas del consorcio, incluidos los de
espectáculos.
–¿Se va a pedir la invalidez o la anulación?
–Podríamos decir que hay dos tipos de nulidad o de
invalidez. La nulidad por la violación a la ley, que es una; la otra es la
nulidad o invalidez por violación a principios constitucionales. Nosotros vamos
a proponer una nulidad por principios constitucionales. Lo que decimos en el
escrito es que reclamamos la nulidad y exigimos la no declaración de validez de
la elección, por violación a principios constitucionales.
“Para nosotros los principios que se violaron fueron los
de libertad, sufragio, equidad, legalidad, certeza y autenticidad. Todos se
violaron a lo largo del proceso electoral.”
Expone también que son tres los argumentos principales en
el recurso de inconformidad: el de equidad, con el rebase de topes de gastos de
campaña; el de compra y coacción del voto, relacionado con el principio de
libertad del sufragio, y el de las encuestas, que tiene que ver con equidad y
autenticidad del voto.
Otro aspecto del recurso de impugnación es el de la
inacción de la unidad de fiscalización del IFE, pues aunque recibió las
primeras quejas desde hace dos meses, aún no las resuelve. Lo mismo sucedió con
la Comisión de Quejas del instituto, que no atendió las querellas sobre compra
o coacción de votos.
“Todo eso lo sustentamos jurídicamente como pruebas que
incluyen videos, bases de datos, testimonios notariales, resoluciones de la
autoridad, informes de la ONU y de la OEA sobre la concentración de medios,
pruebas documentales, técnicas, ‘pruebas indiciarias’, estudios demográficos e
informes de instituciones, como el Inegi y el IFAI. El expediente contiene más
de 600 páginas, 3 mil o 4 mil pruebas y algunos anexos”, resume Cárdenas.
Dice que el 8 de febrero, casi un mes antes del arranque
de su campaña, López Obrador propuso al presidente del IFE, Leonardo Valdés
Zurita, 12 medidas para inhibir la compra de votos. Tres meses y medio después
el instituto contestó que era asunto de la Fepade.
“Acudimos al tribunal (electoral) pero confirmó lo que
dijo el IFE. Creo que en materia de compra y coacción del voto el instituto ha
sido una autoridad omisa. Sé que de las quejas presentadas ninguna ha sido
resuelta hasta el momento.”
En materia de fiscalización fueron los propios partidos,
en particular el PRI y el PAN, los que desaparecieron la comisión de
fiscalización en el IFE y la convirtieron en unidad, sostiene el entrevistado,
“porque la fiscalización es a lo que más le temen los partidos luego de los escándalos
de Amigos de Fox y el Pemexgate. Inventaron esa unidad técnica de fiscalización
para, en lugar de investigar, dedicarse sólo a imponer multas”.
Además los resultados de fiscalización se dan después de
la declaración de validez de la elección, cuando ya no tiene ningún impacto en
la calificación del tribunal.
De acuerdo con Cárdenas, también están quejas como el
rebase de tope de gastos de campaña de Peña Nieto con los espectaculares, que
pese a que presentaron al arranque de las campañas “no se han resuelto”.
Reitera: “Creo que en materia de fiscalización, compra y
coacción del voto el IFE ha sido insuficiente, omiso. Lo mismo pasó con las
encuestas: no hizo nada. Esos problemas los fuimos denunciando pero todos
fueron omitidos. Si el instituto hubiera tenido un plan para atender esas
contingencias, otra sería la situación”.
–La no solución de quejas, ¿es más una cuestión de ley o
intencional?
–Las dos cosas. La ley no ayuda mucho, por eso (los
consejeros del IFE) se escudan y dicen que es una cuestión de la ley, pero en
realidad es la interpretación que ellos hacen de la ley.
“Aunque, viéndolo bien, creo que es intencional. Cuando
aseguran que la compra y coacción de votos no es asunto suyo sino de la Fepade,
es para quitarse una crítica de encima o para evitar abordar un tema delicado
que podría enfrentarlos con los gobernadores, alcaldes o caciques.
“En el tema de la fiscalización se enfrentan con la
maquinaria de los partidos; en las encuestas, con los medios y las empresas
encuestadoras. No quisieron líos, piensan que su tarea es organizar los
comicios y contar votos. Pero no. El proceso electoral tiene que ver con
generar condiciones de equidad, libertad y autenticidad para que éste no sea
una simulación.”
“Ahora veremos al tribunal. Aunque el recurso se entrega
al IFE, éste lo turna al tribunal porque así lo dicta la ley. La pelota está en
el tribunal. Y si vemos a los magistrados, a algunos podríamos llamarlos
progresistas, pero en general son conservadores. La mayoría de sus integrantes
son letristas de la ley.”
–Ante este panorama, ¿qué van a hacer?
–Hay que dejar el testimonio histórico, preparar los procesos electorales
venideros, darle aliento a la gente que ha perdido la esperanza en las
instituciones. Esta es la vía para hacerlo, aunque haya pocas posibilidades.
Jurídica e históricamente estamos obligados a hacerlo.
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