Peñistas de corazón
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Revista Proceso · 1863, 15 de julio de 2012
A los magistrados del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación –protagonistas de despiadadas batallas internas en
pos del control de la institución– parece que sólo los unifica una cosa: la
defensa a ultranza de Enrique Peña Nieto. No permiten que el candidato priista
sea tocado, pese a las reiteradas violaciones a la ley que han cometido él y su
partido. Desde hace años el exgobernador mexiquense es su consentido.
Desde 2009, cuando el PAN y el PRD comenzaron a impugnar
el proselitismo ilegal del entonces gobernador del Estado de México, el TEPJF
se convirtió en el principal defensor de Peña, del PRI y de uno de sus aliados,
el Partido Verde, aun contra la propia legislación electoral.
Con decisiones unánimes o de mayoría en la Sala Superior
del Tribunal o de gestiones oficiosas de algunos de sus magistrados, la máxima
autoridad jurisdiccional en materia electoral ha sido, hasta ahora, uno de los
principales soportes del PRI en su pretensión de recuperar la Presidencia de la
República.
Su decisión más reciente fue la de apoyar al Instituto
Federal Electoral (IFE) en su negativa de congelar los fondos y cuentas del
banco Monex que presuntamente utilizó el PRI para la compra de votos a favor de
Peña. La medianoche del sábado 30 de junio, a unas horas de que comenzara la
jornada electoral, los siete magistrados de la Sala Superior apoyaron por
unanimidad y sin discusión la decisión del IFE.
El TEPJF cerró así el paso a la primera denuncia sobre la
utilización de alegados recursos ilegales por parte del PRI para la compra y
coacción del voto, aunque después el PAN y el PRD han aportado más información
sobre la utilización de las tarjetas prepagadas de Monex y de la tienda
Soriana.
Las nuevas pruebas, presentadas ante el IFE, el TEPJF y
la Fepade, constituyen, para el candidato del Movimiento Progresista, Andrés
Manuel López Obrador, una de las causas para invalidar la elección del domingo
1.
A propuesta del magistrado Manuel González Oropeza, la
Sala Superior confirmó la noche del día 30 la negativa de la Comisión de Quejas
y Denuncias del IFE a congelar los fondos de las cuentas o contratos de Monex
con personas físicas o morales supuestamente relacionadas con el PRI.
Según el tribunal, las pruebas aportadas por el PAN
para solicitar la congelación de las cuentas, para evitar la compra y coacción
del voto, tanto en el periodo de veda como durante la jornada electoral, no
fueron suficientes para acreditar la denuncia.
Las dos tarjetas que el PAN presentó como prueba “no
fueron suficientes para acreditar los hechos denunciados, ya que además de formar
parte de una serie de 9 mil 924 documentos contratados por una persona moral
para un periodo determinado, de ellos no se sigue la supuesta compra de votos
alegada”, informó el TEPJF en un comunicado emitido a la 1:07 de la mañana del
día 1 de julio.
Electos en noviembre de 2006 para un periodo de 10 años,
los magistrados electorales están marcados por su cercanía con el PRI. El
propio presidente, Alejandro Luna Ramos, fue militante de ese partido en su
juventud; su antecesora, María del Carmen Alanís Figueroa, fue exhibida luego
de una reunión con los operadores de Peña Nieto.
El magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar también fue
evidenciado luego de una reunión con el expresidente municipal de Tijuana Jorge
Hank Rhon, cuando éste tenía un juicio en el TEPJF para poder registrarse como
candidato a gobernador de Baja California. La reunión fue revelada por el
reportero Álvaro Delgado (Proceso 1712). Tanto Alanís como Nava eran los
encargados de los juicios en los que los involucrados eran Peña y Hank.
Otro magistrado, Flavio Galván Rivera, quien en 2007 fue
depuesto de la presidencia del tribunal, en una maniobra de Alanís y Nava,
también ha sido un sólido defensor del candidato del PRI. En 2009, cuando
arreciaron las denuncias contra Peña por su promoción anticipada, dijo que sus
actos no tenían carácter electoral por el mero hecho de que no estaba
participando directamente en un proceso electoral en curso.
Galván fue también autor del proyecto que avaló la
elección de Eruviel Ávila como gobernador del Estado de México, cuya anulación
había sido solicitada por el PRD al denunciar que el PRI rebasó los topes de
gastos de campaña, la intervención del gobierno de Peña e inequidad en los
medios.
Galván, Nava y el magistrado Constancio Carrasco Daza,
quien también aspiró a ser presidente del tribunal, serán los encargados de
elaborar el dictamen sobre el cómputo final de la elección presidencial, su
posterior calificación y la declaratoria de presidente electo.
Magistrado presidente
Con apenas siete años como magistrado electoral,
Alejandro Luna Ramos es el decano del tribunal. A diferencia de los otros seis
integrantes de la Sala Superior que fueron electos en noviembre de 2006, con
Felipe Calderón declarado por sus antecesores como presidente electo, el actual
magistrado presidente llegó al tribunal en abril de 2005, en reemplazo del
fallecido magistrado José Luis de la Peza.
En mayo de 2009 quedó en medio de un escándalo cuando el
empresario de origen argentino Carlos Ahumada, procesado por fraude en el
Gobierno de Distrito Federal, en su libro Derecho de réplica reveló que el
magistrado le solicitó en 2004 interceder ante Diego Fernández, entonces
coordinador del PAN en el Senado, a favor de su hermana Margarita, quien quería
ser ministra de la Corte. El PAN terminó por apoyarla.
Un año después, ya como ministra, Margarita Luna Ramos
participó en la propuesta que hizo la Corte para elegir a su hermano como
sustituto de José Luis de la Peza. En noviembre de 2006, por un solo voto, Luna
Ramos se salvó de la renovación del TEPJF pues el Senado interpretó que había
sido nombrado para un nuevo periodo y no sólo como sustituto.
A pesar de que siempre buscó la presidencia del tribunal,
la alcanzó apenas en agosto pasado en una votación de cuatro a tres en la que
él mismo fue el desempate, luego de que los magistrados depusieran a Maricarmen
Alanís.
En entrevista con Carmen Aristegui para el noticiario
matutino de MVS, dijo que su designación como presidente “lo sorprendió” porque
sólo pocos minutos antes de la votación sus colegas le dijeron: “Tú vas a ser
el candidato”.
Negó haber militado en el PRI, aunque admitió que llegó a
tener una credencial de ese partido “cuando tenía menos de 20 años de edad”.
Tener esa credencial era un requisito para participar en un concurso de oratoria,
según dijo. Para el Movimiento Progresista, Luna Ramos está impedido de
participar en la calificación de la elección presidencial pues un día después
de la elección ratificó su criterio de que “nadie ganará en la mesa lo que no
obtuvo en las urnas”.
Desde 2006 Luna Ramos quiso ser presidente del tribunal
alegando su “decanato”, pero el cargo recayó en Flavio Galván, quien como
secretario general de Acuerdos de la anterior Sala Superior firmó en septiembre
de 2006 la declaratoria de presidente electo de Felipe Calderón.
El paso de Galván por la presidencia del tribunal fue
efímero. Duró ocho meses. En agosto de 2007 renunció en medio de una intriga de
Nava y Alanís, quien se quedó con la presidencia (Proceso 1607). Alanís había
sido designada magistrada con el apoyo del senador Manlio Fabio Beltrones, a
pesar de los cuestionamientos de otros senadores priistas por su cercanía con
Los Pinos, en especial con Margarita Zavala –su amiga de la infancia– y por
haber operado a favor de Calderón en 2006.
Nava acusó a la coordinadora de asesores de Galván, Norma
Inés Aguilar León, de “posibles actos de corrupción” en la pretendida compra de
un inmueble para el TEPJF. En su propia denuncia, Nava admitió que en la compra
estaban implicados dos de sus tíos dedicados al negocio de bienes raíces.
Según los alegatos de Aguilar León, los familiares del
magistrado pretendían una comisión de 3 millones y medio de pesos por la compra
de un inmueble valuado en 12 millones y medio de dólares. Se trataba del
edificio donde estuvieron las instalaciones del Grupo Monitor, que desapareció
al inicio del sexenio, confrontado con Calderón.
Con 16 años de servicio en el órgano jurisdiccional
electoral, Aguilar León fue suspendida por la Comisión de Administración del
Tribunal encabezada por Alanís y en la que participaba Carrasco Daza. En agosto
de 2009 Aguilar León demandó al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos porque la acusación nunca fue comprobada, y alegó haber
sido destituida “mediante un procedimiento sin las debidas garantías”. El caso
sigue en el organismo interamericano.
Hija de Agustín Alanís Fuentes, procurador del DF en el
gobierno de José López Portillo, Maricarmen Alanís se quedó con la presidencia
en agosto de 2007. Designó como su coordinador de asesores a Patricio Ballados
Villagómez, quien antes de que Alanís fuera presidenta era coordinador de
Relaciones Internacionales del Tribunal.
Cuando Alanís fue secretaria ejecutiva del IFE, Ballados
también fue su coordinador de asesores, antes de que en 2006 fuera coordinador
de la Unidad Técnica del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero. En
2004 fue uno de los fundadores de la agrupación política nacional Iniciativa
XXI, que luego se convirtió en Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina.
A pesar de que el IFE le retiró el registró en agosto de
2009 por no haber alcanzado el mínimo de votos requerido por la ley, como
magistrada presidenta Alanís promovió que se mantuvieran las prerrogativas para
ese partido, empezando por el financiamiento público. Logró que se le siguiera
dando dinero cuatro meses más, de septiembre a diciembre de 2009, con el
argumento de que tenía que pagar a algunos acreedores.
A su llegada al TEPJF designó como su secretario
particular a Enrique Ochoa Reza, frustrado candidato a diputado federal por
representación proporcional de ese partido en 2003. Después lo hizo director
del Centro de Capacitación Judicial Electoral y el año pasado intentó hacerlo
consejero del IFE.
También llevó a Octavio Mayén Mena. Lo hizo coordinador
de Comunicación Social luego de haber trabajado en el Estado de México en el
gobierno de Arturo Montiel, tío de Enrique Peña Nieto.
Desde 2009
El pasado 6 de agosto Alanís dejó la presidencia del
tribunal tal y como la recibió: en medio del escándalo. Esta vez por la reunión
que tuvo en su casa, en marzo de 2011, con los operadores de Peña Nieto cuando
el entonces gobernador mexiquense estaba bajo juicio por el uso ilegal de los
medios electrónicos para su promoción, con el pretexto de su V informe de
gobierno.
En el proceso electoral federal de 2009, el tribunal
salió al rescate de Peña Nieto y sus aliados. Dio por buenos los mensajes de
supuestos informes de labores de diputados del Partido Verde en pleno periodo
de veda electoral. Los diputados impugnaron multas por casi 20 millones de
pesos. El TEPJF dio trámite a la queja a pesar de que la Ley de Medios de
Impugnación en Materia Electoral establece que los diputados no pueden
presentar recursos de apelación y que los únicos facultados son los ciudadanos,
representantes de partidos políticos, militantes, simpatizantes o afiliados.
En una muestra de inequidad, en el mismo proceso multó al
PAN por haber “denigrado” al PRI al publicar en medios impresos un mensaje con
la leyenda “PRImitivo” y que relacionaba a ese partido con la pobreza en el
país. El argumento del TEPJF fue “no es lo mismo partido que gobierno”.
En agosto de ese año el tribunal le dio otro espaldarazo
a Peña Nieto al resolver que el gobernador no estaba en campaña. “No se
advirtió que el mencionado gobernador estuviera promocionando su imagen en
forma personalizada con motivo del procedimiento electoral, toda vez que no
está contendiendo por algún cargo de elección popular.
“Esas manifestaciones no promueven alguna candidatura, no
invitan a la ciudadanía a votar por algún instituto político y mucho menos
aluden a un procedimiento electoral que se estuviera llevando a cabo en esta
fecha”, señaló Galván en su proyecto avalado por el tribunal. El juicio se
debió a una queja del PAN al alegar que el IFE no fue exhaustivo al investigar
sobre los recursos gastados por Peña Nieto para que Televisa transmitiera un
acto de Antorcha Campesina en el estadio Azteca el 21 de junio de 2009.
Según Galván “la autoridad requirió a la empresa
Televimex a fin de que informara sobre la contratación para la difusión en
televisión del mencionado promocional, empresa que contestó que esa difusión no
fue pagada, contratada o solicitada por persona alguna. Al ser negativa la
respuesta, la autoridad responsable no tenía el deber de practicar alguna otra
diligencia”.
La misma “falta de relación comercial” entre Peña y
Televisa la estableció el tribunal cuando el entonces gobernador del Estado de
México apareció en programas como Mexicanas, mujeres de valor y Para papá, en
mayo y junio de ese mismo año.
Alanís justificó la resolución: “Por lo que hace al
agravio, que ni siquiera era un agravio directo, en relación a que estaba
aprovechando estos eventos para hacer, para difundir, promocionarse personalmente
hacia otra candidatura, es un tema que tampoco estuvo acreditado ni en los
discursos ni en los hechos ni en la adminiculación (sic) de todas las pruebas
en el expediente.
“Lo que se pretendía probar era el desvío de recursos
públicos y que estaba afectando la equidad del proceso electoral federal. Nada
se acreditó. Fue un asunto de percepciones. Una cuestión son las percepciones…
y otra cuestión es lo que el juzgado resuelve a partir de lo que obra en el
expediente, de lo que denuncia y de lo que se prueba”, declaró en el seminario
Balance y Perspectivas de las Normas Electorales en México.
El escándalo mayor fue de la propia Alanís, quien aspira
a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El periódico
Reforma dio a conocer que el 9 de marzo de 2011 la magistrada prestó su casa
para una reunión con enviados de Peña cuando preparaba el proyecto de
resolución sobre el juicio contra éste por el uso ilegal de medios en su V
informe de gobierno.
Peña Nieto contrató 214 emisoras –casi todas repetidoras
de Televisa y TV Azteca– concentradas en 12 concesionarios en 30 entidades
distintas al Estado de México para la difusión de 3 mil 484 spots sobre su
informe, transmitidos entre el 29 de agosto y el 10 de septiembre de 2010.
En la reunión estuvieron los entonces diputados federales
Sebastián Lerdo de Tejada, actual representante del PRI ante el IFE, y Luis
Videgaray, en ese momento coordinador de campaña de Eruviel Ávila y luego de
Peña en la presidencial y ahora coordinador de políticas públicas del
candidato.
El consejero electoral del IFE Marco Antonio Baños
–exsocio de Alanís en la desaparecida consultora Demos– y el exsecretario
particular de la magistrada Ochoa Reza también estuvieron en la reunión.
A pesar de hacerse público el encuentro y de la solicitud
formal del PAN para que se excusara en el juicio, Alanís se mantuvo al frente
del caso. El 4 de mayo, a cinco meses de que se iniciara el proceso electoral
aún en curso, el TEPJF exoneró a Peña Nieto. Pese a reconocer que sus
promocionales sí violaron la Constitución y el Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales, una mayoría de cuatro ministros encabezada por
Alanís estableció que no fue culpa del entonces gobernador sino de las
televisoras.
Junto con Alanís votaron González Oropeza, Carrasco y
Galván. El principal opositor fue Esteban Penagos, cuya aspiración a presidir
el IFE fue sepultada por una filtración sobre su supuesta relación económica
con Jorge Hank.
Un mes después vino otro aval al priista con el voto de
calidad de Alanís. El tribunal sancionó al PAN por haber emprendido una campaña
en la que acusaba de corrupto al gobierno de Peña Nieto sin haber utilizado el
logotipo del partido.
“Gobierno del estado de México #1 en corrupción”, “En
robo de autos”, “de contaminación”, decían los mensajes que se valieron del
logotipo Compromisos Cumplidos utilizado por el gobierno peñista. El argumento
para la sanción fue que, al no utilizar su emblema, el PAN creó confusión en el
electorado. Además de Alanís, a favor del PRI votaron González Oropeza, Esteban
Penagos y Flavio Galván.
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