Conferencia de prensa sobre señalamientos de Joaquín Vargas

Conferencia de prensa sobre señalamientos de Joaquín Vargas
México, D.F., 22 de agosto del 2012
Alejandra Sota (AS).- Muy buenas tardes, representantes de los medios de comunicación. En días recientes el Presidente de MVS, Joaquín Vargas, ha realizado una serie de señalamientos  sobre el Gobierno Federal, que los aquí presentes consideramos pertinente dar respuesta puntual.
Las acusaciones esgrimidas por el Presidente de MVS carecen de sustento y buscan contaminar una decisión técnica en materia de telecomunicaciones relacionada con la Banda 2.5, que lejos de los argumentos políticos tiene que ver única y exclusivamente con que MVS no quiso pagarle a los mexicanos lo que la banda cuesta: 27 mil millones de pesos. O sujetarse a proceso competitivo de licitación para explotarla.

Respecto de las declaraciones del Presidente de MVS, rechazamos que el Gobierno Federal haya intentado coartar la libertad de expresión de la periodista Carmen Aristegui.

Ni la Coordinación de Comunicación Social, que yo encabezo, ni el Secretario de Comunicaciones y Transportes solicitamos de manera directa o indirecta el cese de la conductora de noticias MVS, y así consta en todas las comunicaciones que él ya ha hecho públicas.
La comunicación que tuve con el señor Vargas fue para expresarle un legítimo extrañamiento porque Carmen Aristegui emplazaba a la Presidencia de la República a demostrar la falsedad o no de las expresiones vertidas por el señor Fernández Noroña cuando la carga de la prueba debe recaer en la parte que acusa y no en la que, en este caso, es la parte difamada.
Yo me sigo preguntando ¿no está en su derecho cualquier ciudadano a exigir que quien acusa sea quien tenga que probar? Más aún en el marco de libertades, de respeto institucional y democrático entre el Gobierno Federal y los medios de comunicación.
Cabe destacar que la nota como tal fue abordada en al menos 48 notas de radio, 17 de televisión y 45 de medios impresos, difundidas todas por una amplia gama de medios de comunicación. Ninguno recibió comunicación alguna de mi parte, insisto, porque el extrañamiento nunca recibió en el ejercicio de la libertad de expresión.
Fue el propio señor Joaquín Vargas quien, por escrito, se dijo apenado con el Presidente de la República, señalando que estaba en proceso de exigir a la conductora una disculpa pública por haber violado un código de ética interno, que según expresó el señor Vargas, ella había firmado.
Según me hizo saber también el Presidente de MVS, la empresa redactó una carta con elementos mínimos que a su consideración desagraviaban lo dicho por la señora Aristegui.
El señor Vargas solicitó mi opinión y sugerencias, pero la versión final fue redactada y entregada a la periodista de MVS, y es responsabilidad exclusiva de ellos no sólo su redacción, sino todo lo que sucedió después. Su reunión con la periodista para exigirle dicha disculpa, la decisión de terminar la relación laboral con Carmen Aristegui al no llegar a un acuerdo, y su decisión también de re contratarla unos días después.
Jamás hubo presión alguna de la Presidencia de la República para correrla, como tampoco para impedir que regresara a su espacio informativo. Todos los intercambios con los señores Vargas, tanto de la vocería como de la oficina de la Presidencia así lo demuestran.
El señor Vargas, y como él mismo lo ha leído ya, me externó lo siguiente –abro comillas-: “Después de largas horas acepta su error, acepta pedir disculpas, pero no acepta que es error periodístico ni a retractarse. Yo no lo acepto, por lo que estoy dando por terminado la relación laboral. Seguramente la veré en los tribunales, estoy plenamente convencido de que estoy haciendo lo correcto y lo que mi convicción y principios me dictan”. –Cierro comillas de lo que escribió el señor Joaquín Vargas-.
Horas después el propio Joaquín Vargas enviaría por correo electrónico un mensaje dirigido a los accionistas de MVS, que envió con copia a mi correo personal y que dice lo siguiente –abro comillas-: “Estimados accionistas, debo informar a ustedes que el día de hoy estamos rescindiendo la relación laboral con Carmen Aristegui, lo hacemos en virtud de que el viernes pasado violentó el código de ética que regula nuestra relación laboral. Debo recordarles que dicho código fue propuesto, en su gran mayoría, por ella, el cual aceptamos por la difícil situación en la que en noviembre del 2008 enfrentábamos.
Por nuestra parte, dicho código fue respetado cabalmente en todos sus términos. El pasado viernes Carmen esparció y difundió rumores que resultan falsos, de toda falsedad, sin contar con evidencia alguna amén de  que trasladó la responsabilidad de demostrar la carga de la prueba a la parte agraviada.
Le ofrecimos la opción de ofrecer una disculpa pública, lo que aceptó parcialmente, y contrario a lo que marca el código de ética y las elementales prácticas del periodismo, motivo por el cual estamos dando por terminada nuestra relación laboral.
En breve les llamaré a cada uno de ustedes para ampliarles la información al respecto.
Saludos. Joaquín”. –Cierro comillas-
Por ello afirmamos: El cese de la señora Aristegui fue decisión exclusiva del señor Vargas, no solicitud o exigencia del Gobierno Federal o un berrinche presidencial.
De no haber sido así, porque Joaquín Vargas confirma a sus accionistas su decisión personal, por qué la empresa, así fuera en el momento de la recontratación, nunca hizo pública supuestas presiones del Gobierno; simple y sencillamente porque no las hubo.
El señor Joaquín Vargas se equivoca, yo no exigí una exoneración del Gobierno tras la recontratación de Carmen Aristegui, yo le exigí que aclarara, que Los Pinos nunca solicitó la remoción de la conductora de su programa.
 ¿Y por qué resurge hoy este conflicto? Porque las pretensiones del señor Joaquín Vargas, de mantener el control de la Banda 2.5 no cumplen, hasta hoy, con los criterios técnicos necesarios y recurre al chantaje político para evadir el pago de lo que corresponde por un bien que es propiedad, insisto, de todos los mexicanos, así como en el debate político el señor Vargas falta a la verdad, también lo hace en la política de telecomunicaciones.
Si esto no fuera suficiente, lo que el señor Vargas no relata durante su exposición son los puntos de vista expresados en la reunión sostenida por los señores Joaquín y Ernesto Vargas y el Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, el ingeniero Gerardo Ruiz Mateos; reunión a la cual yo asistí y que se llevó a cabo el día 10 de febrero del 2011.
Joaquín Vargas señaló que él había pedido una disculpa pública a Carmen Aristegui. Y ante la negativa, por decisión de MVS y no del Gobierno su renuncia.
Y relatando los hechos, después de compartir con nosotros, haberle dicho que estaba haciendo por buenos chismes y rumores viniendo de un enemigo público, un demente, que ni siquiera se molestó en cuestionar pasándole la carga al afectado, que si estaba loca y que eso no se lo iban a tolerar.
Lo que Joaquín Vargas también omite hoy es que fue enfático en asegurarle a Carmen Aristegui que si para él la disculpa no era lo suficientemente buena, independiente de si a Los Pinos no nos parecía, ese sería un problema de Los Pinos; que si él no sentía que su disculpa fuera suficiente él no se la iba a pasar.
Al margen de lo que haya dicho o afirmado Javier Lozano, si es que fue así, el Jefe de la Oficina le comunicó, a nombre del Presidente de la República lo siguiente, y lo parafraseo, dijo Gerardo Ruiz: “Yo primero te quiero decir que nosotros somos totalmente respetuosos de la decisión que ustedes tomen en lo que vayan a hacer o no con Carmen, nosotros no queremos intervenir de ninguna forma en cómo llevan su proceso, en cómo apliquen las políticas internas de la compañía; no queremos participar ni decidir en lo que ustedes tengan que decidir con respecto de la política de comunicación y la política de lo que vayan hacer con Carmen”.
Fue una decisión estrictamente de su cadena de MVS.
Vamos clarificando dos cosas, insistió Gerardo Ruiz, que creo que son importantes para la toma de decisiones que ustedes vayan a tomar.
Para nosotros es clarísimo que son dos pistas paralelas, el tema de la política pública va a seguir, vamos a seguir trabajando juntos…
Como consta, el Gobierno Federal ha sido claro desde un primer momento con la empresa MVS. Se lo ha dicho de forma transparente y explícita, tanto a Joaquín  como a Ernesto Vargas en distintas reuniones en las que yo estuve presente por  lo  menos en una.
La política de comunicación del gobierno, se finca en la libertad de expresión, y la política de telecomunicaciones, en la viabilidad técnica y financiera.
Siempre han sido y son hoy dos esferas completamente diferenciadas.
Por todo esto, consideramos inaceptable que se pretenda acusar al Gobierno Federal, de haber intentado acallar la voz de Carmen Aristegui, cuando fue una iniciativa y una estrategia comercial, de MVS, que se le acuse de querer expropiar un bien privado, cuando la banda 2.5 es un bien público, y que Joaquín Vargas afirme que el rescate de la banda corresponde a una venganza por lo que aconteció con Carmen Aristegui, para evadir pagar lo que es justo por ese bien público.
Es necesario resaltar que el Presidente nunca recibió escrito alguno por parte de los señores Vargas, donde manifestaron su extrañeza, su molestia, por un intento de coartar la libertad de expresión o de condicionar el proceso, pero sí uno que se refiere claramente que todo es el tema del precio de la banda 2.5.
Si la palabra del Gobierno Federal fuera insuficiente, permítanme leer a continuación una carta elaborada y firmada por Joaquín Vargas que entregó en propia mano, al Presidente Calderón en febrero de este año.
Abro comillas: “Distinguido señor Presidente, como es de su  conocimiento, durante los últimos meses, hemos avanzado considerablemente en el cálculo de la contraprestación para el uso de la banda 2.5. Sin embargo, aunque estamos cerca, no hemos alcanzado un punto que satisfaga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a los inversionistas del consorcio.
“Con la activa participación de Fernando Gómez Mont, hemos explorado algunas alternativas adicionales que nos permitan solventar la problemática en beneficio de todos los involucrados.
 “Señor Presidente, estoy convencido que los tiempos actuales, demandan redoblar esfuerzos. Cuente usted con nosotros. Espero pronto tener la oportunidad de saludarlo personalmente.
Respetuosamente, y la firma el señor Joaquín Vargas”. Cierro comillas.
El Presidente de MVS acusa al Gobierno Federal de condicionar la viabilidad de su proyecto de la banda 2.5, a la  política editorial de la empresa.
Sin embargo, en estos casi dos años, mientras la señora Aristegui  mantiene su espacio periodístico y el consecuente respeto a su libertad de expresión, el señor Vargas  o representantes de MVS, han sido recibidos en  más de 20 ocasiones, por el Secretario de Comunicaciones y Transportes y en otras muchas tantas más, por el Subsecretario de Comunicaciones, Héctor Olavarría.
Decenas de reuniones realizadas, en el mejor ánimo de encontrar una solución satisfactoria, tanto para su empresa como para el Estado Mexicano. Ante la falta de evidencia de supuestas presiones del Gobierno Federal para despedir a la señora Aristegui o condicionar las negociaciones a cualquier decisión editorial de MVS, resulta claro que el chantaje es al revés.
Joaquín Vargas intenta construir una cortina de humo para ocultar las deficiencias técnicas de su proyecto que lo llevan a subutilizar la Banda 2.5 y sobre todo su negativa de pagar un precio justo por ella.
Debemos recordar que el gobierno del Presidente Calderón ha licitado frecuencias, y con ello obtenido recursos adicionales para la prestación de servicios públicos federales.
Por ello cada refrendo ha sido, ha representado el pago de una contraprestación y cada otorgamiento de frecuencia un proceso de licitación, y hay que subrayar que por primera vez en la historia el Gobierno Federal emitirá las bases de licitación de nuevas cadenas de televisión.
¿Por qué entonces habría el gobierno de hacer una excepción con el señor Vargas y concederle, en contra de los intereses de la nación, a precio mínimo un espacio que tiene un alto valor?
El señor Vargas también difama al comparar al Gobierno Federal con otros gobiernos que toman decisiones económicas arbitrarias sobre bienes privados. Él sabe que de acuerdo con la Constitución la Banda 2.5 es propiedad de todos los mexicanos, no de su consorcio ni de sus socios estratégicos o de sus potenciales compradores.
Disipemos, pues, mentiras y equívocos.
En otros países del Continente Americano el poder público y en particular los presidentes no han dudado en censurar, desmantelar judicialmente, clausurar o reprimir a la prensa. Es claro que en el México democrático de hoy nadie tiene el monopolio de la libertad de expresión. Tampoco de la crítica al gobierno.
Hoy bajo el mandato del Presidente Calderón miles de voces se expresan libremente a través de micrófonos, plumas, cartones, cámaras. Miles de comentarios por parte de analistas, periodistas, columnistas, caricaturistas que pretenden contabilizarse bajo la categoría de opinión crítica o de opinión negativa, sin que tengan como respuesta censura alguna desde el gobierno.
Respetuoso de los avances extraordinarios e irreversibles que avalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido la libertad de expresión en México el Presidente Calderón, por convicción republicana y democrática los ha impulsado, celebrado y asumido.
Es Joaquín Vargas, y no el Gobierno Federal, quien atenta contra la libertad de expresión de sus comunicadores.
Muchas gracias.
Preguntas y respuestas:
Ciro Pérez Silva, de La Jornada: Yo quisiera saber, no recuerdo en la historia reciente una confrontación de esta magnitud entre un empresario y un Presidente de la República. ¿Qué va a hacer la Presidencia de la República más allá de tener que salir a aclarar cada vez que Joaquín Vargas hace un comentario, que no tendría la razón y que en todo caso la razón es ésta del Presidente de la República? ¿Qué es lo que va a hacer la Presidencia de la República?

ASA.- Lo que hacemos, lo que queremos es hacer precisamente que ante ya todo lo que hemos aclarado y expuesto, lo que hacemos es un exhorto a que ya las partes se conduzcan por donde se deben de conducir, que es en los cauces institucionales de la parte técnica, es decir, la relación que debe de existir y que debió de haber existido siempre en ese tenor de diálogo entre la Secretaría de  Comunicaciones y Transportes y el grupo empresarial, así como con la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

¿Quiere con esto decir que la Presidencia va a dejar pasar una acusación de mentiroso al Presidente, de represor al Presidente, la va a dejar pasar?

AS: Ya lo señalé en el comunicado anterior, que estamos explorando todas las alternativas jurídicas.

Claudia Juárez: La pregunta es para el Secretario Pérez-Jácome.

¿Qué tipo de pruebas presentó MVS, qué tipo de pruebas y alegatos presentó la empresa el día de ayer y cuánto tiempo tendría la Secretaría para dar respuesta a la empresa?

DIONISIO PÉREZ-JÁCOME FRISCIONE (DPJ).- Efectivamente, el día de ayer recibimos de parte de MVS una serie de documentos, como parte del proceso en el que nos encontramos, estamos justamente en la etapa de valuación de dichas pruebas.

Aprovecho para reiterar, como lo hicimos el primer día, lo que sigue ahora a partir del inicio del procedimiento de rescate, es un proceso, un procedimiento en el cual vamos a respetar cabalmente, íntegramente los derechos, el derecho de la garantía de audiencia de todos los concesionarios, por lo tanto, estaremos recibiendo la información que nos hagan llegar, valorándola y después continuarán las etapas de probablemente alegatos, valoración de todas las pruebas y finalmente pues la resolución final sobre el  procedimiento.

Quiero reiterar de nuevo, lo que se inició no fue, lo que se hizo hace dos semanas no fue un decreto de rescate, fue el inicio del procedimiento de rescate apegado a derecho y en el cual los diferentes concesionarios están aportando toda la información que a su derecho convenga y nosotros tenemos la obligación, y así lo haremos, de analizarla a cabalidad y tomarla en cuenta en la resolución final.

Carlos Padilla: -Para la señora Alejandra Sota.

Independientemente de los dimes y diretes de ustedes o de MVS, el hecho es que MVS hoy no tiene esos refrendos, esos 42 refrendos; es decir, se cumplió la sentencia o la amenaza o la presunta amenaza de Javier Lozano. Ése es un hecho independientemente de los dichos.

Por lo que usted nos acaba de leer, Alejandra, usted acepta que hubo ese intercambio con Joaquín Vargas, éste y mucho más. ¿Entonces, nos está diciendo usted que usted es la autora de ese borrador, de esa carta que tenía o pretendía usted que leyera Carmen Aristegui? Nos confirma o nos desmiente, por favor.

Y también le quiero preguntar, parece ser que el círculo cercano a Felipe Calderón es el más interesado en escalar este conflicto, año y medio después todo mundo está hablando del presunto alcoholismo de Felipe Calderón. Parece ser, por la versión de Joaquín Vargas, que no era suficiente con que la corrieran, ustedes al parecer, según Joaquín Vargas, pedían que se disculpara públicamente tanto como Joaquín como Carmen Aristegui.

Entonces, por favor, esclarezcan esto para que se avance en esta situación.

AS: ¿Cuál es su segunda pregunta?  

-La segunda es que usted está leyendo comunicados que tuvo con Joaquín Vargas, significa que está admitiendo toda la comunicación que tuvo con Joaquín Vargas, que hace unos momentos él nos mostró copias, bueno, usted también lo vio, copias de todos los escritos, todos los intercambios que tuvo con usted y con el licenciado Pérez-Jácome y con Javier Lozano.

Entonces usted está admitiendo que sí hubo ese intercambio de opiniones. Usted admite que usted es la autora de esa presunta carta que debió haber leído Carmen Aristegui.

AS: Son dos cosas distintas, uno es el tema de la carta.

Como ya lo señalé, el señor Vargas lo que hizo fue compartir un texto y pedir sugerencias. La versión final que se le fue entregada a la señora Aristegui es responsabilidad exclusiva del Grupo MVS.

El señor Vargas, en efecto, hace públicas muchas comunicaciones privadas y yo no puedo más que afirmar lo que me corresponde a mí, no puedo afirmar lo que haya dicho el ex secretario Javier Lozano.

Ramiro Alonso: -Perdón, pero le estoy preguntando de la carta, no contesta, disculpe, pero no contesta.

AS:- Él entregó una carta a mí y hubo un intercambio de correos con borradores, yo hice observaciones.

PREGUNTA.- (Sin micrófono)

AS:- Lo último que dije fue, precisamente, que lo que nosotros estamos haciendo es aclarar punto por punto qué fue lo que sucedió en ese episodio.

Si se hubiera cumplido una amenaza, una situación de esa naturaleza, me voy precisamente a la cronología.

Si hubo intercambio de amenazas por parte del señor Lozano, el señor Lozano lo tiene que aclarar.

Sin embargo, somos muy enfáticos en decir que antes de que ellos tomaran su decisión, el Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, el ingeniero Gerardo Ruíz, se comunicó en esa reunión con ellos de manera explícita para decirles: Que la política de telecomunicaciones corría en un lado y la política de comunicación y la política interna del grupo corría por otro, que no iba a ver de ninguna manera un condicionamiento de una cosa hacia la otra. Y la mejor prueba de eso es precisamente que se llevaron 22 reuniones de trabajo con el Secretario de Comunicaciones y Transportes, muchas reuniones con la Secretaría de Hacienda, muchas reuniones con el Subsecretario Olavarría.

Y por lo tanto, como el propio señor Vargas lo confirma en una carta, le dice al Presidente que el dilema en cuestión es el precio.

Luciano Franco: -Licenciada Sota, yo quiero preguntarle, ahora que usted hace uso de la palabra, dice que el señor Vargas recurre al chantaje político, entre algunas otras cosas que pude anotar por aquí.

Más allá del arreglo judicial, más allá del arreglo jurídico que tenga este asunto de la Banda, políticamente haya un choque muy fuerte, muy claro.

 ¿Qué destino ven ustedes a este choque, si no será un problema que se herede al próximo gobierno?

 AS:- El destino es y siempre debe ser el destino técnico y jurídico, el destino debe ser y siempre debe ser el que las bandas se liciten, el que haya procesos de licitación, el que haya procesos técnicos que determinen quién debe de estar con un bien concesionado, quien debe de tener una frecuencia, quién debe de prestar un  servicio. Y esa ha sido siempre la política del Presidente Calderón.

Por eso insistimos que es la primera vez en la historia que las cadenas de televisión se van a licitar, se han hecho refrendos, se han hecho concursos, se han hecho licitaciones y todo conforme a la ley y el criterio técnico, insistimos una y otra vez, es el que debe de prevalecer, no el político, nunca un medio de comunicación, presionando al Gobierno Federal y que si no se accede a lo que ellos están interesados en acceder, entonces se va a hacer un escándalo mediático.

Ramiro Alonso: .-Una pregunta. La primera para el Secretario Dionisio Pérez-Jácome, saber cómo fue que ustedes han llegado a establecer la contraprestación. Sabemos que también un tema de la Secretaría de Hacienda, pero precisamente hoy se hablaba sobre cómo se ha llegado a obtener la contraprestación final en diversas economías del mundo, y en términos comparativos, pues México sigue teniendo uno de los precios más altos, incluso a nivel de América Latina.

Entonces, yo quisiera preguntarle si nos puede detallar un poco más, cuál fue este proceso, cuáles fueron los comparativos que hizo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para obtener la contraprestación.

Y bueno, hubo un segundo comentario que hizo el señor Vargas la semana pasada respecto del tema Televisa-Iusacell, donde él decía que la oficina de comunicación social de Los Pinos, había solicitado de manera expresa no impugnar esa sociedad que había sido recientemente, que había sido aprobado ya por la Comisión Federal de Competencia, a cambio de renovar las concesiones.

Yo solamente quisiera que usted nos diera su opinión sobre esto que comentó en aquel momento.

Y una última pregunta tiene que ver con el mensaje a los inversionistas.

Este problema ya trascendió, los límites técnicos. Yo quisiera que ustedes me dijeran cuáles son las garantías que tienen los inversionistas en México y en el mundo para que vengan inviertan y se abra la economía, generen empleos y bueno, se dan este tipo de historias.

MTRO. DIONISIO PÉREZ-JÁCOME FRISCIONE.- Con mucho gusto.

A ver, éste es un tema que como he señalado, viene de varios años atrás. No es un tema de los últimos dos años.

Llevamos, como Gobierno Federal buscando dar una plena utilización a esta banda de 2.5 gigahertz, cerca de seis años.

Como he señalado en diversas ocasiones, cuáles son los elementos que el Gobierno y la empresa pues han abordado en las diversas pláticas que abordamos durante todo este tiempo.

Tenían que ver por supuesto con los megahertz que se quedaban dentro del reordenamiento que estamos llevando a cabo, siguiendo las mejores prácticas internacionales, debo decirlo, siguiendo las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

También tiene que ver con la contraprestación, como ha quedado más que claro y es el elemento principal, yo diría donde hubo rechazo a las propuestas del Gobierno Federal, y tiene que ver también con la estructura que resultaría a la hora de reestructura o reordenar esta banda.

Para darles una idea, esta banda es muy importante, al igual que otras del espectro radioeléctrico, lo que queremos es darle a México mayor competitividad, darle la posibilidad de utilizar bandas, que todo el mundo está utilizando, para por ejemplo, brindar servicios de banda ancha.

La banda ancha, hoy la tenemos en todo tipo de dispositivos, en las tabletas, en computadoras y cada vez hay mayor demanda por banda ancha, en este caso, no sólo fija, sino móvil, que es una de las características que tiene esta banda.

Entonces, nos dimos a la tarea de tratar de encontrar, digamos, cómo hacerle, cómo encontrar un esquema viable para utilizar  la banda de los 2.5 gigahertz.

Hubo diversas propuestas en las pláticas sostenidas durante este lapso; yo les diría que empezamos primero con referencias a licitaciones nacionales, referencias directas como se hace con otras bandas, es, digamos, lo primero que se busca.

En este caso resultó, nos rechazaron la propuesta y resultó complicado encontrar cuál debería de ser el valor específico de la banda, dado que estaba cambiando de usos, se estaba ampliando. La Unión Internacional de Telecomunicaciones la definió recientemente como una banda susceptible para brindar servicios de banda ancha móvil.

Lo que dijimos fue: bueno, vamos a buscar una fórmula que nunca falla, vamos a licitar una parte de esta banda y que sea el mercado el que decida cuánto vale. Esa fórmula funciona en todo el mundo, implicaba licitar una parte del espectro en manos de los concesionarios pequeña, simplemente para determinar el precio, y ese precio es el que aplicaría para el pago de los megahertz con que se quedaría el concesionario. También fue rechazada esta propuesta, que se nos hacía sinceramente una propuesta basada en las mejores prácticas, transparente y una propuesta que nos iba a permitir conocer en México cuánto efectivamente vale esta banda.

La empresa decía: es que creemos que vale menos. Bueno, con más razón hubiera resultado positivo el ejercicio, si valía menos, a juicio de la empresa, y el valor de mercado así lo representaba pues ahí se iba a reflejar. En fin, fue rechazada esa alternativa.

Pasamos a una tercera alternativa, que era que a falta de la posibilidad de licitar una parte de la banda, tomamos referencias internacionales, un promedio de las contraprestaciones que se están pagando en diferentes partes del mundo en bandas de 2 a 2.5, y ese precio, ese precio resultante, que es el que ustedes conocen que es de 10.5 centavos de dólar por megahertz pop, que fue al que llegamos después de varias pláticas, análisis, en fin.

Fue cuando le pedimos a la empresa que nos dijera en forma clara e indubitable si estaba dispuesto a pagar 10.5 centavos de dólar por megahertz pop, nos contestó: que había que hacerle unos ajustes a la metodología y que estaba dispuesta a pagar .04 centavos de dólar por megahertz pop.

Entonces, de parte del Gobierno Federal hemos tratado, créanme que se hizo un esfuerzo técnico, jurídico, económico, en todo momento para tratar de encontrar una viabilidad a la banda. Al no haber podido encontrar un esquema que resultara viable continuamos con el reordenamiento, como lo dijimos hace algunos días, con el inicio del procedimiento de reordenamiento de la banda, de rescate de la banda.

AS:- Respecto a su pregunta, insisto, que yo no volví a tener contacto con el señor Vargas, lo que no significa que no hubiera un trabajo cotidiano del grupo con los reporteros de la fuente en las distintas dependencias, el trabajo cotidiano, las entrevistas de distintos funcionarios en ese grupo. Sin embargo, en términos de relación con el señor Vargas no volvimos a tener ningún contacto.

Y las decisiones que tienen que ver con la concentración de Televisa-Iusacell, pues son responsabilidad única y exclusiva de quienes decidieron esa concentración, autorizar esa concentración, es la Comisión Federal de Competencia.

Y el tema de los inversionistas, pues precisamente lo que el Presidente ha garantizado desde el primer día de su gobierno es certeza jurídica; que no hayan concesiones, que no hayan refrendos y que no hayan licitaciones a modo, que no hayan regalos para nadie, sino que por el contrario, quien quiera participar en una licitación pueda hacerlo y ganar así un negocio, una licitación y poder así prestar un servicio. Ése es el mensaje a los inversionistas, que siempre habrá certeza jurídica y no intercambio de favores o intercambio de amenazas y chantajes.

Muchas gracias.

Fuente: Dirección General de Comunicación Social. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, (SCT).