Publicado en La Otra opinión de Ricardo Alemán
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“Le digo a mi amigo Carlitos (Marín) que soy inocente, que me inculpan testigos protegidos, inducidos con testimonios falsos y de oídas. Y no dudo que pretendan reclutar a otros para el mismo fin, inducidos todos con testimonios falsos, porque no hay nada…Tomás Ángeles.
Eran las 19:30 horas del martes 15 de mayo cuando tres elementos de la Policía Judicial Militar detuvieron en Viaducto Tlalpan al ex subsecretario de Defensa Nacional, General de divisiónTomás Ángeles Dahuahare, quien de inmediato fue llevado al campo Militar Número 1 en la sede de la Secretaria de la Defensa Nacional para que le practicaran examen médico; minutos más tarde, alrededor de las 21:00 horas, ya estaba en las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) a disposición del Ministerio Público Federal.
En otro operativo fue detenido el general Brigadier, Roberto Dawe González; tres días después fueron detenidos el General Ricardo Escorcia Vargas y el Teniente Coronel de Caballería retirado Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto.
Se les acusa de haber sido sobornado por bandas del crimen organizado, concretamente de vínculos con los cárteles de los hermanos Beltrán Leyva y el de Los Zetas. Averiguación previa AP/PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010.
La SIEDO hizo del conocimiento del general Ángeles las siguientes imputaciones: una denuncia anónima por vía telefónica de fecha 17 de marzo de 2010;la declaración ministerial del testigo protegido con clave “Jennifer” y la declaración ministerial del Mayor Iván Reyna Muñoz; y les notificó que un juzgado federal había concedido su arraigo por 40 días, por lo que sería trasladados a Centro de Investigaciones Federales de la Colonia Doctores-; semanas después el 25 de junio se le les informó que el plazo se ampliaba a 80 días más, es decir, hasta el3 de agosto, pero justo días de cumplirse el plazo del arraigo fueron trasladados por orden de un juez federal al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
En efecto, el 31 julio 2012, y tras 70 días de arraigo, Raúl Valerio Ramírez, Juez Tercero de Distrito en procesos penales federales, con sede en Toluca, Estado de México ordenó las aprehensiones de los militares, así como y de los narcotraficantes Édgar Valdés Villarreal, "La Barbie"; Gerardo Álvarez Vázquez, "El Indio"; Pedro Bermúdez Suaza, "El Arquitecto", y Denys Gerardo Rodríguez Pacheco, "El Denys".
El Comunicado de la PGR del martes, 31 de Julio de 2012 Boletín 275/12, dice.
El Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales (Raúl Valerio Ramírez)libró orden de aprehensión contra los probables responsables con motivo de la consignación de la averiguación previa AP/PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010 por los delitos siguientes:
1. Delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud, contra: Tomás Ángeles Dauahare, General de División Diplomado del Estado Mayor (DEM) retirado;Ricardo Escorcia Vargas, General de División DEM retirado; Roberto Dawe González, General Brigadier DEM; Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, Teniente Coronel retirado, quienes se encontraban sujetos a la medida cautelar de arraigo prevista en el artículo 16 Constitucional; Mayor Iván Reyna Muñoz; Edgar Valdés Villarreal, alias "La Barbie"; José Gerardo Álvarez Vázquez o Gerardo Álvarez Vázquez, alias "El Indio"; Antonio Aguilar Cuervo o Antonio Aguilar Vélez o Antonio Bermúdez Uribe o Pedro Bermúdez Suaza o José Antonio Ramirez Suaza, alias "El Arquitecto" y Dennys Gerardo Rodríguez Pacheco o Denis Gerardo Rodríguez Pacheco, alias "El Denis" (…)
2. Contra la salud en la modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar la ejecución de delitos de esa naturaleza, contra Rubén Pérez Ramírez, General de Brigada.
Concluye el comunicado: “La SIEDO desahogó las diligencias necesarias para el desarrollo de esta investigación, con pleno respeto a los derechos procesales y humanos que establece el orden jurídico nacional y conforme a los elementos contenidos en la indagatoria indicada”.
La decisión del juez Valerio: auto de formal prisión por la vía ordinaria.
Y tal y como se esperaba el lunes 6 de agosto de 2012 el Juez Valerio Ramírez informó (mediante una nota del CJF) que dentro del término ampliado que prevé el artículo 161 del Código Federal de Procedimientos Penales, se decidió la situación jurídica de los militares en relación a la causa penal 44/2012, en los términos siguientes:
A.- “Auto de formal prisión contra Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González, Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, Ricardo Escorcia Vargas e Iván Reyna Muñoz, por el delito dedelincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud, previsto y sancionado por los artículos 2, fracción I y 4, fracción I, inciso b), de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada;
B. “Auto de formal prisión contra Rubén Pérez Ramírez, por el delito contra la salud en la modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar la ejecución de delitos de esa naturaleza, previsto y sancionado en el numeral 194, fracción III, con relación a los diversos 193 y 196, fracción I, del Código Penal Federal.
Todos los procesados sin derecho a libertad provisional bajo caución, al tratarse de delitos calificados como graves, subraya la nota del CJF
Agrega la nota informativa que es de reiterar que se dictó auto de formal prisión a los militares“porque con los elementos de prueba que constan en el expediente se desprenden indicios suficientes que comprobaron el cuerpo del delito de delincuencia organizada y que hacen probable la responsabilidad penal de los ahora procesados en su comisión, ya que se obtienen informes de que los mencionados, como servidores públicos, favorecían los intereses de la organización delincuencial conocida como “Los Beltrán Leyva” con la que se les relaciona, pues al menos durante el año, dos mil siete…”
Los elementos de prueba son dichos de testigos protegidos, que por cierto cambiaron la fecha antes era 2000, después dijo que fue 2007.
La decisión del juez Valerio Ramírez no es convincente –por lo menos para mi; y es que al darle seguimiento al caso, leer las notas de prensa, comunicados oficiales, comentarios de destacados penalistas, así como las entrevistas de los inculpados –concretamente en el caso del General Ángeles-, y abogados se pueden percibir varias inconsistencias en el debido proceso; en primer lugar le dan una fuerte poder al dicho de un testigo protegido, o sea de un delincuente.
Otra etapa: el caso a un tribunal de alzado, o a un amparo.
Y bien, con la decisión del Juez Valerio se inicia la etapa de instrucción, en que los afectados tendrán la oportunidad de ofrecer las pruebas pertinentes y el juzgado de distrito pueda acordar lo pertinente para su desahogo. El asunto seguramente ira a un tribunal de alzada, y e seguirá hablando del tema;
¿Hay indebido proceso? No lo sabemos bien a bien, pero las pruebas no son contundentes, sobretodo si vienen de un testigo protegid, quien cambia los dichos.
¡Hay intereses políticos en el caso?
Antes de su detención y arraigo de Tomás Ángeles sucedieron dos cosas que NO necesariamente tienen que ver con las acusaciones de que ha sido objeto, pero pudieron leerse como que hubo motivos políticos en su detención, a saber; asistió -el 9 de mayo- a un foro especializado en San Luis Potosí, invitado por la fundación Colosio del PRI; ahí opinó públicamente que no existen objetivos definidos en la lucha contra el crimen organizad, y aseguró que NO hay una estrategia de seguridad nacional, que no hay rumbo, y que las actuales líneas de acción no conducen a ningún lugar. “Me atrevo a decir, no tenemos estrategia de seguridad nacional”, señaló.
La otra acción, fue que horas antes de su homicidio se reunión en un desayuno con el general en retiro Arturo Acosta Chaparro. Éste fue ejecutado el 20 de abril de 2012, cuando un individuo le disparó, por la espalda, en la cabeza.
Y hay un tercer elemento que sólo lo menciono de paso; llegada como asesor externo en materia de seguridad del General colombiano Oscar Naranjo Trujillo, del virtual presidente electo, Enrique peña Nieto. En efecto, fue nombrado el jueves 15 de junio, pocos días antes de la elección presidencial lo que generó una serie de reacciones e incluso de haber violado la Constitución. ¿Viola la Constitución su nombramiento? ¡Obviamente no! Aunque Gustavo Madero, presidente del PAN, haya asegurado que sí, concretamente del artículo 32 de la Constitución.
Surgen dos interrogantes ¿Qué tanto hay de cierto en que la detención y cárcel de Tomas Ángeles y la ejecución de Acosta Chaparro tienen que ver con los intereses en disputa? Me refiero a si esto tiene que ver con las oficinas de Lomas de Sotelo.
Hay varios que hablan del asunto. (Véase… Cuánto vale la Sedena?/ Juan Bustillos, revista Impacto # 3258, 5 de agosto de 2012 y Por la Sedena se vale de todo/Jorge Carrasco, reportero Revista Proceso 1864, 22 de julio de 2012.
Antes de ser enviado a una cárcel de máxima seguridad Tomás Ángeles aseguró que su detención podría ser producto de la pugna por la sucesión en la titularidad de la institución militar, y categórico afirmó que no tuvo "ni el más sutil aroma" para aspirar al cargo. Señaló que "aunque no dejan de ser especulaciones", apunta más a "la hipótesis de los compañeros que se disputan la Defensa". Y aprovechó para deslindar a los actuales secretarios de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, y de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, de estar detrás de un plan para desacreditarlo y motivar su detención por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Y la Secretaría de la Defensa ha manifestado categóricamente que no investiga ni tampoco ha iniciado ninguna averiguación previa en contra de los militares y precisa que se mantendrá al margen de indagatoria iniciada por la PGR: “la participación de esta dependencia del Ejecutivo federal se limitó exclusivamente a cumplimentar la orden de presentación de los militares referidos ( el 15 de mayo de 2012)”.
Ante estos rumores y filtraciones el lunes 6 de agosto el General Secretario de la Defensa Nacional sostuvo un encuentro –de acuerdo a fuentes militares- de dos horas a puerta cerrada con 24 Generales de División del Ejército. Advierte Galván a Generales que la sucesión del titular de la Sedena corresponde al Presidente electo, por lo que no caben anticipaciones, dice una nota en primera plana en Reforma del 7 de agosto. "Respecto a la sucesión, el Alto Mando del Ejército y la Fuerza Aérea giró instrucciones para continuar trabajando, reiterándoles a los Generales que le corresponderá al Presidente electo establecer los procedimientos para la designación" del sucesor, dijeron las fuentes a Reforma.
Una nota de Benito Jiménez del periódico Reforma (8 de agosto) precisa que el General Secretario entre otros temas, habló de la formal prisión de sus compañeros de armas. "La actuación del personal militar se realiza con estricto apego a las leyes, con pleno respeto a las garantías individuales y derechos humanos. La Secretaría únicamente apoyó a la PGR para la cumplimentación de una orden de presentación", argumentó Galván ante los mandos militares, aseguraron fuentes presentes en la reunión. "Se confía en la adecuada procuración y administración de justicia en este y en todos los casos donde se encuentra personal militar involucrado", agregó.
En el mismo sentido se expresó ayer la procuradora Marisela Morales “no hay ninguna intención política, aseguró”. "La Procuraduría General de la República actúa con estricto apego a derecho y con seriedad y con responsabilidad, y en ese sentido hemos realizado todas y cada una de las diligencias. No existe ningún tipo de interés que no sea simplemente aplicar la ley como está en la propia Constitución".
En tanto eso sucede la SCJN se discute sobre los límites del fuero militar.
El pleno de la Corte inició este lunes 6 de agosto el esperado debate sobre los límites del fuero militar. La Corte revisará dos conflictos competenciales y 28 amparos promovidos por militares, con la idea de fijar jurisprudencia obligatoria que aclare que los tribunales castrenses no deben juzgar a soldados acusados de delitos contra civiles.
En el marco de esa discusión José Ramón Cossío afirmó que el uso de las Fuerzas Armadas Mexicanas en tareas de seguridad pública es contrario a la Constitución, concretamente del artículo 129 de la Constitución, que dice: "En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas".
Al intervenir en el debate sobre los límites del fuero militar, el Ministro Cossío sostuvo que en ningún momento se ha presentado alguno de los escenarios que prevé la Carta Magna para que el Ejecutivo pueda disponer del Ejército en tareas distintas a las estrictamente castrenses.
Esta es la primera vez que un Ministro de la Corte se pronuncia públicamente contra el uso de las Fuerzas Armadas en este tipo de actividades, misma que el máximo tribunal legitimó en una sentencia dictada en 1996.
El tema dará de mucho que hablar, y varios estudiosos estamos siguiendo el desenlace, un caso muy similar al de Florence Cassez.
Recomiendo el debate en la SCJN, que se inicio el lunes y que seguirá este jueves 9 de agosto.
Juez Raúl Valerio Ramírez, perfil.
Nació en Los Reyes la Paz, Estado de México.
Es licenciado en Derecho en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón de la UNAM, se titulo en 1994 con la tesis: "Estudio Comparativo Entre las Calificativas de Alevosía y Ventaja en el Homicidio"; ; Especialización Judicial en delitos financieros y derecho notarial,
Se preparó para ser Secretarios de Estudio y Cuenta de la SCJN en el Instituto de la Judicatura Federal
Cargos desempeñados dentro del Poder Judicial. Oficial Judicial, Secretario de Juzgado en el III de Distrito en Sinaloa; en Sexto de Distrito en Materia Penal en el DF y Secretario de varios Tribunal Unitario en Materia Penal y Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, cargo que ocupa desde agosto de 2009.
Fue designado bajo un concurso interno de oposición, DOF 06/02/2009.
Fuente: CJF
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