El Diputado petista Ricardo Monreal

Discurso del Diputado Ricardo Monreal en las sesión de Congreso General, apertura de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio, celebrada el sábado 1 de septiembre de 2012.
El diputado Ricardo Monreal Ávila:

Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores y legisladoras, hoy iniciamos una legislatura en medio de la incertidumbre, el caos y la denegación de justicia. El orden, la comodidad y el derroche de este recinto no reflejan la inseguridad, el desempleo, la violencia, la carestía y la zozobra que campean en el país.
Lo que mal empieza mal acaba. Ésa fue la lección de hace seis años para un gobierno espurio, que termina espurio. No se aprendió la lección y por eso hoy estamos condenados a repetir la historia, pero con más agravantes y mayores agravios.

Hace seis años el Tribunal Electoral preparaba por estas fechas la calificación de una de las elecciones más controvertidas en el país. Los magistrados de aquel entonces tuvieron un rasgo de pundonor. Hicieron el intento de apegarse a lo que significaba el concepto calificación, es decir, identificar la cualidad y calidad distintiva de un hecho o acontecimiento.
Encontraron, entre otras cosas, que en la elección se habían cometido graves irregularidades como la intromisión indebida del Ejecutivo en el proceso y el pago de campañas publicitarias con recursos privados, pero que ninguna de ellas había sido determinante en el resultado final de la elección.
Es decir, sí se había violado la Constitución y la ley, pero nada más tantito y ese tantito no había tenido nada que ver en la pequeña diferencia del 0.54 por ciento del resultado final. Se consumó el robo de la presidencia en contra de Andrés Manuel López Obrador, y vean que daño le hicieron al país. Vean el tiradero en que lo han sumido a nuestra patria.
Seis años después, con muchas más evidencias, datos, documentos y testimonios de irregularidades, el Tribunal Electoral encontró que la pasada elección presidencial fue una pieza maestra de pulcritud, limpieza y transparencia que causaría la envidia de los ciudadanos de la Grecia antigua o de los electores del cantón suizo más moderno.
Las tarjetas prepagadas de Monex, mediante las cuales se disfrazaron miles de millones de pesos, al margen de la autoridad electoral, fueron producto de la alucinación. Los monederos electrónicos de Soriana, que se repartieron por miles en las colonias pobres, antes de la elección, fueron fabricados por la maledicencia de unas cuantas personas mal pensadas.
Las empresas fantasmas fueron tan transparentes que el tribunal no las alcanzó a ver. Las transferencias electrónicas erróneas, entre Scotiabank y el gobierno del estado de México, por cantidades millonarias, fueron producto de contabilidad creativa, no de la ilegalidad.
Todos sabemos que las sentencias de un tribunal superior son inapelables e inatacables en términos jurídicos, pero nunca serán inopinables e incuestionables en términos de la ética ciudadana, sobre todo en una sociedad como la nuestra, que tiene perfectamente claro que por un lado marcha la legitimidad y por el otro, frecuentemente, en sentido contrario, la legalidad. Del Tribunal Electoral de hace seis años, ni el pundonor quedó en el actual.
Consta en la opinión pública la forma en cómo uno de los actores de este juicio, el PRI le fue fijando a la autoridad electoral la agenda del trabajo, los términos de los dictámenes y hasta la fecha de la sentencia y entrega de la constancia de mayoría.
Cuatro ejemplos. Uno, la Unidad de Fiscalización del IFE resolvió en dos días el monto y los beneficiarios de las tarjetas Monex, denunciado por el PAN. Resultó que eran operadores del PRI en Guanajuato.
Posteriormente, cuando la Coalición denunció el doble de este monto con una serie de empresas fantasmas, nada sucedió, hasta ahora nada ha sucedido. Y a pesar de contar con dientes y colmillos para realizar investigaciones expeditas en materia de lavado de dinero en las campañas electorales el IFE se resistió, de manera sistemática, a adelantar las investigaciones e informes con los mismos argumentos de la defensa del PRI.
Dos. La denuncia por publicidad encubierta la desechó el Consejo General del IFE, prácticamente con los mismos argumentos que utilizó el PRI.
Tres. Cuando diversos magistrados electorales habían señalado en momentos diferentes una fecha, el PRI se las corrigió. Y así ocurrió.
Cuatro. Lo insólito, uno de los magistrados integrantes de la Comisión Redactora declaró presidente electo a quien nosotros no reconocemos, antes de la votación.
Hay que decir las cosas como son, llamar las cosas por su nombre. El máximo tribunal electoral del país, que debería actuar como una corte constitucional en la materia, devino en un tribunal de consigna; o peor aún, de cortesanía política.
Se actuó sin pudor ni recato. La sesión donde fue resuelta nuestra inconformidad de convirtió en un concurso de lambiscones. Peor aún, parecía competencia de quién era el más abyecto, quién se arrastraba más, quién era más cínico.
Todo para hacerse merecedor de un asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Las cortes constitucionales emiten fallos ejemplares; los tribunales de consigna y de cortesanía general, fallos fallidos. Es decir, literalmente fallas institucionales e históricas.
Un fallo ejemplar resarce por naturaleza cualquier daño a la Constitución; una falla histórica ahonda más la herida. Un fallo es inapelable porque logra la síntesis de lo legal y lo legítimo; una falla, en cambio, la divorcia y busca imponerla a partir de la legalidad literal.
La legitimidad trascendente. Un fallo es inatacable, no solo porque resuelve un caso jurídico para un país como una elección presidencial, sino porque se vuelve un referente ético para varias generaciones y elecciones presidenciales futuras. En cambio, una falla institucional sienta precedentes negativos y perniciosos para la convivencia presente y futura de la sociedad.
Ciertamente, este fallo afecta el interés jurídico y político de la Coalición y de nuestro candidato Andrés Manuel López Obrador, pero esa afectación es la menos importante de todas las ocasionadas de manera colateral.
Por un lado, deja abierta en carne viva la herida a una Constitución que mandata la equidad en letra y espíritu como eje central de elecciones libres y auténticas que no se celebraron en México.
Por el otro, el desestimar el uso y abuso de dinero excedente de procedencia ilícita en la campaña del PRI sienta el gravísimo precedente para subastar al mejor postor las próximas elecciones. Para la Constitución el sufragio en efectivo no es elección; para el tribunal, en cambio, sí lo es.
De ahora en adelante las elecciones serán ganadas por el candidato y el partido que más dinero de procedencia ilícita gaste, por el partido y el candidato que más empresas fantasmas utilicen para triangular sus donativos ilegales; por el candidato y partido que más votos compre.
Podría llegar el momento, y pensémoslo ya, que ya no existan elecciones constitucionales. Hagamos subastas periódicas de cargos de representación popular en un mercado libre y abierto.
Éste es el daño mayor e irreparable que ha generado este fallo fallido. Las máximas autoridades electorales mandaron al diablo a la Constitución, y eso es imperdonable. Al calificar una elección los tribunales cortesanos y de consigna terminan descalificándose a sí mismos.
Quiero hacerles una pregunta a los integrantes de esta asamblea legislativa. ¿Alguien de ustedes recuerda a los magistrados del 2006? Hace una semana uno de ellos me reveló que días antes de la calificación presidencial los cabilderos del poder les ofrecieron a algunos de ellos apoyarlos para que fueran ministros de la Suprema Corte de Justicia, una vez que calificaran y cometieran aquella canallada, ellos fallaron a favor del poder, pero después les fallaron a ellos. Pregunten dónde están.
Ése es el destino de los tribunales de consigna, terminan por no ser útil a nadie, así son tratadas las cortes sin pundonor, son desechados hasta por quienes las usan. Por cierto, todas las pruebas que incomodaron a los magistrados y fueron calificadas como inoperantes, vagas, imprecisas, insuficientes y no determinantes fueron aportadas por los ciudadanos. La afrenta es para ellos.
Con frecuencia nos cuestionan sobre cuál es el número de votos necesarios para reconocer sin impugnar el resultado electoral. La respuesta es que en una elección democrática no es sólo un tema cuantitativo, sino ante todo cualitativo.
Tan importante como el número de votos de diferencia es la forma como se obtienen los sufragios. Cuando existe equidad una elección se pierde o se gana con un voto de diferencia y así lo reconoceremos siempre, pero cuando la equidad, y la inequidad de la condición dominante, la diferencia numérica no es fuente de legitimidad sino indicador del tamaño de las irregularidades cometidas.
La pasada elección presidencial estuvo muy alejada de la equidad democrática, que es la base de unas elecciones libres y auténticas como lo ordena la Constitución. El dinero a raudales de procedencia desconocida y al margen de toda fiscalización se convirtió en esta ocasión en la partícula del fraude electoral y del atropello constitucional. El dinero ilegal e ilícito en una campaña es inocultable, suda, huele y deja rastro, el derroche fue su principal expresión.
No podemos aceptar que el dinero ilegal o ilícito defina el resultado electoral, porque estaríamos actuando en contra de la voluntad ciudadana. Está demostrado que quienes compran una elección presidencial terminan vendiendo al país, pero se van a topar con nosotros.
Anunciamos, anunciamos, que frente al cinismo e irresponsabilidad jurídica y política de consejeros y magistrados, que actuaron de manera vergonzosa e indigna, y a efecto de que no queden impunes sus fechorías y ambiciones promoveremos en los próximos días ante este Congreso un juicio político, y convocaremos a todos los ciudadanos que se sientan agraviados por los atropellos cometidos a que suscriban este juicio político.
Por lo pronto el próximo 9 acompañaremos a Andrés Manuel López Obrador, ahí vamos a definir lo que el movimiento habrá de realizar. Desde esta tribuna hacemos responsables a los usurpadores e impostores del poder, de las represalias y agresiones que sufran los jóvenes y los ciudadanos que buscan detener este nuevo asalto a la Constitución con la única arma que poseen, su libertad de expresión y manifestación.
Resistiremos cualquier embestida para tratar de detener, desprestigiar y hasta transar con nuestra lucha por defender la Constitución; pobre de nuestro país con la restauración autoritaria, con la resonancia de discursos retóricos y demagógicos que rayan en la incongruencia y en la mentira. Discursos huecos que hacen crecer los abismos entre la realidad en la calle y la comodidad en sus curules.
Frente a los momentos aciagos de la República, nosotros continuaremos con nuestro principal propósito: transformar al país. La nación, señores diputados, diputadas, senadoras, senadores, la nación está de luto, asistimos a las exequias de la democracia, frente a esta justicia putrefacta, frente a estos políticos corruptos y decadentes, frente a la impunidad, y ya es una norma de conducta en el país, solo nos queda actuar con dignidad; así lo haremos en la izquierda, se los aseguro.