Participaron en fallos y sentencias sobre El Chapo Guzmán
y Raúl Salinas, entre otros
Nota de Juan Pablo Reyes
Excélsior, 18 de octubre.- Cuatro de los seis candidatos
propuestos por el presidente Felipe Calderón para sustituir a Salvador Aguirre
Anguiano y a Guillermo Ortiz Mayagoitia como ministros de la Suprema Corte han
participado en resoluciones de casos polémicos.
Los
expedientes de las dos ternas enviadas por el Presidente serán revisados de
manera inédita por legisladores, para identificar puntos “débiles y errores”,
acordó ayer la Comisión de Justicia del Senado.
Por
unanimidad, los legisladores determinaron solicitar al Consejo de la Judicatura
Federal el estado de las quejas presentadas en contra de las resoluciones o
actuaciones de los aspirantes.
Manuel Baráibar Constantino, Emma Meza Fonseca, Alberto
Gelacio Pérez Dayán y Pablo Monroy Gómez trabajaron en asuntos relacionados con
Onésimo Cepeda, ex obispo de Ecatepec; Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex
presidente Carlos Salinas; Mario Marín, ex gobernador de Puebla, así como con
el caso del predio El Encino, que involucró a Andrés Manuel López Obrador
cuando era jefe del gobierno capitalino, y con sentencias condenatorias al
narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán.
Baráibar Constantino integró el tribunal colegiado del
Estado de México que, en junio de 2005, declaró inocente a Raúl Salinas de
Gortari, preso durante diez años por el homicidio de José Francisco Ruiz
Massieu.
En 2011 fue parte de la votación que revocó un amparo
promovido por la empresa Arthinia contra Onésimo Cepeda, donde se disputaban
130 millones de dólares y obras de arte.
Pérez
Dayán, en 2002, presidió el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa
del Primer Circuito que otorgó un amparo a la Promotora Internacional Santa Fe
para que el gobierno del DF, entonces encabezado por
Andrés Manuel López Obrador, les indemnizara por la expropiación del predio El
Encino.
Como juez Cuarto de Distrito en Materia Penal del DF, a
mediados de la década de los años 90, el actual magistrado Monroy Gómez dictó
dos sentencias condenatorias por un total de 13 años de prisión contra El Chapo
Guzmán, quien está prófugo desde 2001.
Casos
con polémica rodean a aspirantes
En sus manos tuvieron expedientes como el de Raúl Salinas,
El Chapo Guzmán y El Encino.
Cuatro de los seis magistrados propuestos por el
presidente Felipe Calderón para ocupar los puestos de ministros de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación se han visto envueltos en la polémica por
algunas de las resoluciones que han tomado en sus juicios.
Son Manuel Baráibar Constantino, Emma Meza Fonseca,
Alberto Gelacio Pérez y Pablo Monroy, quienes han llevado casos como el del ex
obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda; el del hermano del ex presidente Carlos
Salinas, Raúl Salinas de Gortari; el del ex gobernador de Puebla Mario Marín o
el del predio El Encino.
Baráibar Constantino pertenecía al Segundo Tribunal
Colegiado del Estado de México que en junio de 2005 declaró inocente a Raúl
Salinas de Gortari, quien permaneció
diez años en prisión, en el asunto del asesinato de José Francisco Ruiz
Massieu.
Los
magistrados José Nieves Luna, Adalid Ambriz y Manuel Baráibar votaron en favor
del otorgamiento del amparo que permitió la libertad a Raúl Salinas, al no
acreditarse a plenitud su responsabilidad en la autoría intelectual de ese
crimen.
El 16 de junio de 2011, el Octavo Tribunal Colegiado en
Materia Penal del Primer Circuito, al que pertenece actualmente Manuel
Baráibar, revocó el amparo dictado por un juez federal y promovido por la
empresa Arthinia en contra del ex obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, mediante
la cual se canceló la orden de reabrir una indagatoria contra el mitrado por la
presunta simulación de un préstamo por 130 millones de dólares y de
supuestamente tratar de apropiarse de una colección de obras de pintores
extranjeros y mexicanos.
En ese entonces con dos votos a favor, de Manuel Baráibar
Constantino y José Pablo Pérez Villalba, y uno en contra, de Carlos Enrique
Rueda Dávila, los magistrados determinaron conceder el amparo.
Manuel
Baráibar, siendo magistrado también, formó parte de la comisión creada por la
SCJN para investigar el conflicto de
2006 en Oaxaca. Durante año y medio fueron investigados los
hechos de violencia que involucraron a la Asamblea Popular de los Pueblos de
Oaxaca, la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y
los gobiernos estatal y Federal.
“No se adjudican
responsabilidades, sino únicamente se identifican a las personas que
participaron en los hechos calificados como graves violaciones a las garantías
individuales”, concluyeron Baráibar y el magistrado Roberto Lara en 2009.
Condenó
a El Chapo
Como juez Cuarto de Distrito en Materia Penal del DF, a
mediados de la década de 1990, el actual magistrado Pablo Vicente Monroy tuvo
conocimiento del caso de Joaquín El Chapo Guzmán Loera y dictó dos sentencias
condenatorias por un total de 13 años de prisión al narcotraficante, quien se
fugó en 2001 del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco.
El tema fue un ex gobernador
En
cuanto a Emma Meza Fonseca, fue integrante de la Comisión Investigadora
designada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para indagar las
“violaciones graves”, cometidas presuntamente por el ex gobernador de Puebla
Mario Marín y otros funcionarios en contra de los derechos
individuales de la periodista Lydia Cacho.
En noviembre de 2007, Marín fue exonerado luego de
que fue tomada como base la
investigación de la comisión especial que determinó que las grabaciones
telefónicas entre Marín y el empresario Kamel Nacif habían sido obtenidas
ilícitamente y no podían ser consideradas como pruebas de conspiración en
contra de Cacho.
Problemática con un predio
En tanto que en 2002 el Séptimo Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer Circuito, al cual pertenece el magistrado
Alberto Gelacio Pérez y quien en ese momento fungía como su presidente,
confirmó el amparo promovido por la empresa Promotora Internacional Santa Fe
contra el decreto por el cual fueron expropiadas dos fracciones del predio
conocido como El Encino con el propósito de construir la ampliación de
vialidades.
Fue la Corte la que
finalmente dictaminó en 2011 sobre este tema que el gobierno del Distrito
Federal debía indemnizar a los dueños del predio y cerrar una disputa legal que
en su momento motivó el desafuero del entonces jefe del gobierno capitalino
Andrés Manuel López Obrador.
Otro caso para Pérez Dayán fue el amparo otorgado en 2011
a Telmex en el cual se resolvió que la Comisión Federal de Telecomunicaciones
emitió opinión favorable sobre el cumplimiento para lograr la modificación de
su título de concesión y permitirle incursionar en la televisión de paga. El
conflicto sigue hasta el momento.
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