Ejecución de Sanciones y Ley de Amparo, listas...

Este miércoles 14 de marzo se aprobó – ¡por fin!- en la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados la Ley Federal del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones, y se adiciona el artículo 50 Quáter a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El 29 de abril de 2011 el pleno de la Cámara de Diputados aprobó  en Primera Lectura, dicho proyecto de decreto, per4 sólo con el aval  de la Comisión de Seguridad Pública, que preside el diputado José Lluís Ovando Patrón (PAN). Faltaba el visto bueno de la Comisión de Justicia, ya que la iniciativa presidencial les fue turnada a ambas comisiones.

Fue de llamar la atención que en el análisis y consideraciones de los legisladores de la Comisión legislativa de Seguridad Pública señalaron que ellos legislaron para cumplir con los compromisos que derivan del mandato constitucional.

En efecto, en el quinto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 18 de junio de 2008, se señala que: "El nuevo sistema de reinserción previsto en el párrafo segundo del artículo 18, así como el régimen de modificación y duración de penas establecido en el párrafo tercero, del artículo 21, entrarán en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin que pueda exceder el plazo de 3 años contados a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto",
El legislador permanente dio un plazo de 3 años que se venció el 19 de junio de 2011. En esa fecha debería de estar funcionando el Juez especializado en la materia.  Y para resolver ese problema el Poder Judicial de la Federación elaboró un Acuerdo General para regular estos órganos especializados.
Pero bueno en unos días más se presentará al pleno.
Con esta ley se establece un nuevo diseño de sistema penitenciario, que plantea el respeto irrestricto a los derechos humanos hacia el interior de las cárceles y aplica el principio constitucional de presunción de inocencia.
El diputado Humberto Benítez Treviño (PRI), dijo que con este nuevo ordenamiento se establece un sistema de clasificación de internos, para distinguir entre procesados y sentenciados. Abundó que actualmente existen 223 mil internos en todo el país, “el 60 por ciento son procesados y el 40 son sentenciados. Hay un enorme problema de corrupción que debemos atender; primero, con penales adecuados, porque hay sobrepoblación, entonces cualquier programa a implementar será un fracaso”.
Agregó que se ha detectado que en cada uno de los 429 penales del país se deben poner antenas inhibitorias para llamadas de teléfonos celulares; “solamente hay 17 en el país, y se ha descubierto que de las seis mil llamadas diarias por extorsión telefónica, el 90 por ciento provienen del interior de los reclusorios”.
“Sabemos que a pesar de que no están permitidos los celulares en los reclusorios existe una enorme corrupción dentro de ellos; entonces, esta nueva ley viene a terminar con este fenómeno, viene a establecer un sistema de clasificación de internos y crea una figura importante, como es la del juez ejecutor de sentencias”, aseveró.
Se crea el juez de ejecución de sanciones:
Don Humberto detalló que al tener una sola autoridad como es el juez ejecutor de sentencias, éste verá la duración de la pena y dará los trámites correspondientes a los reclusos. Afirmó que en la nueva ley se establece un sistema integral de justicia para adolescentes en materia penal, con ministerios públicos y jueces especializados en este sector.  También, continuó, se propone existan penales especializados para criminales integrantes de la delincuencia organizada, “hoy todos están revueltos, por eso está colapsando el sistema”.
Señaló que anteriormente “presenté un punto de acuerdo exigiéndole al Gobierno Federal que estableciera un centro de alta peligrosidad en las Islas Marías; allá hay capacidad para seis mil internos y actualmente se tiene cinco mil 400; es viable”.
El sistema penitenciario mexicano: datos duros:
El total de la población penitenciaria en nuestro país es de 222 mil 330, hombres y mujeres en general. En fuero federal tenemos un población de 44 mil 170 internos, mientras que en los reclusorios a cargo de las entidades federativas es de 178 mil 160 personas. Los gobiernos de los estados tienen a su cargo 320 centros penitenciarios, el Distrito Federal 8 y la federación 8.; El número total de espacios es de 175 mil; el 50% de la población se concentra en 28 centros particularmente de 6 estados; Distrito Federal, sin duda la más sobrepoblada de todo el país; le sigue el Estado de México, Baja California, Jalisco, Sonora y Puebla.
Un 95 por ciento de los internos son hombres y el 5% restante son mujeres.
En todo el país existen 10 centros exclusivos para población femenina y 337 reportan tener espacios para ellas.
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Por otro lado, también la Comisión de Justicia aprobó en lo general dictamen de la Ley de Amparo
Dicha ley establece figuras como: interés legítimo, interés colectivo, plenos de circuito, declaratorias generales de inconstitucionalidad, la posibilidad de que se utilicen los medios electrónicos para promover juicios de amparo, entre otros.
Durante la reunión de trabajo, el diputado Arturo Zamora Jiménez (PRI) solicitó a los integrantes de la subcomisión de trabajo encargado de analizar dicho dictamen proponer una solución sobre la creación del esquema regional de tribunales de circuito que puedan emitir precedentes y en su caso jurisprudencia.
“También tenemos el asunto de los derechos humanos y el relativo a la reparación del daño que no hemos resuelto y son temas importantes en materia de amparo porque no obstante que se declarase una violación manifiesta a los derechos humanos, estaríamos remitiendo al solicitante de amparo, después ante tribunales para que se pudiese hacer realidad la aplicación de esta normatividad en el ámbito de la reparación del daño en violación de derechos humanos cuando una persona es afectada”, dijo.
La diputada Olga Luz Espinosa Morales (PRD) solicitó más tiempo para analizar la minuta y exponer las dudas de su grupo parlamentario, por lo que el presidente de la Comisión de Justicia señaló que en quince días conocerán las demás propuestas a dicho dictamen, para que pueda ser aprobado en lo particular y posteriormente presentarlo al Pleno.