Responde
la Secretaría de Gobernación a diputados que no se tienen datos sobre víctimas
vinculadas con operativo “Rápido y Furioso”
La
Cámara de Diputados recibió este jueves 14 de marzo de la Secretaría de
Gobernación (Segob) respuesta a un Punto
de Acuerdo para precisar que No se tiene identificadas víctimas o sus
familiares que se encuentren vinculadas a indagatorias sobre aseguramientos de
armas de fuego relacionadas con el operativo “Rápido y Furioso”.
Mmm.
La
petición del Congreso fue:
“...Único . La Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que,
en términos del párrafo tercero del artículo 1, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, garantice la investigación, sanción y reparación
de las violaciones a los derechos humanos, de las víctimas y sus familiares
afectadas por la instrumentación en México del operativo ‘Rápido y Furioso’”.
La
respuesta:
A
través de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob, se comunicó
que el 26 de noviembre de 2012 la dirección general de Promoción de la Cultura
en Derechos Humanos, Quejas e Inspección de la PGR, informó sobre las acciones
que se han hecho.
Mencionó
que la PGR, a través de su Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo,
Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación
de Delincuencia Organizada, inició la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITN/059/2011,
a fin de realizar una exhaustiva investigación de los hechos relacionados con
el citado operativo.
La averiguación
previa se encuentra en estado de integración, sin que se tengan identificadas a
las víctimas o
familiares vinculadas a indagatorias relacionadas con el decomiso de armas de
fuego de “Rápido y Furioso”.
De
igual modo, sostuvo que el gobierno de México no fue informado de algún
operativo que incluyera el trasiego controlado de armas a nuestro país; por lo
tanto, no se puede hablar de una operación coordinada entre México y el
gobierno de los Estados Unidos de América.
Sin
embargo, puntualizó que en la actualidad la PGR usa los canales institucionales
para el intercambio de información con las autoridades estadounidenses para
poder detectar, en su caso, actos ilícitos en el marco de dicho operativo, toda
vez que el combate eficaz al tráfico de armas es un compromiso del Gobierno
Federal para enfrentar a la delincuencia organizada transnacional que opera en
México y en Estados Unidos.
En
el documento se enfatizó que corresponde al Ministerio Público de la Federación
determinar si, como consecuencia de dicho operativo, se cometió algún ilícito
con total independencia de lo que al respecto puedan concluir las
investigaciones llevadas a cabo por las autoridades estadounidenses.
Agregó
que la Unidad Especializada en Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, tiene a
su cargo investigaciones por diversas conductas previstas en la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos, de hechos delictivos cometidos en territorio
nacional como portación, posesión, acopio e introducción clandestina de armas,
sin tener la certeza de que hayan estado relacionadas con el operativo “Rápido
y Furioso”.
Los
diputados solicitaron al titular del Poder Ejecutivo federal, que en términos
del párrafo tercero del artículo 1 de la Constitución Política garantice la
investigación, sanción y reparación de las violaciones a los derechos humanos,
de las víctimas y sus familiares afectadas por la instrumentación en México del
operativo.
Respuesta a
Punto de Acuerdo:
**
México,
DF, 8 de marzo de 2013.
Profesor Héctor Hugo Olivares
Ventura
Titular de la Unidad de Enlace
Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Con fundamento en el artículos
27, fracción XI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 21,
fracciones I, IV, V y X, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación,
y en relación a su similar número SEL/UEL/311/2886/12, por medio del cual
remite oficio número D.G.P.L 62-II-8-0180, suscrito por el diputado Francisco
Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados,
el cual contiene el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano
legislativo que a la letra dice:
“...Único . La Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que,
en términos del párrafo tercero del artículo 1, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, garantice la investigación, sanción y reparación
de las violaciones a los derechos humanos, de las víctimas y sus familiares
afectadas por la instrumentación en México del operativo ‘Rápido y Furioso’”.
Al respecto, me permito hacer
de su conocimiento, que esta unidad administrativa recibió diverso número
011341/12 DGPCDHQI de fecha 26 de noviembre de 2012, suscrito por el doctor
Alfredo López Martínez, director general de Promoción de la Cultura en Derechos
Humanos, Quejas e Inspección de la Procuraduría General de la República (PGR),
mediante el cual informó sobre las acciones que esa representación social ha
realizado respecto al citado punto de acuerdo.
La PGR señaló que la Unidad
Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de
esa dependencia, inició la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITN/059/2011, a fin
de realizar una exhaustiva investigación de los hechos relacionados con el
operativo de referencia, la cual se encuentra en estado de integración, sin que
se tengan identificadas a las víctimas o familiares de las mismas que se
encuentren vinculadas a indagatorias en las que se hayan asegurado armas de
fuego relacionadas con el mismo operativo.
Asimismo, esa institución
precisó que el gobierno de México no fue informado de algún operativo que
incluyera el trasiego controlado de armas a nuestro país, por lo tanto, no se
puede hablar de una operación coordinada entre México y el gobierno de los
Estados Unidos de América; sin embargo, en la actualidad, la PGR está haciendo
uso de los canales institucionales para el intercambio de información con las
autoridades estadounidenses para poder detectar, en su caso, actos ilícitos en
el marco de dicho operativo, toda vez que el combate eficaz al tráfico de armas
es un compromiso del gobierno de México para enfrentar a la delincuencia
organizada transnacional que opera tanto en México como en Estados Unidos.
Atento a lo anterior, la PGR
señaló que corresponde al Ministerio Público de la Federación determinar si,
como consecuencia de dicho operativo, se cometió algún ilícito con total
independencia de lo que al respecto puedan concluir las investigaciones llevadas
a cabo por las autoridades estadounidenses.
Por último, esa institución
indicó que la Unidad Especializada en Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas,
tiene a su cargo investigaciones por diversas conductas previstas en la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, de hechos delictivos cometidos en
territorio nacional tales como portación, posesión, acopio e introducción
clandestina de armas, sin tener la certeza de que esas armas hayan estado
relacionadas con el operativo “Rápido y Furioso”
Sin otro particular por el
momento, le reitero las seguridades de mi distinguida consideración.
Atentamente
Maestro Juan Carlos Gutiérrez
Contreras (rúbrica)
Titular de la Unidad para la
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
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