China, autoridad y libertad/Julio Ríos

China, autoridad y libertad/Julio Ríos es director del Observatorio de la Política China y autor de “China pide paso. De Hu Jintao a Xi Jinping” (Icaria editorial).

El País, 2 de abril de 2013:

Tras la asunción formal del liderazgo institucional por parte de las nuevas autoridades chinas se aventura un nuevo impulso a las reformas, especialmente en el orden económico, una vez detallada una hoja de ruta cuya vigencia se prolongará por un lustro, quizá dos. Será una década crucial para determinar el futuro de la modernización del país y dos son también los horizontes principales que se dibujan. Para unos, todo el acento debe ponerse en el fortalecimiento de las capacidades materiales a fin de blindar su emergencia. De tal modo, la primacía se otorga a las reformas económicas, al avance tecnológico, a la defensa, a todo aquello, en suma, que puede resultar en la revitalización del país asegurando las bases de una primacía irreversible. Para otros, dicho avance es engañoso e inestable en tanto las autoridades no sean capaces de brindar en paralelo las seguridades precisas para que China se convierta en un Estado de derecho real en el cual las libertades estén debidamente garantizadas.

Quienes abogan hoy día por esta segunda opción, un colectivo muy heterogéneo que hace gala de una firme voluntad constructiva en contraposición con otros planteamientos del pasado deudores de mayores dosis de confrontación, secundan una preocupación manifestada por el propio Xi Jinping, secretario general del Partido Comunista y presidente del país, quien ha enfatizado la importancia de hacer de la Constitución un documento vivo y dotado de autenticidad. Esta invitación conciliadora a trascender la letra muerta de la carta magna parte de la necesidad de establecer un nuevo pacto entre el poder y la sociedad basado no ya en la proporción de riqueza a cambio de lealtad, sino en el reconocimiento de la ley como principio básico de la convivencia.

No es una cuestión menor. Constituye todo un cambio cultural, nada fácil en un país históricamente acostumbrado a la norma de que mandan los hombres y no las leyes y donde el desarrollo y la libertad de los individuos siempre han quedado en segundo plano, cediendo la preeminencia a un razonamiento en términos de armonía y de regulación espontánea del cuerpo social. Y no solo afecta a los derechos y libertades. El respeto a la ley exige dotar de normativa y transparencia el proceso que está por llegar para someter la voracidad de las oligarquías ante el apetitoso pastel que se abre ante ellos con la reforma gubernativa en curso y la desmonopolización de una parte sustancial del sector público.

Este planteamiento, que no es nuevo en el debate político chino, sugiere una fecha de caducidad para una modernización autoritaria que ha vaciado de sentido el reconocimiento constitucional de muchos derechos universales, empezando por la libertad de expresión. La demanda de pleno respeto a los mandatos constitucionales sugiere implícitamente una puesta en cuestión de la naturaleza fáctica del actual régimen político, en muchos aspectos abiertamente contradictorio con dichos preceptos. La distancia que separa la letra de una Constitución que reconoce muchos derechos a los ciudadanos y su implementación efectiva es bien conocida y está bastante extendida. Diluir ese distanciamiento entre discurso y realidad sin poner en cuestión el monopolio del PCCh parece una misión imposible.

Xi Jinping ha dado muestras en sus primeros gestos de un discurso que enfatiza el respeto a la ley tanto por parte de organizaciones como de individuos. Él mismo ha destacado que la columna vertebral de la Constitución es la protección de las personas, llevada a cabo de forma muy defectuosa por la falta de controles y el ejercicio de un poder sin restricciones que debilita su credibilidad. Xi ha aludido a que nadie debe estar por encima de la Constitución y la ley y ha conminado a someter al poder en una jaula de regulaciones, multiplicando los controles y la independencia de sus responsables. Quienes reclaman pasos en esa dirección recuerdan que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado por China en 1998, está aún pendiente de ratificación. Y esperan de Xi Jinping pasos decididos para cerrar las heridas abiertas en 1989, quizás no necesariamente reevaluando los hechos, ni siquiera afeando a Deng Xiaoping, pero sí normalizando plenamente la situación de las víctimas, que acumulan ya casi 25 años a la espera de una elemental satisfacción. El propio primer ministro, Li Keqiang, tiene aún compañeros de estudio en el exilio como consecuencia de aquella tragedia.

El ideal de renacimiento de la nación china al que tanto se adhieren quienes vitorean la China poderosa se vería ampliamente reforzado y dotado de credibilidad si se acompaña de pasos decididos para hacer realidad las previsiones constitucionales. La madurez y el nivel de conciencia de la sociedad china, cada vez más urbana, desmienten el viejo argumento de la inexistencia de condiciones idóneas. Una China poderosa pero presa del inmovilismo, con la ley en régimen de cuarentena y asentada sobre una inmensa riqueza que sugiere beneficios astronómicos a la oligarquía en detrimento de las aspiraciones de la mayoría social está inevitablemente abocada a la inestabilidad.