La disputa por el IFE(/ESÚS CANTÚ

 La disputa por el IFE/JESÚS CANTÚ

 Revista Proceso No. 1901, 7 de abril de 2013

 Las cuotas partidistas amenazan con frenar de nuevo la designación del consejero del Instituto Federal Electoral que sustituirá a Sergio García Ramírez: el PRI se aprestó a emitir una convocatoria, que quedó condenada al fracaso desde un primer momento, pues la votó sólo con el apoyo del PVEM, su aliado incondicional, mientras el PAN y el PRD se opusieron, lo cual, en automático, aseguraba que no se reunirían las dos terceras partes de los votos necesarios para la designación.

 Los dos partidos opositores intentan retrasar esa votación hasta noviembre para, en el bloque de cuatro consejeros electorales y su presidente, recomponer la correlación de fuerzas en el Consejo del instituto.

De acuerdo con lo sucedido en los dos procesos de designación de consejeros electorales en 2008 y el nombramiento –directo y en fast track– de los tres consejeros faltantes en octubre de 2011, PRI, PAN y PRD propusieron una terna, aunque desigual.

En el caso del PRI, dos de los aspirantes (Sergio García Ramírez y Francisco Guerrero) tenían una reconocida filiación partidista. El otro (Marco Antonio Baños), sin militancia abierta, inició su carrera en la administración pública bajo el cobijo de Manlio Fabio Beltrones; incluso fue promovido al IFE en 1990, cuando se creó el instituto, por sus servicios en Gobernación.

Por lo que atañe al PAN, dos de sus candidatos (Benito Nacif y Macarita Elizondo) no mostraron ningún vínculo directo con el panismo; por lo tanto, su cercanía únicamente puede explicarse por una cierta identidad ideológica, y la tercera (María Marván) tenía como antecedente profesional  haber sido asesora de la fracción panista en el Congreso de Jalisco.

Con respecto al PRD, dos de los aspirantes (Lorenzo Córdova y Alfredo Figueroa) tampoco muestran ningún vínculo laboral, profesional o de militancia con ese partido, aunque sí una identificación ideológica. En el caso de Córdova, es conocida la relación de su papá, Arnaldo Córdova, con Andrés Manuel López Obrador. En lo que concierne al caso del actual Consejero Presidente (Leonardo Valdés), sí hay una militancia reconocida.

Valdés estuvo en las filas del Partido Mexicano de los Trabajadores en tiempos de Heberto Castillo. No obstante, por su actuación en los órganos electorales (antes fue consejero en el Instituto Electoral del Distrito Federal) su posición ha sido más cercana al PRI; incluso su nominación fue más respaldada por ese partido que por el propio PRD, aun cuando lo incluyó en sus listas.

Así, a pesar de que en los fríos números parece haber un reparto de posiciones igualitario, al revisar los aspectos cualitativos las diferencias son notables: mientras el PRI tiene a tres fieles escuderos, cuya vida profesional y política ha estado vinculada a ese partido y a sus personeros, las otras dos fuerzas políticas ocuparon sus posiciones con personajes cuya vida no ha estado vinculada ni a los partidos ni al Ejecutivo federal, sino a las organizaciones sociales, la academia o al Poder Judicial.

La lista de los 37 aspirantes a consejero electoral incluye a destacados militantes priistas que cumplen con los requisitos establecidos en la legislación, aun cuando tienen un claro compromiso con el PRI. Es evidente que este partido aspira a ocupar la vacante de Sergio García Ramírez, cuya destacada militancia priista es de sobra conocida, con un perfil muy similar, aunque sin su trayectoria ni renombre, lo cual puede traducirse incluso en una mayor subordinación del IFE a ese partido.

Dado el procedimiento excepcional –también ilegal, pues no se cumplió ninguno de los pasos establecidos en la Ley Orgánica del Congreso de la Unión; tampoco se realizó la “amplia consulta a la sociedad” señalada en el artículo 41 de la Constitución – que se siguió para el nombramiento de los tres consejeros electorales, entre ellos el de García Ramírez, es evidente que PAN y PRD están maniatados para desconocerle al PRI el privilegio de proponer a su reemplazante. Precisamente por ello ambas fuerzas opositoras prefieren esperarse a noviembre, cuando habrá más puestos en la negociación y, por lo tanto, los términos de la misma sean distintos.

De hecho, esa será una oportunidad inmejorable (dadas las actuales condiciones) para intentar despartidizar nuevamente el Consejo General del IFE, pues ninguno de los cuatro consejeros que permanecerán en la institución para ese mes tendrían militancia alguna, aun cuando se admiten los fuertes vínculos de Marco Antonio Baños con el líder de los diputados priistas en San Lázaro y con el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

Designar a cinco personalidades que tengan un pasado ajeno a la política partidista y sin vinculaciones con los principales operadores políticos del momento a través de un proceso cuidado, transparente y, desde luego, apegado a derecho, modificaría totalmente la dinámica del Consejo General del IFE y, eventualmente, podría abrir paso a una recuperación de la confianza.

Lo que debe vencerse es la idea que vendieron los impulsores de las cuotas y la vinculación de los consejeros con los partidos, según la cual los mexicanos y mexicanas que militan en ellos y han pasado su vida o buena parte de ésta viviendo del presupuesto público también son ciudadanos y, por lo tanto, tienen derecho de ocupar estos puestos. Lo cierto es que, si bien son ciudadanos, sus lazos y relaciones partidistas desvirtúan totalmente la lógica detrás de la ciudadanización de los órganos de gobierno de los organismos autónomos.