LA JORNADA; AI: con Calderón, desdén ante las pruebas
de abusos
Durante el
último año del sexenio de Felipe Calderón, en México siguieron ocurriendo
delitos como desapariciones forzadas, ejecucionesextrajudiciales, uso excesivo
de la fuerza, tortura y violencia en contra de sectores vulnerables, sin que
las autoridades reconocieran la gravedad del problema e incluso con la
complicidad de servidores públicos, señala el informe 2013 de Amnistía
Internacional (AI).
Periódico La
Jornada
Jueves 23 de
mayo de 2013, p. 3
Durante el
último año del sexenio de Felipe Calderón, en México siguieron ocurriendo
delitos como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo
de la fuerza, tortura y violencia en contra de sectores vulnerables, sin que
las autoridades reconocieran la gravedad del problema e incluso con la
complicidad de servidores públicos, señala el informe 2013 de Amnistía
Internacional (AI).
En el texto se
subraya que el gobierno de Calderón –que culminó con 60 mil víctimas de
homicidio y 150 mil de desplazamiento forzoso en el marco de la ‘‘guerra’’
contra el crimen organizado– ‘‘se negó sistemáticamente a reconocer la
envergadura y gravedad de los abusos y la falta de credibilidad de las
investigaciones oficiales’’, enmedio de un ambiente de impunidad generalizada.
Al desglosar
por temas los resultados de su análisis, AI indicó que las autoridades
judiciales mexicanas siguieron recurriendo de forma ‘‘generalizada’’ a la
detención arbitraria, la tortura y los malos tratos para obtener confesiones en
los interrogatorios y forzar a los detenidos a inculparse de delitos que no
cometieron.
Un ejemplo de
ello es la persistencia del arraigo, cuyo uso sólo se eliminó en tres estados a
pesar de que el Comité contra la Tortura, dependiente de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), pidió su eliminación total en noviembre del año pasado.
En lo que se
refiere a las desapariciones forzadas, el documento recordó que un informe
filtrado de la Procuraduría General de la República (PGR) contiene al menos 25
mil casos de personas desaparecidas o ‘‘no localizadas’’, ocurridos durante el
gobierno calderonista, en muchos de los cuales habían participado servidores
públicos.
‘‘En la mayoría de las ocasiones –subrayó
Amnistía Internacional– seguía sin conocerse la suerte que había corrido la
víctima. Las autoridades a menudo se mostraban reacias a investigar los casos,
especialmente las desapariciones forzadas’’, por lo que los familiares debían
realizar investigaciones por su cuenta, exponiéndose de esta forma a
situaciones peligrosas.
Además, el
gobierno federal ‘‘seguía sin cumplir su compromiso de crear una base de datos
nacional sobre personas desaparecidas’’, y no ha identificado al menos a 15 mil
921 cadáveres en morgues y a mil 400 restos hallados en fosas clandestinas.
En el rubro de
uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales, el informe destacó que
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ‘‘registró al menos 25
asesinatos de transeúntes en enfrentamientos armados entre bandas delictivas y
las fuerzas de seguridad’’, la mayoría de los cuales no se investigaron.
Un caso
paradigmático de dicha situación es el de los dos alumnos de la Escuela Normal
Rural de Ayotzinapa, Guerrero, que fueron abatidos en diciembre de 2011,
mientras participaban en una protesta en la Autopista del Sol.
Uno más,
subrayó el informe, es el de la indígena Carmen Puerta Carrillo, quien el 3 de
febrero del año pasado murió por disparos de arma de fuego cuando pasaba
conduciendo junto a una base militar en la comunidad de Baborigame, en el
estado de Chihuahua. De acuerdo con testigos presenciales, los soldados
hicieron fuego sin que mediara advertencia ni provocación.
De igual
manera, el documento de Amnistía Internacional alertó que los migrantes
indocumentados siguen siendo víctimas de secuestro, asesinato, reclutamiento
forzoso en bandas criminales, detención arbitraria, explotación sexual y
extorsión, sin que el gobierno impida o castigue dichos crímenes.
Los periodistas
y defensores de derechos humanos, abundó el informe, continuaron sufriendo
agresiones y amenazas; los pueblos indígenas padecieron exclusión,
discriminación y falta de consulta sobre megaproyectos en sus territorios, y
las mujeres y niñas aún sufren condiciones graves de violencia sin que las
autoridades frenen esos ataques.
Como botones de
muestra de lo anterior, el organismo internacional recordó el caso del albergue
para migrantes ubicado en Lechería, estado de México, que se vio obligado a
cerrar sus puertas en julio de 2012 luego de recibir amenazas de bandas
delictivas y ante la falta de acción de las autoridades para protegerlos.
De igual
manera, subrayó el asesinato de los periodistas Regina Martínez, Gabriel Huge,
Guillermo Luna y Esteban Rodríguez –todos ellos ocurridos en el estado de
Veracruz–, así como la detención arbitraria de la activista Lucila Bettina Cruz,
quien participó en diversas movilizaciones pacíficas en contra de la
instalación de un parque de energía eólica.
Por último, AI
indicó que a pesar de los llamados para acotar el ámbito de justicia castrense,
‘‘en abril se bloquearon las propuestas de reforma al Código de Justicia
Militar destinadas a excluir las violaciones de derechos humanos’’.
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