EXCÉLSIOR:
Pactan reformar uso de testigos
protegidos; trabajo conjunto PGR-Senado
El
Senado y la Procuraduría General de la República (PGR) trabajan en la
regulación del uso de los testigos protegidos, porque no quieren que los dichos
de una persona se vuelvan a utilizar para lastimar a un inocente, informó el
presidente de la Junta de Coordinación Política, Emilio Gamboa Patrón. Este
diario publicó este lunes que, en respuesta a una solicitud de información
pública, la PGR dio a conocer que en un total de 379 personas se acogieron a la
figura de testigos protegidos entre 2006 y 2012.
Reportaje de Leticia
Robles de la Rosa, Roberto José Pacheco y David Vicenteño
Excélsior, 07/05/2013
CIUDAD
DE MÉXICO, 7 de mayo.- El Senado y la Procuraduría General de la República
(PGR) trabajan en la regulación del uso de los testigos protegidos, porque no
quieren que los dichos de una persona se vuelvan a utilizar para lastimar a un
inocente, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Emilio
Gamboa Patrón.
Este
diario publicó ayer que, en respuesta a una solicitud de información pública,
la PGR dio a conocer que en un total de 379 personas se acogieron a la figura
de testigos protegidos entre 2006 y 2012.
El
plan de trabajo que la PGR entregó al Senado plantea no sobredimensionar las
acusaciones de testigos e imputados porque su dinámica será la investigación,
el análisis sistemático y la inteligencia para determinar culpabilidades.
Diputados
federales pidieron preservar esta figura, evitando abusos y que se le considere
elemento de prueba único o definitivo.
De
acuerdo con informes internos de la PGR, cada testigo protegido en la pasada
administración recibió entre 50 mil y 150 mil pesos mensuales. Aunque no se
maneja una cifra oficial, se calcula que el programa habría tenido un costo
aproximado de 180 millones de pesos.
Fuentes
de la dependencia indicaron que, en algunos casos, se ofreció a los testigos el
servicio de guardias personales o escoltas, así como el pago de rentas de
vivienda y alimentos.
Alistan
reglas para uso de testigos protegidos
Emilio
Gamboa y Miguel Barbosa, líderes del PRI y del PRD en el Senado, respectivamente,
coinciden en la necesidad de hacer cambios a esta figura.
El
Senado y la Procuraduría General de la República (PGR) trabajan en la
regulación del uso de los testigos protegidos, porque no quieren que los dichos
de una persona se vuelvan a utilizar para lastimar a un inocente, informó el
presidente de la Junta de Coordinación Política, Emilio Gamboa Patrón.
“Yo
creo que en el sexenio de Felipe Calderón había un deterioro del ejercicio del
poder que se reflejaba en todos los ámbitos de lo que significa la autoridad en
materia judicial, en materia administrativa, en muchos ámbitos, procuración y
administración de justicia, entonces el abuso de esas figuras fue
generalizado”, añadió por su parte el coordinador de los senadores del PRD,
Luis Miguel Barbosa.
En
entrevistas por separado, los dos líderes del Senado hablaron de la regulación
del uso de los testigos protegidos, después de conocer que durante el sexenio
de Felipe Calderón se utilizaron 379 testigos protegidos y en varios de los
casos no se logró sustentar las acusaciones.
Emilio
Gamboa explicó que “estamos muy pendientes de lo que nos dice el procurador
general de la República, Jesús Murillo Karam. El PRI está trabajando con él muy
cuidadosamente el tema de testigos protegidos y estamos viendo con los partidos
hasta dónde podemos llegar”.
Precisó
que “estamos platicando con Jesús Murillo Karam, el procurador; está avanzando
el grupo que pusimos a trabajar del PRI y de la Procuraduría, pero hay muchos
interesados del PAN y del PRD que quieren ver y tocar este tema”.
Añadió
que desde su punto de vista, “los testigos protegidos no han funcionado como
quisiéramos; la verdad de un señor contra la verdad de otro es compleja y
difícil. Yo creo que lo que tiene que haber más es una investigación de fondo
de la PGR, que tiene la autoridad, la facultad y los instrumentos para llevar a
cabo una investigación y no está descartada.
“Yo
estoy abierto a que se toque y ver si sale algo que ayude a la ciudadanía. Yo
me resisto a que salga un testigo protegido para lastimar a cualquier inocente
me parece que eso no es válido ni en México ni en ningún lado del mundo”,
destacó.
Por
su parte, Luis Miguel Barbosa expresó una opinión personal, como abogado, en el
sentido de que ni el arraigo ni los testigos protegidos deben desaparecer, pero
se tienen que modificar.
“Lo
que deformó la aparición de esas figuras del sistema penal mexicano son las
personas que encargan de la administración y procuración de justicia. Cuando el
ejercicio de un poder se deteriora, el deterioro es general.
“Yo
creo que en el sexenio de Felipe Calderón había un deterioro del ejercicio del
poder que se reflejaba en todos los ámbitos de lo que significa la autoridad en
materia judicial, en materia administrativa, en muchos ámbitos, procuración y
administración de justicia, entonces el abuso de esas figuras fue
generalizado”, expuso.
También
adelantó algo de la forma en que debe regularse la figura de los testigos
protegidos.
“Establecer
el valor probatorio de la declaración de testigos protegidos, pero se debe de
preservar en el sistema acusatorio; existen en todas partes del mundo; la
profesionalización y el nivel de violencia de los criminales es enorme y por
tanto la forma como puede acusarse. La limitaría sólo a delitos del crimen organizado,
tanto a testigos protegidos como el arraigo”, añadió.
Este
diario publicó ayer que la PGR registró
a un total de 379 personas que se acogieron a la figura de “testigos
colaboradores” de 2006 a 2012; es decir, en el sexenio de Felipe Calderón.
La
información fue proporcionada a un particular en respuesta a una solicitud de
acceso a la información.
La
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
(SEIDO), respondió al particular que durante el tiempo requerido se cuenta con
el registro del número de testigos colaboradores de manera general, y no a
nivel de detalle como lo solicitó el particular.
Por
ello, éste se inconformó ante el Instituto Federal de Accesoa la Información y
Protección de Datos (IFAI) debido a que no le dieron los nombres de
narcotraficantes adscritos a ese programa.
La
autoridad proporcionó un cuadro estadístico en el que indica que, de 2006 a
2012, se registraron un total de 379 testigos colaboradores: 43 en 2006, 50 en
2007, 57 en 2008, 61 en 2009, 43 en 2010, 60 en 2011 y 65 en 2012.
La
PGR dijo que los nombres de dichos testigos están reservados por 12 años por
encontrarse inmersos en averiguaciones previas y para proteger la integridad de
los adscritoa a ese programa.
Privilegiarán
la investigación y la inteligencia
La
nueva Procuraduría General de la República no sobredimensionará las acusaciones
de testigos e imputados, porque su dinámica será la investigación, el análisis
sistemático y la inteligencia para determinar culpabilidades.
“Es
indispensable asegurar que las investigaciones criminales sean el resultado de
una cuidadosa y ordenada labor de recopilación y análisis de información. Hoy
en día la mayor parte de las investigaciones dependen de las aportaciones que
realizan testigos e imputados.
“Con
frecuencia las investigaciones operan en lógicas donde los datos que se
obtienen únicamente sirven a la propia investigación. Este fenómeno hace que
una gran cantidad de la información que se produce tenga un empleo muy
limitado”, establece el Plan de Trabajo que el procurador general de la
República, Jesús Murillo Karam, entregó al Senado de la República
Precisa
que “el reto de la PGR es que los asuntos que se consignen sean producto de
investigaciones de calidad en donde las conclusiones permitan conocer en forma
completa todo lo relacionado con la comisión de un delito, y siempre en apego
al debido proceso y el respeto a los derechos humanos”.
Considera
que uno de los retos de la PGR “consiste en crear las estructuras
organizacionales y humanas con capacidades para recopilar y analizar la
información y establecer vínculos permanentes entre las funciones de
inteligencia y las labores de investigación, de tal forma que exista un proceso
permanente de retroalimentación.”
“La
sistematización y análisis de la información y la inteligencia, el uso de
recursos técnicos y científicos así como la acción coordinada a través de
células especializadas son piezas centrales en esta estrategia”, destaca el
Plan de Trabajo.
El
documento aclara que “el ejercicio de la función de procuración de justicia no
puede realizarse desde una perspectiva eminentemente reactiva o bien diseñada
desde la intuición o el dato anecdótico.
“Por
el contrario, la acción de la PGR debe estar orientada por políticas públicas
debidamente diseñadas con base en diagnósticos y el uso de la mejor información
disponible. Esta política deberá considerar también las estrategias de
implementación y los mecanismos para evaluar los resultados.
“Al
mismo tiempo, la PGR debe tener capacidad de conducir su labor de tal forma que
los recursos que invierte la sociedad en la función de procuración de justicia
tenga los mejores resultados posibles”, adelanta.
Está
programado que esta misma semana Jesús Murillo Karam explique a los senadores
algunas precisiones de este Plan de Trabajo, que fue entregado la penúltima
semana de labores del Senado, pero se hizo público unos días después, porque la
intención es que también algunos grupos de especialistas estén presentes en el
diálogo inédito que se sostendrá entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en
materia de planeación de la procuración de justicia.
“Los
objetivos se fijaban por el corto plazo y atendían a prioridades
institucionales, dejando de lado al ciudadano. La toma de decisiones se
orientaba por la intuición y se carecía de una metodología básica de diseño de
política pública”, precisa el documento que será discutido.
Calculan
gasto de 180 millones en seis años
De
acuerdo con informes internos de la Procuraduría General de la República (PGR),
cada testigo protegido que colaboró con investigaciones en la pasada
administración recibió entre 50 mil y 150 mil pesos mensuales.
Fuentes
de la dependencia indicaron que en algunos casos se les ofreció también el
servicio de guardias personales o escoltas, el pago de rentas de vivienda y
alimentos, en algunos casos para sus familias completas.
Aunque
no se maneja una cifra oficial, se calcula, según los reportes, que durante la
pasada administración de la PGR, el programa de testigos protegidos o colaboradores
tuvo un costo aproximado de 180 millones de pesos.
Según
los detalles, el reporte de las fuentes consultadas por Excélsior, establecen
que en la pasada administración contó con la colaboración de aproximadamente
400 testigos protegidos.
Sin
embargo, en respuesta a una solicitud de información pública, la PGR indicó que
de 2006 a 2012 un total de 379 personas se acogieron a la figura de “testigos
colaboradores”.
El
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI)
informó el domingo pasado los detalles de la respuesta solicitada por un
particular.
Las
fuentes consultadas indicaron que actualmente, el nuevo titular de la
dependencia, Jesús Murillo Karam, ordenó suspender los pagos, y otras
prestaciones, a estos colaboradores de la dependencia a su cargo.
El
objetivo es revisar los beneficios de ese programa y la figura del “testigo
colaborador”, para definir en qué casos se podrán ofrecer los beneficios de esa
figura.
Los
trabajos de revisión a este programa se aceleraron al abrir los expedientes de
los casos que terminaron con la libertad del ex titular de la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Noé Ramírez
Mandujano, detenido como parte de las investigaciones de la Operación Limpieza,
en 2008.
El
otro caso fue el del general Tomás Ángeles Dauahare, quien pasó 11 meses
detenido, señalado como responsable de brindar protección a grupos dedicados al
crimen organizado.
En
ambos caso, el testigo protegido que ofreció su testimonio, y que resultó
falso, fue Roberto López Nájera, a quien se le asignó la clave Jennifer.
Difieren
sobre utilización de declarantes en juicios
Diputados
del PRI y el PAN sólo coinciden en que el Legislativo debe someter a escrutinio
el manejo de testigos.
Diputados
de diversas fracciones representadas en el Palacio Legislativo de San Lázaro
difieren sobre la visión de que durante la administración pasada se registró un
ejercicio abusivo e indiscriminado de testigos protegidos en diversos procesos
penales, aunque coinciden en la necesidad de someter la figura jurídica bajo la
lupa legislativa.
El
diputado Guillermo Anaya Llamas, presidente de la Comisión de Seguridad Pública
en la Cámara de Diputados, rechaza tajante que el ex presidente Felipe Calderón
haya utilizado de manera indiscriminada o unilateral la figura de testigo
protegido en diversos procesos penales, sino que la responsabilidad fue
compartida.
“Bueno,
yo no creo que podamos decir que el ex presidente Calderón abusó de esta
figura, porque también fueron los jueces los que le autorizaban”, subrayó.
Así
se pronunció el diputado panista en entrevista telefónica, inquirido sobre la
nota publicada por Excélsior respecto de la utilización de alrededor de 379
testigos colaboradores durante la administración del ex presidente Calderón.
El
legislador salió además en defensa de dicha figura jurídica al considerar que
es adecuada en tanto que coadyuva a la integración de las averiguaciones y el
proceso en general.
“Los
testigos protegidos proporcionan datos concretos que sirven para fincar
responsabilidades concretas a las autoridades en los ilícitos y ayudan a
profundizar las investigaciones, pero no se juzga tan sólo por lo narrado por
un testigo protegido. Hay diferentes pruebas documentales y hay otros
testigos”, agregó.
Al
hacer un somero análisis comparativo con lo que sucede en otros países, Anaya
Llamas enfatizó que “la figura del testigo colaborador debe preservarse,
evitando en todo caso que autoridades abusen de ella y en la inteligencia de
que su testimonial no es en todo caso un elemento ni único ni definitivo, sino
que existen otras pruebas como las documentales y los dichos de otros
testigos”.
Entrevistada
por separado sobre este mismo tenor, la diputada priista Leticia Calderón
Ramírez sostuvo la necesidad de acotar esta figura a fin de evitar su
utilización indiscriminada y sesgada, como al parecer sucedió durante la pasada
administración federal, pues de mantenerse vigente en los términos actuales
podría resultar incluso contraproducente.
“A
la Cámara de Diputados corresponde actualizar el marco normativo para cerrar el
paso al uso indiscriminado de la figura coloquialmente conocida como testigo
protegido y establecer los candados necesarios a fin de evitar que personas que
hayan cometido algún delito participen en procesos penales que inclusive
pudieran afectar injustamente a terceros.”
Al
recordar diversos casos de relevancia nacional como el michoacanazo, que
involucró a varios funcionarios públicos y que a la postre fueron liberados al
no haberse podido acreditar su responsabilidad, la legisladora mexiquense
insistió en que esta figura debe ser revisada con todo cuidado desde el
legislativo e inclusive fortalecerse.
A
manera de ejemplo, señaló que el testimonio de estos personajes sólo pudiera
admitirse y considerarse válido como elemento probatorio siempre y cuando
existan otros indicios o evidencias que permitieran corroborar su dicho.
Reflexionó
Calderón Ramírez que la utilización del Programa de Testigos Protegidos debe
además privilegiar como resultante la desarticulación de bandas delincuenciales
del crimen organizado más que la sola afectación personal o individual, pues
ello abre y sugiere la posibilidad de su manejo con tintes puramente políticos.
Destacó
además la percepción social de que integrantes de este programa son frecuente y
prioritariamente utilizados como testigos de cargo y sólo por efectos
colaterales, de descargo o en beneficio de las víctimas.
No
obstante, confió la legisladora en que el trabajo que viene desarrollando Jesús
Murillo Karam al frente de la Procuraduría General de la República alienta la
expectativa de que habrá de velar porque la actuación de esta instancia esté
invariablemente apegada a la ley.
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