En México, emergencia humanitaria/YETLANECI ALCARAZ

En México, emergencia humanitaria/YETLANECI ALCARAZ

Revista Proceso # 1911, 16 de junio de 2013;

 INTERNACIONAL

En octubre próximo México será sometido al Examen Periódico Universal en el Consejo de Derechos Humanos. De cara a este evento, un grupo de 40 organizaciones civiles entregaron a gobiernos de naciones europeas un informe cuya conclusión es contundente: El Estado mexicano ha incumplido sus obligaciones en materia de derechos humanos.  El documento cita datos abrumadores: 100 mil personas asesinadas, 25 mil desaparecidas, cientos de miles de desplazados, periodistas y defensores de derechos humanos perseguidos… En suma: una tragedia humanitaria.

BERLÍN.- El Estado mexicano ha fallado en el cumplimiento a las recomendaciones en materia de derechos humanos que hace cuatro años recibió del Consejo de Naciones Unidas, en el marco del Examen Periódico Universal. El contexto de violencia generalizada que vive el país ha colocado a México en una emergencia humanitaria –cerca de cien mil personas asesinadas, 25 mil desaparecidas, cientos de miles de desplazados y periodistas y defensores de derechos humanos perseguidos y/o asesinados– en la que esos derechos han enfrentado un severo deterioro.

Tal es la conclusión que se desprende de la lectura del Informe Conjunto presentado por la Sociedad Civil Mexicana para la Segunda ronda del examen periódico universal a México, elaborado por 40 organizaciones no gubernamentales mexicanas y entregado a los gobiernos de Alemania, República Checa, Suiza, Austria y representantes del Parlamento Europeo.

 El informe, del cual Proceso tiene copia, hace un balance de la situación de los derechos humanos en México y de las acciones emprendidas por el Estado mexicano para la defensa de éstos durante los últimos cuatro años y será uno de los referentes en los cuales se apoyará el Consejo de Naciones Unidas para evaluar al país en el marco del Examen Periódico Universal (EPU).

 El EPU es un mecanismo nuevo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a través del cual el organismo vigila y evalúa de manera regular, cada cuatro años, a los 192 Estados miembros en el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos.

 El primer periodo de evaluación tuvo lugar en 2008 y concluyó en 2011. Al Estado mexicano le tocó su turno en 2009 y será en octubre de este año cuando se someta a la segunda evaluación.

Incumplimiento

En una gira de trabajo que incluye las ciudades de Bruselas, Berlín, Múnich, Praga, Ginebra, Berna, Viena y Londres, defensores de derechos humanos mexicanos presentan ante los respectivos Estados el informe y plantean a representantes de gobierno su visión sobre los avances y pendientes en la materia del Estado mexicano.

“Desde el 2009 no ha habido una implementación de las recomendaciones recibidas. Es como si se hubieran escuchado y dejado de lado. Lejos de avanzar en la implementación de las recomendaciones del EPU, lo que hubo fue un deterioro en la situación de derechos humanos en el país a medida que avanzó el sexenio de Felipe Calderón. Con la nueva administración (de Enrique Peña Nieto) tampoco vemos algún tipo de indicio que nos haga suponer que se vaya a cumplir con las recomendaciones del EPU”, dice en entrevista Georgina Vargas, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Acompañada durante la gira de trabajo por Maria Luisa Aguilar, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlalchinollan y Daniel Joloy de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Vargas hace un balance de las primeras reuniones con parlamentarios europeos y autoridades alemanas:

“Pareciera que estamos en la situación en la que como hay un cambio de administración entonces se está siendo un tanto condescendiente en la implementación de las medidas o en la toma de decisiones porque acaba de cambiar el gobierno. Lo importante es recordar que el EPU revisa los últimos cuatro años sin importar la administración que ha pasado.

 “Y en ese sentido, vemos que los Estados están abiertos e interesados en evaluar al país. Y si bien toman en cuenta los recientes cambios administrativos también se muestran receptivos a nuestra información y están dispuestos a hacer la evaluación”, comenta.

 El informe de las organizaciones mexicanas destaca los avances en materia legislativa de los últimos cuatro años. Por ejemplo, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011 o aquella en materia de amparo y la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo, los esfuerzos resultan inútiles toda vez que “no se han expedido las leyes secundarias necesarias, ni se ha avanzado en la armonización de las constituciones locales”.

 “Se aprueban leyes importantes que en la práctica no se reflejan, pero que el Estado mostrará como logros porque además fueron recomendaciones que se hicieron en la primera evaluación. Pero es importante aclarar que una ley no resuelve la problemática en derechos humanos y es en lo que hacemos hincapié dentro del informe”, señala por su parte Danie Joloy.

 Deficiencias

El informe destaca cómo, a pesar de que nueve mecanismos internacionales de derechos humanos han recomendado al Estado mexicano eliminar la figura del arraigo de la práctica y de la Constitución por ser contraria a los estándares internacionales en la materia, éste, junto con el cateo y la prisión preventiva automática, permanecen como las “técnicas de investigación criminal” más recurridas en el país.

 Otra deficiencia grave se ubica en el hecho de que la desaparición forzada sigue sin contemplarse como delito. De acuerdo con el informe, sólo 15 estados de la República lo han tipificado “con lagunas y deficiencias en la definición y la determinación de los sujetos activos” y en el caso de la tortura, el estado de Guerreo sigue siendo la única entidad que no lo ha tipificado en su código penal.

 En materia de acceso a la justicia y reforma judicial el informe reporta un avance casi nulo en la implementación del nuevo sistema acusatorio de justicia penal. A sólo tres años de entrar en vigencia, únicamente tres entidades (Chihuahua, Estado de México y Morelos) lo han implementado en su totalidad, 10 más tienen una implementación parcial y en las 19 entidades restantes, así como a nivel federal, no existe avance.

 El acceso a la justicia para las mujeres también representa un asunto pendiente. Las cifras presentadas son contundentes: de mil 235 casos de mujeres asesinadas en sólo ocho estados entre enero de 2010 y junio de 2011, sólo 4% de los casos han sido sentenciados, y se desconoce si las sentencias fueron condenatorias o absolutorias.

 El fuero militar sigue representando un obstáculo para investigar y sancionar a militares que hayan cometido violaciones a los derechos humanos. Tan sólo entre 2006 y 2012 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió 113 recomendaciones a la Sedena. El informe hace hincapié en que el desempeño de la CNDH resulta insuficiente ante la magnitud del problema, pues de 7 mil 441 quejas presentadas ante dicha instancia en contra de las Fuerzas Armadas mexicanas, sólo se han emitido recomendaciones en 1.5% de los casos.

 El balance respecto de las condiciones del sistema penitenciario en el país tampoco es halagador. Según el informe, las prisiones registran una sobrepoblación de casi 30% que genera, a su vez, hacinamiento y condiciones que fomentan el autogobierno. De acuerdo con datos de la CNDH, citados por el informe, en 60% de las cárceles del país tienen autogobierno y el resultado tan sólo entre los años 2010 y 2011 es de tres mil motines, 992 riñas y 316 decesos.

 Otro dato: de 2009 a 2011 las quejas contra el Sistema Penitenciario Federal interpuestas ante la CNDH crecieron en más de 100% de 473 a 928, siendo las más frecuentes las relativas con atención médica deficiente, irregularidades al otorgar la libertad anticipada, condicionamiento de visitas y traslados arbitrarios.

 La militarización de los cuerpos de seguridad pública, intensificada a partir de 2007, también representa –en opinión de las ONG’s mexicanas– un factor que detonó la violación de derechos humanos. En un periodo de seis años, de 2006 a 2012, la CNDH acumuló 7 mil 441 quejas al respecto. Y es que, en 14 de las 32 entidades los encargados de seguridad pública tienen antecedentes militares, en seis más se trata de militares y en cuando menos 25 estados de la República hay presencia de militares en activo o en retiro al frente de las corporaciones municipales.

 “En al menos 17 de los 50 municipios que registran mayor número de homicidios en el país (Acapulco, Chihuahua, Ciudad Juárez, Culiacán y Tijuana, entre otros) tienen como director de seguridad pública a un mando militar, sin que ello haya repercutido directamente en la disminución de las ejecuciones registradas”, señala el documento.

 Respecto a la desaparición forzada y tortura, la sociedad civil mexicana contrasta cómo a pesar de que entidades de la República han comenzado a aplicar el Protocolo de Estambul –un conjunto de reglas para identificar la tortura y sus consecuencias–, esto no se traduce en sentencias condenatorias para los casos comprobados de tortura.

 Este es un caso típico en el que la letra no coincide con la realidad: “Incluso en estados que han adoptado el Protocolo de Estambul, las fiscalías no suelen solicitarlo y por lo tanto no se cumple con los procedimientos de la investigación de tortura. (Además) no hay expertos forenses calificados para llevarlo a cabo y la calidad técnica de los exámenes es deficiente”.

 La desaparición forzada representa otro tema delicado ya que, asegura el informe, “el Estado mexicano no tiene con certeza el número de víctimas pues en muchas ocasiones se niega a calificarlo como tal y es clasificado como un delito distinto”. Tan sólo en el estado de Chihuahua de enero de 2008 a marzo de 2012 se interpusieron 171 denuncias por desaparición forzada sin que hasta hoy se tenga conocimiento de sentencia alguna.

 Otro rubro en el que durante los últimos cuatro años se ha agravado dramáticamente la situación es el referente a defensores de derechos humanos y periodistas.

 “Entre 2009 y mayo de 2012 sucedieron 44 ejecuciones extrajudiciales, 45 desapariciones forzadas y 309 privaciones de la libertad de defensores de derechos humanos”. En cuanto a comunicadores, en 2010 se documentaron agresiones en contra de 139 periodistas y 21 medios de comunicación de 25 estados de la República. En 13 de estos casos se trató de atentados con explosivos o armas de fuego.

 Y aunque se reconoce que a partir de 2012 entró en vigor la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ésta “no incluye medidas para una adecuada investigación y sanción a los responsables”.

 El informe de las ONG’s mexicanas abarca todos los rubros, en los que también se incluyen medio ambiente, mujeres, migrantes, jóvenes e infantes y grupos indígenas. En ninguno de los aspectos la situación es esperanzadora, por el contrario. Y ninguno de los representantes de la sociedad civil plantea una diferenciación entre la pasada administración de Felipe Calderón y la recién iniciada de Enrique Peña Nieto.

“Los números siguen iguales y no cambiarán por un simple cambio de administración, que sólo varía el discurso. Las violaciones a los derechos humanos seguirán sucediendo hasta que no haya un cambio estructural en la estrategia de seguridad, en donde se ponga fin a la militarización, se saque a los militares de las calles y se diseñe una política de seguridad pública basada en los derechos humanos”, sentencia Daniel Joloy.

Por lo que al trío de jóvenes defensores de derechos humanos respecta, su trabajo en esta gira por Europa será, no sólo exponer el informe, sino también pedir a los Estados plantear recomendaciones puntuales.

“En el marco del EPU se hacen recomendaciones muy generales que no ayudan a ser implementadas y pueden dar pie a que el Estado mexicano afirme que está cumpliendo con las recomendaciones. Por ello, desde la sociedad civil elaboramos a la par otro informe de preguntas y recomendaciones que estaremos entregando a nuestros interlocutores para que cuenten con elementos más concretos en su evaluación”, explica Joloy.

Así, con este duro y poco halagador informe de la sociedad civil, el Estado mexicano llegará hasta el Consejo de Naciones Unidas para ser evaluado en octubre en Ginebra.