Guerrero, entre el narco, las autodefensas y... la guerrilla

• Guerrero, entre el narco, las autodefensas y... la guerrilla/EZEQUIEL FLORES CONTRERAS

Revista Proceso # 1914, 7 de julio de 2013

 La falta de capacidad y de oficio político saltan a la vista en Guerrero, donde el gobernador Ángel Aguirre Rivero no puede controlar la crisis social ocasionada por la presencia de grupos delincuenciales en disputa por el corredor del Pacífico, codiciada ruta para el trasiego de enervantes. Ante la violencia generalizada surgieron grupos de autodefensa, algunos auspiciados por el gobierno estatal. Mientras el Ejército respalda a unos la Marina apoya a otros. Las víctimas de este pandemónium son los pobladores de la entidad y los turistas, inseguros en esta tierra de nadie.

 CHILPANCINGO, GRO.- Los grupos de autodefensa proliferan en cinco de siete regiones de la entidad para asumir funciones de seguridad pública al desplazar a las autoridades gubernamentales. El aval otorgado por el gobernador Ángel Aguirre Rivero ya ocasionó una nueva crisis en su administración.

La brutal ola de violencia presente en la entidad y la propagación de grupos de civiles armados ya ocasionó la renuncia del recién designado secretario de Gobierno, Florentino Cruz Ramírez.

Por un lado el actual secretario de Seguridad Pública estatal, Sergio Lara Montellanos –excomandante de la Octava Zona Naval en la entidad–, dice a Proceso que la guerrilla –“EPR y ERPI”– está detrás de los grupos de autodefensa surgidos en la región de la Costa Chica.

 No obstante, para el almirante en retiro no existen nexos entre el narco y el grupo de autodefensa oriundo de Tecpan, encabezado por el activista Leopoldo Soberanis.

 En respuesta, el comandante de la IX Región Militar, Genaro Fausto Lozano Espinoza, asegura que la delincuencia organizada subsidia al grupo de civiles armados liderados por Soberanis, surgido el jueves 20 de junio para enfrentar a Los Caballeros Templarios.

 Este grupo de autodefensa se formó después de bloquear más de 30 horas la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo.

 Para aminorar el conflicto el gobierno del estado, a través de Ernesto Aguirre, sobrino y asesor del gobernador Ángel Aguirre y el secretario de Seguridad Pública estatal, Sergio Lara, avaló y respaldó las acciones de este grupo de autodefensa que instaló retenes y realiza operativos con gente armada. Para justificar sus acciones argumenta que combate a Los Caballeros Templarios.

 No obstante, tres días después (el 23 de junio último), mediante la colocación de narcomantas, Los Caballeros Templarios acusaron a Soberanis de trabajar para Los Granados, un remanente del extinto Cártel de los Beltrán Leyva dirigido por Salvador Chava Granados y exigió a las autoridades gubernamentales mantenerse al margen de la disputa por este importante corredor de drogas en la entidad.

 De acuerdo con documentos oficiales, Chava Granados es hermano de Rubén El Nene Granados, ahora preso, acusado por el gobierno federal de ser operador del Cártel de los Beltrán Leyva. También se le acusa de encabezar una brutal disputa por el control de la Costa Grande frente a sicarios al servicio del cacique y exalcalde priista de Petatlán, Rogaciano Alba Álvarez, también preso y vinculado con el Ejército y con el Cártel de Sinaloa, aliado de Los Caballeros Templarios.

Señalamientos

El miércoles 3, durante una reunión con comisarios municipales, Lozano Espinoza lanzó sus acusaciones contra el grupo armado de Soberanis. Además los exhortó a no apoyar a las autodefensas y policías comunitarias que proliferaron durante el gobierno de Aguirre pues, dijo el militar, se trata de grupos ilegales y están incurriendo en acciones delincuenciales. De acuerdo con una nota publicada en el periódico El Sur, el comandante de la IX Región Militar declaró: “En el grupo de autodefensa de Tecpan de Galeana no se ha detectado influencia de grupos guerrilleros, sino afinidad con la delincuencia organizada”.

Al siguiente día, el jueves 4, un grupo de pobladores del municipio de Petatlán, encabezados por el director de Ecología del ayuntamiento administrado por el PRI, Ignacio Salto Villa, bloquearon la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a la altura del poblado de Coyuquilla norte, para exigir al gobierno estatal la salida de la Marina y el retiro de un retén instalado por el grupo de autodefensa de Soberanis.

 Según los manifestantes, la autodefensa de Tecpan está deteniendo personas, principalmente jóvenes, en un retén de la comunidad de El Llano y posteriormente aparecen ejecutadas.

 Los civiles armados de Tecpan, respaldados por el gobierno estatal y la Marina, llevan una lista donde incluyen nombres de presuntos integrantes de Los Caballeros Templarios; por eso exigen identificaciones a los automovilistas y pasajeros de autobuses, indicaron los manifestantes procedentes en su mayoría de la parte serrana de Petatlán, zona emblemática del narco y donde operan grupos paramilitares a cargo de la producción y el trasiego de enervantes.

 Los manifestantes advirtieron que desbloquearán la vía cuando el gobernador Aguirre asuma el compromiso de retirar a la Marina y el retén del grupo de autodefensa de Tecpan. El Ejército, afirman, debe resguardar esta franja costera de la entidad considerada importante corredor de drogas.

 Por su parte, Soberanis dijo que durante la madrugada del 26 de junio en la comunidad de Los Laureles, municipio de Tecpan, la Marina detuvo al principal “lavador de activos de Los Caballeros Templarios”, Leonardo Valle Torres, El Patrón, propietario de la empresa Mangos y Cocos de Guerrero. No obstante, señaló Soberanis, fue liberado al día siguiente tras un bloqueo realizado por sus trabajadores y vecinos del poblado donde está la empacadora sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo.

 La grave situación prevaleciente en la región de la Costa Grande se agudizó esta semana ante la confrontación de las bases sociales de los grupos delincuenciales que se disputan este importante corredor de drogas del Pacífico frente a la inexistente presencia gubernamental.

Aunado a esto, a 45 días de su designación como secretario de Gobierno, Florentino Cruz Ramírez renunció al cargo en medio de una creciente inseguridad y violencia generada por la confrontación entre bandas delincuenciales y la expansión de grupos de autodefensa ligados al narco y la guerrilla, según el Ejército y la Marina.

Berrinche

La dimisión del exdiputado del Movimiento Ciudadano (MC), quien públicamente declaró su admiración por la guerrilla colombiana, ocurrió el miércoles 3, luego de que el gobernador Aguirre designó un día antes a su mentor y exsecretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, coordinador general del Ejecutivo.

Cruz Ramírez llegó al gabinete estatal apenas el 20 de mayo en sustitución de Salgado Gómez, defenestrado luego del conflicto magisterial que puso en jaque a la administración aguirrista por su falta de oficio político para resolver conflictos sociales.

La causa de la renuncia de Cruz Ramírez, quien llegó al gabinete estatal mediante componendas de tipo político, se debió a que estaba acotado y fue relegado en todo momento por Aguirre.

Este hecho se evidenció cuando el mandatario estatal viajó a Estados Unidos del 19 al 30 de junio para promover los destinos turísticos de la entidad y dejó como encargado de despacho del Ejecutivo a su compadre, el secretario de Finanzas, Jorge Salgado Leyva.

Mientras que Ernesto Aguirre, sobrino y asesor principal del mandatario, se encarga de atender los conflictos sociales, como lo hizo con el conflicto magisterial, pues se encargó de pagar las fianzas de los cetegistas procesados por las protestas en contra de la reforma educativa registradas desde finales de febrero.

A su regreso, Aguirre decidió rehabilitar a Salgado Gómez, como coordinador general del Ejecutivo, un cargo en la administración estatal equiparado con el de un vicegobernador, el cual ha sido ocupado por familiares del mandatario, quien por cierto se ha caracterizado por el nepotismo en su administración.

Mediante un comunicado oficial, el gobierno estatal informó que Salgado Gómez se encargará de los proyectos de infraestructura urbana emblemáticos de la administración aguirrista y considerados el principal negocio de este gobierno. Este hecho provocó la ira de Cruz Ramírez, quien renunció simplemente porque “siempre estuvo limitado en sus funciones”, indicaron fuentes oficiales a Proceso.

Al cierre de esta edición, el bloqueo carretero en la región de la Costa Grande por habitantes de la sierra de Petatlán que se oponen a la presencia de la Marina y al grupo de autodefensa de Tecpan presuntamente ligado a Los Granados se había prolongado más de 30 horas. Decenas de familias, turistas, paseantes y transportistas quedaron varados.

Contrario a la actitud asumida por el gobierno de Aguirre frente al bloqueo realizado anteriormente por el grupo de autodefensa de Tecpan, ningún secretario de despacho acudió al lugar del conflicto como lo exigen los manifestantes para destrabar el conflicto.

 Este hecho confirma la percepción de ingobernabilidad vivida en la entidad y se suma a la incesante ola de violencia y ejecuciones que paraliza a las autoridades locales y asfixia a la sociedad guerrerense.