¿Hacia una celebración segura? La resaca fúnebre de una victoria.
Por Fred Alvarez Palafox
La reciente pérdida de cuatro vidas durante los festejos mundialistas del martes ha dejado una herida abierta en la ciudad; un punto de inflexión profundo en la manera en que la capital respira y sobrevive a la pasión del fútbol. En respuesta, desde el atril de Palacio Nacional, la C. Presidenta Claudia Sheinbaum, en coordinación directa con la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha delineado una estrategia de contención y cuidado. El objetivo retórico: evitar que la euforia vuelva a desbordarse hacia la fatalidad.
Para tejer un ambiente donde la afición pueda celebrar sin el asomo de la muerte, se trazaron acciones que suenan a remedios tardíos:
¿i) Descongestión visual y física: Instalación de más pantallas a lo largo del Paseo de la Reforma para dispersar de manera natural a la multitud, en un intento por desatar los embudos humanos.
ii) La policía como «guía»: Ante la imposibilidad logística de contener a más de un millón de personas, la corporación asume un cambio de mística. Su misión será orientar y proteger, eludiendo la confrontación.
iii) El apelo a la conciencia colectiva: Un llamado a la responsabilidad ciudadana, pidiendo confiar en el prójimo y moderar el consumo de alcohol en las calles.
iv) En medio de este ambiente mundialista, el atril también sirvió de escudo ante la reciente alerta de viaje emitida por el Reino Unido. Frente a las reservas internacionales, la mandataria fue tajante al defender la hospitalidad de nuestra tierra, asegurando que México sigue siendo un destino seguro y que la paz ha sido la protagonista de la Copa.
Sin embargo, el eco del discurso oficial choca de frente con el luto.
Más allá de las nuevas medidas preventivas y las garantías hacia el exterior, en el aire denso de la ciudad flota una interrogante ineludible: ¿dónde queda la responsabilidad de la autoridad frente a la tragedia del martes?
El espejismo de la autorregulación y la negligencia documentada
Delegar el éxito de la seguridad en la mera autorregulación de una multitud apasionada es un espejismo que diluye la obligación irrenunciable del Estado. La gestión de masas de esta magnitud exige protocolos rigurosos de protección civil y logística urbana, no buenos deseos.
Como bien documenta Erik López hoy en la web La Silla Rota, el gobierno de la Ciudad de México pasó por alto su propio protocolo de gestión de riesgos para estos festivales futboleros. El documento, aprobado apenas el 26 de mayo, era claro respecto a los sitios de transmisión:
"Con la finalidad de evitar contraflujos y mitigar los riesgos, las rutas de acceso a los eventos deberán ser distintos a aquellos que se utilizarán para el egreso y evacuación".
La realidad en las calles fue una trampa mortal.
Jesús Góngora, sobreviviente del caos donde dos personas murieron asfixiadas, relató cómo al término del partido un grupo masivo intentó salir por la calle Lancaster hacia Reforma, topándose de frente con otro mar de gente que intentaba ingresar.
"Venía gente que caminaba en sentido contrario para entrar, y eran más los que querían salir. Chocan y tiran a los demás y les valió", narró Góngora. Ahí se escribió la tragedia. Cuerpos tropezando, gente prensada contra baños públicos instalados en la misma calle Lancaster; un obstáculo físico que el propio protocolo exigía despejar.
¿Quién era el responsable?
El punto 10.4 del acuerdo publicado en la Gaceta de la Ciudad de México establece —señala el reportaje de La Silla Rota— que las medidas debieron aplicarse por lo menos 90 minutos antes del evento, convirtiendo las calles confluentes en rutas de evacuación.
Pero no hubo señales. No hubo indicaciones. Rodrigo Cerezo, fotógrafo de 24 Horas atrapado en la avalancha, lo resume con frustración: "Un mar de gente ingresó desde avenida Chapultepec, ninguna restricción. ¿Por qué si se cerraron las estaciones del Metro cercanas, no hubo ningún dispositivo para restringir el acceso? No había ningún policía, ni gente con altavoz para agilizar el tránsito".
La indolencia como política de Estado
El doloroso saldo de cuatro muertos —confirmado por la Secretaría de Salud capitalina ante una asistencia de 1.4 millones de personas— nos obliga a un cuestionamiento franco. Especialistas en gestión de riesgos coinciden: la Ciudad de México tiene experiencia de sobra en eventos masivos (las peregrinaciones a la Basílica, la Pasión en Iztapalapa). El operativo del martes, simplemente, estuvo mal dimensionado y ejecutado. Fue una negligencia anunciada.
Y, pese a este altísimo costo humano, la indolencia oficial asombra. Pablo Vázquez, titular de Seguridad, se atrevió a presumir una jornada "con tranquilidad". Una afirmación patética que no solo choca con las muertes por asfixia, sino con la ignominia vivida paralelamente en la Calzada de Tlalpan, donde su misma policía encapsuló y agredió a madres buscadoras armadas únicamente con las fotografías de sus hijos desaparecidos.
"Un país que golpea a las madres que escarban la tierra mientras celebra un triunfo deportivo necesita, urgentemente, mirarse al espejo", escribí en mi espacio de La Silla Rota.
Como nos recordaría Rosario Castellanos, parece que nos obligan a vivir en una patria donde el duelo debe guardar silencio para no incomodar la fiesta de los demás.
Hoy, la ciudad nos exige mirar no solo la alegría del festejo, sino la enorme deuda de quienes tienen el deber ético e irrenunciable de garantizar que salir a celebrar un partido no nos cueste la vida
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En el complejo tablero donde se cruzan la crueldad de la guerra y los tentáculos del crimen transnacional, la inteligencia rusa lanzó recientemente un dardo: acusó a Ucrania de tejer alianzas con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación para inundar Europa de drogas y reclutar mercenarios. Sin embargo, al rasgar el velo de esta narrativa, la acusación se desmorona por completo.
Hoy, en las páginas de Milenio, una nota enviada desde Roma por el periodista Diego Enrique Osorno - con apoyo de Angel Hernández-, arroja luz sobre este laberinto. Osorno documenta cómo voces que conocen de cerca las entrañas de las mafias —como el fiscal antimafia italiano Nicola Gratteri y el investigador Antonio Nicaso—, junto con agencias europeas y plataformas de verificación, coinciden en una realidad innegable: no existe ni una sola prueba judicial o investigativa que sostenga esta conexión. En paralelo, la embajada ucraniana en México desmintió el relato, calificándolo de mera propaganda bélica; una cortina de humo diseñada para ocultar cómo las redes transnacionales rusas sí proveen armamento de alto poder a los cárteles mexicanos.
Es cierto que el dolor y el caos de la guerra abren zonas grises. Los expertos reconocen que los grupos criminales, siempre al acecho, observan el conflicto en Ucrania para aprender nuevas tácticas bélicas. Ahí está el ejemplo del uso de aparatos voladores con explosivos, táctica perfeccionada por los llamados "droneros". Pero este macabro aprendizaje a distancia nace del oportunismo de los cárteles, no de un pacto de Estado con Kiev. Al final del día, la droga sigue fluyendo hacia Europa por las rutas habituales, movida por la codicia de siempre y muy lejos de la conspiración que Moscú intenta dibujar..
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Las columnas políticas hoy, jueves 2 de julio de 2026
Templo Mayor/ REFORMA/
¿Y SI NO? La decisión de Estados Unidos de "no renovar" el T-MEC arroja un mensaje de incertidumbre económica en un momento crítico de las relaciones de México con Washington.
VAYA CONTRASTE. Mientras transcurre un Mundial trilateral, con partidos con estadios repletos en los tres países, con beneficios económicos y donde el grito deportivo de "¿y si sí?" permea el ambiente... viene el golpe comercial. El tratado será revisado anualmente pero más allá de eso, estarán distintos amagos que rebasan lo comercial para presionar al gobierno mexicano desde la Casa Blanca.
TANTO para Canadá como para México resulta absurdo y contraproducente este capricho de EU. Sobre todo tomando en cuenta que nuestro país es el principal socio comercial de los norteamericanos. Cosa de ver que las exportaciones ascienden a 534 mil millones de dólares y las importaciones son por 338 mil millones.
EL TENER que revisar cada año el T-MEC en lugar de dejarlo funcionar, reducirá la llegada de inversión extranjera debido, precisamente, a la incertidumbre.
POR LO PRONTO el 20 de julio empiezan las negociaciones bilaterales que serán encabezadas por Marcelo Ebrard, quien tendrá que echar mano de todas sus gracias para ponerle fin a esta pesadilla de renegociaciones eternas.
EN UN MOVIMIENTO sorpresivo, el ex gobernador priista Miguel Riquelme regresó a su terruño para convertirse en alcalde sustituto de Torreón. A petición del actual mandatario coahuilense, Manolo Jiménez, Riquelme aceptó pedir licencia como senador para tomar el lugar de Román Alberto Cepeda, quien falleció a medio mandato hace unos días.
EL NOMBRAMIENTO, que formalmente fue a propuesta del PRI por ser el partido en el gobierno, fue avalado sin reparos por la oposición, con lo cual Riquelme estará despachando en el ayuntamiento hasta que concluya la presente administración el próximo año.
CUATRO PERSONAS muertas en los festejos futboleros tendrían que ser un saldo inaceptable para el gobierno de la CDMX, y las preocupaciones rondan tanto en las oficinas de Clara Brugada como en Palacio Nacional.
LA JEFA DE GOBIERNO trató ayer de reducir el problema al decir que en su momento se pidió a la gente no asistir al Ángel de la Independencia porque ya estaba lleno y se abrieron otras plazas para la celebración. Pero evidentemente su petición no tuvo eco.
ES CLARO QUE decretar Ley Seca alrededor del Ángel no ha sido una medida que frene excesos y desmanes, pues la venta de alcohol en pleno Paseo de la Reforma no se ha evitado. Algo deberá hacerse para evitar peores desbordes este domingo. Porque una cosa es que la seguridad en los estadios y alrededores tenga a la Guardia Nacional y a la FIFA como responsables... y otra que el gobierno de la CDMX asuma la responsabilidad de los festejos del Ángel. Menudo reto.
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La UNAM y el muro de la austeridad
Bajo Reserva/ EL UNIVERSAL
Nos comentan que la comparecencia del rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, ante la Cámara de Diputados para entregar la Cuenta Anual de la institución terminó por revivir una demanda histórica que año con año se repite en la cámara baja: la solicitud formal de un incremento presupuestal de un punto porcentual por encima de la inflación para 2027. El rector Lomelí justificó que el recurso se necesita “con urgencia” para actualizar laboratorios dañados, renovar equipos tecnológicos obsoletos y sostener las becas. Nos hacen ver que muchos de los diputados que hoy tienen en sus manos la posibilidad de dotar de los recursos a la UNAM son egresados de esa casa de estudios, que les otorgó la formación profesional. Ya se verá si los diputados son recíprocos con su alma máter y están comprometidos con mejorar la calidad de la educación universitaria, o si el llamado vuelve a chocar con el muro de la austeridad que ha levantado el régimen.
La violencia contra las mujeres no da tregua
A la senadora Laura Itzel Castillo, nos hacen ver, se le duplicó el trabajo. La presidenta del Senado y secretaria de la Mujer designada ha tenido que hacerse cargo de ambas tareas obligada por las circunstancias. Nos recuerdan que el acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum fue que se sumará al gabinete hasta septiembre, cuando concluya su presidencia de la Mesa Directiva. Sin embargo, doña Laura Itzel tiene puesto “un ojo en el gato y otro en el garabato”. Nos explican que a pesar de que todavía no asume formalmente como secretaria de la Mujer, ya influye y toma decisiones en esa dependencia. La misma senadora ha dicho que estuvo en comunicación con la subsecretaria de la Mujer, Ingrid Gómez, para que se pusiera en contacto directo con la esposa del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez, a fin de apoyarla luego de que denunció ser víctima de violencia por parte del exfuncionario. La violencia contra las mujeres parece no dar tregua.
Un instituto del Estado para frenar a la derecha
Nos cuentan que desde el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México buscarán inculcar la ideología del régimen con maestrías, como “Humanismo mexicano”, y seminarios permanentes a los que invitarán a académicos e intelectuales afines para que impartan conferencias. El propio director, Felipe Arturo Ávila Espinosa, dijo “que podamos ir cerrando filas para detener estas amenazas para la civilización que representa el ascenso de las derechas y las ultraderechas en América Latina”. ¿Será ese el papel de un instituto académico del Estado cuya misión es, según sus objetivos, “el estudio y difusión de la historia de las grandes transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales generadas por las revoluciones que han definido la historia nacional”?
Despiden a trabajadores que apoyaban a grupos vulnerables
Vaya conmoción la que causó el despido de 43 trabajadores sociales adscritos al Instituto Federal de Defensoría Pública. En redes sociales se vio a trabajadores llorando por su despido después de muchos años de trabajo quienes dijeron que con esta decisión se cortan carreras judiciales y proyectos de vida. El Instituto pertenece al Órgano de Administración Judicial, que encabeza Néstor Vargas. Nos comentan que el personal cesado desempeñaba funciones de asesoría jurídica, investigación socioeconómica para identificar condiciones de vulnerabilidad y canalizar a las personas en esta condición hacia programas y servicios públicos y su labor se dirigía a mujeres víctimas de violencia, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, pueblos y comunidades indígenas, migrantes, personas privadas de la libertad, víctimas de violaciones a derechos humanos y personas en condición de pobreza. Al parecer, los grupos vulnerables, ahora serán aún más vulnerables.
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Sobornada, la CNTE se peló sin pagar
El asalto a la razón/Carlos Marín
Milenio,
La explicable y tumultuaria euforia por el Mundial de futbol, catapultada por el admirable desempeño de la Selección Mexicana y su consecuente pase a octavos de final, opacó la información sobre las emergencias nacionales en especial: la incesante inseguridad, el aumento de las desapariciones, el drama de las madres buscadoras y el prolongado suspenso en torno de la petición del gobierno estadunidense para la captura provisional de Los Diez de Sinaloa.
El repetido, creciente y jubiloso festejo ha dejado bajo la alfombra el atraco del gobierno a las inexistentes pensiones “doradas” de 50 mil exservidores públicos, la canallesca marranada contra jueces y magistrados obligados a salir del Poder Judicial sin que se les indemnice como mandata la Constitución reformada por el obradorato y el colosal soborno a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para sofocar su amenaza de impedir que “rodara el balón”.
De una aproximación a los daños causados por esa facción magisterial, en El asalto… de lunes y martes recientes para MILENIO Tv, platiqué con Marco Fernández, doctor y maestro en Ciencia Política por la Universidad de Duke, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa, especializado en la CNTE y en educación pública.
Antes que otra cosa enfatiza: el perjuicio mayor ha sido para un millón 400 mil niños de preescolar, primaria y secundaria, cautivos de la Coordinadora en Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Yucatán y Zacatecas, pero en lo económico los platos rotos los pagará la población que nutre al erario (y no sólo en declaraciones de impuestos al SAT, sino a través del IVA y el ISR).
El infame soborno gubernamental a la CNTE supera 800 millones de pesos, equivalentes a las pérdidas causadas a particulares con la vandalización y quema de vehículos, saqueos a comercios, bloqueo del aeropuerto de Oaxaca, retrasos y cancelación de vuelos, pérdidas en los sectores turístico y restaurantero, pero también descalabros presupuestales a los ayuntamientos y gobiernos estatales con la destrucción de mobiliario urbano y suspensiones de servicios públicos en la capital nacional, Tuxtla Gutiérrez, Acapulco y Chilpancingo. En lo comercial, el daño más visible fue en Ciudad de México, estimado justo en alrededor de 800 millones de pesos por la falta de ventas o afectaciones a huéspedes que no llegaron en tres semanas, y los destrozos, por ejemplo, en el Congreso de Chilpancingo, donde los activistas de la Ceteg quemaron 12 vehículos de trabajadores, o en las plazas comerciales y el bloqueo del aeropuerto de Oaxaca, sin contar daños en las capitales de Zacatecas, Chiapas y Yucatán.
Para nadie, claro, hubo siquiera un “usted disculpe”, y ni la Coordinadora ni el gobierno asumen sus responsabilidades.
En este recuento de daños consignaré también los pestilentes acuerdos del gobierno tanto con la CNTE como con el Sindicato Nacional.
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Estrictamente Personal
Otro gol al gobierno/Raymundo Riva Palacio
El Financiero, julio 02, 2026 |
Por donde menos se esperaba saltó una nueva liebre envenenada el martes. La Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionaron a dos mexicanos y a nueve empresas acusadas de contrabandear combustible en beneficio del Cártel Jalisco Nueva Generación. Este tipo de sanciones económicas y alertas al sistema financiero para reforzar sus acciones contra el lavado de dinero no son nuevas, y forman parte de un sistema de vigilancia y respuesta contra individuos y entidades que consideren una amenaza a su seguridad nacional.
El documento del Tesoro subraya que aproximadamente el 30% del combustible en México es de contrabando, pero de manera extraordinaria, por lo inusual, incluye 82 palabras explosivas que advierten: “En México, los cárteles utilizan las ganancias ilícitas de la venta de combustible en el mercado negro para realizar pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación mexicanos, con el fin de ayudar a elegir a políticos mexicanos corruptos dispuestos a colaborar con los cárteles para controlar puestos administrativos clave en el gobierno, lo que facilita las operaciones de contrabando de combustible y el acceso a contratos estatales para lavar las ganancias ilícitas de estos esquemas y otras actividades delictivas”.
Es la primera vez que estos organismos del Departamento del Tesoro establecen una relación directa entre las estructuras financieras criminales y la inversión en campañas políticas en México, cuyas consecuencias pueden rebasar el catálogo de sanciones que pueden aplicar la OFAC y el FinCen –que no van más allá de las sanciones económicas–, y las alinean con la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en su primer día en la Casa Blanca, que designó a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, que le otorga a Estados Unidos herramientas legales extraordinarias para combatirlas, como operaciones militares en territorio mexicano.
Las sanciones del Tesoro deben verse como un nuevo mensaje de insatisfacción de Washington a Palacio Nacional por la forma como está manejando el caso del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, acusado de haber llegado al poder con el dinero y la operación electoral del Cártel de Sinaloa, y a quien Estados Unidos solicitó que se le detuviera con fines de extradición. Rocha Moya sigue bajo protección en un rancho al norte de Culiacán, y la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum, hasta hoy, es que no se los entregará bajo ningún presupuesto. Es importante observar que solo el Cártel de Sinaloa había sido señalado de intervenir en elecciones; ahora se añadió al CJNG.
Ni la OFAC ni el FinCEN abundaron en la imputación, que ayer fue rechazada por la presidenta con el mismo argumento como se ha negado a reconocer que hay políticos de Morena vinculados con el crimen organizado: no hay pruebas. “Así pasó con tres instituciones financieras (contra las que) de manera unilateral el Departamento del Tesoro tomó una medida”, recordó Sheinbaum el señalamiento a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa en junio del año pasado, cuando las definieron de “mayor preocupación” en materia de lavado de dinero y presuntamente vinculadas al tráfico ilegal de fentanilo. Sheinbaum agregó que cuando le pidió su gobierno pruebas para acompañarlos en el proceso, “solo enviaron dos páginas sin pruebas”. La Secretaría de Hacienda, sin embargo, actuó y los intervino. Poco después, las tres instituciones desaparecieron.
La presidenta se quejó de que pese a que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda –controlada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch– trabaja con la OFAC y el FinCen, “nunca fuimos informados” y adelantaron un comunicado sin esperar a un boletín conjunto. El Tesoro contrastó sus declaraciones. “Las sanciones”, informó, “fueron diseñadas conjuntamente con la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno de México”. Lo que probablemente desconocían aquí era el señalamiento de que el dinero del huachicol fiscal sirviera para financiar campañas políticas y medios de comunicación para apoyar a funcionarios corruptos dispuestos a colaborar con el CJNG.
Es la primera vez que un documento oficial del gobierno de Estados Unidos incluye a medios de comunicación como parte de la red criminal de políticos y el crimen organizado, con lo cual, de acuerdo con la manera en que funcionan la OFAC y el FinCEN, las sanciones pueden extenderse a dueños de medios, sociedades o cooperativas, así como a editores y periodistas que sean señalados como parte de esa red. Pero en el alineamiento de estas acciones con la orden ejecutiva de Trump, los periodistas quedan sujetos a sus mecanismos legales, y pueden ser acusados de terrorismo y capturados incluso en México, al permitir sus leyes la extraterritorialidad.
Igualmente, en el nuevo marco de referencia en el que se mueven esos organismos, se refuerza la posibilidad de que Morena y otros partidos, dentro de la coalición gobernante o de oposición, puedan ser declarados como “organizaciones terroristas” si se demuestra que un cártel financió campañas políticas, y enfrentar sanciones a funcionarios y políticos que hubieran facilitado o recibido recursos ilegales.
El señalamiento al CJNG tiene un impacto en 22 estados, y es la fuerza criminal dominante en Guanajuato, gobernado por el PAN; Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano; Michoacán y Nayarit, que gobierna Morena. El partido en el poder está al frente en otros 15 estados: Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
La OFAC y el FinCEN suelen actuar con base en investigaciones de inteligencia financiera y de procuración de justicia, y esta operación fue coordinada por la Fuerza de Tareas del Departamento de Seguridad Nacional en Texas, que es una iniciativa multiagencias que se creó en noviembre pasado para desmantelar las organizaciones criminales, los cárteles y las pandillas a lo largo de la frontera con México.
En esa fuerza de tareas participan prominentemente la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, que caza a terroristas en todo el mundo y fue la responsable de la captura de Ismael El Mayo Zambada; el FBI, que tiene una área de inteligencia en México; la DEA, Migración, Aduanas y los fiscales de las cortes de los distritos Sur y Occidente de Texas, que tienen los casos del huachicol en Tamaulipas.
La reacción de la presidenta Sheinbaum era predecible, pero endeble al no abordar el fondo de la molestia estadounidense y seguir negándose a procesar políticos vinculados con el crimen organizado.
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El humanismo que esperamos de Claudia
Pensándolo bien/Jorge Zepeda Patterson
Milenio,
A la hora de elegir colaboradores nadie está en condiciones de conocer la calidad de las personas en lo que toca a sus relaciones íntimas. En teoría, la integridad que transmite un académico y su aparente probidad son señales, pero en el fondo no garantizan nada. A Claudia Sheinbaum se le podría reprochar haber elegido para dirigir a Pemex a un funcionario con capacidades técnicas y/o políticas discutibles, pero no podemos cargarle culpas por las deplorables escenas que todos contemplamos en un infame video.
Lo que sí se puede cuestionar es la respuesta que ha ofrecido al respecto. Más allá de un error de cálculo o el desliz que cualquiera puede tener en un mal día, me parece que su reacción ilustra un problema de fondo.
Parte del desencanto y la creciente desconfianza que existe en todo el mundo respecto a la clase política reside en el lenguaje neutro y burocrático con el que se comunica. Cargado de lugares comunes, deslavado de sentimientos y pasiones reales aunque se pronuncien los adjetivos de rigor, fórmulas de ocasión diseñadas para no incomodar a nadie, para hacer control de daños, para rehuir supuestas o reales responsabilidades: “se investigará hasta las últimas consecuencias”, “se abrirán mesas de diálogo”, “no nos temblará la mano, caiga quien caiga, se integrará una comisión”, “investigaremos si se presenta una denuncia”, o la más socorrida “son exageraciones de la prensa amarillista”.
Quienes conocen a Claudia Sheinbaum han podido constatar el sentido común y la naturalidad en lo que dice y hace, muy lejana a la máscara profesional en la que se apoltronan funcionarios y políticos tradicionales. La alta popularidad de la que goza, que llegó a rozar proporciones de 80 por ciento, se nutre de varias fuentes: el partido que representa y el entusiasmo de los mexicanos por una mujer presidenta, desde luego; pero también por su perfil personal: una científica sensible, con los pies en la tierra, un miembro de la clase media con sentido de la realidad y muy ajena a la impostación de las élites políticas.
Por lo mismo, resulta desconcertante la frecuencia con la que hace a un lado esa naturaleza espontánea y sensible y opta por asumir una supuesta institucionalidad o asepsia verbal, que termina siendo confundida con indiferencia. Frente a las tragedias que viven las madres buscadoras o la violencia que padecen miles de ciudadanos y ciudadanas, es inquietante que las mayores expresiones de indignación que le escuchamos sean una reacción a las críticas de sus adversarios o argumentos en defensa de miembros de Morena.
El deplorable video que todos hemos visto de Víctor Rodríguez maltratando a su esposa habría merecido una reacción distinta de la Claudia Sheinbaum que existe más allá de la funcionaria. Su primera declaración, “si la señora presenta denuncia será investigada” sonaba casi a un reclamo. Días más tarde, tras la repulsa generalizada en la opinión pública, subió el tono y pidió aplicar todo el peso de la ley contra el agresor.
Cuánto mejor habría sido una expresión de auténtica tristeza y desencanto por el comportamiento exhibido de una persona en la que ella había confiado. Un sentimiento seguramente más cercano al que experimentó Sheinbaum desde el primer momento en que vio ese video. En lugar de ello optó por una opinión más centrada en el control de daños que en la indignación o la solidaridad que provoca ver a una mujer ser tratada de esa manera. Si con Claudia llegaron todas, como suele ella decir, lo que un miembro del poder le está haciendo a María Felicia Jiménez tendría que ser inadmisible para la Presidenta, con denuncia o sin ella.
Puede entenderse que parte de sus reacciones están condicionadas por el temor, que es real, de que el hecho de ser la primera mujer presidenta la expone a la mirada misógina que interpreta como una debilidad toda expresión emocional o sensible. Pero a estas alturas el liderazgo y la firmeza de su conducción han dejado atrás ese riesgo, o al menos lo ha reducido.
Cuando alguien carece de agua, luz o un empleo o pierde a un hijo, no busca solamente un diagnóstico, una mesa de negociación o la creación de un expediente; necesita reconocer en su Presidenta a un ser humano capaz de experimentar una indignación proporcional al daño y expresar una promesa que no suene a trámite.
Me parece que ella tendría que confiar más en su propia naturaleza, en la persona que ha sido los 60 años anteriores a su arribo a Palacio. Una vida que se parece mucho más a la de todos nosotros y menos a la de los gobernantes que han escalado a partir del cálculo político destinado a cuidar sus carreras y la imagen de su grupo político. Esa Claudia auténtica puede percibirse una y otra vez cuando entra en contacto con hombres y mujeres de la plaza pública. Es allí donde admite límites sin acudir a tecnicismos, nombra el dolor sin convertirlo en discurso, ofrece esperanza sin reducirla a propaganda.
Ninguno de esos rasgos es incompatible con la imagen de un verdadero jefe de Estado revestido de humanidad. Claudia Sheinbaum podría serlo, si se lo permite.
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Cómo NO evitar una tragedia. Manual de la 4T/Carlos Loret de Mola
El Universal
Murieron cuatro personas, tres asfixiadas, que fueron al Ángel de la Independencia para festejar el triunfo de México sobre la selección de Ecuador. Se pudo haber evitado. Se pudo haber prevenido. Pero el estilo de gobierno de la 4T consiste en bajar los brazos y dejar que pase lo que tenga que pasar. No ejercen el mando. El estilo de gobierno es no gobernar.
¿Qué era mucha gente? Absolutamente previsible. Se juntaron 120 mil personas tras el triunfo de México sobre Sudáfrica. Se juntaron 400 mil cuando le ganamos a Corea. Llegaron a 800 mil tras la victoria sobre Chequia. La cifra era claramente ascendente. Lógicamente ascendente. Se llegó al millón, según datos oficiales, tras el 2-0 a Ecuador. Un aumento de 25%. Importante pero no desmedido. Manejable. No lo supieron manejar. No impidieron que más gente llegara. No prohibieron el paso cuando las calles estaban hacinadas al nivel de asfixia. No contuvieron a la multitud. No la orientaron.
Las cosas no se salieron de control de golpe. Se fueron saliendo de control con el avance de la selección mexicana en los partidos: portazos, empujones por entrar a los lugares con pantallas, gente que se subió a postes, estaciones del Metrobús, puestos de periódicos y monumentos históricos, balanceos de vehículos. Una serie de episodios que iban mostrando a una autoridad rebasada, pero aún sin llegar a una tragedia.
Lo que sucedió en Los Cabos la noche del México-Chequia, debió ser una señal de alarma. No lo fue. Ni siquiera porque justo la mañana del día del partido México-Ecuador se confirmó la muerte del papá que llevaba esposa e hijas a bordo de su vehículo y que, aparentemente en pánico, atropelló a 17 cuando le estaban sacudiendo el coche por el festejo, lo que motivó a la turba a golpearlo hasta quitarle la vida.
Estaban todos los focos rojos. Decidieron ignorarlos.
El gobierno que baja los brazos mandó a 4 mil policías al Paseo de la Reforma con la detectable orden de no hacer nada. A atestiguar. En las narices de la policía, no sólo fue el hacinamiento asfixiante. Fue también la violación descarada de la “ley seca”: cada 50 metros podías encontrar puestecitos que te vendían cerveza. ¿Querías droga? También había disponible. Menú completo. Súmele que la gente llegó con una hora más de alcohol en la sangre a consecuencia del retraso del inicio del partido.
Atosigada por la culpa, la jefa de Gobierno la morenista Clara Brugada, apostó a zafarse la responsabilidad con una declaración: dijo que su administración hizo un llamado para que la gente no fuera al Ángel a festejar. Ya. Eso.
Desde luego existe una responsabilidad individual de la gente, hay una responsabilidad de la sociedad. Una sociedad madura exige ciudadanos que sepan comportarse en el espacio público. Pero la responsabilidad individual no sustituye la responsabilidad del Estado. El gobierno está para proteger a sus ciudadanos. Está para ordenar la convivencia social, prevenir riesgos colectivos y proteger la integridad de la gente mediante el ejercicio del mando y la regulación del espacio público. Las tragedias colectivas no se juzgan por la conducta del ciudadano ideal, sino por la capacidad de las autoridades para prever que cualquier exceso individual o colectivo no desemboque en una catástrofe.
Y ahí viene lo del domingo. Puede ponerse peor. Ojalá decidan gobernar.
historiasreportero@gmail.com
Una crisis gestada hace 20 años/Jorge Fernández Menendez
Excelsior.,
Se cumplen 20 años de la elección que llevó a Felipe Calderón al poder, unos comicios cuyos resultados nunca reconoció López Obrador y que le sirvieron de narrativa, el fraude, la persecución, para abonar una carrera política y una candidatura que concluyó 12 años después en los comicios de 2018 con su triunfo inapelable.
Hoy podemos ver con claridad que López Obrador efectivamente era un peligro para México. La capacidad de destrucción que ha tenido su gestión se coronó ayer mismo, con la decisión de Estados Unidos de no prorrogar el Tratado de Libre Comercio, el TMEC, que apenas unos días antes de que asumiera el gobierno López Obrador había firmado Trump durante su primer mandato.
Es válido preguntarse por qué Trump no prorroga un Tratado que él mismo gestó. Y la respuesta es que no se prorrogará el TMEC porque durante los casi ocho años de gobierno morenista se han violado una y otra vez sus términos: se violaron con la contra reforma energética; con las normas agrícolas y ganaderas que nos han convertido en el primer importador mundial de maíz y provocaron el regreso del gusano barrenador; se violó el TMEC con la reforma judicial y con la desaparición de los organismos autónomos; con una política de abrazos y no balazos que empoderó a los grupos criminales como nunca antes, permitiendo el tráfico de fentanilo que provocó 200 mil asesinatos en nuestro país, más de 100 mil desapariciones y en Estados Unidos cerca de cien mil muertos por sobre dosis cada uno de los años de su gobierno; con un sistema de contrabando de combustible imposible de haber sido implementado sin complicidad desde el poder y que sirvió, como lo reitera la más reciente sanción del FinCEN y la OFAC, para financiar campañas políticas (no lo dice explícitamente el comunicado de esas dependencias del Tesoro estadounidense, pero son las del 2021 y 2024).
La consecuencia es una economía que no ha crecido en ocho años, una deuda que supera con creces la recibida, un sector energético en quiebra, un país dependiente de las importaciones de gas, de maíz, de combustibles y con más de un tercio de su territorio controlado por los grupos criminales, sin un sistema de justicia autónomo y con un poder legislativo que cuenta con una mayoría ficticia que se no ganó en las elecciones. Tenemos hoy un país enfrentado a la mayoría de las naciones de América latina, a Estados Unidos, hasta hace unos días a España, cercano al régimen de Nicolás Maduro, al de Cuba (al que se le dio el insólito honor de convertir a su presidente Miguel Díaz Canel, en el principal orador en el día de nuestra independencia, el 16 de septiembre de 2020), al de Vladimir Putin, al que nunca condenó por la invasión a Ucrania.
Pero que nos condenó, también, a una polarización interna como nunca habíamos vivido desde la guerra cristera. En el libro Ni Venganza ni Perdón (Planeta 2026), en coautoría con Julio Scherer Ibarra, escribimos algo en lo que creo profundamente y que es consecuencia directa de la irresponsabilidad política de López Obrador exhibida desde 2006 hasta ahora.
“Uno se pregunta, dice Bob Dylan, en sus Crónicas, una especie de memorias que nunca concluyó, “cómo personas unidas por la geografía y los ideales religiosos podían convertirse en enemigos acérrimos. Al final, sólo queda una cultura del sentimiento, de días negros, del cisma, del ojo por ojo, del destino común de la humanidad descarriada. Todo se reduce a una larga canción fúnebre, con cierta imperfección en los temas, una ideología de elevadas abstracciones, de hombres exaltados no necesariamente buenos…Todo está envuelto en un manto de irrealidad, grandeza y mojigatería… Por aquel entonces el país fue crucificado, murió y resucitó”. Habla Dylan de las épocas más oscuras de la Unión Americana, luego de la guerra civil. Pero ése es el sentimiento con el que me quedé después del proceso electoral del 2006. Creo que nuestro país, también, “fue crucificado, murió y resucitó”.
El 2 de marzo de 2004 cenábamos, cuento en el libro Calderón presidente, la lucha por el poder (Grijalbo 2007), un grupo de periodistas con Felipe Calderón. No lo sabíamos, ni él lo sabía, si sería candidato. Tampoco que unas pocas horas después de terminar esa cena estallarían los videoescándalos que cambiaron tantas cosas en la vida nacional y que, paradójicamente, fueron los que terminaron abriendo las puertas de la precandidatura presidencial por el PAN a Felipe Calderón… y la terminaron confirmando con el desafuero para López Obrador.
Para mí, decía en la presentación de ese libro en abril del año siguiente, el 2006 servía para seguir a Jorge Luis Borges, cuando dice que “no nos une el amor sino el espanto”. En 2006 no me gustaba la candidatura de López Obrador y eso se refleja en aquel libro: me parecía que lo que estaba en juego no era una diferente opción política sino la construcción de un nuevo sistema político para que girara en torno a la voluntad de un solo hombre. Como dije entonces, ya lo había vivido en mi primera juventud y no necesitaba volver a vivirlo. No me gusta ni el paternalismo político ni el Estado convertido en ogro filantrópico. Lo pensaba entonces, lo creo ahora. Lo que temía terminó pasando 12 años después”.
Nos une el espanto por todo lo sucedido por una confrontación que estuvo a punto de colapsar un país, una sociedad. Pero no salimos indemnes: fue el inicio de una polarización que vivimos hasta el día de hoy, sólo que el principal actor ahora está sentado en el otro lado de la mesa.
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Nahle y los apagones
JAQUE MATE / Sergio Sarmiento/
REFORMA, 02 julio 2026
"Distraer el dinero que podrías usar para transmisión hacia la generación es un error desde el punto de vista estratégico como país". Víctor Ramírez, 2020
La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, respondió públicamente a mi artículo "No son apagones" en el que argumenté que la falta de inversión en transmisión provocó los apagones que López Obrador y Bartlett prometieron eliminar. "Obviamente Sarmiento no es especialista en el tema y no investigó más a fondo la política energética", me descalificó, pero yo mantengo que los apagones no los provocan las quemas de pastizales sino los problemas de transmisión.
Escribe Nahle que con AMLO "se trabajó en regresar el 'Balance Energético' y recuperar principalmente el MERCADO ENERGÉTICO, que estaba en manos de privados [las mayúsculas tipo Trump son de ella]. En el 2019, la CFE tenía una participación solo del 38% y con la adquisición de las 13 plantas de Iberdrola -entre otras acciones- la CFE recuperó el 54% y el control del mercado nacional".
Sin embargo, aumentar la participación de la CFE en generación no evita apagones. Gastar 6,200 millones de dólares en 13 plantas de Iberdrola manejadas con eficiencia no añadió un solo vatio de capacidad de generación. Además, el problema radica en la transmisión. Si bien la ley permite la inversión privada en generación, la transmisión es monopolio del Estado.
Dice Nahle que "la red nacional de transmisión se fortaleció con 3,873 km más de líneas, 191 subestaciones ampliadas y/o nuevas y 10 equipos de última tecnología para regular la tensión, una inversión de 4 mil millones de dólares [70,200 millones de pesos en la actualidad]", pero no ofrece puntos de comparación que permitan saber si estas inversiones fueron suficientes y pertinentes. En el "Plan de negocios 2018-2022", CFE Transmisión presupuestaba 99,411 millones de pesos en cinco años (p. 26) y planeaba sumar 6,602 kilómetros de líneas nuevas para llegar a 113,644 kilómetros en 2021 (p. 14). Eran más inversión y kilómetros que los que presume Nahle.
Pero ni siquiera esto era suficiente. En 2023 la International Chamber of Commerce (ICC) señaló que "para crecer 2.4 por ciento al año hace falta construir cuando menos 58,900 kilómetros de líneas de transmisión" entre 2023 y 2037. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió en 2024 que "Sin transmisión eléctrica no será posible acelerar la transición energética". Entre 2013 y 2023 "la sub-inversión en infraestructura de transmisión eléctrica ha sido una constante... los montos ejercidos distan mucho de los objetivos de inversión del mecanismo de planeación para 2023-2028... Entre 2018 y 2023 la Red Nacional de Transmisión creció 2.4 por ciento al pasar de 108,017 kilómetros... a 110,559".
Los montos y kilómetros no cuentan toda la historia. No solo hay que invertir, hay que hacerlo bien. Víctor Ramírez de Energía a Debate me dice que con AMLO "se cancelaron dos proyectos grandes de transmisión que estaban en licitación: Sonora-Baja California e Istmo-Centro". Otro, que aún no se licitaba, Chiapas-Quintana Roo, se limitó, pese a que habría proporcionado redundancia a la línea Chiapas-Yucatán y reducido los apagones en la península. La línea Chiapas-Yucatán "trabaja 80 por ciento del tiempo sobre su capacidad de diseño y es donde hay más apagones". En cambio, la planta solar de Puerto Peñasco, Sonora, se construyó en una zona con sobrecapacidad y por eso "tuvieron que meterle un dineral" en transmisión, aunque el proyecto sigue perdiendo.
El hecho es que los apagones no han desaparecido y la transmisión es la razón principal. La presidenta Sheinbaum ha anunciado ahora una inversión de 8,177 millones de dólares en transmisión entre 2025 y 2030. Ojalá sea suficiente y se invierta bien.
· FESTEJOS
Cuatro personas murieron en las celebraciones en CDMX por el triunfo de la selección. Un hombre fue linchado en Los Cabos en un festejo anterior. Es inaceptable que estas fiestas terminen en tragedias.
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