Cambalacharon la gubernatura en BC?

“¡Qué el mundo fue y será una porquería

ya lo sé...!

(¡En el quinientos seis

y en el dos mil también!).

Que siempre ha habido chorros,

maquiavelos y estafaos,

contentos y amargaos,

valores y dublé...”Enrique Santos Discépolo

Baja California, a trueque: gubernatura por Pacto/José Gi Olmos

Revista Proceso # 1915, 14 de julio de 2013

Más que por su peso político, Baja California se convirtió en un estado estratégico para el PAN al coincidir la elección para gobernador con su guerra intestina y el debate sobre su permanencia en el Pacto por México. Sin embargo sólo un sector del PRI tenía añejas ambiciones en la península y el hilo se rompió por lo más delgado: ahora persiste la sospecha de que el gobierno de Enrique Peña Nieto sucumbió a los amagos panistas y perredistas para cederles aquel estado a cambio de que permanecieran en el Pacto por México.

TIJUANA, BC.- Días antes de su detención, Elba Esther Gordillo cenó en Tijuana con Jorge Hank Rhon y el gobernador bajacaliforniano, José Guadalupe Osuna Millán. Como tema central, en la reunión se habló de apoyar al panista Francisco Kiko Vega y de impedir que ganara el candidato del PRI, Fernando Castro Trenti.

 El 27 de febrero, cuando agentes de la Procuraduría General de la República aprehendieron a Gordillo en Toluca al bajar de un avión que venía de Baja California, los priistas pensaron que la estrategia aliancista había sido inutilizada. No se les ocurrió que en realidad ya estaba en marcha: el principal operador de la campaña de Kiko Vega era Osuna, quien –como se denunció– dispuso de mil 300 millones de pesos y usó los programas sociales para apuntalar a su candidato mediante el llamado Plan Baja Azul.

 Después de su derrumbe en la elección de 2012 el PAN sabía que parte de su futuro inmediato estaba en juego en Baja California. Por ello su dirigencia no tuvo reparo en aliarse con sus enemigos ideológicos: el PRD y el empresario de los casinos Caliente, Jorge Hank Rhon, a quien el PRI le negó la candidatura a gobernador para dársela a Castro Trenti.

 Al mismo tiempo los panistas amagaron al gobierno de Enrique Peña Nieto con salirse del Pacto por México si apoyaba a Castro, lo que dio lugar a una nueva concertacesión –como la de Carlos Salinas de Gortari en 1989 para que Ernesto Ruffo Appel asumiera el gobierno bajacaliforniano a cambio de que el PAN apoyara sus reformas constitucionales–, denunció el candidato ciudadano Daniel Ruanova.

 A medianoche del sábado 6 los priistas presentes en el cuarto de guerra de Castro Trenti estaban preocupados porque tenían información de que un call center estaba haciendo llamadas de última hora para pedir el voto para Kiko Vega. A esa hora convocaron a la prensa nacional en el hotel Lucerna para ir a descubrir el origen de dichas llamadas: un edifico céntrico de Tijuana.

 Llegaron al hotel también Liébano Sáenz y Federico Berrueto, dueños de la empresa Gabinete de Comunicación Estratégica, contratada por Castro Trenti para que realizara una encuesta diaria en las elecciones y la cual le daba ventaja sobre el panista. Pero se retiraron de inmediato.

El operativo cazamapaches fue un fracaso. Los priistas no previeron que las instalaciones de la empresa Motiva Contact Centers, en la calle Miguel Lira 2250 de la colonia Morelos, son un búnker y son propiedad privada.

El domingo 7, muy temprano, los priistas instalados en el cuarto de campaña del Gran Hotel, entre ellos el dirigente del partido, César Camacho, y el líder de la bancada en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, salieron a declarar que la victoria estaba cerca y conminaban a los panistas a no chantajear con que abandonarían el Pacto por México si no ganaban la gubernatura.

Pero en las calles no hubo movilización priista. La “ola roja” que se agita en épocas electorales se redujo al goteo de militantes con playera de ese color cerca de las casillas.

Los panistas comenzaron a presionar al gobierno federal. Al mediodía Gustavo Madero y el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, declararon que, dependiendo de lo que pasara en Baja California, revisarían su posición ante ese acuerdo general que el gobierno peñanietista ha utilizado para avanzar en la aprobación de sus reformas estructurales en el Congreso. Lo mismo dijo en conferencia de prensa Santiago Creel, delegado especial de la dirigencia de su partido para esa elección.

 Según versiones de priistas, el PAN y el PRD presionaron a Peña Nieto para que no metiera las manos en Baja California y dejara a Castro Trenti con el apoyo sólo de Beltrones. Y lo consiguieron.

Marcha atrás

Después del gazapo de la empresa Proisi en el manejo del Programa de Resultados Electorales Preliminares, que obligó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Baja California a realizar un nuevo conteo, panistas y perredistas recularon en sus posiciones al darse a conocer extraoficialmente que Kiko Vega era el virtual ganador de la elección.

Entonces Madero y Zambrano ratificaron su participación en el Pacto por México, que tiene pendiente la reforma energética para abrir Pemex a la inversión privada y extranjera. “Es un balance muy positivo, a pesar de todas las trampas, de todas las mañas y delitos que se cometieron, y también a pesar de todos los crímenes que se cometieron”, dijo el dirigente nacional del PAN.

El mismo día Beltrones, principal impulsor de la candidatura de Castro Trenti, lamentó que la única arma del PAN fuera la amenaza: “No se vale poner sobre la mesa el chantaje para que les regalen en las negociaciones lo que no ganaron en las urnas; que los que están por un Pacto por México cumplan con su compromiso con la nación. Los pactos se hacen para beneficiar al país, no para negociar elecciones”, dijo en entrevista.

–¿Estarían dispuestos a revisar el pacto después de estas elecciones, como dicen los panistas?

–Lo que tienen que revisar es su actitud en la democracia. Si pierden, tienen que admitir que perdieron; si ganan, tienen que asumir la oportunidad de gobernar.

El líder del PRI, César Camacho, en otra entrevista rechazó que se haya puesto en la mesa del Pacto por México la negociación de los comicios en Baja California: “Peña Nieto no metió las manos en esta elección y no las va a meter en ninguna en su sexenio”. Añadió que la ruta, el programa y las partes que integran el pacto (los 95 compromisos) ya están definidos, independientemente del proceso electoral del 7 de julio.

Hank Rhon también refutó cualquier posibilidad de negociar el proceso en el pacto. Consultado la mañana del domingo, después de votar, declaró: “Yo creo que no se puede, no veo cómo se pueda hacer, pactar desde arriba para que eso se dé abajo. Yo no conozco a nadie que pueda decir: ‘El presidente de la República o el presidente del partido ha dado esa instrucción’”.

Víctor Alejandro Espinoza, doctor en ciencia política por la UNAM e investigador de El Colegio de la Frontera Norte, considera que la hipótesis de la concertacesión es “un poco exagerada” y una falta de respeto para los bajacalifornianos, pero le encuentra un sentido:

“Creo que el origen de esta idea puede haber surgido también en el PRI. Hay evidencia de ello porque Castro Trenti es muy cercano a Manlio Fabio Beltrones y sus opositores decían que la candidatura estaba negociada porque les interesaba que perdiera Fernando, pues si ganaba era darle más poder a Manlio Fabio, pensándolo como candidato en 2018.

“Creo que de ahí surge, en una lectura muy fácil y centralista, esta idea de que la sociedad es manipulable como piezas de ajedrez y de que se había negociado. Pero en los hechos se comprueba que no es así.”

No obstante, Felipe Daniel Ruanova Zárate, candidato del Movimiento Ciudadano al gobierno de Baja California, el lunes 8 envió a Peña Nieto un mensaje en el que rechaza una nueva concertacesión con el PAN para dejarle la gubernatura a cambio de que siga en el Pacto por México.

“No, señor presidente: Ya estamos hasta la madre de los acuerdos que se hacen en el centro del país en contra de Baja California y del futuro de nuestros hijos; ya no toleraremos los bajacalifornianos las inefables concertacesiones en agravio del patrimonio nacional.

“Perdone, señor presidente, pero el Pacto por México que usted y apenas dos dirigentes de partido, asaz chantajistas ambos, hayan firmado, comprometiendo los recursos de una nación de más de 110 millones de personas, no les otorga autoridad moral para engañar a los bajacalifornianos, adulterando nuestra voluntad soberana, dada en la elección celebrada con ejemplar civismo ayer.”

El viernes 12 la sospecha se fortaleció: después del nuevo recuento de votos iniciado el miércoles, los primeros datos daban como virtual ganador a Kiko Vega. Y aunque César Camacho dijo que no descartaba impugnar los resultados finales, también hizo un llamado a los partidos para que se reiniciaran de inmediato los trabajos del Pacto por México:

“No cerramos la puerta pero, insisto, la decisión está relacionada con los resultados y con lo que conversemos Fernando Castro Trenti y la dirigencia nacional del partido. En un principio respaldaremos la decisión de nuestros candidatos”, sostuvo.

Consultado sobre la nueva posición de su partido, un priista de la dirigencia nacional que insistió en no publicar su nombre confió al reportero: “Hay órdenes superiores de ya no pelear”.

 Guerra sucia y manipulación

En Baja California el PAN desplegó dos estrategias electorales que ya le han dado resultado: la guerra sucia y el uso de los recursos públicos para apuntalar a sus candidatos.

El PRI también desató múltiples acusaciones contra Kiko Vega y una campaña con amplios recursos económicos con el apoyo directo de Beltrones a su amigo Fernando Castro Trenti, a quien acompañó hasta el final del proceso.

“La guerra sucia es como una bola de nieve que va creciendo sin que nadie pueda detenerla, y también una lucha en la cual el que recibe el golpe difícilmente se contiene”, explica Espinoza.

Desde antes del arranque de campaña, el 22 de abril, el exgobernador panista Ruffo Appel ofreció una conferencia de prensa en la que sin aportar pruebas dijo que durante su administración Castro Trenti había sido detenido con drogas y armas. Días después, en un spot, los líderes del PAN, Gustavo Madero, y del PRD, Jesús Zambrano, denunciaron posibles desvíos de recursos del Congreso estatal hacia la campaña del priista.

Luego los senadores Ruffo Appel y el perredista Armando Ríos Píter lanzaron otro spot con más ataques al candidato de la coalición PRI-PT-PVEM y Partido Encuentro Social, con frases como: “Primero me Castro antes que votar por Trenti”, “por algo le dicen el diablo”, “ni en su casa lo quieren” y “árbol que nace torcido ni la gubernatura lo endereza”.

Los ataques continuaron. Se difundió una grabación en la que se daba cuenta de una relación del diputado panista Rubén Alanís Quintero, coordinador de la campaña de Vega, con un menor. También se filtró información sobre presuntas propiedades millonarias de Castro y de Vega, así como la supuesta relación de Francisco Castro Trenti, hermano del candidato del PRI, con el crimen organizado.

Además se denunció la existencia del Plan Baja Azul, con el cual se pretendió mostrar que los panistas hicieron en el estado lo mismo que tanto critican del PRI: durante meses volcaron todo el aparato del gobierno y los recursos públicos a favor de Vega.

El presidente del Poder Legislativo, el diputado Gregorio Carranza, quien recientemente se separó del Panal (aliado del PAN y del PRD), en nombre del Congreso del estado denunció ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales que mediante el Plan Baja Azul el gobierno de Osuna desvió más de mil 300 millones de pesos en favor de Vega.

En una copia del documento se calcula que se usaron 600 millones de pesos en la campaña publicitaria desmitificadora de la política “Abre tus ojos” y 750 millones en la detección y operación de la estructura territorial del PAN.

Se supone que encabezó dicho plan el gobernador, con el seudónimo El Almirante, y participó toda la estructura de gobierno con la denominación de “padrinos”. Presuntamente el desvío de recursos públicos se realizó a través de cinco secretarios y del procurador de Justicia, Rommel Moreno.

Oficialmente el presupuesto para el IEPC fue de 238 millones de pesos en todo el año, pero el proceso electoral costó 48 millones de pesos. “Si nos atenemos a esos recursos no fue nada, pero en realidad el gasto fue muchísimo más. Todo es una simulación, porque el gasto es mayor y no se reporta”, precisa Espinoza.

El saldo del proceso electoral, señala, es el inmovilismo social que se refleja con una abstención de más de 60% y la sospecha de la manipulación del proceso electoral, no desde el centro, sino desde el PAN y el gobierno del estado.