Medina despachó a las Fuerzas Armadas y NL se alborota de nuevo

Medina despachó a las Fuerzas Armadas y Nuevo León se alborota de nuevo/LUCIANO CAMPOS GARZA

Revista Proceso No 1939, 27 de octubre de 2013

Cuando llegaron a Nuevo León, en 2007, nadie quería a los marinos y soldados. Y ahora que Rodrigo Medina presuntamente solicitó el regreso de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles, algunos sectores políticos y sociales piden que los militares se mantengan en la entidad. El gobernador sigue empeñado en hacer creer que la delincuencia está bajo control, al grado de ufanarse de que su policía estatal –Fuerza Civil– puede hacerse cargo de la seguridad pública. Lo cierto es que los homicidios, las extorsiones y los cobros por “derecho de piso”, entre otros delitos, están repuntando.

MONTERREY, NL.- Apenas Rodrigo Medina proclamó la victoria de su gobierno sobre las bandas criminales y presuntamente pidió al gobierno federal el regreso de las tropas de la Marina y del Ejército a sus cuarteles, resurgieron los homicidios, secuestros, extorsiones y cobros de piso, delitos que presuntamente habían sido erradicados por la policía estatal Fuerza Civil (FC).

El ayuntamiento regiomontano, administrado por el PAN, y el Congreso local pidieron hace dos semanas al presidente Enrique Peña Nieto que regresen a las calles los marinos y soldados para controlar a las organizaciones delincuenciales.

 La versión difundida por Medina presuntamente en julio pasado en un encuentro de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), según la cual FC acabó con la criminalidad en Nuevo León, resultó falsa. En realidad, eran las fuerzas federales las que daban la cara por la ciudadanía en todo el territorio, asegura el diputado panista Juan Carlos Ruiz García.

Y mientras los priistas insisten en que los índices criminales en la entidad se mantienen estables y los señalamientos del repunte delictivo son una argucia política del PAN para afectar la credibilidad de la administración, Medina guarda silencio.­

En octubre de 2012, cuando Margarita Arellanes Cervantes tomó posesión en el ayuntamiento regiomontano, la panista entregó la seguridad pública del municipio a la Armada; incluso nombró como secretario de Seguridad Pública al contralmirante Augusto Cruz Morales, quien a su vez contrató a 90 marinos para cumplir su cometido.

La estrategia dio resultado. Ante la disminución de la violencia se reactivó incluso la actividad nocturna en esta capital, pero ahora que se retiraron los efectivos de la Marina la sociedad manifiesta su temor por el incierto futuro.

 Consultados respecto de las declaraciones del gobernador Medina, algunos dipu­tados sostienen que, en ese encuentro con sus pares de la Conago, Medina mostró cifras optimistas sobre seguridad y pidió el retiro de las Fuerzas Armadas de las calles.

 Según los entrevistados, Medina aseguró que su gobierno podía cumplir la tarea de pacificar Nuevo León, que desde 2009 era escenario de los embates de Los Zetas y los sicarios del Cártel del Golfo en su lucha por controlar la venta de droga en la entidad.

 Incluso mostró estadísticas para exponer que en este año los homicidios violentos se redujeron 50%. Sin embargo, en agosto, apenas se fueron marinos y soldados, retornaron las ejecuciones y el índice criminal se disparó.

 El gobierno estatal optó por ocultar los crímenes de alto impacto. La Cruz Verde, por su parte, se encargó de recoger los cadáveres, tarea en la que fue relevada por personal del Servicio Médico Forense. Hoy los reporteros casi nunca logran llegar a la escena del crimen para informar de primera mano sobre la inseguridad (Proceso 1927).

 De acuerdo con la diputada panista Imelda Guadalupe Alejandro de la Garza –oriunda del municipio de Anáhuac, que colinda al norte con Texas, al oriente con Coahuila y al poniente con Tamaulipas–, el personal de la Armada regresó la seguridad a la zona norte del estado.

 Pero a partir de agosto, dice, los delincuentes salieron de nuevo a las calle y se apoderaron de la ciudad, con ejecuciones y cobros de “derechos de piso”, así como el abigeato. Hoy, dice, sus familiares y amigos viven intranquilos; Anáhuac se queja de la ausencia de los marinos, quienes se trasladaron a su base de operaciones en el municipio de Ramos Arizpe, en Coahuila.

Pero es en las áreas rurales donde se percibe más el miedo. Ejidatarios, rancheros y ganaderos ya no saben de quién cuidarse porque, comenta, desconocen “quién tiene el control y poder en la zona rural en el norte”. Los delincuentes regresaron a los municipios con todo y sus familias.

 Además de moverse con libertad, comenta, a veces se desplazan a la zona metropolitana de Monterrey a cometer sus tropelías y luego regresan al campo. “Necesitamos mayor concientización del gobierno de Nuevo León para que los municipios rurales sean considerados una prioridad de seguridad en la entidad”, dice la diputada Alejandro de la Garza.

 “Los que roban ganado no transitan por las carreteras, sino por brechas. No es posible que no haya suficiente vigilancia ahí para ver el tránsito del ganado, y que no es en poca cantidad. Esto ocurre en todo el estado, también en el sur”, dice.

Y retornó la violencia

El domingo 20, horas después del llamado del Congreso local al Ejecutivo federal para solicitar el regreso de las Fuerzas Armadas a Nuevo León, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado en el cual informó:

“Tanto el Ejército como la Marina Armada de México mantienen su presencia trabajando conjuntamente con el gobierno de la entidad para mejorar permanentemente las condiciones de seguridad.”

Seis días antes, durante su visita al estado, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, garantizó la permanencia de sus tropas.

“Los soldados de tierra, mar y aire estamos aquí, con ustedes –dijo–, y seguiremos el tiempo que sea necesario y que la sociedad nos indique. En este esfuerzo, nuevamente juntos, constituimos un bloque sólido para enfrentar el flagelo. Esa es la fórmula para obtener resultados por demás satisfactorios, como los que se han logrado en esta entidad.”

 La diputada Alejandro de la Garza pregunta: “¿Dónde están los marinos que el secretario de Gobernación (Miguel Ángel Osorio Chong) dice que aún permanecen en la entidad? No sabemos a qué obedeció el retiro ni si fue a solicitud del gobierno del estado”.

 Las Fuerzas Armadas estaban en Nuevo León desde enero de 2007, al mes siguiente de que Felipe Calderón asumió la Presidencia.

 Se colocaron retenes militares en San Pedro y las tropas empezaron a realizar el trabajo que la vieja Secretaría de Seguridad Pública estatal dejó de hacer, pues las bandas criminales habían cooptado a muchos policías.

 El gobernador de esa época, el priista Natividad González Parás, andaba de gira en el extranjero cuando las Fuerzas Armadas acamparon en Nuevo León. Eso le molestó porque, dijo, no quería que la presencia de soldados empañara la imagen del estado durante el Fórum Universal de las Culturas 2007.

 Seis años después, Medina presume en el extranjero el triunfo de la nueva policía estatal, pero sectores de la sociedad y diputados locales se quejan por la ausencia de soldados y marinos. Eso contrasta con las declaraciones de la Sedena y Gobernación, cuyos directivos insisten en que las tropas se queden en Nuevo León.

 El contralmirante Augusto Cruz provocó la confusión, el domingo 20, cuando habló en el municipio de Benito Juárez de una “reestructuración” de elementos de la Marina según la cual “se moverán bases y elementos”.

 La alcaldesa Margarita Arellanes, por su parte, pidió la semana antepasada que no se fueran los elementos federales de la zona metropolitana; incluso solicitó duplicar el número de tropas. De manera similar se pronunció el Congreso local días después.

 Y el lunes 21, desde la tribuna, el panista Juan Carlos Ruiz García expuso: “Diariamente vemos cómo los delitos que están ligados a la delincuencia organizada, como las extorsiones, hoy comúnmente llamados cobros de piso, y las ejecuciones están teniendo un repunte considerable en Nuevo León, sin que esto represente una adecuada aplicación de estrategias y acciones del gobierno (estatal) que permitan combatir el flagelo de la inseguridad”.

 En días recientes se han registrado 480 homicidios, que confirman el repunte criminal, expuso el legislador. En entrevista con Proceso, Ruiz García señala que los marinos y los soldados son los que más confianza proyectan en la ciudadanía y quienes han dado fortaleza a los gobiernos municipales.

 Secretario del ayuntamiento regiomontano en la administración de su correligionario Fernando Larrazabal, Ruiz García trabajó en coordinación con las fuerzas federales para prevenir delitos en Monterrey.

 Hoy el diputado panista responsabiliza a Medina de promover, en una reunión de la Conago, la salida de marinos y soldados de las calles, que deja en la indefensión a la ciudadanía.

 Según Ruiz García, Medina “propuso que a las Fuerzas Armadas las regresaran a los cuarteles. Por lo menos es lo que los medios de comunicación nos compartieron”.

 A ello se debe, dice, que en las últimas dos semanas no haya marinos apoyando a la alcaldesa de Monterrey, además de que todo parece indicar que el centro de comando­ de la Marina en Nuevo León está ahora en Coahuila.

 FC, un mito

El pasado 17 de julio, la fracción panista en el Congreso nuevoleonés pidió al presidente Enrique Peña Nieto que instruyera al titular de la Secretaría de la Marina Armada de México (Semar), Vidal Francisco Soberón Sanz, mantener de forma permanente en Nuevo León al personal naval.

La “súplica” de los legisladores del PAN fue en respuesta a la supuesta baladronada de Medina en el encuentro de la Conago, dice Ruiz García. Según él, por “una cuestión aritmética”, es imposible que FC –actualmente cuenta con mil 500 de los 14 mil elementos que tendrá al término de la administración de Medina– cubra las necesidades de la ciudadanía en los 51 municipios de la entidad.

E insiste: “Medina miente cuando dice que FC fue la que regresó la seguridad a Nuevo León; eso es un mito”.

“Cuando estaba yo en la secretaría del ayuntamiento –cuenta–, los operativos nocturnos en Monterrey eran siempre comandados por la Semar y la Sedena. Ellos citaban y coordinaban puntos y horas, así como llegadas y salidas. La inseguridad de entonces no permitía que un par de inspectores con carpeta y pluma hicieran actuaciones de noche.”

El legislador refiere que el gobierno estatal pretende asumir el control de la seguridad en la capital del estado, toda vez que la policía regiomontana vigila únicamente una tercera parte del territorio municipal, mientras los elementos de FC están desplegados en toda la entidad.

Si el gobierno estatal se encarga de la vigilancia en Monterrey, existe el riesgo de que florezcan los negocios ilícitos en la ciudad, donde hay muchos problemas, advierte.

“Históricamente, Nuevo León es un estado empresarial y de mucho flujo de mexicanos de diferentes latitudes. Es un estado de paso de migrantes. ¿Se imagina toda la gama de negocios regulares e irregulares que cruzan por aquí? –dice al reportero– Un gobierno a la usanza del PRI va a querer tener control total sobre la materia delictiva.”

 El coordinador de la bancada priista, Édgar Romo, rechaza que exista el alegado incremento delictivo en la entidad, como sostienen los diputados locales panistas.

 Hay casos aislados que Acción Nacional quiere magnificar con fines electorales. Ellos siempre le apuestan al fracaso de Nuevo León. Esto se viene consolidando. Las estadísticas dicen que la inseguridad ha permanecido en estándares normales”, dice Romo.

 Ahora, insiste, la ciudadanía ha retomado su vida “normal”. La tranquilidad ha regresado: la gente sale a los restaurantes, lo que ya no hacía; las matrículas foráneas de universidades retoman su curso normal; la inversión directa extranjera ha roto récord y los inversionistas dejan su capital.

 Romo considera “un despropósito” el interés de la fracción panista de pedir que regresen las Fuerzas Armadas, sobre todo cuando, dice, se sabe que no han dejado la entidad.