La justicia, herramienta de la democracia

La justicia, herramienta de la democracia/Diego García-Sayán es presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El País |10 de diciembre de 2013

La brecha que divide los grandes proyectos y utopías de lo que acaba finalmente ocurriendo en la realidad es una de las grandes constantes de la historia. Lo que eventualmente sirve a veces de combustible para escépticos y derrotistas; ilusiones frustradas y búsqueda de nuevos paradigmas para imaginar nuevas utopías. Y así, sucesivamente.

Esto viene a colación en relación a una experiencia en la que ese lugar común no se ha repetido. Me toca culminar al fin del 2013 mi segundo período como presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Siento la necesidad de compartir una reflexión que va más allá de la experiencia personal con un balance que se ubica en las antípodas del derrotismo, el escepticismo o la frustración. Los hechos indican que la justicia interamericana es una realidad viva y que se está convirtiendo en un rico factor de alimentación y de retroalimentación de la democracia y los derechos humanos en la región.

El macizo desarrollo de la justicia interamericana en los últimos años es notable por su extraordinario dinamismo y solidez. Nuestro tribunal desarrolló jurisprudencia constante y sólida en temas complejos como la obligación de investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos, las reglas del debido proceso y los derechos de los pueblos indígenas. O la jurisprudencia reiterada – y unánime – en firme protección de la libertad de expresión pero en armonía y ponderación con el derecho a la honra y a la facultad de quienes se sintieran afectados de usar los medios judiciales disponibles para su defensa. Todo eso está cambiando el panorama de la justicia y los derechos humanos en América Latina en lo cual hay tres resultados especialmente tangibles que cabe destacar.

Primero, que la Corte Interamericana se ha fortalecido. Cuando el catastrofismo de unos pocos pronosticaba, a todos los vientos, el “debilitamiento” del sistema interamericano de derechos humanos, ocurrió y ocurre exactamente lo contrario. Hay cifras contundentes. En estos últimos cuatro años la Corte ha resuelto – y, gracias a una gestión eficiente, dentro de plazos razonables – una cantidad de casos que equivalen al 32% de lo resuelto en toda su historia de 34 años. En parte porque la gente recurre más a la Corte Interamericana. En esencia porque se ha expandido la demanda democrática y se presentan problemas que anteriormente a nadie se lo hubiera recurrido llevar al tribunal regional: discriminación por orientación sexual, métodos de fertilización asistida, inversión petrolera y consulta previa a pueblos indígenas o acceso a información en manos de oficinas del Estado, para mencionar sólo cuatro sobre infinidad de materias complejas que hoy tocan las puertas.

¿Y las finanzas? En medio de un dramático panorama presupuestal en la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que el presupuesto se reduce en términos nominales 5% cada año, se ha conseguido fortalecer las finanzas del tribunal interamericano. Aún los niveles son bajos (lo que hace imperioso recurrir a la cooperación voluntaria de países europeos), pero se ha logrado un aumento de 50% en los recursos presupuestales provenientes del fondo regular de la OEA. Otro punto a favor.

Segundo, porque las decisiones se cumplen. Es rico el proceso evolutivo en el cumplimiento de las sentencias y demás decisiones del tribunal interamericano lo que derrotistas y cuentistas de una realidad monocorde y congelada, no aciertan a comprender por lo que optan por no hablar del tema. Se avanza incluso en lugares, temas y situaciones muy complejas. Así, por ejemplo, el mismo día en que se dictó el año pasado la sentencia sobre un sensible caso de consulta previa en territorios indígenas del Ecuador, mientras la comunidad Sarayaku celebraba en la provincia del Pastaza, el gobierno de Quito notificaba al tribunal que cumplirían con la sentencia lo que, en efecto, está ocurriendo. Y así, podría dar muchos ejemplos más.

Tercero: el impacto en los desarrollos institucionales nacionales. Lo más trascendente. Que hace que hoy día no sean sólo siete los jueces interamericanos (el número de integrantes del tribunal), sino muchos miles los jueces interamericanos. Desde el Río Grande hasta la Patagonia, el tribunal interamericano llega a la gente y a sus instituciones. Sus audiencias públicas hoy se llevan a cabo no sólo en su sede (Costa Rica) sino en otros 16 países de la región. El 2013 le tocó a Medellín (Colombia), México y Brasilia.

Un ejemplo interesante de este impacto continental lo tenemos en México, el país con más población hispanohablante del mundo. En las audiencias públicas celebradas en octubre, no sólo asistieron varios miles de personas para observar el desarrollo de las sesiones sino que ovacionaron emocionadamente de pie luego de la clausura. Ese detalle de cuenta de que estamos ante un proceso que al concernir hoy directamente a miles y millones de personas se hace menos vulnerable. Lo que hemos llamado “diálogo jurisprudencial” se va propagando por toda América, pero tiene en el país azteca una relevancia singular.

En México el desarrollo jurisprudencial interamericano ha interactuado con una vigorosa dinámica interna, particularmente en dos procesos fundamentales: la reforma constitucional de 2011 y el vigoroso papel de la Suprema Corte de Justicia. En dos decisiones trascendentales el más alto tribunal mexicano ha establecido que es obligatorio para los jueces mexicanos lo que se denomina el “control de convencionalidad”. Es decir que los criterios contenidos en las sentencias del tribunal interamericano son obligatorios para todos los jueces, aunque México no haya sido parte en el caso. Semejante criterio ya ha sido establecido por muchos otros altos tribunales; Colombia o Perú, entre muchos otros.

En la sepultura, pues, la consideración del derecho internacional como “extranjero”. Como dijo en Brasilia el 11 de noviembre Joaquim Barbosa, presidente de la Suprema Corte de Brasil, cuando inauguramos las audiencias públicas del tribunal interamericano: “La Corte Interamericana no es una Corte extranjera”.

Por el “control de convencionalidad” los jueces nacionales se encuentran hoy obligados a conocer más y mejor la jurisprudencia interamericana. Para ello se ha diseñado y puesto en circulación un modernísimo sistema de buscadores informáticos sobre la jurisprudencia interamericana que hemos puesto ya a disposición de los jueces de América desde noviembre con la Suprema Corte. En concordancia con eso, hace pocos días firmé con el gobierno del Brasil un convenio para la traducción al portugués y publicación de las principales sentencias emitidas por el tribunal interamericano. Será financiado íntegramente por el gobierno brasilero. Es para lo mismo.

En ese escenario es sintomático y alentador que el premio de Derechos Humanos que cada cinco años conceden las Naciones Unidas vaya a ser entregado este 10 de diciembre en Nueva York, por primera vez, a una institución pública latinoamericana: la Suprema Corte de México. Señal de que en la institucionalidad pública latinoamericana y en esa “viva interacción” con el tribunal interamericano se están produciendo desarrollos importantes para la protección de los derechos humanos.

Con la justicia interamericana está pasando algo muy trascendente y de significación histórica: funciona eficazmente y está cambiando en pocos años muchísimos paradigmas jurídicos y conceptuales en los países interamericanos. Amenazas y resistencias seguirá habiendo. Pero a estas alturas esa viva justicia le pertenece ya a millones de hombres y mujeres, que seguirán apropiándose de ella con tesón y optimismo. Porque de ella están haciendo herramienta de la democracia en la región.