San miguel el progreso Rebelión antiminera

San miguel el progreso Rebelión antiminera/Gloria Leticia Díaz

Revista Proceso # 1935, 30 de noviembre de 2013

Nadie les avisó que sus tierras habían sido concesionadas a una minera inglesa. Los indígenas de San Miguel El Progreso, Guerrero, tuvieron que enterarse por los periódicos y luchar por sus propios medios contra la imposición. Temen la tala, la muerte de sus manantiales, el resquebrajamiento de su cultura, la negación de las garantías laborales y el fin de sus derechos sobre el territorio. Decidieron que van a pelear no sólo por su caso, sino por abrogar la ley que ha permitido este fenómeno en aumento.

Enclavado en la parte alta de La Montaña de Guerrero, el pueblo de San Miguel El Progreso decidió enfrentar al Estado mexicano por entregar concesiones mineras en su territorio.

Los habitantes –la comunidad me’phaa del municipio de Malinaltepec– buscaron el respaldo jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan para entablar una demanda de amparo en contra de las concesiones mineras otorgadas a la empresa Hochschild Mining, de capital inglés pero radicada en Perú. Han documentado que los permisos atentan contra el derecho al territorio indígena. Incluso fueron más allá: piden al Poder Judicial que se declare inconstitucional la Ley Minera, por no considerar la opinión de los pueblos indígenas en el otorgamiento de los permisos de exploración y explotación de minerales bajo su territorio.

 Enarbolando el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, firmado por México en 1990, los indígenas de San Miguel El Progreso lograron que el 31 de octubre se realizara una audiencia constitucional y que posteriormente el juez primero de Distrito, con sede en Chilpancingo, ordenara evitar cualquier actividad minera hasta que se concluya el proceso judicial.

En días pasados, el caso fue turnado al Juzgado Tercero de Distrito Auxiliar en Acapulco.

Agapito Cantú Manuel, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Miguel El Progreso, recuerda que fue en 1999 cuando conoció el convenio de la OIT. Entonces él era comisario municipal. “Fui estudiando ese documento con la gente del pueblo y poco a poco entendimos nuestros derechos como indígenas, que cualquier tipo de gobierno tiene que respetar porque firmó el Convenio 169. Hace poco supimos por los periódicos y por internet que nuestro pueblo sería afectado por empresas mineras sin consultarnos, entonces organizamos asambleas para informar a la gente y decir no a las mineras”.

Entrevistado por Proceso, Cantú Manuel dice que habitantes de Totomixtla­huaca, comunidad del vecino municipio de San Luis Acatlán, identificaron desde 2010 a geólogos que exploraban la región. La presencia de expertos no era nueva para los indígenas: quince años atrás ya habían tenido noticia de una empresa minera, de la que don Agapito no recuerda el nombre. “Llegaron los ingenieros que estudian la tierra, voltearon piedras y revisaron los ríos, y vieron que sí había recursos minerales; pero para los indígenas no significó fuente de trabajo, porque ellos ya traían a su gente”, dice.

Con esos antecedentes y el conocimiento que les dio el Convenio 169 de la OIT, los indígenas de San Miguel formalizaron un pronunciamiento rechazando la exploración y explotación minera en una asamblea general de comuneros realizada el 17 de abril de 2011. Esa toma de postura quedó oficialmente inscrita en el Registro Agrario Nacional (RAN) el 13 de septiembre de 2012.

Otras comunidades hicieron lo mismo, pero no todas han logrado que sus decisiones se asienten en el RAN. Según el abogado de Tlachinollan, Santiago Aguirre Espinosa, de las 19 asambleas agrarias a las que ha asistido la organización, 11 están en proceso de calificación y sólo tres han podido inscribirse en el RAN, tanto por formalidades de la Ley Agraria como “por decisiones más bien arbitrarias y ajenas a la calificación legal de las actas de los núcleos agrarios por parte de las autoridades”.

El abogado advierte que en Guerrero las autoridades agrarias “actúan más para promover la minería que como defensores de ejidos y comunidades, como dicta su mandato. En más de un momento ha sido personal de la Procuraduría Agraria el que le dice a los indígenas que ellos no tienen derecho a levantar sus actas porque los minerales son propiedad exclusiva de la nación y que la minería va a traer desarrollo”.

Pero en San Miguel El Progreso no se creen esa versión. Desconfían de las autoridades porque, explica don Agapito, han abandonado a los pueblos indígenas. Como botón de muestra dice: “El gobierno no nos echa la mano para nada. Ahora con las lluvias por el huracán Manuel tenemos dos meses sin agua en las tuberías porque se taparon y tenemos incomunicadas algunas colonias. Nosotros hemos hecho el trabajo con zapapico y pala para abrir el espacio y que puedan circular las unidades. Me tardé dos días en llegar a Chilpancingo para hacer gestiones para que las máquinas quitaran la tierra de los caminos, pero no nos hacen caso; y sólo una vez nos llevaron despensas, una por familia”.

Así que si las autoridades estatales o federales argumentan que la minería es benéfica, los habitantes de San Miguel El Progreso –donde habitan 3 mil 800 personas– toman los datos con reserva y prefieren investigar.

“Buscamos en internet. Vimos videos de cómo las mineras cortan los árboles, y la gente dijo que no quería que trabajaran las mineras en nuestro territorio. Nosotros vivimos de la madre tierra y sabemos que nos van a afectar porque de los cerros salen los manantiales que nos dan vida; pero también pensamos en las futuras generaciones y en los pueblos que atraviesan los ríos, porque sabemos que los empresarios mineros van a contaminar el agua y que no ocupan un litro de agua, sino 2 mil y pico de agua por hora, y nosotros ni 200 litros gastamos a veces”, sostiene Cantú Manuel.

Además está en juego el factor cultural. Cada 15 de abril y 15 de agosto del año “subimos a los cerros donde nacen los manantiales para pedir lluvia y dar gracias por la primera cosecha. Son nuestros sitios sagrados, adonde subían nuestros antepasados a rezar; si llegan los empresarios mineros los van a destruir”, resume don Agapito.

Por solicitudes de información, en las que fueron apoyados por el equipo de Tlachinollan, los indígenas identificaron que hasta 2005 existían 417 concesiones mineras, con una extensión de más de 388 mil hectáreas, y que en la actualidad hay 600 títulos por más de 700 mil hectáreas. Sólo en la región de La Montaña hay 42 yacimientos: el gobierno federal ha entregado 30 concesiones para exploración y explotación por 50 años, en una superficie de más de 200 mil hectáreas.

Fue el pasado 23 de junio de este año cuando, a través de un documento de la Secretaría de Economía, los habitantes de San Miguel El Progreso tuvieron la certeza de que su territorio estaba asentado sobre las concesiones de Reducción Norte de Corazón de Tinieblas (título 232560) y Corazón de Tinieblas (236861).

Las concesiones para extraer oro y otros metales preciosos otorgadas a la trasnacional Hochschild Mining afectan 43 mil 759 hectáreas y dañan también a las comunidades indígenas de Totomixtla­huaca, Tenamazapa, Tierra Colorada, Tilapa, Pascala del Oro y Acatepec.

El grito y la lucha

El 15 de julio pasado las autoridades comunitarias y municipales de San Miguel El Progreso presentaron la demanda de amparo en el Primer Juzgado de Distrito en Chilpancingo, registrada con el número 1131/2013.

Sin ser el primer recurso judicial contra una concesión minera, lo novedoso de éste radica en que entre las 17 autoridades demandadas se encuentra el presidente de la República y el Congreso de la Unión. Se les denuncia porque al aprobar, promulgar, decretar y publicar la Ley Minera “no reconocen ni respetan los derechos territoriales de los pueblos indígenas, y generan un esquema muy favorable para los concesionarios. Eventualmente el asunto podría llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque hay un argumento sobre la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la ley”.

Aguirre Espinosa sostiene que el objetivo último de los demandantes es que el Poder Judicial llegue al fondo del asunto, “porque aunque se llegaran a ganar juicios en contra de determinadas concesiones, la Ley Minera sigue vigente y haciendo mucho daño”.

Diversas dependencias de la Secretaría de Economía ya respondieron la demanda, en nombre de la Presidencia de la República. En espera de que el juzgado auxiliar emita su fallo, el abogado de los comuneros considera que en estas respuestas “no hay propiamente una argumentación técnica y jurídica que niegue los derechos que la comunidad reclama, sino más bien un argumento de política económica, de decir que los concesionarios mineros necesitan una ley flexible con una duración de las concesiones de 50 años, renovables prácticamente en automático, para adecuarse a sus condiciones de explotación y recuperar la inversión. Casi parece una defensa del empresario minero antes que el interés nacional, que es a lo que obliga la Constitución”.

El defensor recuerda el caso de la Ley Televisa, ocurrido en 2006. Se trató de una reforma en telecomunicaciones hecha a la medida de las televisoras, descartada al final por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Aguirre Espinosa explica que uno de los argumentos utilizados por la SCJN fue que la reforma permitía que las concesiones duraran 20 años y se renovaran automáticamente. “Tratándose de un plazo tan largo en concesiones de temas que son estratégicos, hacen que el Estado pierda su facultad en la rectoría de la economía que la Constitución le indica, y eso ocurre con la Ley Minera”.

Los argumentos esgrimidos por parte de la Presidencia, apunta, revela “cómo para el gobierno es más importante la generación de supuestas condiciones de competitividad de México en el mercado internacional minero, aunque esas condiciones impliquen degradación del ambiente, negación de los derechos laborales, violación de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, todo en aras de conservar la inversión extranjera fundamentalmente, a pesar de que en la legislación vigente el empresario minero no paga impuestos en función del metal que extrae, sino de la superficie que ocupa”.

Agrega que los alegatos de que la actividad minera desarrolla las zonas indígenas carecen de validez, porque “en todo caso nadie les preguntó a los indígenas qué es lo que quieren hacer”. Puntualiza: “El argumento sobre la falta de consulta es mucho más que un argumento jurídico, refleja el verdadero sentir de la gente, que está indignada porque nadie los consultó sobre si querían mineras”.

En las respuestas también se alega que no hay daños en los terrenos indígenas. Eso es cierto, porque el juez les prohibió arrancar las obras. La respuesta asienta que cuando la minera presente su manifiesto de impacto ambiental, los habitantes de San Miguel El Progreso podrán expresar su desacuerdo.

El abogado afirma que, con su réplica, las autoridades “están desconociendo los estándares de derecho internacional: La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que no tiene que haber daños, y si al dar la concesión no hubo consulta, se afectaron derechos indígenas”. El argumento del gobierno, abunda, ha sido “muy tramposo, en el caso muy conocido de la minera San Javier en San Luis Potosí, por ejemplo, la respuesta del Poder Judicial acerca de algunas acciones fue que la mina ya estaba operando y que ya era un hecho consumado”.

Puntualiza que la exigencia de los me’phaa de San Miguel El Progreso es que el Poder Judicial actúe de manera congruente y consistente “con la reforma en materia de derechos humanos, específicamente en el protocolo en materia de derechos indígenas que la SCJN aprobó, que además de reconocer el derecho a la consulta menciona buenas prácticas internacionales”.

En este contexto, la organización comunitaria ha funcionado contra el embate de la industria minera en La Montaña de Guerrero. Aguirre Espinosa resalta la conformación del Consejo de Autoridades Agrarias, agrupadas para combatir legalmente las concesiones otorgadas sin consulta ni beneficio.

“Hay varias comunidades que están siguiendo los pasos de los me’phaa de San Miguel, informándose, organizando asambleas para rechazar la presencia de mineras y tramitar las actas en el RAN, y eventualmente interponer sus respectivos juicios”, apunta el abogado.

En San Miguel El Progreso las autoridades comunitarias toman muy en serio su lucha en tanto llega la resolución del juzgado federal. “Nos estamos informando para que no quieran manipular; hacemos asambleas para preguntar a la comunidad si creen pertinente seguir defendiendo nuestra madre tierra, y la comunidad dice que está al ciento por ciento, que no se van a echar para atrás”, puntualiza Agapito Cantú Manuel.

Argumenta: “Nosotros vivimos de la agricultura. No somos como otros pueblos que se van a otros lugares a trabajar. Eso quisiera el gobierno. Que les dejáramos el espacio para que ellos trabajen con los empresarios mineros. Decidimos pelear. Vamos a dar todo porque nadie lo va a hacer por nosotros, los indígenas.”