Explosiones en
Pemex, a un año de los hechos/Fred Alvarez
Publicado en La
Otra Opinión, 31 de enero de 2014;
El
nuevo Presidente e la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso de
la Unión, Senador Manuel Camacho Solís
(PRD) afirmó que ya no hay más que investigar en la explosión ocurrida hace un
año en la Torre Ejecutiva de Pemex. Entrevistado por el compañero Hugo Alba de La Silla Rota, destaca que del siniestro ocurrido aquel jueves negro
de31 de enero de 2013, recientemente –no
dice cuando- entregaron a la comisión que preside los últimos dictámenes del
accidente que confirman la hipótesis -que se tenía desde un inicio-, que el
estallido fue provocado por la acumulación de gas.
Camacho
Solís le dijo a La Silla Rota que los legisladores de la Comisión quedaron
satisfechos con la calidad de los dictámenes elaborados , por lo que subrayó que
el asunto está resuelto e insiste que ya no es necesario investigar más. “Creo
que la información que ha dado el gobierno corresponde, básicamente, a lo que
ocurrió ahí”, recalcó.
Satisface
en parte, lo dicho por Manuel Camacho Solís, en su calidad de Presidente en
turno, debido a que es un crítico, analiza bien las cosas y seguramente tuvo acceso a información
privilegiada que les está prohibido hacerla publica. El artículo 60 de la Ley
de Seguridad Nacional dice: “La Comisión Bicamaral deberá́ resguardar y
proteger la información y documentación que se le proporcione, evitando su uso
indebido, sin que pueda ser difundida o referida. En caso contrario, se
aplicarán las sanciones que las leyes prescriban”.
Por cierto la PGR y Pemex
reservaron por 12 años las grabaciones de las cámaras de su complejo
administrativo de los días 28, 29, 30 y 31 de enero por considerar que
afectaban a las investigaciones. Además, se reservaron en un lapso idéntico los
planos topográficos, de cimentación, instalación eléctrica, sanitaria y de gas
del edificio B2, con el mismo argumento. (El
Universal).
He
dado seguimiento al tema y emitido opinión oportuna sobre el asunto de las
explosiones. Por ejemplo, recuerdo que un parte de los resultados del
peritaje se dieron a conocer siete meses después de ocurridos los hechos; no hubo
responsables, y fue de llamar la atención lo dicho por el PRD entonces que no
había peritaje final.
En
agosto de 2013 legisladores del PRD - el Secretario de la Comisión de Energía
de la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro- se pronunciaron porque se dé
a conocer el informe final de la investigación. Señaló que hasta el momento
sólo se han hecho públicos algunos peritajes de instancias externas, sin que se
concentre la información en un informe final.
Por
su parte, la diputada Lizbeth Rosas
Montero, integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, señaló
que no existe un peritaje final. “Solamente ellos saben exactamente cuál fue la
conclusión. Sí, obviamente, ellos fueron parte del proceso de investigación,
pero no eran los únicos, había peritos por parte de la Procuraduría, peritos
por parte de Pemex, peritos por parte de dependencias, de la academia, de
instituciones públicas, incluso se contrató a especialistas extranjeros”.
La
legisladora señaló que la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional tiene que tener el dictamen que cada
entidad emitió y tener acceso a documentos que se clasificaron como reservados.
“Nosotros necesitamos que ese informe se dé y que nos den los motivos por los
cuales se clasificó la información, porque si no fuera un atentado, si no
hubiera sido un atentado, no tendría por qué haberse clasificado esa
información, porque entonces no sería de seguridad nacional”, subrayó.
Pasaron
meses y no huno ningún posicionamiento de la Comisión Bicameral de Seguridad
Nacional, hasta la entrevista que da Manuel Camacho Solís con Hugo Alba.
¿O hay otra?
¿Qué
sucedió aquella tarde de jueves negro?
Eran
las 15:45 horas del jueves 31 de enero de 2013, cuando ocurrió una fuerte
explosión en el Edificio Anexo B-2 del Centro Administrativo Pemex. El
estallido afectó seriamente la planta baja, el sótano y el mezzanine, y
ocasionó daños severos en tres pisos. Las pérdidas humanas fueron lamentables.
La primera información oficial fue que habían fallecido 25 personas; 17
mujeres, 8 hombres. Un día después, la cifra había aumentado a 32 personas. La
cifra final, 37 difuntos; 30 de ellos eran empleados de la paraestatal, una
menor y seis trabajadores externos; 126 resultaron heridos. La noche de aquel
“jueves negro”, el Secretario de Gobernación, Miguel Osorio, convocó a
conferencia de prensa donde dio los pormenores del “incidente”. Y reiteró que, “de acuerdo con la instrucción
que he recibido del Presidente de la República, estaremos en permanente
contacto con los medios de comunicación y se informará oportunamente, como
vayamos recabando más información.”
Resultados
preliminares
A
principios de febrero de 2013, el Procurador Jesús Murillo Karam dijo que, de
entrada, se descartaba la versión sobre un posible atentado. “De haber habido
un artefacto explosivo, habría provocado la destrucción de todos los
vidrios". Dijo que, de acuerdo a
los peritos, la explosión fue “difusa”.
“De ahí concluimos con la tesis de que el siniestro derivó de una
explosión difusa, la cual se suscitó al acumularse un gas inflamable en los
sótanos del edificio y que al hacer contacto con una fuente de calor, una
chispa eléctrica, mecánica, cualquiera, explotó, provocando así los hechos que
se investigan”. Agregó: “Déjenme decirles que estos son los resultados
preliminares que nos permiten identificar la causa; sin embargo, nos faltan
todavía muchísimas diligencias que realizar para determinar, con precisión, el
gas que generó la explosión, su exacto punto de partida y el análisis, en su
caso, sobre posibles responsabilidades, en caso de haberlas.”
Pasaron
los meses y no se dijo nada mas del asunto hasta que la tarde del viernes 2 de
agosto, cuando la PGR emitió el Boletín de prensa # 33 067/13, que dice,
textual:
“Como resultado del peritaje realizado
a raíz de la explosión del edifico B2 del complejo de oficinas de Petróleos
Mexicanos ocurrida el pasado 31 de enero del año en curso, la Procuraduría
General de la República (PGR) solicitó al Instituto de Geología de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), determinar las causas que
dieron origen a la acumulación de gas metano en el área de pilotes. La
explosión en el sótano del inmueble tuvo un carácter multifactorial.
Del análisis geológico del subsuelo se
comprobó la existencia de:
1. Diversas capas de sedimento
impregnado de hidrocarburos procedentes ya sea por derrames de los depósitos de
combustible de la Huasteca Petroleum Company, que hasta los años treinta estuvo
situado en dicho predio, o del depósito de almacenamiento de hidrocarburos del
servicio público del Distrito Federal, inmueble que también se localizó en esa
ubicación.
2. Además del hidrocarburo se comprobó
la presencia de materia orgánica en diferentes capas del subsuelo que contiene
microorganismos (anaerobios) productores de metano, los que se desarrollaron en
condiciones óptimas, ya que al estar en contacto con los hidrocarburos, se
potencializó su crecimiento y reproducción, lo que se confirmó con base en los
estudios de ADN de dichos microorganismos.
Otro factor fue:
La presencia de solventes que eran
utilizados para el mantenimiento, así como la administración de conexiones
eléctricas, mismas que generaron vapores que, en combinación con el gas metano,
produjeron una mezcla explosiva.
El metano, al ser más ligero que el
aire, se confinó en la parte superior de los casetones ubicados en la zona de
pilotes. Éste, al ser un lugar cerrado, sin ventilación, favoreció su depósito
y nula difusión.
La producción y emanación de gas metano
se filtró y acumuló a través de los pilotes que llegan a la zona de cimentación
y por el sistema de drenaje del edificio.
Esto se comprobó mediante distintos
análisis que confirmaron la presencia de emisiones continuas.
Además de lo anterior, los peritos de
la PGR encontraron en el sótano del inmueble elementos de origen eléctrico para
la ignición: una extensión de cable de luz, una lámpara y una clavija.
Como
conclusión:
En orden de eventos se sumaron una
serie de particularidades que dieron origen a la explosión del área suroriente
del sótano del inmueble, en primer lugar la presencia del metano de origen
biológico acumulado a lo largo del tiempo, según lo informa el Instituto de
Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México y los vapores
provenientes de los materiales solventes que en un espacio confinado, se generó
un elemento de ignición causando el estallido, según peritajes de la PGR.
También se especifica que la explosión
fue de tipo difusa, que se inició con una chispa de origen eléctrico o mecánico
generando un flamazo de forma instantánea que consume en su totalidad la mezcla
explosiva (de vapores y gas metano) presente en la zona de pilotes, aumentando
la temperatura y presión, ocasionando quemaduras en los tres empleados que se
encontraron en la zona de pilotes para, por último, fracturar, romper y
proyectar la loza de cimentación, y a causa de la onda expansiva, se continúan
rompiendo y proyectando las lozas con efecto de abombamiento en los diferentes
niveles del área del siniestro.
Petróleos Mexicanos ha tomado las
medidas necesarias, instalando sistemas de ventilación en el inmueble a fin de
evitar la acumulación del gas”
Hasta
ahí el comunicado.
Nos
quedaron a deber mucha información.
Escribí
entonces y lo sostengo hoy, que hubiera
sido ideal una conferencia de prensa encabezada por el Procurador Murillo Karam
con preguntas y respuestas, y sobretodo con la presencia física de los que
dirigieron el estudio. Por cierto, no
supimos quien lo dirigió, quizá fue la Dra. Elena Centeno García, directora
del Instituto de Geología de la UNAM, que fue quien emitió el dictamen final.
Tampoco
supimos quiénes y cuántos peritos participaron.
Si
supimos que en los peritajes iniciales participaron especialistas en explosivos
de varias dependencias, entre ellas, de la Secretaria de la Defensa Nacional,
de la Secretaria de Marina; de la Procuraduría del Distrito Federal, de la
Secretaria de Seguridad Pública; otros más, de la Coordinación General de
Protección Civil de la SEGOB. E incluso sabemos –por los medios- que vinieron y
opinaron técnicos de la Policía Nacional de España, de la empresa inglesa SCG,
y de la agencia de Alcohol, Tabaco, Explosivos y Armas de Fuego de los Estados
Unidos (ATF).
No
conocimos el estudio completo y los nombres de los especialistas que
participaron en el peritaje. El Senador Manuel Camacho Solís y los miembros de
la Comisión Bicameral si lo conocieron y de ahí la opinión del Presidente.
No hay
indemnización todavía
Por
cierto, PEMEX dice no tener aún la evaluación general de daños de lo ocurrido aquel
jueves negro; por lo menos hasta el 14 de enero de 2014. Natalia Gómez Quintero, reportea de El Universal, nos dice
que en una respuesta a una solicitud de información hecha a través de la Ley
Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, la dependencia señala
que “no se han determinado los montos y cantidades que se proyectan invertir
por parte de Petróleos Mexicanos en la remodelación o reconstrucción del área
afectada por los acontecimientos del 31 de enero de 2013”.
Agrega
que “aún no se cuenta con la definición total de las partidas presupuestales y
renglones de gasto que reflejarán el registro contable-presupuestal que derive
de dicha rehabilitación, por lo que hasta el momento no se cuenta con el
desglose de gastos por cada material utilizado en los trabajos, sino hasta que
esté concluida la evaluación de daños y su cuantificación”.
Agrega
la nota de Natalia que este jueves 30 de enero, familiares de los trabajadores
de la empresa Copicosa, que prestaba servicios de mantenimiento a la
paraestatal, exigieron conocer la verdad respecto a lo ocurrido el 31 de enero
de 2013, y han interpuesto un amparo en contra de la PGR en el Juzgado Noveno
de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal por la negativa de
proporcionar información.
Y
de la indemnización, derivada de la responsabilidad civil en la que incurrió
Pemex, explicaron en conferencia de prensa que sólo recibieron el apoyo por
concepto de gastos funerarios; de la empresa Copicosa cada familia recibió 144
mil pesos y una de las viudas recibe la indemnización del IMSS de casi 2 mil
pesos al mes.
Mmm.
Si
el caso se hubiera litigado en otro país como EU la reparación del daño hubiera
sido millonaria.
Esperemos
que estos hechos no ocurran..
Al
margen:
¿Qué dice la
Ley de Seguridad Nacional?
Artículo
56.- Las políticas y acciones vinculadas con la Seguridad Nacional estarán
sujetas al control y evaluación del Poder Legislativo Federal, por conducto de
una Comisión Bicamaral integrada por 3 Senadores y 3 Diputados.
La
presidencia de la Comisión será́ rotativa y recaerá́ alternadamente en un
senador y un diputado.
Articulo
57.- La Comisión Bicamaral tendrá́ las siguientes atribuciones:
I.
Solicitar informes concretos al Centro (CISEN), cuando se discuta una ley o se
estudie un asunto
concerniente
a su ramo o actividades;
II.
Conocer el proyecto anual de la Agenda Nacional de Riesgos y emitir opinión al
respecto;
III.
Conocer el informe a que hace referencia el articulo 58 de esta Ley;
IV.
Conocer los reportes de actividades que envié el Director General del Centro al
Secretario Ejecutivo;
V.
Conocer los informes generales de cumplimiento de las directrices que dé por
escrito el Secretario Ejecutivo al Director General del Centro (CISEN);
VI.
Conocer de los Acuerdos de Cooperación que establezca el Centro y las Acciones
que realicen en cumplimiento de esos Acuerdos;
VII.
Requerir al Centro y a las instancias correspondientes los resultados de las
revisiones, auditorias y procedimientos que se practiquen a dicha institución;
VIII.
Enviar al Consejo cualquier recomendación que considere apropiada, y
IX.
Las demás que le otorgue otras disposiciones legales.
Articulo 59.-
Los informes y documentos distintos a los que se entreguen periódicamente, solo
podrán revelar datos en casos específicos, una vez que los mismos se
encuentren concluidos.
En
todo caso, omitirán cualquier información cuya revelación indebida afecte la
Seguridad Nacional, el desempeño de las funciones del Centro o la privacidad de
los particulares. Para tal efecto, ningún informe o documento deberá́ revelar
información reservada.
Articulo
60.- La Comisión Bicamaral deberá́ resguardar y proteger la información y
documentación que se le proporcione, evitando su uso indebido, sin que pueda
ser difundida o referida. En caso contrario, se aplicarán las sanciones que las
leyes prescriban.
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