Hacia una mejor
justicia penal /Fred Alvarez
Publicado en La Otra Opinión, 7 de marzo de 2014;
Publicado en La Otra Opinión, 7 de marzo de 2014;
· ¿Y por que no
también un código Penal Unico?
“…la
Ley es La Ley, y la Ley no acierta ni se equivoca...” W. H. Auden, poeta
inglés.
Tal
y como se había anunciado el martes 4 de marzo en Palacio Nacional, el presidente
Enrique Peña Nieto envió al Senado
de la República, una iniciativa de Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de
Solución de Controversias en Materia Penal, así como modificaciones al Código Federal de Procedimientos Penales con
el objetivo de reducir los costos, el
tiempo de los procesos penales, despresurizar el sistema penitenciario y sobretodo
reparar el daño causado a las victimas u ofendidos.Lo anterior tiene su raíz en lo dispuesto por el cuarto párrafo del artículo 17 Constitucional que establece que as leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias y que en la materia penal regularan su aplicación, aseguraran la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requiera supervisión judicial.
Dijo
el Presidente Peña al promulgar el nuevo Código Nacional de Procedimientos
Penales (CNPP) publicado en el DOF un día después, que éste por sí mismo no es
suficiente por lo que enviaría al Congreso de la Unión – cayó en el Senado- una
Iniciativa de Ley en la materia para buscar que un número considerable de los
casos se resuelvan a través de la justicia alternativa.
Subrayó
en su discurso: “De aprobarse en su momento, esta ley contribuirá a reducir los
costos y tiempos de los procesos, a disminuir la saturación en las cárceles y,
lo más importante, permitirá a las instituciones del Estado mexicano concentrar
sus recursos y capacidades en la investigación y detención de los delincuentes
que más lastiman a la sociedad mexicana”
Precisó
elevando la voz que “Todo esto propiciará una mayor satisfacción a las
víctimas, gracias a una reparación integral del daño ocasionado. Es decir, no
sólo se tendrán juicios más cortos y ágiles, sino que éstos se realizarán con
mayor eficacia y eficiencia procesal, en beneficio de las víctimas del delito.”
El
objetivo final –dijo el jefe del ejecutivo federal- es que los ciudadanos de
todo el país tengan acceso a un sistema de justicia de calidad que proteja sus
derechos.
Se
establece que con esta ley será aplicable para los delitos federales y locales
dentro de los derechos previstos en la Constitución y en los tratados
internacionales.
Esta
ley es clave, y esperada tanto como el nuevo código procesal penal único.
Minutos
después de su discurso, el Presidente Peña Nieto acompañado de los Presidentes
de las Mesas Directivas de la Cámara de Diputados y del Senado de la República,
firmó en presencia de los asistentes tanto la Promulgación del Código Nacional
de Procedimientos Penales y la Iniciativa de Ley Nacional de Mecanismos
Alternativos de Solución de Controversias en materia Penal.
Dos
días después la iniciativa entraba en El Senado para su dictamen
correspondiente.
En
la sesión plenaria del jueves 6 de marzo la Secretaria priista Lilia Guadalupe Merodio Reza informó a
la asamblea había recibido un oficio de la Secretaría de Gobernación, con la
que remite proyecto de decreto en comento.
Agregó “Esta iniciativa se acompaña del correspondiente dictamen del
impacto presupuestario.”
La
Presidencia a cargo del Senador panista José Rosas Aispuro Torres lo turnó de
inmediato a las comisiones unidas de
Justicia; y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen
correspondiente.
La
pelota está en la cancha de los senadores que encabeza el Senador Roberto Gil
Zuarth (PAN), y en segundo lugar a Estudios Legislativos.
Por
cierto, el dictamen del impacto presupuestario señala que en el caso de la PGR,
el gasto económico en la dependencia se estima en 310 millones de pesos, suma que considera la creación de 404
plazas, gasto de operación asociado, así como la construcción y remodelación de
inmuebles para las nuevas funciones a desempeñar, de acuerdo con las
estimaciones hechas por la Secretaría de Hacienda.
La
PGR señala que debido a la implementación gradual de esta norma, el impacto
generado por la entrada en vigor no significará en 2014 presiones de gasto para
la Procuraduría, toda vez que su costo será solventado con el presupuesto
propio autorizado.
Daremos
puntual seguimiento al trabajo legislativo en comisiones.
Por
cierto, la nueva Ley que ya se encuentra en proceso de dictamen en comisiones
será como el mismo código procesal penal una
Ley Nacional, y no federal. Recordemos que el legislador modificó la
Constitución – DOF del 8 de octubre de 2013- concretamente la fracción XXI del
artículo 73 de la Constitución donde se faculta al Congreso para expedir un
código procesal penal único para las 32 entidades del país y una legislación
“de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de
penas que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.”
En
un texto que elaboré junto con mi amigo el Dr. Moises Moreno Hernández, para
darle la bienevenida al nuevo código procesal penal señalamos que habría que
hacer “hacer uso de los otros mecanismos y medidas que se derivan de la propia
reforma constitucional, como es el diseño de todo un “sistema de mecanismos
alternativos de solución de conflictos y de justicia restaurativa”; pero, sobre
todo, revisar y redimensionar la legislación penal sustantiva y promover la
generación de un Código Penal único para toda la República, que sin duda ha
sido lo más esperado, pero que aún no cuenta con el apoyo de la voluntad
política.”
(véase
en La Otra Opinión “México ya cuenta
con un código Procesal Penal Unico”.
http://www.laotraopinion.com.mx/notas/-¡mexico-cuenta-ya-con-un-codigo-procesal-penal-ã-nico-/1192
Por ultimo.
Seguramente
los senadores invitaran de nuevo a una comisión asesora de académicos y
organizaciones sociales para que los acompañen en las deliberaciones que será
públicas.
Recordemos
que la Reforma de Justicia Penal como lo mandata la Constitución deberá quedar
completa a más tardar el 18 de junio de 2016.
Una
asignatura pendiente y la cual es urgente es la expedición de una Ley de Ejecución de Sanciones Penales
para toda la República. Hoy nuestras cárceles tienen en sus puertas la
leyenda de Dante Alighiri: "Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate",
o "Abandone toda esperanza, aquel que entre aquí". Hay
muchos internos que son inocentes o que están por delitos de menor cuantía.
También hay muchas personas libres que deberían estar en las cárceles con
largas condenas.
Falta
la figura del Juez de Ejecución de Sanciones Penales.
Comparto
para los estudiosos del tema la iniciativa y el dictamen presupuestario
publicado en la Gaceta Parlamentaria del Senado del 6 de marzo de 2014.
Y
también la publicación del nuevo Código
Procesal Penal en vigor ya con sus asegunes según los transitorios,
publicado en el DOF el día 5 de marzo de 2014:
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