Medina Mora y Marisela Morales, exhibidos por la artera Operación Limpieza

• ¡Un verdadero cochinero el trabajo de Marisela Morales!
• ¿Que hace en Milán?
• Hay un compromiso del gobierno de EPN para con ella?

Buen reportaje de Jorge Carrasco.
Medina Mora y Marisela Morales, exhibidos por la artera Operación Limpieza/
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Revista Proceso No. 1949,  8 de marzo de 2014

La Operación Limpieza emprendida en el sexenio calderonista para ser aplicada en el seno de la corrupta PGR no solamente resultó en un fracaso rotundo. Fue una injusticia artera, mayúscula. Por falta de pruebas, una a una han ido saliendo de prisión las personas que fueron procesadas bajo la acusación de colaborar con el crimen organizado. El agente Alejandro Aguilar López pasó casi cuatro años y medio en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, y cuando se presentó de nuevo en su centro de trabajo simplemente le dijeron: estás dado de baja.
 Cuatro años, cuatro meses y cuatro días de prisión, además de su empleo, le costaron al policía ministerial de la Procuraduría General de la República (PGR) Alejandro Aguilar López la injusta acusación de la subprocuradora Marisela Morales, sostenida de manera endeble, de que trabajaba para el Cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
En abril de 2009, la Operación Limpieza estaba en su apogeo al interior de la PGR. El entonces titular de la dependencia, Eduardo Medina Mora, hoy embajador en Estados Unidos, y la subprocuradora Morales, actual cónsul en Milán, estaban empeñados en demostrar, acicateados por la DEA, que el combate al narcotráfico enarbolado por su jefe, Felipe Calderón, incluía al propio gobierno, empezando por la procuraduría.

Necesitaban, pues, nombres de funcionarios y empleados, jefes y personal operativo, para darle contenido a la operación que, según anunciaron, estaba dirigida dentro de la PGR contra los protectores del narcotráfico, en especial de los Beltrán Ley­va, entonces socios de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa detenido el pasado 22 de febrero.
Medina Mora informó que entre octubre de 2008, cuando se inició la Operación Limpieza, y febrero de 2009, habían caído 25 funcionarios y agentes de la PGR, entre ellos Noé Ramírez Mandujano, quien fungía como titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), hoy SEIDO, cargo que heredó Morales.
Cinco años y medio después, la justicia federal hizo de la operación un fracaso redondo. Todos los acusados están libres como consecuencia de la fragilidad de las pruebas, sostenidas sólo por testigos protegidos, las cuales fueron desacreditadas por jueces federales por falsas e inconsistentes. Apenas el pasado 26 de febrero, el Poder Judicial Federal puso en libertad a los dos últimos detenidos.
En el clímax de la operación fueron aprehendidos el coordinador técnico de la SIEDO, Miguel Colorado González, y el exjefe de la Interpol México, Rodolfo de la Guardia García. Pero Medina Mora y Marisela Morales iban por más, entre ellos Alejandro Aguilar López, jefe de grupo de traslados de procesados en la Agencia Federal de Investigación (AFI) de la PGR, ahora sustituida por la Agencia de Investigación Criminal.
La emboscada
La mañana del sábado 18 de abril de 2009, Aguilar López, de entonces 39 años, recibió la orden ministerial de trasladar a Guadalajara desde el Centro de Investigación Federal (CIF), ahora Centro Nacional de Arraigos, a un grupo de nueve procesados por delincuencia organizada. Entre los detenidos iba Gerónimo Gámez García, El Primo o El Contador, identificado como primo de los Beltrán Leyva y uno de los encargados de las cuentas del cártel dirigido por los hermanos.
Era uno más de los alrededor de 500 traslados que había hecho desde 2005. Había llegado a la PGR en el año 2000 como investigador de delitos federales. Psicólogo egresado de la UNAM, con estudios de licenciatura en administración policial y cursos de la Policía Nacional de Francia y el FBI de Estados Unidos, ascendió desde vigilante hasta jefe de un grupo de traslados.
Con una orden ministerial en la mano, que tenía apenas un día de haber sido dirigida a la dirección de la AFI, Aguilar López ya tenía organizado a su grupo Greco hacia el mediodía del sábado. Pero media hora antes de la salida, su jefe, Julio César Rodríguez López, encargado de los dos grupos de traslado de la AFI en la Dirección de Operaciones Especiales, le dijo que las personas aprehendidas serían llevadas al penal de mediana seguridad del Rincón, en Nayarit.
Partieron en dos Van Express y una suburban hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En el hangar de la PGR, policías y detenidos volaron con media hora de diferencia a Nayarit en dos aeronaves Grumman.
Por orden del jefe del CIF, el general mayor retirado del Ejército Miguel Ángel Pérez Reséndiz, salieron sin el apoyo de los servicios técnicos que se encargan de videograbar los operativos. Llegaron a Nayarit a las 14:12 y 14:40 horas, respectivamente, tiempo del Pacífico. Aguilar López reportaba todos los movimientos mediante el sistema Matra de radio a Arturo Negrete, jefe de departamento en el CIF, quien coordinó la entrega de los procesados con la delegación de la PGR y las autoridades del penal.
En Nayarit, el jefe del grupo dispuso un convoy de siete vehículos para el traslado. Iban 16 elementos de la AFI, dos más de la corporación destacados en Nayarit, un ministerio público federal que había viajado desde el DF, elementos de la Policía Federal y custodios del penal. Él iba al final de la caravana.
Por razones tácticas y con el conocimiento de sus superiores en el CIF, decidió que en las dos camionetas de la AFI se trasladaran sólo 8 de los 16 agentes porque de lo contrario en caso de un ataque se les dificultaría responder a una agresión. La mitad de los elementos se quedó en el aeropuerto.
El convoy policial apenas había avanzado kilómetro y medio cuando fue emboscado por un grupo apertrechado con armas largas y explosivos. Comenzaron las ráfagas y de inmediato cayeron heridos dos de los agentes de la AFI. El resto se bajó a repeler el ataque. El jefe del grupo alcanzó a marcar con su celular al CIF para pedir clave 5, que significa emergencia. El enfrentamiento duró 15 minutos y en ese lapso no llegó ningún apoyo. Antes de irse, los agresores lanzaron una granada que explotó a metro y medio de donde se encontraban los agentes policiales (Proceso 1695 y 1707).
En su huida, los atacantes dejaron un cuerno de chivo, un M16 y un vehículo blindado con un radio de comunicación, un chaleco táctico con tres cargadores, 40 cargadores vacíos de entre 50 y 100 tiros para AK-47, 32 cartuchos para este tipo de arma y dos granadas, una de ellas sin espoleta. Según el reporte policial de Aguilar, los atacantes también dispararon desde una casa ubicada a la orilla de la carretera, en la que después del enfrentamiento fue asegurada una camioneta Mitsubishi blanca con armas.
El ataque dejó ocho muertos: cinco elementos de la Policía Federal, el director técnico del penal y dos agentes de la AFI, uno del grupo Greco y otro más de esa corporación en Nayarit. Hubo más de una decena de heridos, entre ellos el propio jefe del grupo por un rozón de bala y el ministerio público federal Erasmo de Jesús Hernández.
Uno de los sobrevivientes, el agente de la AFI Carlos Igor Hernández Flores, salió en un vehículo prestado por un particular en busca de los ocho agentes que se habían quedado en el aeropuerto. Éstos explicaron que al oír las detonaciones pidieron ayuda al personal de la empresa encargada de la seguridad del aeropuerto. Se las negaron. Los militares destacados en la terminal aérea tampoco hicieron nada porque no tenían vehículo.
Tampoco llegaron ambulancias. Los heridos fueron trasladados a clínicas del IMSS y del ISSSTE en vehículos de particulares que se acercaron después del enfrentamiento; 45 minutos más tarde, en el lugar del ataque ya estaban policías municipales, militares y personal de la PGR.
El comando no logró rescatar a los detenidos. La Policía Federal pudo llevárselos al penal en un camión blindado, esposados, y a ellos también les dispararon. No se sabe si para rescatarlos o para eliminarlos por cuenta del propio cártel o de otra organización, dice Alejandro Aguilar a Proceso.
Después de localizar a sus compañeros hospitalizados para reportar al CIF de su condición, Aguilar López llegó a las ocho y media de la noche a declarar ante la delegación de la PGR en Nayarit. Ahí pasó la noche. Al día siguiente, domingo, hacia las dos de la tarde, llegaron a esa oficina los dos cuerpos de sus compañeros de la AFI caídos. Les hicieron una guardia de honor de 20 minutos.
El jefe del grupo regresó a la Ciudad de México a las nueve y media de la noche junto con sus compañeros heridos para internarlos en un hospital privado. A las cuatro de la mañana del lunes llegó al CIF. Ahí, el jefe del centro, el militar retirado Pérez Reséndiz, antes de preguntarle por sus compañeros muertos y heridos le inquirió sobre el número de tiros que usó, cuenta Aguilar López.
La pesadilla siguió ese lunes 20, cuando los sobrevivientes, con engaños, fueron llamados a declarar ante la SIEDO. Les dijeron que los iban a ascender por haber repelido el ataque. Relata que ahí estaba la directora de la AFI, Nicandra Castro Escarpulli, quien para entonces ya tenía un expediente armado con fotos satelitales de la DEA sobre la emboscada. Dice que en tono irónico les ofreció “una letra”, es decir, un ascenso.
En la SIEDO se encontró con compañeros del grupo de traslados que habían sido llamados a declarar aun cuando se encontraban de vacaciones, francos o en otros servicios. También estaba el ministerio público federal De la Cruz Hernández, quien atemorizado apenas le pudo decir que le tenían prohibido hablar con ellos.
El agente Hernández Flores, sobreviviente de la emboscada, refiere en entrevista que a las diligencias ministeriales de ese día llegaron agentes de la DEA. Además, dice, estuvo uno de sus principales acusadores, José Salvador Quintanilla Puga, El Pitufo, uno de los testigos protegidos favoritos de la administración anterior. Relata que El Pitufo le preguntó cómo le había ido en el ataque. “(Él) ya estaba aleccionado por el Ministerio Público porque el expediente ya estaba armado”, asegura.
La SIEDO construyó el expediente no sólo con las declaraciones de Quintanilla Puga; también con las de otros testigos protegidos: Jorge Nieves Cárdenas, Conde; Rubén Ríos Estrada o Pedro Ignacio Zazueta o Ignacio Lorenzo Zazueta Rodríguez, Carlos, Pit o Angélica; Luis Ernesto Ramírez Vázquez, Guadalupe, y Marcos Assemat Hernández, Fernando, quienes fueron identificados por la justicia federal.
La detención
El viernes 24, el Ministerio Público Federal retuvo, sin que mediara orden de detención, al agente que encabezó el traslado y a los otros 12 elementos de la AFI, quienes pasaron de víctimas a acusados. Alejandro Aguilar cuenta que el ministerio público Julio Patesi Guedea Téllez les dijo: “Chavos, ya lo saben. Su situación jurídica ya cambió. Están detenidos y se van a echar el arraigo. Después ya veremos. Y si no tienen nada que ver, se van en el amparo”.
En lugar de ser enviados a un centro penal, los mandaron a los separos del Centro de Mando de la Policía Federal en Iztapalapa, donde estuvieron 74 días, seis antes de que se venciera el plazo del arraigo, “donde no se sabe si es de noche o de día” porque es un bloque cerrado en forma de L en el que se distribuyen ocho celdas y con un espejo en el corredor para reflejar a los detenidos. Aguilar López asegura que ahí fueron maltratados “por matapolicías”.
Después de dos meses y medio de arraigo, fueron trasladados a distintos penales. Alejandro Aguilar, contra quien la SIEDO quería una pena de 20 a 40 años, fue ingresado el 9 de julio de 2009 al de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, donde, dice, continuó siendo objeto de humillaciones y maltratos.
La SIEDO consignó a 13 agentes y cuatro albañiles de Tepic. A éstos los acusaron de ser parte de los sicarios. A todos los detenidos se les imputaron delitos graves: violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, evasión de presos en grado de tentativa y contra la administración de justicia. Los civiles tampoco tenían nada que ver.
Entre los 13 agentes federales había seis que no participaron en el traslado. Once salieron en libertad y 10 fueron reinstalados en sus puestos de policías federales ministeriales. No fue el caso de Aguilar López, la agente María de Lourdes Rodríguez Oble y Flores Hernández, quienes no han sido reinstalados a pesar de que los dos primeros fueron absueltos y el tercero estuvo en todo momento amparado, por lo que no fue encarcelado. A ninguno le han pagado los salarios que le retuvieron desde entonces.
“La SIEDO nunca investigó y nos inculparon por consigna”, coinciden en señalar los sobrevivientes de la emboscada. Incluso las armas que ellos mismos aseguraron fueron utilizadas en su contra. Los ministerios públicos los acusaron de haberlas utilizado para matar a sus compañeros y de haber filtrado la información del traslado.
Según El Pitufo, como jefe de grupo Alejandro Aguilar era uno de los que cobraban cuotas a la delincuencia organizada; el testigo protegido refirió que eso lo supo cuando estuvo en el centro de arraigo.
Tras la salida de Marisela Morales de la PGR, Aguilar López fue puesto en libertad el 29 de agosto de 2013 por el juez cuarto de Distrito de Procesos Penales federales en el estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, quien dictó sentencia absolutoria. El fallo fue confirmado el 27 de noviembre por el Primer Tribunal Unitario del Tercer Circuito con sede en Zapopan, Jalisco.
El juez unitario estableció que a partir de “insuficiencia probatoria” se acusó a los detenidos de integrar una célula de los Beltrán Leyva dentro de la PGR, además de que encontró contradictorias e insostenibles las declaraciones de los testigos protegidos.
En lo que atañe a las últimas liberaciones de implicados en la Operación Limpieza –Miguel Colorado González, excoordinador general técnico de la SIEDO, y Antonio Mejía Robles, agente de la AFI– el 26 de febrero pasado, el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco desestimó también a los testigos colaboradores.
La permanencia de Alejandro Aguilar en prisión se prolongó porque durante el sexenio pasado el Ministerio Público Federal evitó presentar al Pitufo, con lo que no se podía cerrar la instrucción. La PGR lo presentó hasta enero de 2013, cuando Felipe Calderón y Marisela Morales ya habían salido del gobierno. En esa audiencia, hecha por videoconferencia, el testigo protegido no lo reconoció.
Entre las sanciones, el Ministerio Público había pedido su destitución del cargo. Apenas salió de prisión, el 2 de septiembre volvió a su lugar de trabajo, pero le dijeron que tenía que reportarse en las oficinas centrales de la Policía Federal Ministerial, que sustituyó a la AFI. Ahí le dijeron que había sido dado de baja por decisión del Órgano Auxiliar de Instrucción del Consejo de Profesionalización de la PGR.
Su trámite de baja estuvo a cargo de Jesús Siller Leyva, quien en mayo de 2010 se entrevistó en Puente Grande con el agente federal para desahogar la diligencia de proceso administrativo en su contra. Aguilar se negó a recibirlo porque aún no se había demostrado su culpabilidad.
Sin embargo, en abril de 2012, Baltazar Avilés Ortiz, secretario instructor del Órgano Auxiliar, se presentó en el domicilio de la madre del agente para que le firmara la baja de su hijo de la institución.
A pesar del fallo absolutorio, la PGR obstaculiza la reincorporación de Aguilar López, quien sostiene que Arturo Campillo Suárez, investigador de la Visitaduría de la dependencia, no quiere reconocer la resolución judicial y que sólo por orden del procurador puede recuperar su trabajo.
En una carta que le envió el 26 de septiembre pasado al presidente Enrique Peña Nieto, Aguilar López le pregunta: “¿Cómo les digo a mis hijos que fui encarcelado, separado de su lado y que además perdí el trabajo por cumplir cabal y honradamente con mis funciones laborales? ¿Cómo les inculco el amor por las instituciones si cuando me entregué en cuerpo y alma a la PGR me pagó con cuatro años, cuatro meses y cuatro días de prisión?”.