Comisión
millonaria, pero sin resultados/ANABEL HERNÁNDEZ
Revista
Proceso
# 1957, 3 de mayo de 2014
La
Comisión Especial para la Seguridad en Michoacán, que encabeza Alfredo
Castillo, tiene un presupuesto anual de casi 130 millones de pesos únicamente
para sueldos. Un dispendio, sobre todo en vista de los resultados: la violencia
sigue desatada en la entidad, el programa de registro e integración de las
autodefensas a las defensas rurales no muestra avances sustantivos, aunque ya
están saliendo a la luz acuerdos entre el gobierno y los grupos armados para
liberar a los integrantes de éstos que enfrentan cargos de delincuencia
organizada.
A
cuatro meses de que el gobierno de Enrique Peña Nieto creara la Comisión para
la Seguridad y el Desarrollo Integral en el estado de Michoacán, en el plan de
pacificación del estado prevalecen el dispendio, la opacidad y la simulación
por parte del gobierno federal, de su comisionado especial Alfredo Castillo y
de los líderes de las autodefensas.
De
acuerdo con información de la Secretaría de Gobernación obtenida por Proceso a
través de la Ley Federal de Transparencia, la oficina de Castillo tiene un
presupuesto anual de 129 millones 615 mil 561 pesos para “sueldos base al
personal eventual” y los correspondientes impuestos.
La
ineficiencia ha sido costosa. Tan sólo del 1 febrero al 7 de abril de 2014 el
gobierno federal ha gastado 23 millones 498 mil 655 pesos únicamente en los
sueldos de esa comisión, sin contar alimentación, hospedaje y transporte.
Pero
además de dispendio hay simulación. Desde el 27 de enero pasado se anunció que
en 15 días las autodefensas de Michoacán formarían parte de los Cuerpos de
Defensa Rurales integrado al Ejército, se les dotaría de uniformes y se
registrarían sus armas.
Según
información obtenida por este semanario en la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) nada de eso se ha realizado. Ni siquiera se ha licitado la compra de
los uniformes que supuestamente usarán los integrantes de los Cuerpos de
Defensa Rurales.
A
la par que el gobierno federal llega a acuerdos con las autodefensas de
Michoacán, presuntamente para desaparecerlas el próximo sábado 10, hace otros
tratos para sacar por lo menos a 106 integrantes de estos grupos que han sido
detenidos en los últimos meses por delincuencia organizada, portación de armas
de fuego de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud.
Los
últimos días de abril fueron contratados para ello los abogados Francisco
Antonio Pacheco Gómez, Jesús Montiel Jaime, Jorge Alfonso Espino Santillán,
Juan Carlos Escobar González, Daniel Corona Aguilera e Israel Raúl Ramírez
Juárez, y ya empezaron a retirarse los cargos de delincuencia organizada y
delitos contra la salud, por lo que los imputados podrán salir bajo fianza.
Dispendio
y opacidad
En
respuesta a una solicitud de información, Gobernación informó del presupuesto
asignado a la comisión michoacana: primero se consideró una partida de 133
millones 719 mil 418 pesos y luego se redujo a 120 millones 7 mil 617. Hasta el
7 de abril pasado, con la más reciente modificación, el presupuesto quedó en
129 millones 615 mil 561 pesos.
En
el documento no se especifica a cuánta gente se le paga con esa cantidad. Los
militares y policías federales desplegados en Michoacán siguen adscritos a sus
corporaciones, por lo que sus sueldos provienen de la Sedena y la Policía
Federal. No obstante, en febrero la oficina de Castillo erogó en personal 973
mil 399 pesos, en marzo 13.2 millones de pesos y en los primeros siete días de
abril 9.2 millones.
De
acuerdo con una actualización de su declaración patrimonial en marzo pasado
ante la Secretaría de la Función Pública, Castillo percibe un sueldo
equivalente al de subsecretario de Estado: 194 mil 708 pesos brutos al mes.
La
Secretaría de Gobernación se negó a informar sobre el monto erogado en
alimentación, transporte y hospedaje del comisionado, a quien Peña Nieto envió
a Michoacán con instrucciones de permanecer ahí. La dependencia tampoco quiso
entregar la agenda de actividades y reuniones que Castillo ha sostenido con
líderes de las autodefensas, aunque es público que en esos encuentros han
participado personas que la PGR vincula con el narcotráfico en informes
recientes, como Juan José Farías Álvarez, El Abuelo, y su hermano Uriel.
En
cambio, la dependencia encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong señaló, como
parte de su respuesta a la mencionada solicitud de acceso a la información, que
el 27 de enero pasado el gobierno federal y las autodefensas llegaron a un
acuerdo de dos puntos:
“Las
autodefensas se institucionalizan al incorporarse a los Cuerpos de Defensa
Rurales. Para este fin los líderes de las autodefensas presentarán una lista
con todos los nombres de sus integrantes, los cuales deberán ser validados con
la formación del expediente respectivo, controlado por la Secretaría de la
Defensa Nacional. Estos cuerpos serán temporales y estarán bajo el mando de la
autoridad en los términos de las disposiciones aplicables”, señala el primer
punto.
Y
el segundo: “Para la protección de sus comunidades, personal de las
autodefensas podrá formar parte de la Policía Municipal siempre y cuando
acredite los requisitos de ley y cuente con el aval del cabildo de su
ayuntamiento para ser propuesto para formar parte de dicha policía”.
También
a través de la Ley Federal de Transparencia se solicitó a la Sedena copia de
todos los registros de las autodefensas ya integrados en los Cuerpos de Defensa
Rurales, así como el correspondiente registro de armas por tipo y comunidad,
anunciado por el gobierno federal en Michoacán.
El
pasado 11 de abril la Sedena señaló que aunque ya se está llevando a cabo el
registro de las armas de fuego, la información todavía no ha sido capturada “en
el sistema integral del registro federal de armas de fuego y control de
explosivos”, por lo que no se puede saber si fueron usadas para cometer delitos
ni identificar a su propietario.
Sobre
los uniformes de los Cuerpos de Defensa Rurales, han sido anunciados varias
veces. Incluso el general Miguel Ángel Patiño, comandante de la 43 Zona Militar
en Apatzingán, dijo en febrero que ya estaban por entregarlos, pero esto no ha
sucedido. Es más, ni siquiera existe presupuesto asignado ni contrato para
fabricarlos, según se desprende de la respuesta de la Sedena a este semanario.
Aunque
el comisionado Castillo informó el 14 de abril que el próximo sábado 10
desaparecerían las autodefensas de Michoacán y se convertirán en guardias
rurales, no existe posibilidad real de que para esa fecha todo el armamento
ilegal quede registrado para ser ubicado en caso de que se utilice para cometer
delitos.
Los
compromisos que el gobierno federal y las autodefensas asumieron desde enero
pasado en materia de desarme y registro de armas resultaron letra muerta. En
tanto, la población michoacana sigue padeciendo la inseguridad.
Liberación
pactada
El
14 de abril, en una reunión plenaria de líderes de autodefensas con Castillo,
el gobierno federal y los grupos armados supuestamente pactaron su
desmantelamiento y desarme.
Como
condición se puso que la oficina del comisionado especial haría las gestiones
necesarias para que todos los procesados integrantes de grupos de autodefensa
que hayan sido detenidos por la portación de algún arma sean trasladados a
Apatzingán.
La
información recabada por este semanario revela acuerdos que no se hicieron
públicos y van más allá: el gobierno federal y el de Michoacán aceptaron
liberar al menos a 106 miembros de esos grupos encarcelados no sólo por
posesión de arma de uso exclusivo del Ejército, sino también por delincuencia
organizada y delitos contra la salud.
Para
ello fue contratado un equipo de abogados expertos, como Jorge Alfonso Espino
Santillán, conocido por su defensa de Sandra Ávila Beltrán, La Reina del
Pacífico, o Jesús Montiel Jaime, litigante relacionado con la defensa de Qing
Ye Gon, sobrino de Zhenli Ye Gon, acusado por el gobierno de Felipe Calderón de
delincuencia organizada y narcotráfico.
El
grupo de litigantes atenderá los casos abiertos en los juzgados Cuarto de
Distrito de Procesos Penales Federales, Tercero de Distrito de Procesos
Penales, Octavo de Distrito y Quinto de Distrito en el estado de Michoacán.
Uno
de los casos así negociados es el del líder de autodefensas Hipólito Mora,
detenido el 13 de marzo pasado bajo el cargo de participar en el asesinato de
Rafael Sánchez Moreno, El Pollo, exintegrante de Los Caballeros Templarios, y
de Rafael Sánchez Moreno. Los abogados ayudarán a Mora a que se le retiren los
cargos de delincuencia organizada y posesión de armas.
Entre
los presos que serán beneficiados con el acuerdo están los relacionados con la
toca penal 307/2013 radicada en el Quinto Tribunal Unitario del Segundo
Distrito, en Toluca: Ramiro Aguayo Ramírez; José Ricardo Cervantes Madrid,
Barrios; José Carlos Cerda Moreno; Pedro García Bejarano, Gabino; Artemio
Abazán Díaz, El Choco; José Carlos Vizcaíno Mendoza, Gordo o Negro; Alfonso
Pulido Figueroa, Poncho; Eduardo Chávez Godínez, El Lalo; José María Méndez
Ríos y Julio César Estrada Gómez.
También
entrarán en este paquete los presos relacionados con el expediente 333/2013-IV:
Jairo Gutiérrez Tinoco; Ismael Cisneros Vázquez, El Chino; Juan Luis Hernández
Chávez; Víctor Manuel Ibarra Guerrero; Roberto Carlos Benito Jiménez; Miguel
Ángel Villalobos Sánchez, Miguel; José Guadalupe Sánchez López, El Cardiaco;
Víctor Manuel Moreno Mendoza, El Pelón; Miguel Ángel Pimentel Martínez, El
Güero o El Gordito; Daniel Mora Torres, El Dany; Pedro García Anguiano; Édgar
Iván Sánchez Tavera, El Canelo; Artemio Espinoza López, El Rascu; Ramón
Quintana Chávez y Manuel Valencia Orozco.
Para
aceptar la supuesta desmovilización y registro de armas los autodefensas
pusieron como condición que el gobierno federal trasladara a Apatzingán el 15
de abril pasado a 20 de estos hombres, recluidos en los centros federales de
readaptación social 5 (Perote), 1 (Altiplano) y 3 (Matamoros). Todos ellos
están en la lista de los 106 que desde finales de abril son defendidos por el
mencionado grupo de abogados con la anuencia y apoyo del gobierno.
Por
su parte instancias judiciales, como el Segundo Tribunal Unitario radicado en
Michoacán, están comenzando a emitir fallos que retiran cargos de delincuencia
organizada y portación de armas, dejando sólo posesión de droga para que los
detenidos puedan salir libres bajo fianza.
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