Policía Federal: discriminación y acoso sexual contra mujeres agentes

Revista Proceso # 1967, 12 de julio de 2014

Policía Federal: discriminación y acoso sexual contra mujeres agentes/GLORIA LETICIA DÍAZ

Hostigamiento laboral, castigos gratuitos, reducción salarial, insultos y menosprecio ha obtenido Griselda Montero por denunciar el ambiente misógino que impera en la Policía Federal, donde labora. “Si eres una mujer agraciada, como policía federal es lo peor que te pudo ocurrir. No falta el mando que te pida favores sexuales”, afirma otra agente. Las denuncias de éstas y otras mujeres de la PF, sin embargo, no hallan eco en ningún lado, ni siquiera en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Instructora en aplicación de juicios orales y en derechos humanos de la Policía Federal (PF), Griselda Montero, abogada con maestría en derecho penal, está castigada: su pago quincenal se redujo a 100 pesos. Pese a sus cinco años en la corporación y a su expediente limpio, no ha recibido notificación oficial que justifique el que cada quincena le descuenten 7 mil 488.80 pesos.

La única explicación, dice, es que se trata de represalias por su respaldo a sus colegas víctimas de acosos laborales y sexuales, así como por denunciar abusos de autoridad, discriminación de género y el hostigamiento que ella misma ha sufrido de sus mandos.

Egresada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y certificada como agente de seguridad para líderes nacionales por la embajada de Estados Unidos en México, desde 2010 Montero ha ido con varias de sus compañeras a interponer quejas y denuncias penales ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra la Mujer y Trata de Personas (Fevimtra) y la Unidad de Asuntos Internos de la PF.

Montero ha denunciado los abusos a las mujeres dentro de la institución y ha enterado de ello al presidente Enrique Peña Nieto; al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; al comisionado nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido García, y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por medio de cartas que Proceso pudo consultar.

“Se trata de una policía profundamente misógina y no se hace nada por cambiar la situación ni castigar a los responsables; al contrario, quienes nos hemos atrevido a denunciar somos presionadas para desistirnos y somos víctimas de un continuo hostigamiento”, asegura en entrevista.

Griselda Montero y la policía Genoveva Ramírez, víctima de acoso sexual y quien la acompaña en el encuentro con la reportera, revelan la existencia de un grupo de mujeres policías –la mayoría de ellas adscritas al Agrupamiento Femenil de la Coordinación de Restablecimiento del Orden Público (CROP), encabezado por Epigmenia Esperanza Galicia Carrillo– que dan servicios sexuales a mandos de la PF.

Ese grupo es conocido como “casa de muñecas” y acude a fiestas organizadas y pagadas por los mandos de la PF, incluso hasta en el Centro de Mando (Contel) en Iztapalapa. “Quienes organizan las fiestas son los mismos mandos, para quedar bien con sus superiores; Esperanza les da la materia prima: tiene un grupo de chicas destinadas a dar esos servicios sexuales”, explica Montero.

 –¿Qué es lo que reciben a cambio? –se les pregunta.

 –Sólo salir todos los días temprano para ir a su casa y estar con sus hijos, pero tienen que dar favores sexuales y no obtienen nada extra, sólo la garantía de estar rélax –apunta Genoveva Ramírez.

 Montero agrega que conoce el caso de una policía –cuyo nombre se reserva– quien tras acudir a una convocatoria de la casa de muñecas fue ascendida para compensarla por el daño sufrido. “Lo que se sabe es que fue violada tumultuariamente y quedó física y mentalmente muy mal; para que no denunciara le dieron una jefatura­ de departamento”.

 “Jefa Cisne”

 “El 40% de las mujeres que conforman esta división (el Agrupamiento Femenil) son casadas o con una relación y con hijos”, se señala como contexto de una entrevista que el diario Excélsior le hizo a Galicia.

 Esperanza Galicia fue policía capitalina 36 años antes de integrarse a la PF. En 1998 se le acusó de pertenecer a un trío de jefes del Agrupamiento de Granaderos del Distrito Federal “formados en la práctica del entre y la corrupción”, según denuncias presentadas ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

 Los otros dos señalados son Juan Pérez Pastrana y Francisco Cue Sarquís; los tres formaban parte del equipo de quien fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, Rodolfo Debernardi, según una información publicada en La Jornada el 1 de junio de 1998.

 La nota agregaba que la queja contra quien entonces se hacía llamar “generala” y era jefa del Agrupamiento de Granaderos de la delegación Venustiano Carranza, consistía en que destinaba “patrullas fijas durante cinco horas a negocios particulares de los mercados de La Merced, Sonora y Jamaica” a cambio de una cuota.

 Cuenta Genoveva Ramírez: “Si eres una mujer agraciada físicamente, como policía federal es lo peor que te pudo ocurrir, pues no falta mando que se te acerque y te pida favores sexuales; si dices que no, te mandan al peor lugar y te traen al pedo”.

 Ramírez interpuso denuncias por acoso sexual ante la CNDH, la Fevimtra y Asuntos Internos de la PF contra el director de Seguridad y Protección, uno de los exescoltas de Genaro García Luna, Dither Federico Martínez Godoy, por hechos ocurridos en marzo de 2013.

 La mujer, alta, delgada y atractiva, se queja también del director general de Seguridad Física, Javier Santos Plata Herrera, por proteger al agresor y tratar de intimidarla cuando denunció los abusos ante el coordinador de Reacción y Alerta Inmediata, José Luis Enrique Cobián López.

 En julio de 2013, Ramírez –exguardaespaldas de los nietos de Elba Esther Gordillo– fue removida de la dirección a cargo de Plata como la culminación de un proceso de hostigamiento por resistir el acoso sexual.

 En la narración de hechos presentada a la CNDH sostiene que cuando denunciaba ante Cobián López lo ocurrido, Plata se acercó al acompañante de la agente y le dijo: “Más vale que aplaques a tu noviecita; no va a ganar nada, y si sigue como va, le va a pesar. Tú sabes cómo son las cosas aquí y no le va a ir nada bien”.

 Ramírez fue transferida al CROP y actualmente está comisionada en Michoacán, donde vive en condiciones inhumanas: la alojaron con otras siete mujeres en la caballeriza de un rancho asegurado en Nueva Italia y sufre constantes enfermedades estomacales por la comida en mal estado que le proporcionan. A cuenta de hospedaje y alimentación la PF le descuenta 13 mil 200 de los 22 mil pesos mensuales de sus viáticos.

 Quejas al aire

 Griselda Montero ha acudido con por lo menos 15 compañeras a presentar quejas ante distintas instancias, y sabe de otras y otros de sus colegas que lo han hecho individualmente. “Pero no pasa nada”, lamenta.

 El pasado 16 de junio, Proceso solicitó a la CNDH una relación de quejas presentadas por personal de la PF contra sus mandos, de 2006 a la fecha. Hasta ahora no ha habido respuesta del organismo presidido por Raúl Plascencia Villanueva.

 En diciembre de 2012, una vez que Peña Nieto llegó a la Presidencia, Montero denunció en un texto dirigido al presidente la situación de discriminación que viven las mujeres policías, unas 7 mil 800 de los 38 mil agentes de la corporación.

 Once meses después envió otra comunicación, a través de la Dirección General de Atención Ciudadana de la Presidencia, para solicitarle a Peña Nieto una audiencia con el fin de “exponerle los demás casos de mujeres integrantes de la Policía Federal las cuales hemos sido víctimas de violación a nuestros derechos fundamentales, hostigamiento laboral, acoso sexual, abuso de autoridad, discriminación entre otros”, así como de las denuncias presentadas en diversas instancias, “sin que hasta el momento haya obtenido respuesta alguna”.

 Tras recordar su anterior comunicación pidiendo la intervención presidencial, Montero acusa en el texto de noviembre de 2013: “Derivado de esa solicitud, se me ha iniciado una investigación en la Policía Federal (…) para tratar de conocer todos y cada uno de mis antecedentes, incluso tuve una entrevista con el inspector general maestro David Ávalos Becerra, secretario particular del titular de la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal, comisario general Salvador Camacho Aguirre, en la cual se me preguntó por qué había solicitado su apoyo, entre otros muchos puntos que se abordaron en esa reunión que, lejos de brindar un apoyo, fue con la intención de intimidar por las acciones emprendidas”.

 Meses antes de enviar la carta a la oficina presidencial, Montero sufría el rigor del castigo por su atrevimiento. En julio de 2013, por órdenes de Plata Herrera, se le relevó del equipo de custodia del secretario de Educación Emilio Chuayffet y se le transfirió a la Primera Unidad de Reacción Inmediata, que forma parte de la Dirección General de Reacción a la Operación.

 En una carta enviada al secretario de Gobernación el 8 de abril de 2014, Montero narra algunos episodios de humillación en su contra por parte de Martínez Godoy, Plata Herrera y el director de la Primera Unidad de Reacción Inmediata, Rommel Dawe Santillanes.

 Algunas de las palabras que, asegura Montero, le expresaron los mandos y que reprodujo en la carta son: “Pinche chamaquita, nomás porque dizque fuiste a la escuela crees saber algo (…) tú no me eres útil, si tanto quieres estudiar tu pinche maestría pues date de baja”, le dijo Martínez.

 “En cuanto te llame corres, no caminas, y te plantas frente a mí rindiéndome honores correspondientes”, afirma que le gritó Plata Herrera luego de ordenar arrestarla por no llevar puesta su gorra, aunque ella estaba de vacaciones; cuando ella reclamó, el director de Seguridad Física la interrumpió: “Yo aquí soy la ley (…) ¿quién te da derecho a opinar? No te das cuenta de que no eres nadie aquí, de que nunca lograrás nada”.

 En diciembre de 2013 Dawe le negó una licencia ordinaria a la que tienen derecho los policías federales, la cual Montero pidió para finiquitar los trámites de su titulación como maestra en derecho penal. En respuesta a la petición, la incorporó al Operativo Sureste.

 Montero no cejó en mantener vivas sus denuncias ante el comisario general Galindo Ceballos, quien comisionó a la encargada nacional del Programa de Equidad de Género de la PF, Liliana González Canales, para que la atendiera. “Liliana me dijo que me aguantara tantito. Me molesté y le recordé cuál era su condición: es concubina de Galindo, tienen un hijo y en diciembre de 2012 interpuso una demanda en su contra por pensión alimenticia”.

 En el texto enviado a Osorio Chong, Montero denuncia que el 12 de diciembre de 2013 acudió a la oficina del responsable de la Unidad de Asuntos Internos de la PF, Edgardo Flores Campbell, con un grupo de compañeras víctimas de acoso sexual y laboral.

 Tras exponer sus quejas, el funcionario les respondió “que no le gustaban los chismes, que si lo que hacíamos (denunciar) era para tratar de quitar a un mando, no lo iba a permitir”.

 Un día después de ese encuentro Montero fue transferida a la Coordinación del Sistema de Desarrollo Policial y desde entonces recibe 100 pesos a la quincena. En el periodo de pago del 16 al 30 de junio de 2014 se le depositaron sólo cinco pesos. “Me descontaron el día que acudí a Proceso a denunciar”, apunta.

 Montero reemprendió su camino de denuncias hasta acercarse al comisionado Rubido, quien la canalizó con su asistente Roselia Salgado Martínez. A las quejas por los tratos humillantes hacia sus compañeras, Montero sumó el reclamo por los descuentos a su salario. “Después de insistir, Roselia terminó contestándome que ya no la molestara”, apunta.

 Sostiene que el comisario general de Fuerzas Federales, Salvador Camacho Aguirre, “ha dicho que las mujeres no servimos para la policía, que no sabe qué hacemos ahí, y nos ha puesto a marchar durante horas como prácticas de desfiles, a manera de castigo”.

 Lesionada de la columna como secuela de portar una armadura inapropiada para mujeres durante una persecución en Ciudad Juárez en 2010, Montero muestra un oficio que pone en evidencia que en agosto de 2011, siendo coordinador de Reacción y Alerta Inmediata, Camacho ordenó “concentrar al 100% del personal femenino para las prácticas del desfile” del 16 de septiembre.

 Recalca que las expresiones de los altos mandos para las mujeres son “puta o lesbiana, de ahí no nos bajan, nos tratan como lo peor de la policía”.

 Paradójicamente, agrega, Galindo Ceballos se sumó a la campaña contra la violencia y todo tipo de discriminación hacia las mujeres, impulsada por la ONU, y que cada 25 de noviembre se recuerda en el mundo.

 Ante la ONU

 El jueves 10, Montero acudió a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la conferencia de la relatora especial para la violencia contra la mujer de la ONU, Rashida Manjoo. No desaprovechó el micrófono para denunciar los abusos de género de Galindo Ceballos.

 Esa misma tarde recibió una llamada de la oficina de Rubido. Una mujer que se identificó como “doctora Nora” le reprochó su exposición en la SCJN. “Me dijo que cómo era posible que me expresara así sin haber acudido antes a la institución, que el comisionado estaba sorprendido de los hechos; yo le recordé que él comisionó a Roselia Salgado para atenderme y que no había recibido respuesta”, apunta Montero en entrevista telefónica el viernes 11.

 Compañeras suyas, agrega, se comunicaron para informarle que la encargada de equidad de género, Liliana González, les envió correos electrónicos para pedirles que “hablen bien de ella, que le agradezcan el trabajo a favor de la mujer policía, para contrarrestar la denuncia que hice”.