Tlatlatya en los medios hoy, 30 de septiembre

Tlatlaya/Federico Reyes Heroles

Excelsior

La gestión de Enrique Peña Nieto atraviesa por una encrucijada que la puede marcar ante la historia. Se resume en una palabra: Tlatlaya.

Todo proceso civilizatorio encuentra un anclaje fundamental en la regulación de la violencia. Los códigos penales y militares especifican qué debe entenderse por defensa propia, por proporcionalidad ante una agresión. Toda fuerza pública debe seguir un principio, sencillo de entender, difícil de aplicar. En el caso de tener que acudir a ese expediente inevitable que es el uso de la violencia, se deberá intentar que no haya pérdida de vidas, que en todo caso haya detenidos, potenciales culpables, que deberán ser amparados en todo momento por un debido proceso. El estricto apego a esos códigos de actuación se ha convertido en el inviolable rasero para monitorear la forma de operar de las autoridades.

México ha venido construyendo instituciones, la CNDH en particular y sus correspondientes estatales, para caminar hacia un ideal de comportamiento. Los derechos humanos abarcan áreas muy diversas, se trata de una cultura que gira alrededor de ese eje. La tarea es delicada, pues supone la adaptación de leyes de diversa índole, códigos penales, pero también laborales, acatamiento de convenciones internacionales. Sin embargo, el área más sensible sigue siendo la de las confrontaciones entre autoridades y la ciudadanía, los ejemplos son múltiples, de Acteal, Aguas Blancas o El Bosque, a Atenco o las calles de la Ciudad de México. En esas andábamos, observando que las recomendaciones de la CNDH se cumplan y que las autoridades capaciten a los elementos a cargo de los operativos, cuando el escenario se complicó.

Calderón decidió declarar la guerra al narco y, al carecer de una corporación especial, sacó a las Fuerzas Armadas a las calles. Las noticias de violaciones a derechos humanos o incluso ejecuciones sistemáticas empezaron a aparecer. Los reportajes periodísticos y las investigaciones arrojaron luz a las sospechas. En noviembre de 2011 Nexos publicó un trabajo pionero de tres investigadores (C. Pérez Correa, C. Silva Forné y R. Gutiérrez Rivas) que establecía un Índice de letalidad que midió las proporciones de bajas, muertos, entre las fuerzas públicas y los presuntos responsables. En todos los casos había más bajas entre los presuntos responsables. El hecho se podría explicar por la preparación y el equipo.

Pero lo más interesante fue la desproporción encontrada. La Policía Federal registró la operación más profesional, pues tenía una relación de un elemento oficial muerto por 1.4 del otro lado; en el Ejército la relación fue 1 por casi 14 y finalmente la Marina, con más de 34 muertos de los presuntos responsables por cada miembro de esa corporación. Ni el Ejército ni la Marina llegaban con ánimo de detener. En parte fue eso lo que produjo una espiral incontenible de violencia. La forma como se atrapaba a los narcos y se les exhibía ante la opinión pública era una afrenta a lo que el sociólogo Diego Gambetta ha denominado “Los códigos del inframundo”. Violencia que generaba más violencia, venganza sobre venganza en un encadenamiento sin fin.

Cuando Peña Nieto llegó al poder muchos esperaban que hubiera un giro espectacular en la estrategia. Pero la persecución prosiguió contra los pronósticos de que la nueva gestión pactaría. Hay cambios que parecieran sutilezas, pero no lo son. Primero un secretario de Gobernación que asumió su rol como coordinador de la estrategia federal. La subdivisión del país en regiones gobernadas por distintos partidos ha empezado a dar frutos. Los secretarios de Defensa y Marina han dado señales claras hacia el exterior de que van juntos en esta misión. Pero también al interior de las corporaciones la señal es de unidad, comenzando por los retratos oficiales de ambos en todas las instalaciones de las Fuerzas Armadas. El qué hacer no cambió, sí el cómo. Son los mismos elementos actuando diferente.

Ese cambio en la forma de actuación empezó, lentamente, a dar resultados. El 12 de agosto el secretario de Gobernación dio a conocer una disminución significativa de los tres delitos centrales —homicidios, secuestros, extorsión— en el llamado Escudo Centro, que abarca a siete entidades. Pero la opinión pública en México desconfía, y con razón, de las cifras oficiales. Sin embargo, Alto al Secuestro también ratificó la tendencia. Aún más espectacular fue el reporte de la CNDH de julio pasado, que informaba de una caída de más de 72% de las quejas contra las Fuerzas Armadas por violaciones a los derechos humanos. Se dice que el presidente de esa institución suaviza los escenarios para conseguir su reelección. Fui miembro de su Consejo Consultivo. Quiero pensar que son especulaciones y que la CNDH es eso, una institución.

Por eso en Tlatlaya Peña Nieto se juega mucho. La detención de ocho militares abre la expectativa de encontrar la explicación de esa masacre, explicación que se le debe a la sociedad, y la esperanza de que no habrá retorno a la barbarie.

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La pérdida de credibilidad en el gobierno/ Leo Zuckermann

Excelsior

La pérdida de credibilidad en el gobierno

A las instituciones del gobierno les pasa como a las personas: si mienten, y las cachan, pierden credibilidad. Por eso, apostar a que el encubrimiento va a funcionar es una apuesta muy arriesgada, sobre todo en esta época donde es tan difícil esconder la verdad. Pero muchos dentro del gobierno, con buenos aliados en los medios, siguen apostándole a eso. Es el caso de lo ocurrido en Tlatlaya donde los gobiernos federal y del Estado de México mintieron, los cacharon, y por tanto han perdido credibilidad.

¿Quién, en su sano juicio, le va a creer a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) después de la mentira que se echó para encubrir la ejecución de 22 personas por parte de una patrulla del Ejército? Ayer cité el boletín completo que envió esta Procuraduría después que el 14 de julio solicitamos en Es la hora de opinar explicaciones de los hechos ocurridos el 30 de junio en Tlatlaya. Queda claro que la PGJEM se puso del lado del Ejército en lugar de procurar la justicia.

Sin investigar, simulando pruebas, optó por proteger al poderoso. Porque es indudable que el Ejército es una organización con mucho poder. Se trata de gente armada con gran peso entre la clase política. Pero eso no les da derecho a matar a quien se les pegue la gana. Cuando abusan de su poder, deben ser castigados. No obstante, la PGJEM, en lugar de investigar, inmediatamente replicó la explicación de la Secretaría de la Defensa Nacional en su intento por encubrir la verdad. En ningún momento la Procuraduría dudó que las víctimas no merecían este desenlace por más delincuentes que hayan sido (lo cual, por cierto, también es de dudarse).

Si aceptamos que los soldados maten gente en lugar de ponerla a disposición de las autoridades judiciales, estamos aceptando que mañana hagan exactamente lo mismo con cualquiera de nosotros: que entren a nuestro domicilio, nos ejecuten y luego digan que se justificaba porque éramos bien malos y repelimos la acción de las Fuerzas Armadas. Eso sucede en sociedades donde impera la ley de la selva, no en el Estado de derecho.

El primer damnificado de la mentira de Tlatlaya es el Ejército, una de las instituciones que más confianza genera entre la población. Al tratar de encubrir lo ocurrido, su credibilidad ha quedado abollada. Aunque hay que reconocer que, ante el alud de críticas y presiones de organizaciones internacionales de derechos humanos, la Sedena rectificó arrestando a los soldados responsables de los hechos. A estos militares, como corresponde en una sociedad civilizada, se les juzgará respetando su derecho al debido proceso, cosa que les negaron a las 22 personas que mataron en Tlatlaya.

En cuanto a la Procuraduría mexiquense, esta institución ha perdido toda credibilidad posible al ponerse rápidamente del lado de los poderosos en lugar de cumplir con su misión: “Garantizar la convivencia social armónica a través de una procuración de justicia eficaz, pronta, imparcial y oportuna, que asegure el cabal cumplimiento del orden jurídico, el respeto a los derechos de las personas y la integridad de las instituciones, vigilando la prevalencia del principio de legalidad, persiguiendo al delincuente, preservando el estado de derecho y fortaleciendo la vida democrática”. Pamplinas. La PGJEM demostró que su verdadera misión es proteger al poderoso. Si mañana un influyente (un empresario rico o político encumbrado) asesina a un ciudadano común y corriente, ya sabemos de qué lado se pondrá la Procuraduría: del victimario.

Lo de Tlatlaya es gravísimo: demostró que los gobiernos federal y mexiquense le apostaron al encubrimiento. En este caso, perdieron la apuesta con un gran costo para su credibilidad. No sólo de las instituciones involucradas sino de todo lo que presumen como avances en la gestión gubernamental. Pongo un ejemplo. Este último año hemos visto una caída en las cifras oficiales de los homicidios, extorsiones y secuestros. El gobierno de Peña ha presumido que esto se debe a una estrategia con más inteligencia y coordinación para combatir el crimen. Pero hay expertos en este tema, como Alejandro Hope, o miembros de asociaciones civiles, como Isabel Miranda, que dudan de las cifras. Argumentan que existe un sub reporte de la realidad. Ya sea porque los gobiernos son mañosos en el manejo de las estadísticas, o porque los ciudadanos no están denunciando los delitos, resultaría cuestionable la supuesta mejoría de la seguridad en México. Yo, después de ver lo de Tlatlaya, comienzo a sospechar lo mismo.