Pruebas fabricadas, contra los detenidos del 20/11/

Revista Proceso, No. 1987, 29 de noviembre de 2014

Pruebas fabricadas, contra los detenidos del 20/11/SARA PANTOJA Y MATHIEU TOURLIERE

Además de ser agredidos por policías federales y del Distrito Federal la noche del jueves 20, 11 personas fueron detenidas, consignadas por la PGR y remitidas a penales federales de alta seguridad por los delitos de motín, asociación delictuosa y tentativa de homicidio fabricados en una averiguación previa sesgada. Y aunque la defensa alega inocencia y presenta testimonios y videos que desmienten la versión oficial, el procurador Jesús Murillo Karam sigue diciendo que son culpables.

 El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, se mantuvo inflexible y el miércoles 26, en una reunión con los integrantes de la Comisión Especial para el Caso Iguala en la Cámara de Diputados, insistió en que los 11 detenidos durante el violento desalojo del Zócalo capitalino del jueves 20 eran culpables porque, dijo, “estuvieron en asociación delictuosa”.

 Los 11 detenidos –cuyas edades oscilan entre 18 y 55 años y entre los cuales hay estudiantes y trabajadores– ya habían sido consignados desde el sábado 22 por los delitos de motín, asociación delictuosa y tentativa de homicidio (AP/PGR/SEIDO/UEITA/194/2014), y trasladados a varios penales de alta seguridad.

 Y mientras en el Juzgado 17 de Distrito con sede en Xalapa, Veracruz, donde está arraigado el caso, continuaba el desahogo de pruebas para determinar la situación jurídica de los 11 implicados y emitir su dictamen –el plazo vencía hasta el sábado 29–, Murillo Karam insistía en considerarlos culpables.

 En la reunión a puerta cerrada con el procurador, Lilia Aguilar, vicecoordinadora del Partido del Trabajo, le preguntó a Murillo Karam: “¿Entonces usted es de la opinión de que, como dice el presidente Enrique Peña Nieto, hay un complot para desestabilizar su gobierno?”, según relata a Proceso.

 “Estamos seguros que están asociados con ellos, con los violentos. Los detenidos no están en los videos, pero sí están asociados con los de los videos”, respondió Murillo Karam. En el video de los disturbios del Zócalo que la PGR presentó para fundar sus acusaciones no aparece ninguno de los consignados.

 Luis Alberto Muñoz, abogado de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODDI) que representa a cuatro de los detenidos, asegura que el documento de la PGR, del que Proceso obtuvo una copia, tiene  sesgos, pues se basa sólo en las declaraciones de cinco granaderos adscritos a la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal.

 Según esos testimonios, el jueves 20 los granaderos encapsularon y detuvieron en una sola acción al grupo de los 11 que supuestamente lidera Roberto César Jasso del Ángel. Él, según los declarantes, agredió al policía Jorge Antonio Juárez Mauro, al tiempo que gritaba a sus compañeros: “¡Maten a este perro!”

 Ese día por la noche, la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Distrito Federal coordinaron el operativo de desalojo en el Zócalo y sus elementos detuvieron de manera violenta a los manifestantes en lugares diferentes, como observaron reporteros y fotógrafos de Proceso. El jueves 27, a través de su oficina de Comunicación Social, la PGR confirmó a este semanario que policías capitalinos sí participaron en los arrestos.

 En el video de la detención de Jasso, disponible en internet, también se observa cuando un grupo de granaderos capitalinos rodean al supuesto instigador de la agresión a Juárez Mauro.

 Durante el desahogo de pruebas, el miércoles 26 la defensa presentó nueve testigos y cuatro videos en el Juzgado 17 de Xalapa, los cuales, refiere Muñoz, comprueban que los detenidos “estaban en distintos lugares y fueron detenidos por distintos policías”. Eso invalida la versión de los granaderos, quienes aseguran que fue un grupo de federales el que aprehendió a los supuestos agresores.

 Según interpretó la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) para fundamentar el delito de homicidio en grado de tentativa, al “proteger” a su colega los policías frustraron el intento de “privar de la vida a Jorge Antonio Juárez Mauro”, ya que los asaltantes “tenían el pleno conocimiento de que un golpe en la cabeza provocaría la muerte de dicho servidor público federal”.

 La versión “veraz” de los granaderos

 Los policías también declararon: “Este grupo de personas, entre ellos los detenidos, gritaban las siguientes frases: (…) ‘Viva la anarquía’, ‘Viva nuestro colectivo’, entre otras, siempre comunicándose entre sí como si previamente se conocieran, ya que se decían ‘compa’ y ‘compañero’, haciendo referencia que pertenecían a un colectivo anarquista (sic)”.

 La SEIDO tomó a la letra las afirmaciones de los granaderos para culpar a los detenidos de “asociación delictuosa”. Los presuntos agresores, por su parte, sostienen que no se conocían y aclaran que el jueves 20 incluso marcharon en diferentes contingentes.

 No obstante, la PGR insistió en que todos se encontraban en el Zócalo a las 20:30 de la noche en el momento de la supuesta agresión al policía, aunque no estaban solos, pues a esa hora había miles de manifestantes.

 Y aun cuando la dependencia presentó informes policiacos para “comprobar” la existencia de grupos anarquistas en México y la participación de algunos de ellos en la movilización del jueves 20, el abogado de la ODDI afirma que en ninguno de los documentos aparece el nombre de ninguno de los detenidos.

 La versión de los federales es que “los actos violentos (realizados por los hoy detenidos) perturbaron el orden público, ocasionando que se cerraran calles y las personas corrieran en diferentes direcciones entrando en pánico”. Sin embargo, los videos exhibidos por Muñoz y los reportes de Proceso del jueves 20 indican que la gente comenzó a moverse cuando los granaderos iniciaron el desalojo.

 Y así como los policías reconocieron a sus agresores “sin temor a equivocarse”, la SEIDO vio por “verdaderos los testimonios de cargo” y “sin dudas ni reticencias sobre la sustancia del hecho”, determinó enviar a las tres mujeres detenidas al penal de alta seguridad de Tepic, en Nayarit, y a los ocho hombres al de Villa Aldama, en Veracruz.

 En contraste, la PGR no otorgó ningún crédito a las declaraciones de los 11 detenidos, aun cuando todos narraron con detalle ante el Ministerio Público (MP) las condiciones en las que fueron encapsulados por los granaderos y llevados detrás de las vallas que protegen el Palacio Nacional; algunos incluso fueron golpeados.

 Sus detenciones, dijeron, fueron arbitrarias; una parte de ellos fueron capturados cuando corrían entre la muchedumbre que huía de la explanada del Zócalo; otros estaban esperando a sus amigos, unos más deambulaban por las calles aledañas.

 El jueves 27, Amnistía Internacional (AI) denunció que luego de la detención los 11 recluidos fueron golpeados en la cara; algunos presentaban “hemorragias en los ojos y cortes en los brazos”. Sin embargo, según los policías, “se daban con el escudo y su equipo de protección, causándose daños ellos mismos”.

 El coordinador del Comité Cerezo, Francisco Cerezo Contreras, refiere que la noche del jueves 20 las autoridades detuvieron a 15 personas, dato confirmado por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, aunque sólo se consignó a 11.

 Tras la publicación de los nombres de los otros cuatro presuntos detenidos por parte del comité –que desde 2001 documenta casos de detención arbitraria–, éstos se comunicaron con él; dos de ellos explicaron que los policías los soltaron después de interrogarlos porque “estaban bastante golpeados”.

 Después de reunir a los detenidos detrás de las vallas, los trasladaron a la SEIDO, donde estuvieron incomunicados, según atestiguó este semanario; ni los abogados voluntarios pudieron hablar con ellos.

 La noche del viernes 21, cuando un grupo de padres de familia lograron ingresar a la SEIDO, se enteraron de que sus hijos ya habían hecho su declaración ante el MP y se les había asignado un abogado de oficio.

 Tania Damián Rojas confesó a su padre que la señora encargada de tomar su declaración añadió una línea al final del documento que decía: “Me subieron a la camioneta porque ataqué a la paz pública”. Tania firmó porque, según dijo a su padre, de no hacerlo la señora le hubiera imputado más delitos.

 A las 7 de la mañana del sábado 22, firmada ya el acta de consignación, los detenidos fueron enviados a los penales de alta seguridad; las autoridades no avisaron a sus familiares.

 La defensa presentó al Juzgado de Xalapa el “Informe Especial 1DMx” publicado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) el pasado 10 de abril para comprobar que las agresiones y detenciones del jueves 20 fueron similares a las más de 60 realizadas el 1 de diciembre de 2012, cuando miles de personas salieron a la calle a repudiar la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente de la República.

 Ese informe documenta la arbitrariedad de los granaderos hacia los manifestantes y las personas que pasaron por la zona de las protestas e incluye videos sobre la agresión policiaca. Hace dos años, las detenciones se efectuaron “sin previa explicación, con groserías y uso excesivo de violencia, golpes en el cuerpo, jalones de cabello, agresiones verbales y amenazas”, afirma la CDHDF.

 El 1 de diciembre de 2012, añade, los detenidos fueron subidos a vehículos policiacos sin informarles por qué ni a dónde los llevaban. Al llegar al MP, debieron esperar horas para conocer su situación jurídica; no los dejaron llamar a sus familiares o sólo les permitieron verlos unos minutos.

 El jueves 20 la defensa de los 11 detenidos solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la CDHDF entregar al juez de Xalapa las actas que levantaron durante el desalojo de ese día, ya que, según el abogado Muñoz, en varios videos aparecen integrantes de esos organismos autónomos pidiéndoles sus datos. (Con información de Jesusa Cervantes.)