El EPR consideró inaceptables los avances que
dio la PGR sobre el caso de los 43
normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
A
través de un comunicado fechado ayer, el grupo insurgente señaló que el
Gobierno pretende deslindarse del crimen de Estado perpetuado por las
autoridades federales, estatal y municipales.
Comunicado
AL
PUEBLO DE MEXICO
A
LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A
LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A
LAS ORGANIZACIONES POLITICAS, POPULARES Y REVOLUCIONARIAS
A
LOS NORMALISTAS DE AYOTZINAPA, A LOS PADRES DE FAMILIA, A LOS FAMILIARES DE LOS
ASESINADOS Y DETENIDOS-DESAPARECIDOS
¡NO
ESTAN SOLOS, SU DOLOR Y SU INDIGNACION TAMBIEN SON NUESTROS!
¡HERMANOS,
HERMANAS, CAMARADAS!
Es
inaceptable y por lo tanto merece el rechazo popular el anuncio de la
Procuraduría General de la República (PGR) sobre el destino de los 43
estudiantes normalistas detenidos-desaparecidos de Ayotzinapa. Siguen
sosteniendo la misma hipótesis de adjudicar autoría material e intelectual a la
omnipresente "delincuencia organizada". Con el anuncio del titular de
la PGR sobre la captura de presuntos delincuentes y sus dichos se pretende dar
carpetazo al crimen de Estado, diluir la responsabilidad del aparato represivo
en los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Guerrero y se están
cometiendo en el país.
No
estamos ante un problema de visión, ni tampoco un problema de definiciones
conceptuales, estamos de frente ante crímenes de Estado consumados por las
fuerzas represivas. El grito popular, la voz de los familiares, los testimonios
de los normalistas sobrevivientes de este acto de terrorismo de Estado es
fuerte y claro: ¡fue el Estado!, fue la policía municipal, fue la policía
federal, fue el ejército mexicano, todos bajo el mando único quienes cometieron
los crímenes de lesa humanidad el 26 y 27 de septiembre en Iguala Guerrero,
tampoco es una crisis humanitaria, son crímenes de Estado que los gobiernos
neoliberales han estado cometiendo para defender los intereses oligarcas y
transnacionales.
Son
43 días de indolencia gubernamental; 43 días de mentiras y teatro mediático; 33
días que 10 mil elementos de las fuerzas federales participan en el teatro
mediático en una supuesta búsqueda y en la "transparencia de la
investigación". Farsantes, hipócritas, criminales de Estado. Desde el
pueblo no les creemos ni un ápice, ustedes desde el poder no sienten dolor
alguno por los crímenes contra el pueblo, las expresiones del supuesto dolor
que expresan es demagogia pura y parte del escenario mediático para
distorsionar la realidad.
Todo
lo quieren diluir en una policía municipal corrupta y "corrompida por los
delincuentes", por los "omnipotentes" criminales, burdo montaje
gubernamental para tratar desvanecer desde el principio este crimen de Estado,
para intentar eximir la responsabilidad inocultable del aparato represivo. La
policía municipal es parte de la estructura del Estado, una institución de la
"legalidad" por la que se desgarran las vestiduras, una corporación
más de la institucionalidad que reprime, asesina y detiene-desaparece al
pueblo, parte del andamiaje del aparato represivo, parte de los cuerpos
policiaco-militares para ejercer el terrorismo de Estado contra el pueblo bajo
un mando único, que en su cadena de mando conduce hasta el jefe del
Ejecutivo.La participación de la policía municipal, la "complacencia
indolente" y el cinismo del ejército, y la presencia de la policía federal
comprueba la aquiescencia del Estado mexicano.
Mentirosos,
en estos crímenes de lesa humanidad hubo participación directa del ejército
mexicano, concretamente del 27 batallón de infantería con un largo historial en
la guerra contrainsurgente y el terrorismo de Estado. El montaje es tan burdo
que no tiene diferencia con los montajes mediáticos que escenificaron Genaro
García Luna, Maricela Morales y el chacal de Felipe Calderón para fabricar en
caliente culpables y no manchar el traje de las instituciones burguesas,
verbigracia, el acto terrorista de Estado con granadazos el 15 de septiembre de
2008 en Morelia, Michoacán, perpetrado por una unidad especial del ejército
mexicano y presentando rápidamente a supuestos culpables que resultaron ser
ciudadanos inocentes, obligados a autoinculparse bajo tortura y
"entregados por la delincuencia organizada".
Hoy
al igual que en los tiempos siniestros de Calderón los supuestos culpables son
conducidos en los "interrogatorios" a través de preguntas a modo,
para inducirlos a un guión preestablecido desde las autoridades federales, en
aquel tiempo fue desde la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), hoy
desde la PGR. Los "interrogados" son hasta incapaces de memorizar el
guión y éste se lo dictan a través de preguntas inductivas para obtener el resultado
incriminatorio.
Resultaría
interesante que a esos supuestos perpetradores los pusieran de frente a la
prensa independiente, padres de familia, normalistas agraviados y
organizaciones populares en un cuestionario público y sin restricciones
protocolarias, seguro que caerían en infinidad de contradicciones que
evidenciarían el montaje perverso desde la PGR.
Han
pasado cuarenta y tres días de consumado el crimen de Estado en los cuales
desde el gobierno federal se han administrado los tiempos para "investigar
y solucionar" la detención-desaparición de los normalistas. Pero una
verdad salta a la vista, todas las fuerzas federales, estatales y municipales
participan en el terror contra el pueblo, pero es en los batallones de
infantería del ejército mexicano donde recae operativamente la ejecución de los
crímenes de lesa humanidad, el terrorismo de Estado y las acciones criminales
de contrainsurgencia, el actuar criminal del 102 y 27 batallones de infantería
sólo son un pequeño botón de muestra.
Toda
la información que ha estado vertiéndose de manera formal e informal, a través
de hipótesis oficiales y versiones oficiosas conducen a una sola conclusión, el
asesinato político en su modalidad de ejecución extrajudicial, la masacre, la
tortura y la detención-desaparición de los 43 normalistas reafirman una y otra
vez que fue un crimen de Estado, un acto de terrorismo de Estado y una acción
típica de contrainsurgencia. Lo sabe el pueblo, lo sabe el mundo, sin embargo,
desde el Estado se hace todo por negar y ocultar la verdad histórica.
Los
gobiernos panistas y hoy el priista no han cejado en su guerra psicológica
contra el pueblo por imponer una indolencia social-colectiva que lleve al
desprecio a la vida humana mientras no sea la propia o la de un ser querido.
Bajo el mote de que se es delincuente se han justificado los más aberrantes
crímenes de Estado, olímpicamente se dan carpetazos apuntalados por la
dictadura de opinión que se ejerce desde los monopolios de la comunicación.
Responsables
y corresponsables de todos los crímenes de Estado son también los politicastros
que firmaron el Pacto por México; los políticos de oficio-empresarios embozados
como representantes populares que oxigenan y administran la crisis del
régimen;y, todos aquellos que desde una supuesta "izquierda moderna"
le hacen el caldo gordo al Estado y la oligarquía en la defensa de sus
intereses mezquinos.
Llama
la atención que aquellos que se desgarraban las vestiduras desde la
ultraderecha y la falsa sociedad civil contra la violencia sin adjetivo hoy no
muevan una sola cuerda bucal para denunciar la violencia desde el Estado, para
condenar el terrorismo de éste, en esta lógica fascista vale más la vida de un
apellido de abolengo que la vida de miles de mexicanos sin fortuna ni apellido.
Una
nueva maniobra político-mediática está en curso para pretender dar carpetazo al
caso de los 43 estudiantes normalistas detenidos-desaparecidos de manera
forzada por el aparato represivo gubernamental, encarcelar a chivos expiatorios
que en realidad son piezas menores del aparato represivo y sostener contra
viento y marea la hipótesis de que es la "delincuencia organizada" la
culpable, esa mentira desde el pueblo es inaceptable, debe ser rechazada y
condenada.
La
movilización popular en solidaridad a los normalistas de Ayotzinapa
desenmascara el carácter represivo y antipopular de la actual junta
administrativa, ¿Quiénes se oponen a la movilización popular?, ¿Quiénes la
condenan?, ¿Quiénes pretenden quitarle su filo político? Los defensores del
régimen y las plumas mercenarias. La respuesta la conocemos los que padecemos
la violencia del Estado, los defensores del régimen antipopular son los que
tratan por todos los medios de deslindar al Estado de estos abominables
crímenes de lesa humanidad. Y sí, las detenciones-desapariciones por motivos
políticos, las ejecuciones extrajudiciales, las masacres y los crímenes de lesa
humanidad solamente las comete el Estado.
La
hipótesis de la "equivocación y confusión" tampoco es aceptable, son
patrañas gubernamentales, ahora resulta que son tan estúpidos los ejecutores
que se "equivocaron y se confundieron" al detener a los estudiantes,
pero deslumbra su inteligencia para borrar las evidencias del crimen de Estado.
La detención-desaparición de los 43 normalistas y crímenes de lesa humanidad en
torno a los hechos del 26 y 27 de septiembre son parte de la barbarie
gubernamental que cimbra al país, desde el Estado se ha estimulado la
descomposición social, se ha desatado la violencia institucional a nombre de la
delincuencia y el narcotráfico para justificar la imposición del Estado
policiaco-militar, pruebas sobran, el "pelotón de la muerte",
"los matazetas", las míticas organizaciones criminales, los pelotones
de fuerzas especiales de la marina, son los botones de muestra de los asesinos
del Estado con licencia para asesinar a mansalva al pueblo.
Las
movilizaciones populares que exigen la presentación con vida de los
detenidos-desaparecidos de Ayotzinapa y que gradualmente exigen alto al
terrorismo de Estado de ninguna manera puede ser una expresión de violencia en
abstracto. Las marchas, los mítines, los bloqueos de carreteras, la toma de
edificios públicos, los bloqueos a los centros del poder económico financiero
son actos de eminente protesta política contra el régimen, contra un gobierno
represivo, contra un Estado policiaco-militar, contra los símbolos del régimen.
Lo acontecido en Iguala el 26 y 27 de septiembre, no fue un acto bondadoso,
tampoco un acto de fe cristiana, lo diremos cuantas veces sea necesario fue un
crimen de Estado en donde la violencia institucionalizada constituye su esencia
para imponer la voluntad de una oligarquía depredadora que sigue exigiendo la
imposición de un estado de sitio permanente.
Preguntamos
a nuestro pueblo ¿Qué sentido tiene una protesta sin contenido político?, ¿Qué
sentido tiene manifestarse sin combatividad?, ¿Cómo enfrentar la barbarie, el
cinismo y la demagogia gubernamental? La protesta "civilizadora" no
cuestiona al régimen, no lo desenmascara, ni lo desnuda en su carácter
profascista. Del tamaño de la agresión hacia el pueblo debe ser la respuesta
popular contra el régimen oprobioso.
La
protesta popular, la denuncia política y las acciones políticas de masas en
tanto no se presenten con vida a los detenidos-desaparecidos seguirán teniendo
razón de ser, seguirán teniendo legitimidad y constituyen una necesidad para
que se sepa en el mundo que en México existe un gobierno represivo y
antipopular,y que los verdaderos responsables materiales e intelectuales están
enquistados en las diferentes esferas gubernamentales, gozando de impunidad y
confabulando nuevos crímenes contra el pueblo.
Sobre
la base de los crímenes de Estado se pretende justificar bajo la tesis del
combate a la delincuencia el estado de sitio permanente, el Pacto por la seguridad
y contra la corrupción y la impunidades una exigencia más de la oligarquía
mexicana, es decir, de los "honorables hombres de negocios" que le
exigen a la junta administrativa reforzar el estado policiaco-militar, elevar
el terror contra el pueblo. Es la exigencia para que el país se siga inundando
en un río de sangre y se sigan diseminando por todo el país las fosas
clandestinas que pretenden ocultar el terrorismo de Estado y los crímenes de
lesa humanidad.
En
ese contexto de criminalidad gubernamental se encuentran las filtraciones que
hace el Cisen para vincular a luchadores sociales ya sea con la delincuencia o
con fuerzas insurgentes, esas filtraciones constituyen una amenaza de futuros
crímenes de Estado, es el señalamiento directo contra luchadores sociales de
las diferentes organizaciones populares para que el aparato represivo se siga
cebando contra el pueblo indefenso.
El
Pacto por la seguridad, contra la corrupción y la impunidad, es un pacto cupular
entre politicastros y las cúpulas empresariales para reforzar la dictadura del
capital. Desde los monopolios de la comunicación y a través de la dictadura de
opinión se insiste en abonar a la hipótesis del crimen organizado como el autor
de los crímenes de lesa humanidad no sólo en Guerrero sino en todo el país, sin
embargo, esta información es perniciosa, peligrosa, porque políticamente se
pretende deslindar al Estado de la autoría material e intelectual de la
violencia que se ejerce contra el pueblo, ahora resulta que los actos de
terrorismo de Estado contra los normalistas sólo es un banal acto de venganza
de un ex presidente municipal pueblerino y carente de todo sentido político.
Las
detenciones-desapariciones forzadas es una larga historia que data desde las
décadas de los sesenta, setenta, ochenta, noventadurante los gobiernos
priistas, cifrándose en miles de detenciones-desapariciones; pero fueron los
gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón quienes exponenciaron esta
política de Estado que arroja la cifra de más de setenta mil
detenidos-desaparecidos; y hoy con el retorno del PRI a la administración
federal se reafirma la detención-desaparición por motivos políticos y sociales
como una política de Estado transexenal donde la cifra del terror sigue
aumentando en miles de ciudadanos en esta condición, el caso de Iguala contra
los normalistas de Ayotzinapa no es un caso aislado, es producto de un actuar
sistemático del Estado mexicano.
Desde
la trinchera de la crítica política de las armas, nuestro partido y ejército,
el PDPR-EPR, expresamos a los familiares de los normalistas asesinados,
torturados y detenidos-desaparecidos que su dolor es también nuestro, esos
sentimientos de indignación y coraje también los hemos vivido con la detención-desaparición
de dos de nuestros militantes –Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes
Amaya- sin embargo, no debe ser motivo para desmoralizarnos, para la
impotencia, para el cansancio, para la desesperanza, por el contrario todo
agravio contra el pueblo debe alimentar la conciencia proletaria para desplegar
con combatividad acción popular y acción revolucionaria.
La
lucha por la presentación de los detenidos-desaparecidos de manera forzada debe
continuar, abarcando las diferentes modalidades de la acción política, para que
a fuerza de movilización y lucha popular se obligue a este gobierno antipopular
presentar con vida a todos los detenidos desaparecidos. Está claro que por su
propia voluntad nunca lo harán.
¡HERMANOS,
HERMANAS, CAMARADAS! El agravio por los más de setenta mil
detenidos-desaparecidos por motivos políticos y sociales nos lacera a todos; la
detención-desaparición de 43 estudiantes normalistas es el símbolo fehaciente
del terrorismo de Estado, del odio de clase hacia nosotros los desposeídos; la
pretensión de endosar este crimen de Estado a la delincuencia nos llena de
indignación. Para el pueblo y sus organizaciones no son tiempos de
desesperanza, tampoco de impotencia, mucho menos de desmovilización y apatía
política, no hay lugar para el cansancio, para el desgaste, para abdicar en la
lucha por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos. Son tiempos
de movilización popular, de dignidad y resistencia combativa, es tiempo de
salir a la calle a poner en alto nuestro grito de indignación y de repudio a
este gobierno represivo y antipopular.
¡Que retiemble ese grito de resistencia
y dignidad combativa en todo el país!
Estamos
de acuerdo con todos aquellos que desde el pueblo plantean arribar a formas de
lucha más complejas y superiores, para hacer efectiva la defensa de los
intereses populares, que cada quien en su trinchera de lucha despliegue
iniciativa, creatividad y capacidad.
¡VIVOS
SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡PRESENTACION
CON VIDA DE LOS 43 NORMALISTAS DE AYOTZINAPA DETENIDOS-DESAPARECIDOS POR EL
ESTADO!
¡A
SEGUIR EXIGIENDO LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE TODOS LOS DETENIDOS DE AYER Y HOY!
¡A
CERRAR FILAS CONTRA EL TERRORISMO DE ESTADO!
¡POR
LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER
O MORIR!
¡POR
NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS
A VENCER!
¡CON
LA GUERRA POPULAR!
¡EL
EPR TRIUNFARA!
COMITÉ
CENTRAL
DEL
PARTIDO
DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA
GENERAL
DEL
EJERCITO
POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
Año
50.
República
mexicana, a 7 de noviembre de 2014.
Fuente: Cedema
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